por Franco Machiavelo
¡¡¡CUANDO LA MEMORIA ESTORBA AL MERCADO!!!
Qué curioso resulta ver a ciertos cruzados de la “libertad” obsesionados con destruir todo aquello que recuerde que el Estado alguna vez tuvo la obligación de reparar el daño causado por el propio aparato estatal. Porque claro: para la ultraderecha, la memoria siempre es incómoda cuando señala a los dueños del poder, a los financistas del orden autoritario y a los administradores civiles de la violencia.
El PRAIS no es solamente un programa de salud. Es la prueba histórica de que existieron víctimas reales, torturados reales, familias quebradas reales y un sistema político-económico construido sobre el miedo, la persecución y la desaparición de quienes se atrevieron a cuestionar el dogma del mercado como religión nacional. Y ahí está el problema central: mientras exista reparación, existe reconocimiento político del crimen. Mientras exista memoria institucional, se derrumba el relato higiénico de quienes quieren presentar la dictadura como una simple “modernización económica” con algunos “excesos” administrativos, casi como si los centros de tortura hubiesen sido errores burocráticos de oficina.
La obsesión por desmantelar mecanismos como el PRAIS nace precisamente de esa necesidad ideológica de borrar el vínculo entre neoliberalismo extremo y represión estatal. Porque admitir la profundidad del daño implicaría aceptar algo insoportable para los sacerdotes del individualismo: que el modelo económico no cayó del cielo por consenso democrático, sino que fue impuesto bajo terror, censura y fusiles. Y esa verdad pesa demasiado sobre el marketing de quienes hoy venden autoritarismo envuelto en banderas y discursos de “orden”.
Entonces aparece el sarcasmo histórico de siempre: los mismos sectores que repiten discursos eternos sobre “la defensa de la vida”, “la familia” y “la libertad”, tiemblan frente a un programa destinado a atender víctimas de violaciones de derechos humanos. La austeridad fiscal se vuelve urgente justo cuando se trata de reparar a sobrevivientes. Ahí sí aparecen expertos hablando de “gasto innecesario”, “privilegios”, “revanchismo ideológico”. Qué extraño. Nunca hay tanta preocupación presupuestaria cuando se trata de salvar grandes grupos económicos, aumentar privilegios corporativos o subsidiar a quienes ya concentran riqueza.
El ataque contra el PRAIS no es solamente administrativo; es profundamente simbólico. Busca disciplinar la memoria colectiva. Busca instalar la idea de que las víctimas deben callar, agradecer las migajas y desaparecer lentamente del relato nacional para no incomodar el espectáculo del progreso. Porque una sociedad sin memoria es mucho más fácil de gobernar: consume, obedece y olvida.
Históricamente, desmontar políticas de reparación significa retroceder décadas en derechos humanos. Significa transformar nuevamente a las víctimas en sujetos invisibles. Significa relativizar la tortura y convertir el sufrimiento humano en una discusión contable. Cuando un país abandona la reparación, envía un mensaje peligroso: que los crímenes de Estado pueden terminar siendo negociables dependiendo del clima político del momento.
Y ahí aparece la verdadera gravedad de este retroceso: no se trata solo del pasado, sino del futuro. Porque cuando se debilitan las políticas de memoria y reparación, también se debilitan las barreras éticas contra nuevas formas de autoritarismo. La impunidad cultural prepara el terreno para repetir los abusos bajo otros nombres, otros uniformes y nuevas campañas publicitarias sobre “seguridad” y “orden”.
Por eso detener este desmantelamiento no es un acto de nostalgia; es una defensa mínima de la dignidad democrática. Una sociedad que abandona a quienes fueron perseguidos por pensar distinto termina enseñándole a las nuevas generaciones que los derechos humanos son opcionales y que la violencia estatal puede relativizarse según conveniencia política.
Y quizás eso es precisamente
