Por Marco González Pizarro. Abogado, Dr. Cs. Sociales
Seguridad como máscara, megareforma como botín
La política chilena ha ingresado en una fase particularmente descarnada de realismo maquiavélico. Ya no se trata simplemente de contradicciones programáticas ni de ajustes pragmáticos de gobierno: se trata de la confesión abierta de que el poder fue conquistado mediante una operación discursiva construida sobre el miedo, el agotamiento social y la manipulación emocional de las clases trabajadoras.
La caída de Trinidad Steinert y el desembarco de Martín Arrau en el Ministerio de Seguridad Pública han expuesto, quizá por primera vez con crudeza absoluta, la inexistencia de una carta de navegación propia del actual gobierno. La confesión política fue explícita: el nuevo ministro anunció que el Ejecutivo gobernará bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por Gabriel Boric. Lo que durante años fue denunciado como símbolo de debilidad “progresista”, ahora es presentado como base suficiente del nuevo orden. La mano dura terminó administrando la institucionalidad que antes ridiculizaba.
El episodio posee una profundidad simbólica devastadora. Porque el gobierno que llegó prometiendo refundar la seguridad nacional, combatir el crimen con una doctrina completamente distinta y restaurar el “orden perdido”, reconoce ahora que gobernará sobre el mismo andamiaje estratégico del adversario al que acusó sistemáticamente de incompetencia. La retórica de guerra era, finalmente, una herramienta electoral.
Maquiavelo lo había advertido hace siglos: el poder no requiere coherencia moral, sino eficacia en la conquista. El miedo, administrado correctamente, permite a los gobernantes obtener obediencia antes incluso de mostrar resultados. El problema para Chile es que la promesa de seguridad aparece hoy reducida a un dispositivo de acceso al poder, mientras el verdadero corazón programático emerge lentamente desde otro lugar: la consolidación estructural de un modelo económico de hiperconcentración patrimonial.
Mientras el discurso público gira obsesivamente en torno a delincuencia, migración y control social, el gobierno despliega silenciosamente una megareforma económica destinada a consolidar privilegios tributarios, reducir capacidad redistributiva del Estado y garantizar estabilidad normativa de largo plazo para grandes grupos económicos y capitales financieros. El miedo funciona entonces como cortina de humo. La inseguridad como anestesia social.
La lógica es perfectamente reconocible: arriba, austeridad fiscal para recortar derechos sociales; abajo, disciplina social mediante temor permanente. Al mismo tiempo, alivio tributario, garantías regulatorias y expansión de rentabilidad para sectores de mayores ingresos. El trabajador es convocado diariamente a temer al delincuente, al migrante, al desorden urbano o al caos; pero se le excluye de la transferencia estructural de riqueza, que ocurre mientras su salario pierde poder adquisitivo y el costo de la vida continúa escalando.
No es casual que el nuevo ministro Arrau haya debido corregir el discurso original del gobierno. La propia administración quedó atrapada en una contradicción insalvable: había prometido un plan inexistente. La salida de Steinert no expresa simplemente un ajuste ministerial; representa el derrumbe prematuro de una narrativa electoral que no logró traducirse en conducción estatal efectiva. El gobierno debió retroceder hacia la institucionalidad que denostó porque descubrió que administrar el Estado es infinitamente más complejo que administrar consignas.
La paradoja alcanza niveles casi teatrales. Quienes denunciaban al gobierno anterior por “blando” terminan utilizando su arquitectura institucional. Quienes prometían ruptura ofrecen continuidad. Quienes juraban restaurar el orden mediante fórmulas excepcionales terminan administrando el mismo marco normativo que antes despreciaban. La diferencia radica únicamente en el lenguaje: ahora la seguridad deja de ser política pública para transformarse en espectáculo permanente de autoridad (El País).
El problema profundo es otro. Cuando el miedo se convierte en principal herramienta de cohesión política, la democracia entra en una zona de degradación ética. El ciudadano deja de ser sujeto político y pasa a ser administrado emocionalmente. Se le gobierna desde la ansiedad, no desde la esperanza colectiva. Y mientras permanece atrapado en esa sensación de amenaza constante, pierde capacidad de advertir que las verdaderas decisiones estratégicas están ocurriendo en otro plano: pensiones, concentración económica, debilitamiento regulatorio, privatización indirecta de derechos y consolidación de poder financiero.
Así, el gobierno actual parece moverse bajo una lógica típicamente maquiavélica: conquistar el poder prometiendo protección absoluta frente al caos, para luego utilizar ese capital político en la profundización de un modelo económico favorable a minorías extremadamente concentradas. La seguridad aparece entonces no como finalidad, sino como instrumento de legitimación.
La ironía histórica resulta brutal: después de años denunciando al progresismo como incapaz de gobernar, el oficialismo termina reconociendo que ni siquiera posee una estrategia autónoma en el tema que transformó en eje central de su ascenso político. El “plan” terminó siendo el del adversario. Pero el objetivo real nunca estuvo allí.
El verdadero proyecto parece haber sido siempre otro: consolidar una reestructuración económica regresiva mientras el país permanece paralizado bajo la retórica del miedo.
Y en esa operación, el trabajador chileno vuelve a quedar solo.
