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Instituto Nacional y la crisis de un modelo educativo

Instituto Nacional y la crisis de un modelo educativo

Samuel Silva | DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE Miércoles 3 de julio 2019

Para poder hacer una reflexión objetiva y propositiva de lo que sucede en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, no podemos perder de vista la crisis general que vive la educación pública para tener una visión de conjunto, así como debemos tener presente a todos los actores sociales y políticos involucrados en este conflicto; cuáles son sus intereses y cuál es su nivel de articulación interna en esta coyuntura. Esto nos entregará elementos y herramientas de análisis y comprensión, que ayuden a situarnos desde la perspectiva de los estudiantes organizados y así contribuir a una solución del conflicto que beneficie a la comunidad educativa. En este sentido, primero que todo, al momento de realizar este análisis de la coyuntura interna del IN, nos situamos desde la perspectiva de este sujeto (el estudiante), ya que son ellos deben lidiar con las carencias de un sistema educativo en crisis permanente, y a la vez soportar la presión de la sociedad que les exige altos niveles de excelencia académica.

Contexto general

La crisis que vive hoy en día la educación pública, es la consecuencia planificada del plan que Jaime Guzmán, en representación de la élite chilena, de desarticulación de la educación pública como posible motor de cambio social y limitarla a un rol de cobertura y alfabetización técnica, en función del precario mercado laboral.

El plan de desmantelamiento, en particular de los colegios públicos, tiene su primer paso en el proceso de desmunicipalización, que además de generar la deuda histórica de los profesores, segregó a la sociedad en comunas pobres y ricas, generando una estratificación social de los colegios según su ubicación geográfica, lo cual determinaría grandes brechas de financiamiento entre un colegio ubicado en el centro de las ciudades a otro, ubicado en la periferia.

La segunda parte de este plan, consistió en poner a “competir” a los colegios municipales, que ya estaban despojados, con los colegios particulares subvencionados, entregando muchas más ventajas a los sostenedores de los colegios particulares para que pudieran crear un nuevo negocio con el sistema de subvenciones, invitando a todos los sectores (de la derecha y la ex Concertación) a ser parte de este banquete de lucro con el conocimiento. Estas ventajas comparativas comenzaron a hacerse evidentes, sobre todo cuando se comienza a producir un éxodo de alumnos desde los colegios municipales a los particulares subvencionados, con la esperanza de lograr cierta movilidad social en sus hijos.

Sin embrago, todo el discurso de méritocracia que le vendieron a la clase media con la existencia de los llamados colegios emblemáticos, cuya ubicación geográfica y supuestos mejores recursos ayudarían a sus hijos a ingresar a la universidad, literalmente se comienza a desplomar de manera más intensificada desde el terremoto del 2010, donde este gobierno de demoler ye cerrar una cantidad importante de escuelas municipales (más de 50), sumado a las 818 escuelas municipales rurales cerradas entre el 2000 y el 2012 por baja de matrícula.

Como la primera justificación para comenzar a cerrar colegios municipales fue la baja matrícula y el bajo puntaje SIMCE, el Estado comenzó de clausurar, cual Júpiter devora a sus hijos, primero a los colegios municipales más vulnerables y afectados por la crisis de la educación y ahora, como no tiene la escusa de la baja matrícula y los bajos resultados académicos, busca la justificación para atacar a esos colegios al considerarlos como focos de formación subversiva. A esto está sumado el abandono intencional de los colegios públicos que han hecho muchos municipios, esperando que se concrete la desmunicipalización para librarse de esta molesta carga, incluyendo la deuda histórica con los profesores.

Contexto particular

La realidad propia del IN no tiene mucha diferencia con el resto de los colegios municipales. Sin embargo, como tiene un papel simbólico en nuestra sociedad, el gobierno local y central se han esmerado en recrudecer su política represiva en este colegio, lo cual ha afectado a todos los actores de la comunidad educativa, así como de forma dialéctica, ha modificado las propias prácticas del gobierno.

Los más afectados por estas políticas de jibarización de la educación pública, son los propios estudiantes. Este desbancamiento se ve reflejado en forma muy clara en las condiciones en las que los niños deben estudiar: con pupitres del siglo XIX, donde es casi imposible sentarse, pisos de hormigón al interior de la sala picado, salas sin pintar, baños insalubres, hacinamiento de estudiantes, falta de dotación de personal docente y no docente, salas con mala iluminación, sin calefacción, entre muchas otras carencias.

En cuanto a la articulación interna de los estudiantes como actores sociales, puede observarse que el Centro de Alumnos del IN posee de toda la legitimidad para ser representante de los estudiantes, ya que su cultura asamblearia, está constantemente generando dirigentes de bases que funcionan como delegados. Esto le da un significado potente del CAIN en el imaginario de los estudiantes, reconociendo a esta organización como una institución importante dentro del colegio. Dentro del espectro político de los institutanos, se puede observar que la gran mayoría de los estudiantes apoyan las demandas del CAIN, sin embargo, a diferencia de otros años donde el centro de estudiantes estaba centrado en demandas más internas o “gremiales” como el ranking de notas hasta el 2015, desde el 2016 el estudiantado ha demostrado estar más preocupados de demandas más políticas, lo que se expresó en una toma de dos meses por el proyecto de desmunicipalización que los afectan a ellos y a todos los estudiantes del país, lo cual probablemente puede generar un desgaste excesivo en la medida que los demás colegios del país no se movilicen por esta demanda. Así como también se han mostrado más críticos con el modelo de evaluación estandarizada, expresado políticamente en el boicot al SIMCE y la exigencia de un sistema mixto de enseñanza. Y en este proceso interno, podemos ver que emergen algunas posturas más radicalizadas, pero minoritarias como los llamados “encapuchados” o “insurrectos”, que lamentablemente, por lo general actúan por iniciativas individuales y muchas veces desconocen los acuerdos tomados por la mayoría en la asamblea, transformándose finalmente en grupos aislados de la mayoría de los estudiantes, quienes sí acatan los acuerdos democráticos de la asamblea. Las motivaciones ideológicas de estos grupos por lo general poseen un gran sentido de justicia social, realizando una crítica profunda al modelo educativo mercantilizado y al Estado como garante de las clases dominantes, sin embargo, producto de una lectura errada de la realidad, como ha sucedido en el movimiento popular en la historia, estos grupos vanguardistas, además de facilitar la infiltración de agentes de inteligencia, cumplen el rol (para el poder) de justificar toda la represión, generando un sentimiento en las masas, no deseado por ellos, de querer “volver al orden”. Sin embargo, pese a que los medios de masas destacan el uso de la violencia política llevada a cabo por algunos, el espectro político dentro de este colegio es mucho más variado y muy representativo de la sociedad chilena: pese a que la mayoría de los estudiantes no tiene militancia, al interior se articulan en relación a intereses propios y oposiciones partidos de derecha, centro e izquierda como la UDI, RN, JS,JJCC, RD, MIR, FPMR, y del Frente de Estudiantes Libertarios, que ahora pasa a ser Convergencia Social, sumado a una serie de colectivos como Fuerzas de Izquierda; colectivo 5 de Septiembre, colectivo Acción Libertaria, entre otros. De los cuales históricamente el PS y las JJCC tenían la conducción hasta el 2016, cuando asume el FEL.

Por otra parte, el estamento de los profesores del IN, que antaño cumplió un rol fundamental en la movilización en contra de la dictadura y que arrastra demandas históricas, comunes a todos los profesores de los colegios municipales, y que se han caracterizado por ser más politizados, en los últimos años  en el profesorado el IN han proliferado posturas y prácticas más reaccionarias, como la prohibición hacia los alumnos de participar en las asambleas y la satanización de las movilizaciones,  ya que éstas afectarían en su desempeño como docentes y el aprendizaje.

Las preocupaciones de los apoderados, apuntan principalmente a la seguridad de los niños y a la continuidad de las clases, sin embargo, en general la mayoría de los apoderados que están agrupados en el CEPA AO, apoyan las movilizaciones estudiantiles, ya que como padres ven las carencias a los cuales están expuestos los niños y jóvenes. También existen algunos grupos minoritarios de apoderados que articulan un discurso reaccionario anti toma y que reduce todo el problema a los encapuchados como lo es la Corporación de Padres y Apoderados José Miguel Carrera “Corporación que públicamente ha manifestado su apoyo incondicional a medidas excluyentes, represivas y denostadoras hacia el resto de los integrantes de la comunidad, incluyendo a la Autoridad. Avalan y propiciaron la Ley Aula Segura, Revisión de mochilas Admisión Justa, medidas que emanan desde el Sostenedor y gobierno de turno”.

En cuanto al comportamiento que ha tenido el sostenedor, que en el caso de los municipales es el alcalde de la comuna, se puede observar que, si bien no es para nada nueva la vieja retórica anticomunista y la práctica represiva hacia cualquier movimiento social en este país, menos aún con los estudiantes, durante esta semana ha habido una modificación en el comportamiento del aparato represivo, que se ha hecho evidente en la redes sociales que denuncian el ingreso de una policía militarizada al interior del establecimiento, utilizando la misma brutalidad que ejercen hacia las escuelas que están en las comunidades mapuche en conflicto, pero esta vez, a los ojos de todos los transeúntes en plena urbe. Además, la estrategia de adelantar las vacaciones para desinflar el conflicto le dará más tiempo al sostenedor para ajustar los dispositivos represivos y continuar con la judicialización de la protesta, pero sin solucionar en lo más mínimo la problemática.

Es errado por parte del municipio minimizar las problemáticas del IN, planteando como gran solución “una intervención psicosocial”. Soslayando de esta manera el principal conflicto, que lo genera un sistema de subvenciones que el presidente del CEIN, Rodrigo Pérez, ha catalogado como un sistema perverso. Ya que pese la gran cantidad de recursos que genera una matrícula de 4.000 estudiantes, sumado a las subvenciones especiales como Subvención Escolar Preferencial o Programa de Integración Escolar NO se condice con el estado deplorable de las salas de clases, dende existen salas que se llueven y donde los profesores deben comprar el papel higiénico, ya que el colegio no lo hace. En cuanto a la nula gestión del municipio de otros recursos provenientes de diferentes ministerios como el Fondo a Apoyo a la Educación Pública o como el Fondo para Mantención de Establecimientos educacionales que es equivalente a la cantidad de matrícula, se hace evidente una actitud de desidia, que va más allá de los montos.

Conclusiones y expectativas

Una de las primeras conclusiones que podemos sacar es la necesidad de articulación interna del sujeto estudiante, para lo cual se requiere corroborar cuál es el nivel de organización, de homogeneidad y de autoconciencia del estudiantado. En la medida que aumente la articulación interna, incrementará el nivel de incidencia en la decisiones de las autoridades del momento.

En segundo lugar, una de las principales tareas para darle viabilidad a las transformaciones que impulsan los estudiantes, es generar un diálogo entre todos los estudiantes, de las distintas corrientes y pensamientos políticos del establecimiento. De manera tal que los grupos más radicalizados estén subordinandos a la decisión de la mayoría, respetando la democracia y la soberanía de la Asamblea como entidad de poder y legitimidad. En este sentido los estudiantes organizados en el CAIN deben explicarle los miembros de estos los grupos que las demandas estudiantiles son más radicales y democráticas que cualquier intento aislado de agitación o de propaganda y que su militancia no debe limitarse sólo a esto último, si no que deben vincularse a la organización de base de los estudiantes; superar la autopercepción de individuo o de grupo de  estudiantes por la autoconciencia de ser sujeto estudiante con un pasado, un presente y un futuro.

En cuanto al uso de la violencia política, más allá de hacer valoraciones positivas o negativas, cabe mencionar que cuando ésta es ejercida por un grupo minoritario que está aislado de las masas, se vuelve un acto de autoritarismo hacia las mayorías. Por esta razón, para que las acciones de los estudiantes vayan ganando legitimidad, la acción directa y la autodefensa frente a la represión policial debe ser de masas y debe ser una decisión de la mayoría en un ejercicio de gobierno estudiantil.

En cuanto a la búsqueda de una estrategia que permita la acumulación de fuerzas y la articulación con otros actores sociales, la decisión de CAIN de mantenerse en clases movilizadas, teniendo en cuanta todos los elementos anteriores, parece ser la estrategia más apropiada para la coyuntura. En este sentido, se hace urgente generar un diálogo entre los estudiantes organizados y los trabajadores del IN sindicalizados y colegiados, donde se establezcan algunos acuerdos que faciliten la organización estudiantil y el logro de reivindicaciones que favorezcan a toda la comunidad educativa, de tal manera que no exista contradicción entre luchar, enseñar y aprender.

Por último, se hace necesario que el resto de los estudiantes organizados del país, asuman como suyas las demandas transversales que en este momento los estudiantes movilizados del IN están sacando a la luz, ya que semejante mochila no la pueden llevar solos en sus hombros, si no que con el conjunto de los actores sociales que en clave de ruptura democrática.

El autor es profesor y militante en Convergencia Social.

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