por Franco Machiavelo
La electricidad no es un lujo. Es un servicio esencial que sostiene la vida cotidiana: ilumina hogares, permite conservar alimentos, estudiar, trabajar y cuidar a personas enfermas o adultas mayores. Cuando las cuentas suben de manera desproporcionada y golpean con dureza a las familias, no estamos ante un simple ajuste técnico: estamos frente a un problema ético, social y político.
Las alzas excesivas no pueden analizarse solo desde la lógica del mercado. La energía eléctrica es un bien estratégico, y su acceso digno forma parte de la justicia social. Cuando una familia debe elegir entre pagar la luz o comprar medicamentos, algo en el diseño del sistema está fallando. El equilibrio entre rentabilidad empresarial y protección de los usuarios no puede romperse siempre en perjuicio de quienes menos tienen.
La transparencia tarifaria, la claridad en los cobros y la fiscalización efectiva no son favores: son obligaciones. Las empresas eléctricas operan en un marco regulado, muchas veces bajo condiciones de monopolio natural en determinadas zonas. Eso exige una supervisión más rigurosa, no complacencia. Donde existe poder concentrado, debe existir control público sólido y permanente.
Firmar un petitorio de fiscalización no es un acto contra el desarrollo energético. Es un acto a favor de la responsabilidad, la equidad y el interés general. Es exigir:
Auditorías transparentes sobre la estructura de costos.
Revisión técnica independiente de los mecanismos de fijación tarifaria.
Sanciones efectivas ante incumplimientos.
Protección reforzada para hogares vulnerables y adultos mayores.
Participación ciudadana real en procesos regulatorios.
La ética pública exige que los servicios básicos no se conviertan en fuentes de desequilibrio social. La moral democrática exige que el bienestar colectivo esté por encima de utilidades desproporcionadas cuando se trata de necesidades esenciales.
¿Dónde deben enviarse estas peticiones?
Para que este instrumento democrático tenga impacto real, debe dirigirse a las instituciones competentes:
1. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
→ Para exigir fiscalización técnica, revisión de cobros y aplicación de sanciones.
2. Comisión Nacional de Energía (CNE)
→ Para solicitar revisión de estudios tarifarios y mayor transparencia en la fijación de precios.
3. Ministerio de Energía
→ Como autoridad política responsable del diseño del sistema energético.
4. Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)
→ Ante posibles vulneraciones masivas a los derechos de los consumidores.
5. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
→ Si existen indicios de prácticas abusivas o distorsiones del mercado.
6. Contraloría General de la República
→ Para revisar la legalidad de los actos administrativos vinculados al proceso tarifario.
7. Comisión de Energía del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados
→ Para impulsar control político y eventuales reformas legales.
La fiscalización ciudadana no debilita la institucionalidad: la profundiza. Una democracia madura no teme la supervisión pública; la considera un pilar de equilibrio.
Si creemos que la energía debe estar al servicio de las personas y no al revés, firmar y difundir este petitorio es una acción pacífica, legítima y democrática para exigir transparencia, responsabilidad y justicia para las familias chilenas.
