Jyotsna Singh
A l’encontre, 2-8-2021
Traducción de Correspondencia de Prensa
En el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre de 2019, el secretario general de la ONU, António Guterres, convocó una Cumbre de la ONU sobre sistemas alimentarios en 2021 (UNFSS, Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad). El objetivo, tal y como se informa en la web de la cumbre, es encontrar soluciones para transformar los sistemas alimentarios con el fin de avanzar hacia los «Objetivos de Desarrollo Sostenible» [17 objetivos] contenidos en la Agenda 2030. Sin embargo, la cumbre, que se celebrará en septiembre de 2021, está siendo duramente atacada por su carácter excluyente y por venderse a los intereses de las grandes empresas.
Durante la precumbre, que tuvo lugar del 26 al 28 de julio, activistas del mundo entero se reunieron en el marco de la «contramovilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios de las grandes firmas» con el objetivo de expresar su descontento sobre el curso que estaba tomando el encuentro. La contramovilización tuvo lugar del 25 al 27 de julio. Consistió en eventos que iban desde debates sobre la privatización de los sistemas alimentarios, el control que ejercen las empresas sobre la gobernanza y la ciencia, hasta una concentración virtual mundial contra la UNFSS.
Las pueblos contra los sistemas alimentarios dirigidos por las empresas
En el centro del problema está la promoción por parte de la ONU de los sistemas alimentarios dirigidos por las grandes firmas, que echa por tierra las luchas por la soberanía y la seguridad alimentarias. Un puñado de empresas transnacionales domina el actual comercio mundial de alimentos y productos básicos. Desde la siembra de las semillas, pasando por el cultivo y hasta el procesamiento, la distribución y el consumo de los alimentos, las agroindustrias transnacionales controlan y deciden todo. Sin embargo, aunque estas grandes empresas controlan casi el 75% de los recursos naturales del mundo destinados a la producción de alimentos, apenas consiguen alimentar a un tercio de la población mundial. También son responsables de la mayor parte de los 400.000 millones de dólares de derroches anuales de alimentos y de la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
Tanto la agenda de la cumbre como las personas asociadas a su gestión son conocidas por fomentar la privatización en detrimento de los sistemas públicos. Por ejemplo, el nombramiento de Agnes Kalibata como enviada especial de la ONU para la cumbre ha sido cuestionado. Como presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), defiende el cambio de los sistemas agrícolas africanos para orientarlos hacia modelos agrícolas industriales y dependientes de los agrotóxicos. La presencia de personalidades como Ramón Lauarta, director general de Pepsico, y las sesiones independientes organizadas por empresas privadas como Nestlé no pasaron desapercibidas. Desde las fases de planificación de la cumbre, estas empresas vienen negociando claramente con los organizadores.
Algunas organizaciones como La Vía Campesina boicotearon la cumbre, mientras que otras tienen previsto participar en ella para plantear sus preocupaciones en materia de salud y de derechos humanos. En cuanto a la contramovilización popular, Patti Naylor, agricultora estadounidense, declaró que: «La contramovilización previa a la cumbre nos va a ayudar a seguir organizándonos y a seguir expresando nuestro punto de vista sobre la UNFSS. Esta movilización es el comienzo de nuestras acciones públicas».
En ella participaron personas y organizaciones de diferentes movimientos. Algunas cuya acción se centra en el cambio climático, otras, en la justicia social, otras están relacionadas con los trabajadores agrícolas, los sindicatos, los derechos de los inmigrantes, las mujeres, los jóvenes y los ancianos, por nombrar sólo algunas. «Gracias a las reuniones virtuales y a los documentos escritos, se establecieron claramente los vínculos entre los sistemas alimentarios y agrícolas y cada una de estas cuestiones. Esta movilización ha sido una poderosa herramienta para construir la solidaridad», añadió Patti Naylor.
Las discusiones internacionales sobre los sistemas alimentarios, incluidas las que son dirigidas por las Naciones Unidas, no siempre fueron tan excluyentes. La Cumbre Mundial de la Alimentación organizada por la FAO en 1996 había reunido a actores de todos los ámbitos. En esa ocasión se reconoció que la soberanía alimentaria era el término que definía las luchas contra los sistemas agrícolas industriales. Esa cumbre apoyó el derecho de las personas a producir de forma autónoma alimentos sanos y nutritivos, adaptados al clima y a la cultura y utilizando recursos locales. Es importante señalar que la soberanía alimentaria también fue reconocida como un medio para alcanzar la seguridad alimentaria.
Algunos gobiernos, como los de Ecuador, Venezuela, Malí, Bolivia, Nepal y Senegal, incorporaron estos ideales a sus políticas públicas, y la soberanía alimentaria pasó a formar parte de la política apoyada por las agencias de la ONU. Al menos en teoría, la idea sigue formando parte de los documentos de la ONU, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) de septiembre de 2018.
Desde el principio se hizo un esfuerzo por señalar el carácter excluyente de la cumbre. En marzo de 2020, 550 organizaciones, entre las que se encontraban algunos de los mayores movimientos campesinos e indígenas del mundo, escribieron al Secretario General de la ONU para alertarlo sobre el hecho de que la cumbre no tiene en cuenta el legado de las anteriores cumbres mundiales sobre la alimentación organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). La FAO recibió, de sus Estados miembros, el mandato de organizar estos eventos y permitió la participación activa de la sociedad civil a través de foros paralelos autoorganizados.
Interlocutores múltiples: una forma de que la industria tome el control de la ONU
La exclusión de los militantes y el predominio de las empresas es una consecuencia de la reacción de la sociedad civil ante la multiplicidad de interlocutores en los organismos de la ONU. El multisectorialismo (multistakeholderism) es un término que se utiliza cada vez más para indicar que todas las partes interesadas están presentes en la mesa de decisiones. Sin embargo, se trata en realidad de un intento de sustituir el multilateralismo, que prioriza la participación de los gobiernos. En este sentido, el multisectorialismo se convirtió, para muchos, en sinónimo de una creciente toma de posesión de las instituciones de la ONU por parte del sector privado. Los actores de la sociedad civil en otros foros de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), están librando la misma batalla.
La contramovilización exige que la ONU se aleje del control ejercido por las grandes firmas multinacionales y se centre en los derechos humanos individuales y colectivos, así como en las experiencias y en los conocimientos de los pueblos más afectados. También exige la transformación de los sistemas alimentarios corporativos y defiende las instituciones públicas democráticas y el multilateralismo inclusivo.
En las sesiones oficiales previas a la cumbre también se escucharon voces a favor de alternativas al sistema de las transnacionales. Jeffrey Sachs, asesor del Secretario General de la ONU, António Guterres, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, fue muy crítico con la privatización de los sistemas alimentarios en una de las principales mesas redondas organizadas por la UNFSS. Describió la privatización como un mecanismo de opresión, similar a la colonización. Dijo: «Tenemos un sistema alimentario mundial basado en las grandes empresas transnacionales, en las ganancias privadas y en medidas tímidas, o inexistentes, en materia de transferencias internacionales para ayudar a los pobres. Se basa en la extrema irresponsabilidad medioambiental de los países más poderosos y también en una negación radical de los derechos de los pobres».
Jeffrey Sachs dijo también que los países ricos y sus intereses apoyan la privatización de los sistemas, citando en particular al gobierno de Estados Unidos, el mismo que brindó apoyo militar a la empresa estadounidense United Fruits, explotando a países latinoamericanos como Honduras. Sachs agregó: «Tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema diferente que se base en los principios de la dignidad humana, la soberanía y los derechos económicos». (Artículo publicado en Peoples Dispatch, 29-7-2021 http://peoplesdispatch.org/)
