Arturo Alejandro Muñoz
Argentina y Chile comparten una frontera que supera los cinco mil kilómetros donde las líneas divisorias transitan por las altas cumbres andinas, como también cruzan por los puntos de divorcio de aguas hacia el este y hacia el oeste de la majestuosa cordillera.
Más al sur de Chiloé continental, ya en la bella zona patagónica, la frontera está demarcada por otros fenómenos de la naturaleza y por acuerdos bilaterales chileno-argentinos, los que siempre han dejado intersticios sin resolver, permitiendo con ello que algunos gobiernos de esas dos naciones alcen la voz y armen jaleo peticionando cualquier cosa, especialmente si uno de ellos (o ambos) se encuentran con severas dificultades políticas en su propio territorio, o en su defecto, si la ambición económica mueve las manos de quienes mecen la cuna.
No siempre ha sido así, evidentemente, pero en muchos de aquellos conflictos la mugre política y la delincuencia económica fueron responsables de los desacuerdos, amenazas y rivalidades.
Hoy, una nueva controversia enturbia las relaciones de ambas repúblicas. Pero, esta vez pareciera ser necesario aclarar algunas turbiedades internas (al menos en Chile) antes de dar apoyo a un gobierno que se ha caracterizado, precisamente, por crear y parir turbiedades.
El viernes 27 de agosto del presenta año 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 95, el cual “determina las áreas jurisdiccionales marítimas nacionales desde Punta Puga a las islas Diego Ramírez en la zona austral”. Ese documento contempla la Carta Náutica Nº 8 fijando los límites con el estado argentino al sur del Cabo de Hornos, en lo que se llama ‘Plataforma Continental’.
¿Qué es la Plataforma Continental? De acuerdo a lo señalado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, la plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas marinas que se extiendan más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde del margen continental”.
No bien Chile publicó su nueva Carta Náutica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina acusó al Estado chileno de querer apropiarse de un sector de la plataforma continental argentina y, a la vez, de una extensa área de fondos oceánicos y marinos. Lo que según la Casa Rosada incumple y vulnera el Tratado de Paz y Amistad firmado por ambos países omasdfo por ambos países el año 1984.
Lo interesante en este nuevo intríngulis de fronteras e intereses, es que la Plataforma Continental de la zona extrema austral es rtivca en una fauna apetecida mundialmente. Vea usted lo siguiente, estimado lector.
El MercurioOnLine (EMOL), publica una interesante y clarificadora información entregada por un experto, el biólogo marino Máximo Frangópulos, investigador asociado del Centro de Investigación GAIA Antártica (CIGA) de la Universidad de Magallanes, quien detalla que el área de la plataforma delimitada por Chile «es una zona donde transitan normalmente ballenas y otros mamíferos marinos, como cachalotes, que están transitando desde y hacia el continente antártico y que utilizan esa zona como una zona de tránsito».
En cuanto a la pesca, indica el biólogo investigadorlos que al sur de Islas Diego Ramírez «toda la faena ahí está circunscrita a la pesquería industrial, donde participan fundamentalmente buques arrastreros de fondo y media agua, de factoría». Indica que «lo que principalmente se extrae como recurso hidrobiológico es el bacalao de profundidad (dissostichus eleginoides), que se distribuye alrededor del océano antártico».
Agrega el biólogo marino que «en esos sectores también hay desembarques de otros recursos, como la merluza del sur, el congrio dorado, merluza de tres aletas y también hay una pesquería menor de cojinova, pero lo fundamental es el bacalao de profundidad, ése es el recurso estrella». Mientras que «un poco más abajo, más cercano a la Antártica, hay pesquería intensa de krill, que también atrae a varios países a pescar en las zonas que no son de exclusividad económica».
Interesante, ¿verdad? Pero, también surge una duda razonable y muy molesta. ¿A quién pertenece realmente el mar que baña las costas de Chile? ¿Quién lo administra, quien lo explota? ¿El Estado chileno? Bien sabemos que no es así. A través de la inmoral “Ley de Pesca” el Estado de Chile entregó el mar a siete familias por un período de veinte años.
La cuestionada Ley de Pesca (Ley Longueria) se propuso durante el año 2012 a través del ex ministro de Economía del primer gobierno de Piñera, Pablo Longueira (ex UDI). Esta ley permitió entregar por 20 años (renovables por otros por otros 20 más) las licencias de pesca a la industria pesquera constituida por las siete familias recién mencionadas; oponerse a reservar las 5 millas de protección artesanal en todo Chile, impedir eliminar en 3 años la pesca de arrastre, permitir que buques industriales pesquen en zona artesanal, oponerse a licitaciones industriales abiertas para desconcentrar el mercado y no incluir el reconocimiento de los pueblos indígenas en el cuerpo legal (Ley lafquenche).
El negocio del mar no sólo está conformado por los empresarios y familias multimillonarias, ya que políticos de Chile Vamos y ex Nueva Mayoría han sido involucrados en casos de corrupción que siguen vigentes en el debate. Jaime Orpis (ex UDI), Marta Isasi (UDI), Fulvio Rossi (PS), Patricio Walker (DC), los hermanos Zaldívar (DC) e Iván Fuentes (ex DC) son quienes encabezan el listado de políticos corruptos financiados por algunas de las empresas que extraen el recurso pesquero.
¿Cuáles son esas siete familias ‘beneficiadas’ por el gobierno de Sebastián Piñera (con el apoyo de algunos socialdemócratas) apropiándose por las próximas cuatro décadas del mar chileno?
El “Diario U de Chile” en su página web radio.uchile.cl, informa claramente a ese respecto y también de las industrias pesqueras que ellas conforman.
La 7 familias y sus industrias pesqueras
Angelini: Grupo económico liderado por Roberto Angelini. Con un capital estimado en U$ 1200 millones, es uno de las cinco fortunas más ricas del país y la 1015 del mundo según la revista Forbes. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Orizon (Fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp), junto a la familia Lecaros.
Lecaros: A través de la Sociedad Pesquera Coloso, Sergio Lecaros Méndez, además de participar en Corpesca y Orizon, también tiene intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde – Cambaña) e inmobiliarias en Chile y Buenos Aires.
Yaconi – Santa Cruz: Conglomerado creado en los ’70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la Pesquera Itata, de la Familia Sarquis, dando origen a Blumar S.A en 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros.
Sarquis: El holding está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar SA, lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Stengel: Grupo liderado por Jan Stengel. Con la Pesquera Bío Bío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Además de participar en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Industriales Pesqueros (Asipes).
Fernández: Al frente de la Compañía Pesquera Camanchaca se encuentra Jorge Fernández Valdés. Al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Izquierdo: Los hermanos Izquierdo Menéndez controlan Alimentos Marinos S.A y San Antonio SA. Roberto Izquierdo es parte de la directiva de Asipes. También tienen interés en Kidzania, Universidad de los Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras.
Sabedores entonces de que el ‘mar chileno’ está en manos de particulares, y que por razones más que obvias la administración de los ricos recursos habidos en la plataforma continental con sus fondos marinos y oceánicos, también lo están, muchos chilenos sospechan (la duda es razonable) que Sebastián Piñera, ya casi al término de su segundo (mal)gobierno intenta amarrar asuntos netamente comerciales en beneficio de sus pares y socios.
Es posible que el gobierno chileno actual tenga razón en lo que expone sobre este tema, sin embargo han sido tantas las arbitrariedades y arreglines económicos por él cometidos, que obliga a la duda, y con ello provoca también la merma en cualquier tipo de apoyo que este gobierno solicite a la ciudadanía.
