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EL LABERINTO DE LAS ELECCIONES

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por Héctor Vega

Transcurridos dos años desde la revuelta social del 18 de octubre el viejo orden advirtió elementos que le demostraban que no bastaba el dinero para enfrentar el miedo a un futuro incierto y la reacción social. Nada indica que haya aprendido la lección. Cabe preguntarse si los 2 candidatos a la presidencia tienen la visión de la degradación social y política que se ha entronizado en la sociedad chilena después de 17 años de dictadura cívico-militar y tres décadas de transición a la democracia y si acaso conciben una nueva economía para enfrentar la crisis de la pandemia y el cambio climático.
Las consecuencias de la pandemia y el cambio climático en el orden social no se han hecho esperar, es más, amenazan en 2022 con repetirse de no mediar una acción permanente del estado para restablecer la presencia de nuevos actores en la economía y una transformación vital del potencial productivo del país. A días de la elección presidencial ni las intervenciones, ni los cambios de programas o planes de los candidatos indican la conciencia sobre los nuevos horizontes para el país.
Las cifras de la encuesta CASEN muestran que en 2020 540 mil personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza, es decir de 8,6% en 2017 a 10,8% en 2020. Ese 10,8 % de la población es equivalente a más de 2 millones de personas, mientras que la pobreza extrema se incrementó del 2,3 % en 2017 a 4,3 %, o sea más de 800.000 personas. De hecho los ingresos del trabajo, entre 2020 y el 2021 se desplomaron 11,5% en promedio. Se prevé que la inflación, el impuesto de los pobres, alcanzará a fines de año a un 7%.
La vulnerabilidad tiene sin embargo una cara más fea cuando revela la existencia de familias que viven al margen de cualquier beneficio social. El Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021 detectó que 81.643 familias viven en 969 campamentos en Chile, la cifra más alta desde 1996. Solo en Santiago 26.266 personas viven en 181 campamentos. Pero hay más todavía, un millón de personas, entre ellas 383 mil viviendas en zonas rurales, viven sin acceso a agua potable o saneamiento.
Es probable que en estas familias se encuentre parte de ese 52% del padrón electoral que recurrentemente se abstiene de participar en elecciones que no les importan pues dan por descontado que sea quien venga su situación no cambiará.
Pero, ¿quiénes son el resto de la población que goza de un empleo? Pues, la realidad que cruza élites, profesiones, oficios de todas categorías, señala a mujeres, muchas de ellas jefes de hogar, que ante las mismas condiciones gana menos que los hombres. A esas diferencias no resueltas en décadas, se suman otras como es el caso de obreros de todos los sectores desde los privilegiados de la Gran Minería a los pirquineros, con regímenes diversos de seguridad social y otros informales sin previsión alguna. A esas diferencias de clases se suman pescadores artesanales, que la ley de pesca que favorece a 7 familias, confina a rutinas de hambre; pequeños agricultores en manos de intermediarios; trashumantes de temporada sin ingresos estables; pueblos originarios confinados por forestales depredadoras del medio ambiente y de la vida silvestre; profesionales reciclados como transportadores de comida; minorías raciales de la inmigración explotadas por empleadores inescrupulosos; trabajadores de ocasión residentes en campamentos de las grandes urbes; informales callejeros, etcétera…
Y por qué no mencionar la violencia entre vendedores ambulantes, los portonazos, asaltos, droga…parte de la degradación social en su cara más fea.
Estos últimos días han mostrado a candidatos cambiando programas, mostrando su mejor disposición para oír a la gente (precisemos, no se refieren al Pueblo) es decir, el 48% que participa, que aún cree, pero ni una palabra a los fundamentos sobre las cuales se ha sostenido la sociedad durante las 4 últimas décadas. Evidentemente, hay sensibilidades diferentes, desde la derecha aliancista conservadora pura y dura, hasta los demócratas concertacionistas de 1990 reciclados en frenteamplistas. Sin embargo, hay algo que los une, preservar los fundamentos del neoliberalismo y del mercado.
La evidencia es contundente. Vamos a los fundamentos de la crisis, porque estos son permanentes con o sin pandemia, con o sin cambio climático.
El pasado y el historial del presente nos enseñan que los gobiernos, creyentes de la subsidiariedad del estado, que presidieron una transición que en 30 años nunca llegó, jamás entendieron cómo transformar el gasto público en transferencias y subsidios a las unidades productivas paralizadas por la pandemia, en empleo en un primer momento, para así levantar una industria en parangón con una minería presente a nivel internacional, para luego iniciar los pasos hacia un crecimiento económico sustentable con proyecciones de futuro. Hoy, en el corto plazo ya es demasiado tarde reflexionar sobre la discontinuidad estructural de la industria en Chile, clivaje fundamental mantenido por décadas entre sectores modernos e intermedios de la economía, con la pequeña, micro industria y talleres artesanales, como para convertirlas en opciones productivas de significación nacional.
Durante más de cuatro décadas se relegó al Estado al papel de un poder subsidiario en beneficio de grupos de poder, fueren estos empresarios, financistas, creadores de dinero y de astutas trampas, con una ley que los protege y tribunales que las aplican. Bajo esos parámetros que dejaban los problemas sociales dependientes del mercado, el orden y la seguridad se transformaron en defensa de intereses de grupos. Ante cualquier sospecha de cambio del orden político y social y de las reglas del juego, raudamente 50 mil millones de dólares, en pocos días, emigraron a otras fronteras.
Cabe entonces preguntarse, la clase política lo evita y a fortiori los candidatos, cómo se instaló un sistema de dominación que reemplazó la violencia de estado de la dictadura en hegemonía cultural, capaz esta última de justificar la nueva legalidad, la nueva práctica social. La hegemonía guía, gobierna, comanda, desde la política, enfatiza la subjetividad aquella que el golpe de 1973 desató bajo el signo de los peores instintos del ser humano y que se convirtió en órgano supremo del revanchismo y la aniquilación de aquellos que pensaban diferente. Esa hegemonía cultural rige hasta ahora sin contrapeso. Un estado minimizado es necesariamente permisivo ante la ley del más fuerte, y de un mercado que castiga y expulsa a los inadaptados.
Los procesos sociales son de lenta evolución, no es una elección la que los paraliza, por eso en un ambiente de repudio de la política nadie lee programas, más bien irritan, porque se advierten las mismas promesas que la revuelta del 18 de octubre desnudó en toda su falsedad. El proceso social sigue. Pese a la clase política que no ha logrado entender que el 18 de octubre fue más que un grito de libertad frente a abusos, fue algo mucho más grande, fue una liberación.
La liberación no tiene límites porque está más allá del individualismo en que la sociedad chilena ha vivido por cuatro décadas sin otra perspectiva que las leyes del mercado. La liberación de octubre fue una eclosión que se generó fuera del Estado, aparte de él, vivió en el espíritu y deseos de hombres y mujeres dispersos. Se engañan quienes piensan en anarquías sin rumbo; la liberación de octubre fue la reconstitución de algo que siempre existió en la comunidad y que en 1973 fue brutalmente roto.
Han pasado tres décadas desde la instalación de una democracia consensuada entre quienes participaron de la dictadura y aquellos que se presentaron como la alternativa democrática del momento. Ese mundo de transacciones y apetitos funestos, por sus resultados, ya no vuelve. Hace algunos meses atrás se instaló la Convención Constitucional. Un gobierno sin rumbos la presentó como alternativa y moneda de cambio ante una clase política asediada que se apresuró a aceptarla antes que fuera defenestrada.
A meses de su instalación las discusiones de fondo de la Convención sobre la nueva Constitución señalan ejes centrales que encausarán las grandes transformaciones que el Pueblo exigió en la revuelta de octubre y que serán plebiscitadas al término de su redacción. Será el momento en que el período presidencial de la Constitución de 1980, que preside las elecciones del 19 de diciembre, llegue a su fin, para pasar a una nueva elección, esta vez legitimada por la institucionalidad de la nueva Constitución. Por eso el ataque de la viaje clase política y de los partidos del orden a la Convención, clase que no se resigna a perder sus posiciones de poder. Esperamos que surja una nueva generación de hombres y mujeres capaz de crear y tender el puente hacia una nueva democracia política y cultural.

Santiago, diciembre 8, 2021

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