por Gustavo Burgos
La movilización feminista del 8 de marzo y su continuidad en la movilización ambientalista por el cambio Climático del pasado viernes 15, ponen de manifiesto que la actividad de las masas, lejos de adormecerse luego de un verano marcado por la iniciativa política del Gobierno por la situación de Venezuela, ha retomado nuevos bríos y se presenta repuesta y con renovado ímpetu. Si la izquierda revolucionaria, aquella que se reclama de los trabajadores y el socialismo, es capaz de dar respuesta a estas movilizaciones y contribuir al potenciamiento de esta lucha como un enfrentamiento de clase en contra de Piñera y el empresariado, la continuidad y proyección política de este movimiento está garantizada.
Sin embargo, la falta de oposición a Piñera, que ha alcanzado para hacer invisible al propio Kast, ha permitido que su gobierno siga perpetrando un ataque en toda la línea en contra de los trabajadores. Las contrarreformas laboral y tributarias, se suman al fortalecimiento de las AFP y un saqueo sin precedentes al bolsillo de la mayoría nacional, como ha quedado de manifiesto con el fraude de los medidores inteligentes de electricidad y con el millonario arreglo de la familia Chadwick a propósito del impresentable cambio de nombre de Transantiago a Red, a un costo al erario nacional de casi un millón de dólares. Son miles de estudiantes a los que Piñera ha privado de acceso a la gratuidad y los ha forzado a endeudarse nuevamente con la banca: nueva contrarreforma educacional. Piñera está desatado.
La Derecha sabe que para materializar estos objetivos no alcanza con los acuerdos con la DC y alguno que otro despojo de lo que fue la Nueva Mayoría. No alcanza con la corrupción de los partidos como queda de manifiesto con los casos Penta, SQM, el regalo del Litio a Ponce Lerou y el fraude institucional de las AFP. Para avanzar en este plan del Gobierno necesita represión y los escándalos de corrupción y desprestigio de Carabineros, FFAA y el Poder Judicial, debilitan la legitimidad de cualquier acción de fuerza. Esto pone a la burguesía, al gran empresariado, en la necesidad de dotarse de un discurso, de elegir un enemigo interno que les permita articular un discurso que justifique esta ofensiva. Este es el sentido de la vergonzosa iniciativa de extender el control preventivo de identidad a los menores de edad.
Aunque los organismos internacionales y los expertos han denunciado el carácter vulneratorio y discriminatorio de la medida, no cabe duda que lo que se persigue es dar cuerpo a un accionar represivo sobre la juventud explotada de las grandes ciudades del país. Pero ni aún en este punto el régimen logra unificarse, a guisa de jemplo recientemente, la propia Contraloría General de la República ha objetado la legalidad del “toque de queda” para menores de edad que alcaldes ultrareaccionarios como el alcalde PS, Viñambres, en Quilpué, han pretendido aplicar sobre los menores de edad. SEGUIR LEYENDO
