El Ciudadano
En su despedida como comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza reconoció el desgaste institucional provocado por el estado de excepción en la Macrozona Sur, abriendo un debate sobre su legitimidad y permanencia.
A solo horas de dejar la Comandancia en Jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés de la Maza Larraín entregó un diagnóstico inusual sobre el prolongado despliegue militar en el sur de Chile. En una declaración que no pasó desapercibida, el uniformado planteó que el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur —vigente desde 2022— no puede mantenerse como una medida indefinida. “Aquí, de alguna u otra forma, debiera ir terminando el estado de excepción. No podemos estar en un estado de excepción constitucional permanentemente por los próximos cuatro años”, señaló a El Mercurio.
Con estas palabras, De la Maza no solo marca un cierre de ciclo personal tras cuatro décadas de carrera militar, sino que también deja una advertencia sobre el desgaste institucional que genera el uso extendido de las Fuerzas Armadas en funciones que —como él mismo indica— no corresponden a su mandato constitucional. “La Infantería de Marina ha estado involucrada prácticamente en los últimos cuatro años en tareas donde tiene que desdoblarse en los estados de excepción constitucional”, agregó.
El problema estructural de una medida excepcional
El estado de excepción ha dejado de ser, como su nombre lo indica, una medida excepcional. Se ha convertido en una normalidad institucionalizada que erosiona el papel civil del Estado, profundiza la lógica de control territorial y ahonda la desconfianza de las comunidades mapuche, históricamente marginadas por políticas que criminalizan sus demandas.
El testimonio del almirante cobra relevancia al evidenciar el agotamiento operativo y político de una estrategia que ha sido sostenida transversalmente por el sistema político chileno, quienes junto al Congreso, han avalado sin cuestionamientos las sucesivas prórrogas, reforzando un consenso autoritario en torno a la llamada «agenda de seguridad».
Lo que comenzó como una respuesta temporal, justificada bajo el paraguas del “orden público”, se ha convertido en una política permanente. Ya no se trata de una herramienta excepcional, sino de una forma de gobierno.
Y aunque el Ejecutivo ha tratado de blindar esta medida con argumentos de seguridad, las cifras y las realidades del territorio muestran otra cosa: explosiones de violencia y una militarización que no resuelve el conflicto, solo lo administra.
Una política sin paz ni entendimiento
El martes 6 de mayo, el presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda el informe final de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. A pesar del optimismo oficial, para muchas comunidades mapuche esta cuarta instancia “de diálogo” desde el retorno a la democracia carece de legitimidad real, al haberse desarrollado en un contexto de militarización, represión y exclusión territorial.
“No se puede hablar de paz ni entendimiento mientras persisten la militarización y el estado de excepción en territorio mapuche”, han expresado diversos referentes comunitarios. La persistencia de estas medidas de control —reforzadas por normativas como la Ley Nain-Retamal y la “Ley Antitomas”— ha profundizado la criminalización y persecución de organizaciones indígenas.
Militares incómodos, civiles ausentes
El almirante De la Maza expone una grieta incómoda para el gobierno y la clase política: ni siquiera las Fuerzas Armadas quieren seguir sosteniendo una política que se ha transformado en un parche permanente ante la incapacidad de abordar el conflicto desde su raíz. “Nosotros nos podemos dedicar como Armada (…) a nuestra tarea primaria definida por la Constitución”, afirmó el jefe saliente de la institución naval.
Las palabras del almirante no son solo un testimonio de cansancio institucional. Son también un síntoma de que la política del Estado de Excepción ha llegado a un límite. Si incluso quienes están llamados a cumplirla advierten que no puede sostenerse, ¿por qué el Ejecutivo insiste en renovarla?
