por Franco Machiavelo
La salud pública chilena parece ese paciente abandonado en un pasillo de urgencias: conectado a máquinas viejas, respirando con dificultad y rodeado de discursos optimistas que aseguran que “todo está bajo control”. Lo extraordinario no es la crisis. Lo extraordinario es la capacidad de algunos para transformar el sufrimiento humano en una oportunidad de negocios.
Porque mientras una madre espera meses por un especialista, mientras un adulto mayor acumula dolores y recetas imposibles de pagar, mientras miles de personas descubren que una operación “prioritaria” puede tardar más que una promesa electoral, hay clínicas privadas levantándose como templos brillantes del privilegio moderno. Ahí no existen listas eternas. Ahí el tiempo sí tiene valor. Claro, siempre y cuando venga acompañado de una tarjeta de crédito.
El truco nunca fue destruir la salud pública de golpe. Eso habría provocado indignación inmediata. El verdadero arte del poder consiste en deteriorarla lentamente hasta que la población, agotada y desesperada, termine aceptando como “normal” que la salud sea un lujo y no un derecho. Primero se recorta presupuesto. Después faltan médicos. Luego colapsan los hospitales. Más tarde aparecen voces solemnes diciendo que “el Estado no puede hacerlo todo”. Y finalmente surge el salvador perfecto: el mercado, ese dios moderno que jamás hace fila y jamás se atiende en consultorios.
La fórmula es elegante en su crueldad: convertir la necesidad humana en mercancía. El dolor administrado según capacidad de pago. La vida dividida en categorías VIP y versión básica. Si tienes dinero, te atienden rápido. Si no lo tienes, te entregan paciencia… y un número de espera.
Y mientras tanto, los grandes defensores del “orden fiscal” hablan de austeridad como si recortar salud fuera un acto de responsabilidad heroica. Curioso concepto de responsabilidad: jamás falta dinero para rescates empresariales, exenciones tributarias o beneficios a los grandes grupos económicos, pero cuando se trata de hospitales, medicamentos o atención digna, de pronto aparece la palabra mágica: “no hay recursos”.
No hay recursos para salvar vidas, pero sí para asegurar ganancias.
Entonces comienzan las campañas mediáticas sobre la “ineficiencia estatal”, como si un sistema abandonado deliberadamente pudiera funcionar por arte de magia. Es como romperle las piernas a alguien y luego burlarse porque no puede correr. Después los mismos expertos que defendieron el deterioro aparecen en televisión proponiendo más privatización, más seguros privados y más dependencia de corporaciones médicas. El incendio lo provocan ellos mismos… y luego venden los extintores.
Lo más brutal de este modelo no es solamente la desigualdad. Es la normalización de la desigualdad. La idea de que algunos merecen tratamientos de última generación y otros apenas una silla en una sala de espera colapsada. Como si la dignidad humana tuviera precio de mercado. Como si el derecho a vivir dependiera del plan contratado.
Porque al final, el mensaje oculto es simple: para ciertos sectores del poder, los pobres no son ciudadanos; son estadísticas administrables. Números en informes. Costos que reducir. Y cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad deja de ser una tragedia social y pasa a ser una fuente de rentabilidad.
Así, lentamente, se construye una sociedad donde la clínica privada se parece cada vez más a un club exclusivo y el hospital público a una zona de abandono controlado. Dos países dentro del mismo territorio: uno donde la medicina extiende la vida y otro donde las listas de espera aprenden a convivir con la muerte.
Y aun así, todavía hay quienes llaman a eso libertad.
Porque mientras una madre espera meses por un especialista, mientras un adulto mayor acumula dolores y recetas imposibles de pagar, mientras miles de personas descubren que una operación “prioritaria” puede tardar más que una promesa electoral, hay clínicas privadas levantándose como templos brillantes del privilegio moderno. Ahí no existen listas eternas. Ahí el tiempo sí tiene valor. Claro, siempre y cuando venga acompañado de una tarjeta de crédito.
El truco nunca fue destruir la salud pública de golpe. Eso habría provocado indignación inmediata. El verdadero arte del poder consiste en deteriorarla lentamente hasta que la población, agotada y desesperada, termine aceptando como “normal” que la salud sea un lujo y no un derecho. Primero se recorta presupuesto. Después faltan médicos. Luego colapsan los hospitales. Más tarde aparecen voces solemnes diciendo que “el Estado no puede hacerlo todo”. Y finalmente surge el salvador perfecto: el mercado, ese dios moderno que jamás hace fila y jamás se atiende en consultorios.
La fórmula es elegante en su crueldad: convertir la necesidad humana en mercancía. El dolor administrado según capacidad de pago. La vida dividida en categorías VIP y versión básica. Si tienes dinero, te atienden rápido. Si no lo tienes, te entregan paciencia… y un número de espera.
Y mientras tanto, los grandes defensores del “orden fiscal” hablan de austeridad como si recortar salud fuera un acto de responsabilidad heroica. Curioso concepto de responsabilidad: jamás falta dinero para rescates empresariales, exenciones tributarias o beneficios a los grandes grupos económicos, pero cuando se trata de hospitales, medicamentos o atención digna, de pronto aparece la palabra mágica: “no hay recursos”.
No hay recursos para salvar vidas, pero sí para asegurar ganancias.
Entonces comienzan las campañas mediáticas sobre la “ineficiencia estatal”, como si un sistema abandonado deliberadamente pudiera funcionar por arte de magia. Es como romperle las piernas a alguien y luego burlarse porque no puede correr. Después los mismos expertos que defendieron el deterioro aparecen en televisión proponiendo más privatización, más seguros privados y más dependencia de corporaciones médicas. El incendio lo provocan ellos mismos… y luego venden los extintores.
Lo más brutal de este modelo no es solamente la desigualdad. Es la normalización de la desigualdad. La idea de que algunos merecen tratamientos de última generación y otros apenas una silla en una sala de espera colapsada. Como si la dignidad humana tuviera precio de mercado. Como si el derecho a vivir dependiera del plan contratado.
Porque al final, el mensaje oculto es simple: para ciertos sectores del poder, los pobres no son ciudadanos; son estadísticas administrables. Números en informes. Costos que reducir. Y cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad deja de ser una tragedia social y pasa a ser una fuente de rentabilidad.
Así, lentamente, se construye una sociedad donde la clínica privada se parece cada vez más a un club exclusivo y el hospital público a una zona de abandono controlado. Dos países dentro del mismo territorio: uno donde la medicina extiende la vida y otro donde las listas de espera aprenden a convivir con la muerte.
Y aun así, todavía hay quienes llaman a eso libertad.
