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La guerra de nueve años contra la Corte Penal Internacional

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Tony Saunois (Secretario del Comité por un Internacional de Trabajadores CIT)

Imagen: Fatou Bensouda, exfiscal jefe de la CPI, que fue blanco de ataques de agencias estatales israelíes (Foto: Wikimedia Commons)


La reciente decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y líderes de Hamás, supuso un importante golpe contra el régimen israelí. y aquellos que defienden la guerra en Gaza. Aunque la CPI tiene poderes limitados a nivel internacional como institución, su decisión en el contexto de la actual guerra genocida que libra el régimen israelí es extremadamente significativa, aunque en sí misma no alterará el resultado de este brutal conflicto. La CPI, establecida en 2002, tiene 124 estados miembros. Sin embargo, las órdenes de arresto sólo pueden entregarse o promulgarse en aquellos países que se hayan adherido al tribunal. Israel, Estados Unidos, Rusia, China y otros no son miembros de la CPI.

La decisión de la Autoridad Palestina de unirse a ella en 2015 fue considerada por el régimen israelí como un “acto de terrorismo diplomático” y un cruce de la línea roja. Tras esa decisión se lanzó la “guerra” de Israel contra la CPI. Se cita a un ex funcionario de defensa israelí diciendo: “Ser reconocido como Estado por la ONU es agradable. Pero la CPI es un mecanismo con dientes”. Temían el arresto de funcionarios del gobierno israelí si viajaban a los estados miembros de la CPI y luego serían juzgados en La Haya.

Tras la decisión de la CPI de intentar emitir una orden de arresto para Netanyahu y Gallant, una investigación especial en profundidad realizada por el periódico británico Guardian y las revistas israelíes +972 y Local Call ha expuesto material devastador sobre los nueve años de “guerra”. El ataque ha involucrado a los servicios secretos israelíes Mossad y Shin Bet y a la administración Trump en Estados Unidos en una campaña en curso para socavar, desacreditar y destruir la CPI, que ha sido una espina clavada en el zapato de algunos gobernantes occidentales y sus aliados.

Vigilancia, piratería informática, amenazas e intimidación se han desplegado en una operación digna de una novela de espías de John Le Carré. Los hechos suelen ser más apasionantes o reveladores que la ficción. Estuvieron involucrados el Mossad, el Shin Bet (la agencia de espionaje nacional) y Aman (la dirección de inteligencia militar israelí y su división de ciberinteligencia) y la Unidad 8200. Estos servicios secretos israelíes se encuentran entre los más despiadados de todos los estados capitalistas. Sin embargo, todos son capaces y han utilizado métodos similares, como se atestigua en las “extradiciones extraordinarias” y los asesinatos que han llevado a cabo.

En este caso, apuntaron a numerosos funcionarios de la CPI, incluidos Khan y su predecesora, Fatou Bensouda. La vigilancia ha continuado hasta los últimos meses, advirtiendo a Netanyahu con antelación de las intenciones de los fiscales. Bensouda, quien como fiscal jefe abrió el caso de la CPI sobre Palestina en 2015, lo que finalmente llevó al anuncio de solicitar las órdenes de arresto.

Desde su creación en 2002, la CPI ha sido utilizada por muchos regímenes capitalistas occidentales como medio para procesar a aquellos acusados ​​de ser responsables de algunas de las peores atrocidades del mundo. Ha acusado al ex presidente sudanés Omar-al-Bashir, al fallecido presidente libio Muammar Gaddafi y, más recientemente, a Vladimir Putin. Sin embargo, la decisión de Khan de solicitar órdenes judiciales para procesar a Netanyahu y Gallant es la primera vez que toma medidas contra un aliado occidental clave. Khan afirma que lo presionaron intensamente para que no continuara. Afirma que un líder occidental le dijo sin rodeos: “Este tribunal está construido para África y para matones como Putin” y no, por implicación, para aliados de las potencias occidentales como Mohammed bin Salam – el príncipe heredero saudí – que estuvo implicado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Fatou Bensouda era abogada gambiana antes de ser elegida fiscal jefe de la CPI en 2015. Rápidamente abrió un caso en jerga legal sobre “la situación en Palestina”. Tras esta decisión, dos hombres obtuvieron su dirección en La Haya y se acercaron diciendo que querían entregarle una carta de una mujer alemana que quería agradecerle. Le entregaron un sobre que contenía cientos de dólares estadounidenses en efectivo y una nota con un número de teléfono israelí.

Los funcionarios admitieron que los servicios secretos israelíes espiaban periódicamente las llamadas telefónicas realizadas por Bensouda y su personal, especialmente a palestinos de Cisjordania, que tenía prohibido visitar junto con Gaza y Jerusalén Este.

En una muestra flagrante de racismo, un funcionario se jactó de no dudar en monitorear sus llamadas diciendo: “Con Bensouda, ella es negra y africana, así que a quién le importa”.

El director del Mossad entre 2019 y principios de 2021, Yossi Cohen, incrementó sus esfuerzos para intentar persuadirla de que no continuara con la investigación. La llamaba y la visitaba cada vez más. En una ocasión Cohen la visitó en el hotel Suit de Nueva York, donde tenía prevista allí una reunión con el entonces presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, que también estaba investigando. En un momento, se pidió a sus funcionarios que abandonaran la reunión. Luego, desde detrás de una puerta, Yossi Cohen entró en la habitación sin previo aviso y le tendió una emboscada.

Los primeros intentos “amistosos” de persuadirla de que abandonara el caso fracasaron y luego comenzaron a lanzarse amenazas no tan sutiles sobre su futura carrera, su seguridad y la de su familia. Vigilaron a su marido y afirmaron que tenían un alijo de transcripciones sobre su implicación en una operación encubierta, algunas de las cuales circularon entre los círculos diplomáticos occidentales en un intento de desacreditar a Bensouda.

En marzo de 2020, tres meses después de que Bensouda remitiera el caso palestino a la sala de cuestiones preliminares, una delegación del gobierno israelí habría mantenido conversaciones en Washington con funcionarios estadounidenses sobre una “lucha conjunta israelí-estadounidense” contra la CPI. Trump estaba en el poder y era más cooperativo con los israelíes que su predecesor demócrata, Barrack Obama, que era más cauteloso. Estos acontecimientos ilustran el carácter de regímenes liderados por personas como Netanyahu, Trump, Bolsonaro o Modi, sobre los cuales los sectores más previsores de la burguesía perdieron el control. Estos regímenes, a su vez, reflejan el carácter de la era en la que se encuentra ahora el capitalismo.

No es casualidad que días antes de la reunión de Nueva York, los jueces de la CPI autorizaran a Bensouda a continuar con otro caso que investigara crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes y también por las fuerzas militares afganas y estadounidenses. Estados Unidos bajo Trump tuvo su propia campaña contra la CPI y había impuesto sanciones económicas a Bensouda y a uno de sus altos funcionarios.

Khan asumió el cargo de fiscal jefe en junio de 2021. Inicialmente, los israelíes esperaban que fuera más suave que Bensouda. Después de todo, había defendido al ex presidente liberiano Charles Tayler y se le consideraba más cauteloso. Un funcionario israelí dijo que había “motivos para el optimismo”, pero luego añadió que el ataque del 7 de octubre “cambió esa realidad”. Luego, Khan visitó Gaza y estaba en el cruce fronterizo de Rafah al final de la tercera semana del asalto de Israel a Gaza. Después de eso decidió continuar con el caso y dijo que el Primer Ministro y el Ministro de Defensa de Israel estaban acusados ​​de responsabilidad por el exterminio, el hambre, la denegación de suministros de ayuda humanitaria y ataques deliberados contra civiles.

Estas revelaciones del drama que se ha desarrollado en la CPI y los intentos de arruinarla por parte de los servicios secretos israelíes y de Estados Unidos ilustran mucho sobre el carácter del capitalismo distópico moderno y sus diversas máquinas e instituciones estatales. Los socialistas no se hacen ilusiones en instituciones capitalistas como la CPI. No pueden resolver las causas de tales conflictos ni ofrecer justicia real para quienes sufren los crímenes de guerra cometidos bajo el capitalismo. Sin embargo, lo que ocurre dentro de tales instituciones y las luchas que se han desatado entre las diferentes alas de las clases dominantes y los monstruos del capitalismo son importantes y extremadamente significativos. Los socialistas y en particular los partidos socialistas de masas de los trabajadores utilizarían tales revelaciones para exponer al capitalismo y a sus líderes, y llevar a juicio todo el sistema ante la opinión pública de los trabajadores y los oprimidos a nivel internacional.

Como se ha visto históricamente, las revelaciones de espionaje, vigilancia, encubrimiento o corrupción pueden provocar agitación y agitación social. En Francia, en 1894, el caso Dreyfus llevó al país al borde de un levantamiento social y un conflicto. Fue el detonante que desató las tensiones y conflictos sociales subyacentes. Aunque diferente a lo ocurrido en la CPI, existe un paralelo en lo que ambos revelan. Alfred Dreyfus era un joven militar francés acusado falsamente de pasar secretos militares al estado alemán. Se supo y reveló que el verdadero culpable, Ferdinand Esterhazy, había entrado en la embajada alemana en París y se había ofrecido a vender secretos militares al agregado militar. Dreyfus era judío y víctima de un cruel antisemitismo dentro del ejército. Diferente a los acontecimientos en la CPI, sí, pero ilustra la importancia de tales acontecimientos. Lo que se ha revelado en la CPI aún no tiene un impacto total en Israel y Palestina o a nivel internacional, pero lo tendrá a medida que se desarrolle el horrible conflicto en Gaza, Palestina y la sociedad israelí.

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