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México: No, no están todos

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por Saúl Escobar Toledo

“por el bien de todos, primero los trabajadores pobres”

El programa económico del gobierno presentado hace unas semanas representa, sin duda, un gran esfuerzo por proteger a algunos sectores de la población más necesitados. El sábado pasado, 18 de abril, el presidente reiteró las medidas que se están poniendo en práctica en un video grabado en el cual, además, desmintió a TV Azteca y volvió a dar su apoyo al subsecretario de salud, López Gatell.

Sin duda, la campaña de la televisora y de otros medios de comunicación, personas y asociaciones de diverso tipo contra las medidas sanitarias dictadas por la autoridad correspondiente no reparan en el daño que pueden causar. Alimentan conductas que rechazan la reclusión hogareña y la sana distancia y, al mismo tiempo, fomentan el miedo de que los hospitales y el personal sanitario no sean capaces de atender a los enfermos. Estas campañas defienden, sin duda, intereses políticos y económicos particulares.  Sus expresiones, a menudo hechas con ligereza, forman parte de un ambiente político tenso que demuestra que la pandemia no ha detenido la lucha por el poder. La crítica a las políticas públicas no sólo es admisible; es necesaria para fortalecer programas y advertir debilidades. Ésta, sin embargo, no debería convertirse en un instrumento para agudizar las calamidades que no sólo azotan a México sino al mundo entero. En cambio, aquellas propuestas que tienen como objetivo fortalecer las respuestas gubernamentales deben ser valoradas justamente.

Es el caso del programa económico. En varias ocasiones, incluyendo el mensaje del sábado pasado, el presidente se ha referido a los apoyos otorgados por su gobierno. Dijo que, ante el alargamiento de la reclusión domiciliaria, el plan es dar apoyo a 60% de los hogares “para empezar”. Las prioridades son los más pobres y una parte de la clase media. Mencionó tres formas de apoyo: primero, intensificar la entrega de algunos beneficios, de tal manera que hasta el 10 de abril se habían repartido 46 mil millones de pesos (mmp) a 8 millones de adultos mayores y a 1 millón de niños y niñas con discapacidad; entre mayo y junio se dispersarán un total de 50 mmp. La segunda forma consiste en 3 millones de créditos para la economía formal e informal, sobre todo para microempresas y trabajadores por su cuenta con una tasa de interés de 6.5% (incluyendo ahora a180 mil pescadores) y apoyos para 250 mil agricultores, así como mayores recursos para “Jóvenes construyendo el futuro”.  La tercera se materializa en 11 millones de becas para estudiantes.

Así pues, estará cubierta una parte de la población afectada, pero no toda. Falta un sector muy importante: los trabajadores asalariados que ya perdieron, perderán su empleo o verán rebajados sus ingresos debido a reducciones en la jornada laboral tanto en las ramas económicas más modernas como en las menos desarrolladas. Entre estas últimas predominan grupos tan vulnerables como los trabajadores que sirven a un patrón, pero no cobran salario (propineros); los jornaleros rurales; las trabajadoras del hogar (y cuidadores de personas) sin seguridad social; y los trabajadores informales asalariados (no inscritos en el seguro social).

Es evidente que este universo no está compuesto fundamentalmente por adultos mayores, niños con discapacidad, estudiantes, o jóvenes aprendices. Tampoco hay que confundir a los trabajadores de las microempresas con el sector de informales que labora al servicio de un patrón sin seguridad social. En algunos casos pueden coincidir, pero no en todos. Además, no es lo mismo otorgar un crédito al dueño del changarro que una ayuda directa al trabajador que no tendría que ser devuelta posteriormente. 

Para ilustrar mejor el asunto, podemos poner de ejemplo el proyecto de ley aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de Brasil iniciado por la oposición al presidente Bolsonaro y que logró el apoyo de la mayoría. Aunque falta la ratificación del senado y el mandatario podría vetarla, es un interesante ejemplo de lo que se puede hacer para combatir los efectos de la crisis entre la clase trabajadora.

Debe aclararse que en Brasil existe un seguro de desempleo financiado con los impuestos generales pero administrado de manera tripartita. Sin embargo, la magnitud del daño que está causando la pandemia y la recesión económica han llevado a instrumentar un programa adicional, financiado enteramente con recursos públicos, que consiste en una ayuda de 600 reales, unos 110 dólares estadounidenses ($US), por tres meses que puede duplicarse a $US 220 dólares en caso de hombres o mujeres solteros, jefes de hogar (incluyendo madres adolescentes menores de 18 años). La ley contempla la posibilidad de alargar el período de ayuda si continua la pandemia.

Este beneficio sólo lo podrán recibir aquellos que tengan un ingreso mensual por persona de hasta la mitad de un salario mínimo (aproximadamente $US 100 dólares) o un ingreso familiar de hasta tres salarios mínimos ($US 300 dls.).

El programa está destinado a microempresarios, pero también a personas desempleadas o trabajadores informales que se inscriban voluntariamente mediante una plataforma digital proporcionada por el gobierno o que ya estén dados de alta en el registro de contribuyentes. Las categorías laborales son numerosas, entre ellas: pescadores, agricultores, miembros de cooperativas, camareros, taxistas y repartidores (incluyendo los de aplicaciones digitales como Uber y Didi), camioneros, trabajadores de limpieza; agentes y guías de turismo, técnicos de espectáculos y entretenimiento, profesionales, trabajadores deportivos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, etc.

De esta manera, el proyecto abarca a un conjunto de trabajadores que no pueden ser beneficiarios del seguro de desempleo, aunque se trate de asalariados, porque su contratación es muy precaria pues laboran como eventuales, subcontratados, subocupados, o sin registro fiscal.

En México, en cambio, no contamos ni con un seguro de desempleo ni se ha previsto hasta ahora una ayuda directa y en efectivo a los trabajadores asalariados despedidos (que contaban con una plaza estable) o desocupados, especialmente a los más vulnerables.

Si no se avanza en ambos sentidos, una cantidad que puede llegar hasta un 40% de la población asalariada total puede verse desamparada completamente. Y en el caso de las microempresas (que suman 14 millones de personas empleadas) podrían recibir ayuda sólo la mitad en el mejor de los casos y de manera indirecta, a través de un crédito al dueño del establecimiento.

Los efectos de este abandono serían muy graves y sin duda aumentarían la pobreza y la misma crisis económica por la caída de la demanda. Como se ha señalado en este espacio y por parte de distintos especialistas, el costo de estos programas no representaría una carga exagerada (alrededor de un punto porcentual del PIB). Tendría la ventaja, además, de reabrir un debate iniciado en 2014, que no concluyó, sobre el seguro de desempleo. Hay que recordar que este instrumento de política laboral existe desde hace tiempo en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela en América Latina, y en casi todos los países desarrollados, con modelos de financiamiento y de implementación distintos. Y, también, que este seguro ha sido una promesa olvidada desde el constituyente de 1917. Otra propuesta que se ha manejado es el Ingreso Ciudadano Universal o Renta Mínima Vital como el que ha sido anunciado en España hace unos días. Sin embargo, este último supondría la eliminación de varios programas de ayuda en efectivo que ya están operando (para no duplicar las transferencias) y un esfuerzo fiscal mayor. Como quiera que sea, está claro que, ante los estragos de la crisis presentes y venideros, no todos están todavía incluidos en los planes del gobierno. Esperemos que lo estén pronto.  Aprovechando una de las frases del presidente podríamos decir ahora, “por el bien de todos, primero los trabajadores pobres”.

Blogspot: saulescobar.blogspot.com

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