La imposición unilateral de aranceles del 30 % a productos colombianos, dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa bajo la denominada “tasa de seguridad”, ha encendido el malestar en la frontera norte y provocado una protesta binacional de transportistas y comerciantes en el Puente Internacional de Rumichaca.
La medida, que entró en vigor el 1 de febrero, ha golpeado de forma inmediata al comercio fronterizo, paralizando el tránsito de mercancías y encareciendo costos para economías locales ya debilitadas.
Gremios de Ecuador y Colombia advierten que la decisión, adoptada sin diálogo ni evaluación de impactos, traslada el costo político y económico a quienes viven del intercambio fronterizo.
