DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE
Concluidos los primeros 90 días del Estado de Catástrofe, la evaluación que se realiza al Ejecutivo es una preponderancia de las fuerzas de orden en el manejo de la pandemia, la constante persecución a la sociedad civil y una inercia brutal ante las facultades extraordinarias que dicta la Constitución para efectos de superar la emergencia sanitaria.
María Luisa Cisternas Lunes 15 de junio 2020
En circunstancias que el país cruza las jornadas más crudas desde el inicio del desarrollo de la pandemia, con casi 180 mil casos confirmados de contagio y al menos 3.362 personas fallecidas en todo el territorio nacional, el Ejecutivo prorrogó el Estado Excepcional Constitucional de Catástrofe.
El dictamen que entró en vigencia el 18 de marzo bajo el contexto que el Minsal contabilizaba una cifra de 238 personas contagiadas por Covid sin registros de muertes en esa fecha, culmina este martes. No obstante, por el recrudecimiento de la pandemia en el país, fue inmediatamente renovada por el Ejecutivo en un plazo de 90 días.
Así dio cuenta el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel con el ministro de Defensa, Alberto Espina, en un punto de prensa realizado en el Palacio de La Moneda, en el cual que detallaron la gestión que han realizado los 69.739 funcionarios de Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile en el control y fiscalización de las cuarentenas, toque de queda, aduanas y cordones sanitarios.
“El Presidente ha pedido que con la renovación del Estado de Catástrofe por 90 días, puedan seguir las Fuerzas Armadas trabajando en conjunto con las policías en la fiscalización de las normas sanitarias que son fundamentales para enfrentar esta pandemia que provoca daños enormes en nuestros compatriotas”, manifestó Espina.
Esta extensión tiene por objetivo mitigar la curva de contagios en el país, afirmó Blumel, al momento que anunciaba un fortalecimiento en los aparatos de fiscalización y persecución para quienes restringen las normas sanitarias.
“Vamos a seguir aumentando los despliegues, incorporando tecnología como dones y cámaras de vigilancia para poder identificar a esas personas, a esos irresponsables y poder asegurar que tengan que asumir las consecuencias, los costos de sus irresponsabilidades”, aseveró.
Si bien para el Ejecutivo el despliegue de las fuerzas de orden para vigilar el flujo de personas en las arterias públicas, es una estrategia de mitigación del Coronavirus, para el director Ejecutivo de la Fundación Chile 21 y ex jefe de la división del Ministerio del Interior en el periodo de Michelle Bachelet, Eduardo Vergara, es una extensión de la política de control y vigilancia que ha caracterizado el gobierno de Sebastián Piñera, desde antes de la pandemia.
“El rol que han tenido las policías y las Fuerzas Armadas ha sido absolutamente desproporcionado a lo que se necesita hoy en día en Chile. Lo que el Gobierno debería entender es que se trata de reducir los daños y no eliminarlos. Eliminar los daños en una situación sanitaria como ésta es absolutamente imposible, y para reducir los daños, las estrategias tienen que ir centradas en limpiar las capas de realidades sociales y políticas para poder invertir la pirámide y poder focalizarse solo en la población que presenta mayor incapacidad de poder mantenerse en sus casas”, afirmó.
En gran parte, las faltas en la adopción de cuarentenas y toques de queda, no pasa por la falta de consciencia de la población ante el riesgo de contagios -tanto propio como el de los demás-explicó Vergara. Estas tienen su explicación en razones sociales, en necesidades básicas que no están cubiertas o hasta por el hecho de ejecutar actos de rebeldía contra la autoridad central que ha perdido su credibilidad.
“La sociedad chilena ya se siente sobre vigilada y con una alta desconfianza hacia las policías. Es un profundo error el forzar que esa relación se siga profundizando y que se transforme a los uniformados en la única cara y estrategia visible del Estado. No olvidemos que el día en que llegó el primer caso de Coronavirus a Chile, el país estaba en medio de un profundo debate que ponía en cuestionamiento la legitimidad de las policías y por sobre todo de su actuar que terminaba, no solamente en abuso y brutalidad policial, sino que también en violaciones a los derechos humanos”.
En es esa linea, el experto planteó acentuar el rol de las policías considerando lo ocurrido a partir del estallido social llega a ser incluso peligroso en el contexto de la pandemia, sostuvo, rememorando lo sucedido en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd.
“Millones de personas no duraron en salir a las calles a protestar y a encarar a las policías, mismas que estaban a cargo de gestionar la pandemia. Lo que debemos hacer es trabajar para fortalecer las comunidades, por entender que las necesidades de las personas no pasan meramente por decisiones de salir o no salir a la calle. Mientras el gobierno no se haga cargo de las aristas sociales, políticas, laborales y que conllevan a que una persona pueda estar tranquila en su hogar, no puede seguir remediando y parchando esa capacidad con uniformados en la calle”.
Tomándole el pulso al músculo del Estado
El Estado de Catástrofe corresponde a uno de los cuatro de Estados de Excepción estipulados en la Constitución, siendo este el tercero menos grave, explicó el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, en conversación con nuestro medio. Estas categorías tienen en común entregar la facultad de limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales al Presidente de la República.
Si bien la libertad de locomoción y reunión son algunos de los derechos que han sido restringidos por Piñera en el marco de la emergencia sanitaria, existe una inercia que llama la atención respecto a la restricción del ejercicio del derecho a la libre iniciativa económica, que consiste en la facultad extraordinaria sobre la requisición de bienes y limitaciones del ejercicio de la propiedad.
“La perspectiva del derecho de propiedad es bien interesante para evaluar las formas en que el Estado de Excepción ha sido utilizado. Lo cierto es que todas las medidas de carácter sanitario que se han adoptado para enfrentar la pandemia, han sido adoptadas por la autoridad sanitaria, en el uso de las atribuciones que las normas jurídicas le entregan a esas autoridades. No obstante, ninguna de las medidas han sido adoptadas aplicando el Estado de Excepción, o las normas de excepción. El único efecto que ha tenido hasta ahora ha sido el recurso de las Fuerzas Armadas para efectos de control del orden público, porque incluso el toque de queda fue decretado en una perspectiva sanitaria por la autoridad sanitaria”, explicó Bassa.
El ese sentido cabe preguntarse por la conveniencia o necesidad del Estado de Excepción, señaló el abogado, en cuanto no ha habido ninguna restricción al ejercicio al derecho de propiedad y tampoco una requisición de bienes especifica destinada a la superación de la pandemia. Muy por el contrario se ha visto que la institucionalidad, ajenos al contexto de excepción, solicitan prácticamente de buena fe a las industrias o sectores de la economía que reaccionen o tomen ciertas decisiones frente a la crisis de hambre y cesantía.
Así se evidenció durante el mes de abril, cuando las isapres anunciaron un alza en el valor de sus primas en circunstancias que se acrecentaba la curva de contagios y en la ciudadanía repercutían los primeros estragos de la crisis económica. Una determinación que fue prorrogada por tres meses por el Presidente Sebastian Piñera en una reunión que sostuvo en La Moneda con la asociación de las aseguradoras y por la cual recibió duras críticas por resolver en la lógica de “los favores personales”.
“Lo que ocurre con las Isapres es que el Presidente les pide por favor que congelen los precios, lo que ocurre con los bancos, es que el Presidente les pide por favor que las nuevas condiciones de los créditos del Fogape sean trasladados a las pequeñas y medianas empresas. Lo que termina ocurriendo, es que la institucionalidad sigue operando en los mismos términos normales, entre comillas, de siempre, donde la normalidad consiste en que el presidente se contacta directamente con las grandes empresas para pedirles favores y no se utiliza el Estado de Excepción propiamente tal para imponer las decisiones que toma el Estado. Es una cosa muy curiosa, porque a uno le lleva a preguntarse en qué consiste la excepción”.
Jaime Bassa.
Otro de los objetivos que cumple el estado de Catástrofe, según ha sostenido el mandatario, es darle mayor seguridad a los hospitales y a establecimientos de atención de salud, protegiendo además la cadena logística y traslado de insumos médicos. No obstante la percepción de los funcionarios y funcionarias de la salud pública sobre estos ejes es bastante severa con la gestión del Gobierno.
Cabe recordar el recurso de protección que interpuso el Colegio de Enfermeras contra el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, ante lo que se consideró como la omisión de acciones en función del traslado y provisión de elementos de protección personal, para que las profesionales pudieran ejercer a salvo su labor, resguardado al mismo tiempo, la salud de los pacientes.
Es una de muchas faltas de garantías en el rubro sanitario que ha llevado a los gremios de la salud pública a interpelar a la autoridad central de forma constante. En ese sentido el vicepresidente de Confusam, Esteban Maturana sostuvo no comprender las razones detrás del Estado de Excepción.
“La duda que surge sobre el Estado de Catástrofe que se decretó, es cuáles eran los reales objetivos; proteger hospitales, proteger consultorios, proteger el tema de los insumos, la verdad es que no nos queda claro que haya sido efectivo. Han continuado asaltos a funcionarios que están distribuyendo insumos en domicilios en los casos de algunas comunas, han continuado asaltos de toda índole en el país y obviamente no ha habido un buen resultado respecto a la situación de seguridad. Nos queda la duda, por el momento en que se genera, si el Estado de Catástrofe tiene objetivos más bien de contener la movilización social”.
Otro rubro que se ha visto afectado, particularmente con los horarios del toque de queda, que se prolongaran bajo el mismo horario determinado desde las 22:00 hasta las 05:00 hrs, ha sido el área de Bares y Restaurantes. En ese sentido, Amalia Pesutic, vocera de Restaurantes en acción, afirmó que desde el 18 de marzo que cuentan con cero ingresos, mientras que los locales que logran hacer reparto a domicilio, no logran alcanzar el 10 por ciento de sus ventas.
“Seguimos pagando imposiciones, las únicas medidas de ayuda han sido la postergación de pago, contribuciones, imposiciones, Iva y el resto nos han dejado en las manos de los privados, de los bancos, que han flexibilizado la postergación de los créditos hipotecarios y en el caso de los créditos de consumo, te repactan. Sin embargo te aplican unas tasas abusivas y unos plazos eternos y los créditos Covid, que han sido la gran solución que ha planteado el gobierno, no están llegando a todos. Te están haciendo cargar una mochila de créditos, de deudas súper potente”, explicó.
Asimismo, Pesutic denunció que indirectamente el Gobierno está obligando a los empleadores a despedir a sus trabajadores, en cuanto les es imposible sostener el pago de imposiciones por derechos laborales de una labor que no se realiza con el restaurant cerrado.
“Lo que necesitamos nosotros son medidas concretas y que inyecten dinero, pero no que lo inyectemos nosotros con tasas bajas o con muchas cuotas, que es lo que están haciendo. Es que ellos se metan las manos al bolsillo”, aseveró.
