por Jano Ramírez
Bolivia atraviesa una nueva ofensiva reaccionaria contra las conquistas históricas de las y los trabajadores, campesinos y pueblos originarios. El gobierno de Rodrigo Paz intenta imponer un programa de restauración neoliberal que busca descargar el peso de la crisis económica sobre las espaldas del pueblo, beneficiando una vez más a los grandes empresarios, terratenientes y sectores privilegiados del país.
Las medidas impulsadas por el gobierno muestran con claridad el carácter de clase de este proyecto. La rebaja de impuestos a las grandes fortunas mediante el DS 5503, las políticas ligadas a la Ley 1720, las amenazas de privatización de empresas estatales y el desfinanciamiento de áreas fundamentales como salud y educación representan un verdadero ataque contra las mayorías populares. Mientras las familias trabajadoras enfrentan inflación, precarización y deterioro de sus condiciones de vida, el gobierno protege las ganancias de los sectores más ricos.
A esto se suma la profunda crisis social generada por el deterioro de los servicios básicos y el problema de los combustibles, donde la llamada “gasolina basura” se transformó en símbolo del fracaso de un modelo incapaz de garantizar condiciones mínimas para la población. Como ocurre históricamente bajo el neoliberalismo, las consecuencias de la crisis recaen siempre sobre quienes viven de su trabajo.
Pero el ataque no es solamente económico. El gobierno de Rodrigo Paz ha recurrido también a una agresiva política de criminalización contra las organizaciones sociales y el movimiento popular. Esta escalada represiva ya ha dejado casos de detenciones, persecución a dirigentes sociales, violentos operativos policiales y asesinatos de manifestantes en el marco de protestas y bloqueos populares. Detrás de ese discurso aparece nuevamente el racismo histórico de las élites bolivianas, incapaces de aceptar que trabajadores, campesinos e indígenas irrumpan como sujetos políticos organizados.
Sin embargo, lejos de paralizarse, el pueblo boliviano ha comenzado a responder con fuerza. Las calles vuelven a llenarse de movilizaciones, bloqueos y asambleas populares. Desde el 1° de mayo se hizo evidente un nuevo ascenso de la combatividad social y el surgimiento de expresiones de autoorganización que reflejan la enorme tradición de lucha de la clase trabajadora boliviana.
En ese proceso, la Central Obrera Boliviana (COB) volvió a jugar un papel importante. Las resoluciones votadas en los cabildos y ampliados de inicios de mayo plantearon incluso la necesidad de avanzar hacia una huelga general indefinida y levantaron con fuerza la consigna “¡Que renuncie Rodrigo Paz!”. Sin embargo, aunque la presión desde las bases obreras, campesinas y populares continúa empujando hacia una profundización del conflicto, la huelga general aún no logra consolidarse plenamente a nivel nacional. Esto comienza a revelar tensiones entre la enorme disposición de lucha que emerge desde abajo y sectores de la dirigencia sindical que intentan contener o administrar el proceso, evitando que la movilización desborde los marcos institucionales.
Este despertar popular confirma una verdad histórica, las conquistas sociales nunca fueron regalos de ningún gobierno, sino resultado de la lucha organizada de las masas. Cada derecho conquistado en Bolivia, desde las nacionalizaciones hasta los avances sociales y democráticos, nació de grandes rebeliones populares, huelgas y levantamientos de obreros y campesinos.
Al mismo tiempo, la situación actual también demuestra los límites del proyecto conciliador impulsado durante años por el MAS. Aunque el masismo surgió apoyándose en enormes movilizaciones populares y enfrentando parcialmente al neoliberalismo, nunca rompió verdaderamente con las estructuras del capitalismo boliviano. La búsqueda permanente de acuerdos con empresarios, terratenientes y sectores de poder terminó debilitando la posibilidad de consolidar transformaciones profundas y duraderas.
Esa política de conciliación de clases abrió espacio para que sectores reaccionarios intenten recuperar posiciones y avanzar nuevamente contra el pueblo trabajador. La experiencia demuestra que no basta con administrar el capitalismo con un discurso progresista, mientras el poder económico siga en manos de las élites, las conquistas populares estarán siempre amenazadas.
Por eso, la lucha actual en Bolivia plantea una tarea mucho más profunda que simplemente cambiar un gobierno. La única forma real de defender y consolidar las conquistas del pueblo boliviano es avanzar hacia una salida encabezada por trabajadoras, trabajadores y campesinos, basada en la autoorganización, la democracia desde abajo y la ruptura con los intereses de los grandes grupos económicos.
La enorme tradición combativa del pueblo boliviano vuelve a colocarse en el centro de la escena. Frente al intento de imponer un retroceso histórico, las masas muestran nuevamente que la verdadera fuerza capaz de transformar Bolivia está en la movilización organizada de quienes producen la riqueza del país.
