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Sebastián Ochoa
El sociólogo Agustín Burbano Lara analizó con Sputnik el alcance del Acta de Paz firmada entre el Gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena ecuatoriano. Qué las motivó y cuál es el camino a seguir para que logren una respuesta adecuada desde el Estado.
Le tomó 18 días al Gobierno de Guillermo Lasso aceptar negociar con el movimiento indígena los 10 puntos de su reclamo. Si bien algunos temas fueron atendidos a medias, otros se seguirán debatiendo en los próximos tres meses, en mesas de trabajo conjunta. El 7 de julio se volverán a reunir funcionarios gubernamentales y representantes de los pueblos originarios para evaluar la manera de avanzar en la atención de las demandas.
El sociólogo Agustín Burbano Lara analizó con Sputnik el grado de avance en los reclamos indígenas reflejado en el Acta por la Paz, firmada el pasado 30 de junio.
El primer punto refiere al precio de la gasolina. Los indígenas exigían una reducción de 40 centavos de dólar por cada galón que se cargue. Tras arduas negociaciones, que concluyeron con seis fallecidos en las calles, el Gobierno de Lasso accedió a reducir el precio del galón en 15 centavos.
El punto de la gasolina quedó como un residuo del estallido de octubre de 2019, que tuvo lugar por un decreto emitido en su momento por Lenin Moreno (2017-2021) para eliminar el subsidio a los combustibles, recordó Burbano Lara.
Contó que, en ese momento, el entonces presidente tenía una carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer un ajuste de 1.500 millones de dólares en el presupuesto del Estado.
El FMI sugería subir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15%. Pero al no contar con mayoría en la Asamblea para avalar este aumento, recurrió al plan B: «Lenin Moreno prefirió de la noche a la mañana firmar un decreto que eliminara el subsidio a los combustibles», dijo Burbano Lara.
Tras el conflicto de 2019, el Gobierno y los movimientos sociales «acordaron que se iba a sostener el subsidio a los combustibles, pero al término de su mandato el mismo Lenin Moreno dijo desde Miami que se salió con la suya. Porque se congelaron los precios de los combustibles, pero en enero de 2020 volvieron a subir», explicó el analista político.
El precio del combustible «era la primera deuda pendiente del movimiento indígena. Es una de las demandas más populares, pero la más difícil de luchar políticamente, porque el sector más concentrado del transporte está con el Gobierno», comentó Burbano Lara.
Por ello «el movimiento indígena no ha podido impulsar la demanda con el sector del transporte, como sí se hizo en octubre de 2019». Desde que asumió Lasso, el año pasado, el galón de combustible subió un total de 55 centavos de dólar. Entonces, los 15 centavos de rebaja no son para menospreciar.
El sociólogo Agustín Burbano Lara
© Foto : Gentileza Agustín Burbano Lara
El movimiento indígena ecuatoriano también exige que el subsidio a los combustibles esté focalizado, de modo que beneficie especialmente a comunidades indígenas, productores campesinos, pescadores artesanales, entre otros.
En mayo de 2021, el presidente Lasso anunció la conformación de una comisión integrada por cinco universidades, «que iban a generar una propuesta de mecanismo para focalizar el subsidio. El problema es que la gasolina está subsidiada para toda la ciudadanía, pero se aprovechan de ello los pescadores industriales, los camaroneros, los grandes transportistas que sí tiene capital y flujo de negocios para soportar una quita del subsidio».
Deficiencias en la atención a la salud
Otro de los principales puntos de la movilización requería la declaración de la emergencia nacional de salud, para lo cual el Gobierno nacional apalabró destinar 200 millones de dólares dirigidos a fortalecer este sector.
El sociólogo explicó que desde hace meses los trabajadores de salud y los gremios de médicos se manifiestan porque «no existen condiciones en la red pública de salud para trabajar. El mismo vicepresidente de Ecuador [el médico Alfredo Borrero] denunció que ha encontrado casos de corrupción muy grandes».
El vicepresidente Alfredo Borrero contó que visitó un hospital público en la provincia de los Ríos, donde no funcionaba el tomógrafo ni el ecógrafo ni el radiógrafo. «Pero en el hospital de enfrente, privado, del exdirector del hospital público, funcionaban laboratorio, radiógrafo y tomógrafo», comentó el sociólogo.
Y agregó: «Desde el año anterior, cuando una persona enferma va al hospital público tiene que comprarse hasta el paracetamol. No hay inyecciones, gasas ni algodones». Para el analista, el problema empezó en el Gobierno de Moreno, cuando entregó las áreas administrativas de los hospitales a partidos de la oposición, con el compromiso de que le brinden sus votos en la Asamblea.
«En las direcciones administrativas o gerencias hospitalarias controlan la proveeduría del hospital. La corrupción se enquistó en áreas de proveeduría de los hospitales, por eso fuimos el segundo peor país de América Latina en afrontar la pandemia de COVID-19», manifestó.
«Un cirujano hizo la denuncia pública de que tuvo que operar con la linterna de su celular. A ese nivel llega el desgaste de la salud», comentó Burbano Lara.
El de la salud «no es el primer sector estratégico del país declarado en emergencia durante el Gobierno de Lasso. Se han declarado en emergencia las cárceles ni bien comenzó su Gobierno en 2021. Pero hasta ahora no ha habido resultados. Esperemos que la declaratoria de emergencia en salud traiga efectos positivos».
Minería e hidrocarburos
Otras demandas muy importantes del movimiento indígena ecuatoriano pasaban por las concesiones mineras y petroleras, que afectan a comunidades y áreas protegidas, mientras el Gobierno de Lasso proyecta ampliar la explotación de estos recursos.
«Son las dos victorias más contundentes de la movilización. Se debe ver hasta qué punto se van a respetar», dijo el sociólogo, formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en Argentina.
El tema petrolero está en la mira del Gobierno desde hace años: «Se descubrió cantidad de posibles pozos petroleros en provincia Pastaza. Se quieren concesionar también al sur del parque nacional Yasuní. Pero están afectando al territorio de pueblos y nacionalidades indígenas».
Para Burbano Lara, es importante estar atentos a este punto, porque anteriormente ya fue abordado por la sociedad ecuatoriana: «En la consulta popular de 2018 se votó mayoritariamente porque no haya actividad extractivista en zonas de protección ambiental, en zonas urbanas, o donde residan pueblos y nacionalidades indígenas».
Pero el Gobierno de Moreno se retiró dejando concesiones mineras y petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas. El caso más grotesco se da en la ciudad amazónica de Nambija, «donde se ha concesionado hasta el casco urbano», relató el sociólogo.
Necesaria atención pos-COVID-19
Un paquete de pedidos del movimiento indígena estaba relacionado con la atención económica urgente que requieren las familias de áreas rurales y también urbanas. Ecuador fue de los pocos países del mundo que durante la pandemia de COVID-19 no brindó una ayuda financiera especial a la población.
Por este motivo, las familias de clase media y baja tuvieron que recurrir a sus ahorros para superar la etapa de encierro impuesto por las autoridades con la finalidad de combatir a la pandemia, a principios de 2020. Quienes no tenían ahorros tuvieron que endeudarse, cuentas que aún no lograron cancelar.
En el acuerdo suscrito, el Gobierno de Lasso se comprometió a subsidiar el 50% de la urea que requieren las familias campesinas. «Pero lo cierto es que, en general, la producción en la sierra y la costa [regiones geográficas del Ecuador] ha sufrido incrementos importantes. Con la pandemia se encarecieron los fletes, a la vez subió el precio del combustible. Además, desde el Gobierno de Moreno se dejó de subsidiar a la urea», dijo Burbano Lara.
A la vez, «hay incremento del contrabando de Perú y Colombia, que obligan a los productores locales a bajar precios a niveles donde no cubren ni los costos de producción. Están produciendo a pérdida», indicó.
Ante el crecimiento de la pandemia, el Gobierno anterior promovió la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que pese a su nombre fue utilizada en el sentido contrario: «Muchas personas se aprovecharon de esta ley que legalizó temporalmente la flexibilización laboral y los despidos sin reconocimiento de antigüedad. Así se despidió a trabajadores sin reconocerles sus 10, 15 o 20 años de antigüedad», afirmó el sociólogo.
Asimismo, el Gobierno instruyó que los bancos podían negociar directamente con los clientes en caso de que se adeudaran cuotas por las restricciones al movimiento económico impuestas por la pandemia. Pero en ningún momento hubo una moratoria o beneficios para la ciudadanía. Solamente se reprogramaron los plazos para pagar a las instituciones bancarias.
El Gobierno de Lasso comenzó a entregar créditos de 5.000 dólares a 30 años, al 1% de interés. Pero los indígenas exigieron aumentar el volumen del préstamo a 10.000 dólares, para que realmente sea útil a las familias productoras.
Un tema importante queda pendiente y no fue abordado en el Acta por la Paz: cómo se reparará a las seis familias que perdieron a sus seres queridos durante los 18 días de paro, en enfrentamientos de la población con las fuerzas policiales en todo el país.
Tampoco se sabe qué pasará con las más de 150 personas judicializadas por participar de las protestas. El caso más conocido es el del líder indígena Leonidas Iza, quien este 4 de julio asistió por primera vez a los tribunales. Se lo procesa por haber cortado rutas en el marco del paro nacional.
