por Franco Machiavelo
Cuando un poder imperial sonríe demasiado, no suele ser por solidaridad: suele ser porque encontró administradores obedientes para sus intereses. Por eso no sorprende que Donald Trump describa al nuevo gobierno venezolano como “amistoso”, “cooperativo” y “muy bueno para trabajar”.
Las grandes potencias no aman pueblos; aman gobiernos que garanticen negocios, estabilidad para el capital extranjero y apertura irrestricta de recursos estratégicos. Petróleo, gas, minerales y rutas comerciales: ahí está el verdadero lenguaje de Washington. Cuando Trump habla de una relación “excelente” con Venezuela mientras se reúnen petroleras estadounidenses y se habla de empresa conjunta, lo que aparece no es una alianza entre iguales, sino la lógica clásica de subordinación económica.
Porque para el poder corporativo, un gobierno amistoso no es el que defiende soberanía popular; es el que elimina obstáculos para la expansión del capital extranjero. Un gobierno obediente es aquel que transforma recursos nacionales en mercancías administradas desde afuera, mientras vende la idea de modernización y cooperación. Ahí nace la figura del vende patria: elites locales que gobiernan hacia arriba buscando aprobación de las potencias y no hacia abajo respondiendo a su pueblo.
Trump incluso llegó a afirmar que Estados Unidos estaba a cargo de Venezuela y que ambos países habían ganado miles de millones gracias a esta nueva relación. Esa frase revela mucho más de lo que intenta ocultar: detrás del discurso diplomático aparece la vieja convicción colonial de que América Latina es una zona de administración estratégica y extracción de riqueza.
No hay amor entre imperios y gobiernos periféricos; hay utilidad. Cuando Washington felicita con entusiasmo a una administración latinoamericana, la pregunta fundamental no es si existe amistad, sino quién gana económicamente con esa cercanía. Y la respuesta suele repetirse: grandes conglomerados energéticos, corporaciones financieras y sectores geopolíticos que necesitan gobiernos disciplinados para asegurar influencia regional.
Por eso las alabanzas de Trump no son un detalle anecdótico. Son una señal política. Cuando el poder más agresivo del continente celebra a un gobierno latinoamericano por ser cooperativo, muchos leen ahí no independencia, sino alineamiento; no soberanía, sino subordinación decorada con discursos de estabilidad y progreso.
Y en esa lógica, los recursos naturales dejan de entenderse como patrimonio colectivo de un pueblo y pasan a verse como activos disponibles para negociación internacional. El problema no es solamente económico: es cultural y político. Porque un país que entrega el control de sus riquezas estratégicas también comienza lentamente a entregar capacidad de decidir su propio destino.
