Resumen.cl
El 9 de septiembre de 1973, entre el polvo de la pista y el fervor de las apuestas, el hipódromo de Antofagasta fue testigo del último triunfo de Raúl Orlando Rojas Orellana. Aquel día, el mejor jinete de la localidad saboreó la gloria al cruzar la meta en una carrera decisiva. Como recordaría tiempo después un amigo, tras ganar ese clásico se entregaron a la celebración, sin sospechar que los ecos de los aplausos pronto se fundirían con uno de los capítulos más siniestros de la historia regional.
Héctor Maturana Bañados – Agrupación Por la Memoria Histórica Providencia
Mientras Raúl festejaba su victoria, el país se fracturaba irremediablemente. El 11 de septiembre, la ciudad despertó bajo el estruendo de tanques que avanzaban hacia la Intendencia y otros puntos estratégicos. Al caer la tarde, un bando militar notificó el Estado de Sitio, un decreto que transformó la cotidianidad en un mapa de miedo, incertidumbre y confusión.
Bajo el rigor de las nuevas restricciones, la fisonomía de la ciudad y de sus barrios y calles cambió: tras las ventanas, el entorno se volvió un territorio ajeno y vigilado donde la sospecha reemplazó a la antigua solidaridad. Se instaló entonces un duelo colectivo no resuelto; el hogar dejó de ser refugio para convertirse en una celda de espera, donde la radio y el susurro eran el único y frágil vínculo con un exterior que se sentía hostil.
El 11 de septiembre de 1973, la Tercera Comisaría de Antofagasta dejó de ser un cuartel policial para transformarse en una trinchera de odio clasista, alimentada por la animadversión de algunos oficiales y subalternos. En aquel recinto, el aire se volvió denso, cargado de un olor metálico a pólvora y el rastro amargo del sudor frío.
Muy cerca de allí, ese día, en la Cuarta Comisaría, la tensión ya había alcanzado su punto de quiebre. Esa misma mañana, el carabinero Guillermo Schmidt, en un acto de desesperación o lucidez trágica, se había enfrentado a sus superiores. Aquel gesto de rebeldía sellaría su destino apenas unas horas después: a la mañana siguiente, Schmidt terminaría su vida frente a un pelotón de fusilamiento en la cárcel pública de la ciudad.
Ese crimen actuó como un detonante de la descomposición que vendría después, donde la sangre y torturas de víctimas se convirtió en la moneda de cambio para el ascenso de funcionarios mediocres. Aquel ajusticiamiento fue el combustible de una nueva casta de uniformados que descubrieron que la crueldad era el camino más rápido hacia el lujo y la arrogancia.
La sangre de uno de los suyos que militaba en un partido político instaló un clima de paranoia eléctrica y crueldad extrema que erizaba la piel de la tropa. Se decretó el acuartelamiento total; los funcionarios, privados de camaradería y alimentados por la sospecha, comenzaron a vigilarse de reojo. Buscaban en el compañero cualquier rastro de deslealtad o el brillo de una duda que pudiera ser castigada con la muerte. En cada rincón de la unidad, el silencio no era ausencia de ruido, sino una tensión vibrante, el zumbido de una cuerda a punto de romperse. El cuñado de Schmidt, también Carabinero, se transformó en uno de los instigadores, insistiendo con fuerza en que al interior de la Tercera Comisaría existían más uniformados con la misma postura política que su pariente. Los hechos se produjeron casi simultáneamente, hubo acuartelamiento, nace el SICAR y se produce un crimen que es el centro de este relato.
Fue en ese caldo de cultivo donde germinó el SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros). organismo represivo que comenzó a tejer su red con veinte integrantes fundacionales. Eran funcionarios que comprendieron rápidamente que, en el nuevo orden, la información era el arma más letal. Bajo el amparo de la impunidad, se desató con el correr del tiempo una frenética carrera al interior de la institución, donde Carabineros que hasta ayer eran apenas hombres del montón, grises y anónimos, se transformaron de la noche a la mañana en figuras de un poder absoluto y embriagador. El brillo de las prebendas materiales —el botín obtenido tras cada detención— les infló el pecho de una arrogancia peligrosa. Ese poder desmedido no se detuvo en el saqueo de bienes; se extendió de forma aberrante sobre los cuerpos de quienes caían en sus manos. Los detenidos y detenidas pasaron a ser propiedad de sus captores, y las mujeres, en particular, quedaron a merced de una brutalidad sin límites, convirtiendo el ultraje sexual en una herramienta cotidiana de dominio. Para estos nuevos dueños de la noche, la impunidad no solo significaba riqueza, sino el derecho infame de disponer de la dignidad ajena bajo el amparo de su uniforme.
Aquel uniforme, se convirtió en el disfraz de una casta de nuevos fanfarrones que, cegados por los privilegios y el control de la vida ajena, estaban dispuestos a cobrar cualquier precio con tal de mantener ese estatus que jamás soñaron poseer. buscaban el ascenso vertiginoso que solo el miedo y la captura podían comprar.
Tercera Comisaría de Antofagasta
El SICAR no nació de la justicia, sino de la necesidad de una vigilancia absoluta interna y externa. Sus hilos empezaron a extenderse por los pasillos del cuartel y las calles de la ciudad, transformando los susurros de los subordinados en informes de inteligencia y los rostros conocidos en objetivos de caza. La Tercera Comisaría se convirtió así en el epicentro de una arquitectura del terror; un lugar donde la luz de los focos era apagada a balazos para que, en la penumbra estratégica, los verdugos pudieran operar sin testigos, convirtiendo la protección institucional en una trampa mortal para jinetes inocentes y ciudadanos desorientados.
Al interior del recinto, la atmósfera se volvió irrespirable. La desconfianza mutó en una enfermedad silenciosa que fracturó cualquier rastro de camaradería; el soplonaje se institucionalizó como la única vía de supervivencia y ascenso. Los Carabineros ya no compartían el rancho o el descanso con la soltura de antaño; ahora, cada palabra era pesada antes de ser dicha, sabiendo que el compañero de guardia podía ser, al mismo tiempo, el informante que redactaba el parte de su propia condena.
Esta paranoia eléctrica instaló un régimen de delación interna donde se premiaba la traición. Los agentes del SICAR, movidos por el brillo de las prebendas y el poder recién adquirido, escudriñaban los gestos, las lecturas y hasta las dudas de sus pares. Aquel que no demostraba una crueldad fervorosa era inmediatamente sospechoso de debilidad o «infiltración». En ese escenario de sombras, la Tercera Comisaría abandono su función pública para transformarse en un laboratorio de la sospecha, donde el miedo al de afuera solo era superado por el terror al que dormía en la litera de al lado.
Aquella noche de caos del 13 de septiembre, buscando escapar del peligro, el jinete entró en la Tercera Comisaría de San Martín con Baquedano. Caminaba confiado porque se sabía amigo del personal de tropa; de hecho, hasta antes del cierre definitivo, aún se oyó decir en el hipódromo que «él no era comunista» y que su cercanía con Carabineros era pública y notoria. Irónicamente, fue allí, en el recinto donde buscó protección y el pago de las monedas que algunos uniformados le debían tras haber ganado el clásico del domingo pasado, donde encontró su sentencia de muerte. Aquel que creía su refugio terminó siendo el escenario de su ejecución.
Bajo un despliegue de frialdad absoluta, el oficial Luis Varas Zúñiga preparó el escenario para la ejecución. Primero, ordenó a un subordinado disparar contra un foco de la calle San Martín, sumergiendo el sector en una penumbra estratégica. En aquel pasillo de la unidad policial, donde el tránsito de radiopatrullas solía ser constante, el silencio solo era interrumpido por la respiración agitada de quien buscaba auxilio.
Fue allí donde el oficial tendió la trampa definitiva. Aprovechando la sordera de Raúl, Varas Zúñiga le hizo un gesto que el jinete, en su desesperación, interpretó como una invitación a avanzar hacia un refugio seguro. Sin embargo, no era una acogida; era una sentencia de muerte. El oficial se posicionó en lo alto de una escalera, ganando la ventaja táctica del verdugo sobre la víctima desarmada.
A pesar de que Raúl llegaba al cuartel buscando resguardo —y según se supo después, a cobrar una deuda pendiente que algunos uniformados mantenían con él—, el encuentro derivó en un altercado que no tuvo espacio para la defensa. Sin mediar advertencia alguna, el estruendo de una ráfaga de subametralladora desgarró el aire. Los proyectiles del arma de guerra impactaron de lleno en su brazo, tórax y cabeza, derribando al hombre que apenas días antes era vitoreado en las pistas, dejando su cuerpo inerte sobre el frío cemento del cuartel.
El 15 de septiembre, el hipódromo amaneció con un silencio inusual. Faltaba el hombre que nunca fallaba: Raúl, a quien todos conocían con el cariñoso apodo de «Pantalón Cortito», por su costumbre de usar los pantalones por encima de los tobillos al momento de montar el caballo. En el Club Hípico, donde pasaba sus días al no tener familia en Antofagasta, los corraleros comenzaron a compartir comentarios cargados de temor ante su ausencia.
Mientras la inquietud crecía en las caballerizas, la versión oficial se propagaba con la rapidez de una mancha de aceite para validar lo indefendible. El discurso del mando intentó instalar una coartada conveniente: se decía que el jinete, sordo y entonado por los festejos, había desoído una orden de alto de una patrulla militar durante el toque de queda. Sin embargo, tras esa cortina de humo se ocultaba una ejecución criminal. Raúl no fue una víctima del azar, sino el blanco de una cacería orquestada en el lugar donde él esperaba encontrar resguardo.
Lo que durante cinco décadas se intentó ocultar bajo la etiqueta de un incidente de toque de queda fue, en realidad, una ejecución sumaria. Al amanecer siguiente, el ambiente en la Tercera Comisaría delataba el horror: mientras un funcionario que merodeaba el sector era expulsado a gritos y garabatos, vio al cabo Ovando barriendo desesperadamente unas manchas rojas con una manguera. A otro uniformado se le ordenó baldear con insistencia el sector colindante al portón de ingreso; la sangre de Raúl era tan persistente que el agua no bastó y, finalmente, tuvieron que cubrir la sangre con una capa de cemento superpuesto.
Mientras el patio de la unidad amanecía impecable y «baldeado», el cuerpo del jinete ya había sido trasladado en secreto hacia el sector sur de la ciudad. Personal del Ejército, de guardia en el Polvorín Carrizo, divisó un vehículo que abandonaba un bulto en la quebrada. Al acercarse, descubrieron el cuerpo de un hombre con el tórax desgarrado y el cráneo destruido, huellas inequívocas del ensañamiento de la subametralladora.
En los pasillos del cuartel, los rumores comenzaron a circular entre el «perraje» y los oficiales de secretaría: Varas Zúñiga había asesinado a un civil y ordenado a un sargento deshacerse del cadáver para simular un accidente de tránsito.
La madrugada del 14 de septiembre de 1974, bajo el silencio sepulcral del toque de queda en Antofagasta, las luces de un vehículo recortaron la oscuridad cerca del Polvorín Carrizo. Desde la posición de guardia, el cabo Mora del Ejército observó cómo el automóvil, cuya descripción coincidía con las patrullas que Carabineros utilizaba en la época, se detenía a un costado de la carretera Panamericana. De su maletero, dos hombres descendieron un bulto pesado y lo arrojaron hacia la berma para luego desaparecer en dirección a la ciudad, cruzando inevitablemente el control policial de la subcomisaría de Playa Blanca.
Al despuntar el sol, cerca de las siete y media de la mañana. El cadáver, ya presentaba huellas de haber sido atacado por animales en el cuello, no estaba solo; a su alrededor, un teniente y el propio cabo Mora notaron marcas inequívocas de arrastre. No había casquillos, ni rastro de pólvora, ni manchas de sangre que sugirieran una batalla. En el Polvorín, además, nadie había escuchado un solo disparo durante la noche, desmintiendo de antemano cualquier estruendo de combate.
Sin embargo, cuando la patrulla de Carabineros llegó al lugar para hacerse cargo del procedimiento, comenzó a tejerse una realidad paralela. A pesar de que el cabo Mora les relató en el acto lo que había visto durante la madrugada, los uniformados ignoraron su testimonio. El parte oficial, visado por altos mandos de Carabineros, sentenció que la muerte fue el resultado de un «enfrentamiento entre extremistas y fuerzas armadas». Para blindar esta mentira, aseguraron que el hallazgo había sido un golpe de suerte de la Segunda Comisaría y negaron sistemáticamente cualquier comunicación con el Ejército, llegando a falsear la inexistencia de registros telefónicos.
Dos suboficiales de Carabineros sostuvieron el engaño en sus primeras declaraciones judiciales, jurando que el cuerpo no presentaba signos de haber sido trasladado. Pero el pacto de silencio empezó a agrietarse el 20 de agosto de 1974, cuando un sargento segundo, impulsado por la verdad de lo que vio como chofer del furgón policial, confesó que al llegar a la Quebrada Carrizo los militares ya estaban allí esperándolos. El sargento confirmó lo que sus superiores negaban: que el cuerpo había sido arrastrado desde el borde del camino y que la escena era un montaje.
Acorralado por la evidencia y por la coherencia del relato militar, el sargento del retén Playa Blanca terminó por reconocer, una semana después, que efectivamente recibió el aviso radial y que se encontró con la patrulla del Ejército en el sitio. La pieza final del rompecabezas surgió de la propia Tercera Comisaría de Carabineros, donde suboficiales terminaron admitiendo el secreto a voces: a Raúl Rojas Orellana lo habían sacado sin vida de la unidad policial para llevarlo hacia el polvorín. Aquella supuesta escaramuza contra extremistas no fue más que un guión de manual diseñado para ocultar que la propia policía había dispuesto del cuerpo de la víctima, convirtiendo una carretera solitaria en el escenario final de un encubrimiento que integrantes del Ejército se encargaron de desmentir.
Cerca de cien Carabineros mantuvieron un silencio cómplice durante medio siglo. Hoy, algunos recuperan la voz ante la justicia mientras otros se refugian en una amnesia conveniente. Sin embargo, el tiempo ha terminado por cerrar la crónica de Raúl Rojas Orellana con una frase que resonó en el hipódromo por muchos años como una verdad amarga: «No era comunista; era amigo del personal, todos lo sabían». Irónicamente, se oye decir aquello en el mismo lugar donde fue a buscar protección y el pago de las monedas que le debían tras ganar su último clásico.
Raúl, que no militaba en partido alguno y cuya única patria eran sus caballos, terminó sus días en una morgue donde desconocidos debieron reconocer sus restos destrozados.
Notas al margen:
1.- Luis Armando Varas Zúñiga, el subteniente a cargo de la guardia el día del crimen, fue trasladado en octubre de 1973 al Grupo de Instrucción de Carabineros. Este movimiento se realizó bajo el amparo de la impunidad institucional que buscaba sepultar la verdad sobre la ejecución.
2.-El proceso judicial aún no culmina. Hubo sentencia el 24 de abril de 2026. Se redacta el fallo.
3.- Tras el golpe de Estado, el Club Hípico o Hipódromo de la Chimba fue instrumentalizado como un centro de detención política y tortura, operando como destino de un allanamiento masivo ejecutado durante la madrugada de Septiembre contra los habitantes de las poblaciones Las Rocas y Villa Azul de Antofagasta.
4.- Entre quienes comparecieron para prestar declaración, se encontraban antiguos integrantes del SICAR, aquellos rostros que alguna vez operaron desde el anonimato de la estructura represiva.
5.-El Carabinero Guillermo Schmidt nació en Tocopilla, hizo sus humanidades en el Liceo de Hombre N 1 de Antofagasta. Está sepultado en el cementerio Parque de los Recuerdos Antofagasta.
6 .- Raúl Orlando Rojas Orellana fue un hombre cuya vida estuvo ligada al galope y al polvo de las pistas. El día 9 de septiembre ganó la carrera más importante del día, corrió 1.3000 metros montando el caballo “Roble Solo”. Raúl Rojas, nacido en la tierra huasa de San Vicente de Tagua Tagua. Su muerte a los 36 años no quedó en el olvido del toque de queda ni en el silencio de los cuarteles. Hoy, su nombre es parte fundamental de la memoria histórica de las víctimas de la dictadura; la querella que busca justicia por su ejecución fue presentada formalmente por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), organización liderada por Alicia Lira Matus. A través de esta acción legal, el jinete de San Vicente ha dejado de ser una cifra del pasado para convertirse en un símbolo de la lucha por la verdad.
