Inicio Análisis y Perspectivas Crisis del Estado Oligárquico, Poderes Constituyentes y Fuerzas Armadas: Chile, 1910-1925

Crisis del Estado Oligárquico, Poderes Constituyentes y Fuerzas Armadas: Chile, 1910-1925

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Artículo publicado en la Revista DEREITO & PRAXIS, Rio Janeiro, Vol. 08, N°4, 2017. Pp. 3069-3116,

DOI: 10.1590/2179-8966/2017/31226| ISSN: 2179-8966.

Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencias Sociales y Política/ Historiador

Director Académico, CIPPSAL

Preámbulo

A raíz de las declaraciones del premio nacional de historia Gabriel Salazar V. a favor de la “intervención del Ejército en la actual coyuntura constitucional, como supuestamente lo hizo en 1924” lo cual constituye no solo una aberración política sino y, sobre todo, una ficción histórica. Considero oportuno dar conocer una tesis histórica y política que demuestra la profunda equivocación de Salazar. 

El presente artículo aborda desde una perspectiva histórica y política la conformación del poder constituyente durante la crisis del Estado oligárquico en Chile, entre los años 1910 y 1925, que, supuestamente, elaboró la Constitución Política de 1925. Nuestro planteo postula que dicha Constitución constituyó una imposición autoritaria por parte del poder constituido que, transformado en un espurio poder constituyente, impidió la génesis democrática, pluralista y participa del nuevo orden político a través de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que diversos sectores sociales y políticos demandaban.  Excluyendo de esa forma el poder constituyente popular.

Además, este artículo sostiene que el A. Alessandri Palma, utilizó el descontento militar de 1924 a su favor y dio lo que técnicamente hoy e nombra como un “auto-golpe” en contra de unos poderes del Estado el “parlamentario” y el indujo a los militares jóvenes a incorporar en su “pliego peticiones” las leyes sociales y otras iniciativas detenidas por el poder parlamentarios, por los “viejos del senado”.

A modo de Introducción

El Poder Constituyente y Crisis de Estado. Análisis histórico-político

Todo «momento fundacional» tiene la cualidad histórica-política de ser una instancia constituyente. Más aún, si ese momento se inserta al interior de una crisis de estado. Por lo general, en el momento fundacional convergen todos aquellos actores sociales y políticos que tienen poder social e histórico. Pero, no cualquier poder sino, esencialmente, un poder específico, único y, en cierta forma, exclusivo, el pouvoir constituant (poder constituyente). Es decir, aquel poder que otorga la capacidad política e histórica a ciertas elites y actores sociales y políticos para constituir, negociar, concertar y establecer acuerdos y reglas institucionales de rango constitucional. En otras palabras, se trata de la capacidad política que tienen los actores sociales, políticos o las elites para producir un determinado orden jurídico-político-institucional, ya sea, democrática o no.[1]

Según Antonio Negri «hablar del poder constituyente es hablar de democracia». Es decir, el poder constituyente no sólo debe ser considerado la fuente omnipotente y expansiva que produce las normas constitucionales de todo ordenamiento jurídico-político-institucional, sino que es también la acción de los sujetos de esa producción; por consiguiente, remite a una actividad igualmente omnipotente y expansiva. Sin embargo, a pesar de lo dicho, el poder constituyente no es un poder ilimitado, completamente omnipotente y expansivo, se encuentra limitado por la existencia del poder constituido.

Para que el poder constituyente sea absolutamente un pouvoir constituant requiere de la total desaparición del poder constituido. Este, a su vez, no debe transformarse por sí y ante sí en poder constituyente. Al estar el poder constituyente limitado, controlado o supervisado por el poder constituido, no tendrá la potencia ni la capacidad histórica de fundar en forma libre y democrática, el régimen político.

                  La historia política de la formación social chilena reconoce tres momentos fundacionales que poseen un carácter constituyente. El primero, se ubica en el arco temporal que se abre con la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810 y que se cierra con la imposición autoritaria, de parte del poder ejecutivo, de la Constitución Política de 1833. El segundo, se presenta durante la crisis del orden político oligárquico, a inicios del siglo XX. La crisis del orden oligárquico se abre con la instalación del gobierno de Arturo Alessandri Palma en 1920 y se cierra con la imposición autoritaria, por parte del poder ejecutivo, de la Constitución Política de 1925. El tercero, se localiza temporalmente durante la crisis de Estado que se abre en 1967 y se cierra en 1973, con la instauración de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), quien impone la Constitución Política de 1980, vigente hasta la actualidad.

                  Lo característico de estos tres momentos constituyentes es la presencia en la arena política de distintos poderes constituyentes con proyectos constitucionales diferentes en conflicto. No se trata, sin embargo, de tres momentos constitucionales semejantes. La principal diferencia que se puede establecer entre ellos es que: la lucha política que se presenta en el primero se da entre distintos poderes constituyentes que buscaban fundar el Estado nacional. Mientras que en el segundo la lucha se presentará entre el poder constituido y un emergente poder constituyente ciudadano para transformar la forma de estado existente, sin modificar la estructura socio-económica. Mientras, que el tercero, es la confrontación directa y abierta entre el poder social del capital y el poder del trabajo. Aquí no se trata solo cambiar la forma de Estado sino transformar íntegramente la formación social, transitar desde el capitalismo al socialismo. Ahora bien, los tres momentos tienen en común el intento de desplazamiento de aquellos grupos sociales que detentan el poder constituido. Se trata de subvertir el orden político establecido. En ese sentido, los momentos constituyentes, son una específica y extraordinaria coyuntura histórico político en donde el poder constituyente y el constituido se relacionan conflictivamente. El resultado final de esa confrontación será la constitución de una nueva forma estatal y el establecimiento de un nuevo régimen político que, dependiendo de la correlación de fuerzas desplegado por las elites y actores de poder, podrá ser democrático o no. La mera existencia del «poder constituyente» no implica ni asegura necesariamente la producción de un orden político democrático. Pero, tampoco, la mantención del poder constituido conduce irremediablemente al establecimiento de un régimen autoritario.  

                  El poder constituyente puede surgir en forma inducida por una coyuntura critica, por la debilidad o por la ilegitimidad del orden político existente; puede, también, constituirse asimismo con anticipación a que se presenten esas situaciones políticas. El poder constituyente en cuanto manifestación política exógena al poder constituido es originariamente un contrapoder, un poder subversivo y, sobre todo, un poder eminentemente social, puesto que se conforma fuera del espacio político y organizado constitucionalmente. Por eso, el poder constituyente es una fuerza social que irrumpe, quebranta y desquicia todo equilibrio político preexistente y toda posible continuidad política. El poder constituyente es, en ese sentido, una fuerza social en vías de transformarse en poder político. Es decir, su fuerza está dirigida a fundar un nuevo orden político o a reorganizar el existente.   

                  Cuando afirmamos que el poder constituyente es un poder social se está queriendo señalar que él está radicado o sustentado por diversos sujetos sociales. La emergencia y constitución de nuevos actores sociales con poder es una de las consecuencias, generalmente no deseadas de las transformaciones que se operan en las esferas sociales y económicas de una sociedad sometida a un proceso de modernización.

La conformación de una nueva estructura social induce a los diversos grupos y clases sociales que se han constituido a exigir y demandar un lugar en el espacio político. Esta demanda posee una doble dimensión, por un lado, se reclama la obtención de derechos políticos, es decir, ciudadanía y, por otro, una efectiva participación en la elección de las autoridades del gobierno. Esta doble demanda se dirige y se exige a aquellos que tienen el control del Estado, o sea, es una exigencia que se le plantea al poder constituido.

Cuando la demanda política por ciudadanía y participación por parte de los nuevos grupos sociales están insertas en un determinado proyecto histórico-político que no sólo busca satisfacer esa originaria demanda, sino que tiene como objetivo redefinir estructuralmente a la sociedad, la economía y al Estado, se está en presencia de un movimiento social y político claramente «constituyente», o sea, se trata de un movimiento social con poder constituyente. Por consiguiente, la lucha política de este tipo de movimiento social va dirigida no sólo a modificar aspectos específicos del régimen político sino la constitución de un nuevo orden político. En ese sentido, se está en presencia de un movimiento social y político que potencia el desarrollo no de una crisis política de régimen sino de una crisis de Estado.[2] De ahí que su identidad política central será su carácter subversivo y de contra-poder, o sea, que tiene la capacidad de cuestionar tanto la dominación como la hegemonía de los sectores sociales, políticos e históricos que controlan el poder constituido.

Toda crisis de Estado puede dar lugar a dos procesos políticos, por un lado, a una transición política, o sea, un cambio de régimen político y de forma de Estado, sin que ello implique la modificación de las estructuras socioeconómicas dominantes y, por otro, a una transformación política sustantiva de la sociedad, sea, la constitución de un nuevo Estado, economía y sociedad. El primer proceso constituye esencialmente una reforma política y el segundo, una revolución.   La dirección, en uno u otro sentido, que tome la crisis de Estado va a depender de la capacidad, recursos y repertorios que posean las fuerzas políticas y los actores sociales movilizados durante la crisis. En otras palabras, la dirección que tome la crisis está directamente relacionada con el poder, o sea, la capacidad social y política que disponen los actores en pugna para imponer a los otros su estrategia y su proyecto histórico-político.

La crisis de la forma de estado oligárquica en los años veinte en Chile fue resuelta por los sectores dominantes a través de un proceso de una reforma política, o sea, a través de un cambio en la forma constitucional del Estado y en la instalación de un nuevo régimen político, pero manteniendo la estructura socioeconómica dominante, es decir, el modo de producción capitalista.  Aunque, modificando, significativamente, la forma de acumulación. Para tal efecto, los grupos dirigentes oligárquicos (las elites de poder ligadas al poder constituido) debieron llevar a cabo un acto kafkiano: metamorfosear el poder constituido en un bastardo poder constituyente. De esa forma, transformar el viejo orden político en uno, aparentemente, nuevo. Siguiendo a T. Moulian, diríamos que se trató del primer evento «transformista» de las clases dirigentes nacionales durante el siglo XX.[3]

La metamorfosis del poder constituido en constituyente no bastó para restablecer la dominación y consolidar el nuevo orden constitucional producido en 1925. Para conseguir tal objetivo, fue necesario someter y disciplinar al ingente poder social y político de los sectores asalariados y populares del país, por un lado y, por otro, disciplinar, al no menos subversivo poder político de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, especialmente, del Ejercito.

La «fundación» de la nueva forma estatal como del nuevo régimen político tendiente a dar una solución política a la crisis de Estado se dieron en dos momentos políticos. El primero, entre los meses de enero y septiembre del año 1925 cuando se elabora y se aprueba la nueva Constitución Política del Estado. Y, el segundo, entre los años 1932 y 1938, cuando el gobierno de Arturo Alessandri logra consolidar autoritariamente la nueva forma estatal sometiendo a todos los actores sociales y políticos al imperio del nuevo orden constitucional.

Este artículo analiza la forma como se desarrolló el poder constituyente que elaboro la Constitución Política de 1925. Nuestro planteo postula que dicha Constitución fue una imposición autoritaria por parte del poder constituido. El cual transformado en un espurio poder constituyente impidió la génesis democrática, pluralista y participa del nuevo orden constitucional, a través de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que diversos sectores sociales demandaban. En efecto, a pesar de la extensa y activa demanda social y política impulsada por diversos sectores de la sociedad para que el nuevo orden político y constitucional fuera producido en forma democrática; fueron, esencialmente, las elites de poder, ya sea, oligárquica como de los nuevos grupos políticos que se conformaron antes y durante la crisis del estado oligárquico, las que configuraron, diseñaron, acordaron y aceptaron las nuevas normas constitucionales que estructuraron a una nueva forma de Estado, instalaron un nuevo régimen político y renovaron el forma de gobierno, sin producir, transformaciones fundamentales en las fuentes del poder social de las clases dominantes.

Para conseguir esos fines, los sectores dominantes, debieron anular, desplazar y negar la existencia de otros poderes constituyentes que habían emergido en la sociedad chilena en las primeras décadas del siglo XX, el poder constituyente de los sectores populares. Analizaremos la forma como se produjo tal desplazamiento y, sobre todo, la transformación del poder constituido en poder constituyente y, sobre todo, la constitución de las Fuerzas Armadas en actor político estratégico. Consideramos que estudiar la forma como se gestó la Constitución Política de 1925, la forma de Estado y el tipo régimen político instalado es clave para entender política e históricamente la difícil construcción de la democracia en Chile.   

La Emergencia de los Poderes Constituyentes

Desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX el proceso de modernización capitalista emprendido por las elites decimonónicas nacionales había producido importantes transformaciones socioeconómicas en la sociedad. Dando lugar a la constitución de nuevos sujetos sociales colectivos, tales como las denominadas clases medias y el proletariado urbano y minero, así como una amplio y heterogéneo sector social de origen popular vinculado a diversas actividades económicas y sociales urbanas. Cada uno de estos grupos sociales desarrollaron una determinada visión de la sociedad y construyeron distintos proyectos políticos nacionales.[4]

Este abigarrado conjunto social popular comenzó, desde la segunda mitad del siglo XIX, a acumular distintos grados de poder social, fundamentalmente, a través de su autoorganización social y política o de su mediatizada participación política bajo la conducción de partidos políticos que representaban y expresaban los intereses sociales, económicos y políticos de la(s) elite(s) dominante(s). Sin embargo, los nuevos sectores sociales, especialmente, los populares gozaban de una relativa autonomía social, pero carecían aún de la suficiente capacidad política para transformarse en actores políticos.[5]

Dicha transformación fue un lento y tortuoso proceso que se verificó en las últimas décadas del siglo XIX alcanzado en las primeras décadas del siglo XX distintos grados de madurez. Tanto las capas medias como las clases asalariadas y populares hacia la época de centenario habían acumulado importantes cuotas de poder social e histórico. A través de diferentes movilizaciones y acciones colectivas registradas entre 1900 y 1920 anunciaron que estaban en condiciones de enfrentar y luchar por el poder político constituido.

La presencia política de las capas medias en ascenso como de los sectores proletarios y populares en la escena política oligárquica tomo dos caminos, el de la integración al sistema político imperante o su rechazo. De allí que unos devinieron en reformistas y otros en revolucionarios. Independientemente de estas posturas, la presencia de las masas populares como de los sectores medios exigiendo la democratización del régimen político nacional modificó, profundamente, la tradicional actividad política oligárquica.    

El orden político oligárquico permitía en forma limitada y reducida la participación política de los nuevos grupos sociales. Si bien, estos podían votar formalmente, en la realidad su participación electoral no se traducía en la efectiva en la elección de las autoridades, ya sea, de gobierno o legislativas. En efecto, al interior del sistema político existían normas institucionales formales que ofrecían espacios para la participación electoral e incluso para cierta competencia por el poder político a los diversos grupos sociales subalternos; sin embargo, el régimen contaba con un conjunto de mecanismos informales que limitaban u obstruían en la práctica la efectiva utilización de parte de los grupos subalternos de esas reglas o espacios.  La presencia activa y movilizadora de los nuevos grupos sociales, en especial, de los sectores proletarios y populares, impulsara a los sectores dominantes a modificar sus estrategias políticas para mantener el poder. Así, desde el segundo lustro de la década del 10 buscarán conseguir el apoyo político-electoral de las masas ciudadanas populares y medias. El cambio de estrategia era un claro reconocimiento del poder social que poseían estos sectores.

Si bien, la ciudadanía política-electoral había tenido una cierta ampliación durante el siglo XIX; no obstante, el número de electores hacia 1920-25 era bastante reducido. Sin embargo, el electoral de las masas populares ciudadanas provoco en las elites dirigentes en profundo dilema político e histórico.

Este dilema político tenía relación a como canalizar ese poder electoral en su propio beneficio. Un objetivo político inmediato de las elites dominantes se concentró en impedir la transformación de la ciudadanía popular en un poder político autónomo capaz de disputar en forma directa o vía electoral el poder político constituido y, sobre todo, obstruir su constitución en poder constituyente.

Sin embargo, este no era el único dilema político que debían resolver las elites dominantes, también estaban sus propios conflictos internos. La adecuada resolución de estos constituía la condición de posibilidad para enfrentar en forma exitosa el primero. Como veremos el quiebre de la unidad de las elites producto de la incapacidad de resolver sus conflictos internos crearon las estructuras políticas de oportunidades para la emergencia del poder constituyente popular. 

A inicios de la década de los años 20 del siglo XX, era un hecho de que los distintos grupos y colectividades políticas de las elites oligárquicas (civil y militar) se debatían en un progresivo proceso de descomposición política. Lo mismo ocurría con el Estado oligárquico y el régimen político parlamentario.

La galopante crisis política del orden oligárquico más la creciente movilización de los sectores medios y populares en pos de sus reivindicaciones sociales, económicas y políticas crearon las estructuras de oportunidades políticas para re-pensar al Estado y la sociedad. Desde la época del centenario (1910) tanto las clases subalternas como las clases dirigentes comenzaron a proyectar distintas alternativas políticas para superar la crisis de Estado.

Las alternativas para enfrentar esta problemática eran caminos relativamente conocidos. Por un lado, la conflictividad interna podía ser resuelta a través de la tradicional «guerra civil».[6] Sin embargo, este recurso estaba agotado. La «plebe urbana», en particular, y el «bajo pueblo», en general, ya no se movilizaría por los espurios intereses patronales. El «bajo pueblo» desde 1890 se movilizaba y moría por sus propios y particulares intereses. Por lo tanto, la militarización del conflicto interno de la elite se descartó, fundamentalmente, entre otras razones, porque la fuerza militar iba ser usada en contra del movimiento social popular. Así, las tropas del Ejército y la Marina fueron utilizadas para detener al movimiento popular en vías de transformarse en poder constituyente, o sea, en poder subversivo.

Un segundo camino consistía en defender el statu quo reequilibrando los compromisos internos entre las distintas elites en conflicto. Esta alternativa estaba, también, agotada. La convivencia interna de las elites en el poder no podía seguir sosteniendo un sistema que se derrumbaba por todos lados. Se necesitaban más que reequilibrios para su cabal reforma. Hacia 1915, diversos sectores intelectuales, políticos y sociales ligados a las élites devinieron en reformistas. Se comenzaron a trazar los senderos y caminos posibles para rehacer el gastado sistema político. La opción política que concitó un mayor consenso entre algunos sectores de las clases dirigentes fue tratar al problema como una cuestión jurídico-político-constitucional. Había que reformar la Constitución Política del Estado de 1833, volver al régimen presidencialista, restaurar el poder del presidente, morigerar las facultades del poder legislativo, etc. Los partidos políticos tradicionales más conscientes de la crisis, como el Partido Liberal, el Radical y el Demócrata construyeron la tercera alternativa: invocar el apoyo electoral de los sectores medios y populares.  Así, el poder constituido visualizó al poder social popular y mesocrático como un recurso político-electoral. Una masa capaz de ser instrumentalizada y manipulada en dirección de los propios intereses y fines del poder constituido. Para tal efecto, construyó un discurso efectista en torno al valor del voto y de la participación electoral popular.[7] No obstante, esta estrategia tendrá serias dificultades políticas para implementarse, fundamentalmente, porque el poder constituido se dividió. Al quebrarse la unidad de las elites oligárquicas, la crisis de dominación se volvió incontrolable.

                  El quiebre interno de las elites dominantes dio origen a dos sectores políticos, por un lado, a un sector conservador y, por otro, un sector reformista. Quienes durante doce años se disputaron entre sí el control político del Estado. En el sector conservador estaban aquellos sectores oligárquicos que no comprendieron en su momento la estrategia reformista y populista impulsada por la Alianza Liberal y, especialmente, por Arturo Alessandri Palma y creyeron ver en ella, una amenaza a sus tradicionales privilegios sociales, económicos y políticos. Aglutinados en la alianza presidencial denominada Unión Nacional, los conservadores, un sector de los liberales, algunos balmacedistas y nacionales asumieron, una obtusa posición y una recalcitrante defensa de sus intereses y privilegios políticos. 

En el sector reformista, estaban los sectores oligárquicos aglutinados en la Alianza Liberal, integrada por radicales, demócratas y sectores liberales que, fundamentalmente, buscaban conservar a través de la renovación el poder político por medio de una reforma política que permitiera al Estado controlar legal e institucionalmente a los nuevos grupos sociales, especialmente, el poder de los asalariados y sectores populares. Este sector apoyaba el programa de gobierno y el proyecto reformista de Arturo Alessandri Palma.

La ruptura de la unidad oligárquica se verificó en el marco de la elección presidencial de 1920, cuando reformistas y conservadores disputaron palmo a palmo el sillón presidencial de La Moneda.[8] La movilización popular conseguida por Alessandri tras su candidatura en 1920 renovó el miedo histórico de las clases dominantes a los sectores subalternos. Aunque no lograron impedir su triunfo presidencial ni obstaculizar el ascenso al poder de la Alianza Liberal, sí obstruyeron desde el parlamento la gestión reformista del ejecutivo. El enfrentamiento entre ambos poderes del Estado provocara una profunda crisis de gobernabilidad, la cual devino en una crisis política del régimen parlamentario y, finalmente, se transformó en crisis de Estado.

Frente al evidente fracaso de la estrategia reformista y populista del gobierno de Arturo Alessandri y la crisis del Estado, el movimiento social popular comenzó a demandar el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de dar solución a los urgentes problemas que aquejaban a la sociedad chilena. Rápidamente la demanda popular corrió como reguero de pólvora por todos los espacios de la red social popular.[9]  La estrategia de las elites dominantes para impedir que los sectores subalternos se constituyeran en poder constituyente, había fracasado. Debido, fundamentalmente, a su división interna.[10] Este hecho abrió la fase final de la crisis estatal oligárquica.

                  Para enfrentar a el poder constituyente que emergía desde el fondo social, el poder constituido inició su metamorfosis política: transformarse en poder constituyente. Para conseguir dicho objetivo las divididas elites, ya sea, unionistas o aliancistas y, para romper el virtual empate político en que se encontraban, recurrieron a un tercer actor político: las Fuerzas Armadas. Este era, tal vez, el último recurso político estratégico que le quedaba al poder constituido para resolver favorablemente tanto la crisis de Estado como frenar el desarrollo y la creciente autonomía política del movimiento social popular.

                  Los sectores conservadores (unionistas) como los reformistas (aliancistas) visualizaron en las Fuerzas Armadas el único poder capaz de resolver el desgarrador conflicto en que se debatía el orden dominante. Esta situación política era parecida a la crisis de 1891.  En aquella ocasión tanto el Legislativo como el Ejecutivo apelaron al apoyo de las Fuerzas Armadas, éstas se dividieron y el conflicto fue resuelto en una sangrienta guerra civil. Sin embargo, en la coyuntura política de 1920-1925 existía un factor que marcaba la diferencia y hacía que dicha resolución no fuera, políticamente, viable. En 1891, no existía un cuarto actor político involucrado en la crisis: el poder social proletario y popular. Como hemos dicho, el movimiento obrero y popular desde antes de 1891 venía organizándose y operando con autonomía e independencia respecto al Estado y a los sectores dominantes. De manera que la existencia de ese poder hacía inviable la salida armada al conflicto intra-elite. Para los líderes políticos de las facciones oligárquicas en conflicto era esencial precaver e impedir la división política de las Fuerzas Armadas. Ambos bandos en pugna buscaron en ellas un aliado político y, no necesariamente, un recurso bélico. Si se observamos el escenario político existente en el primer lustro de la década de los veinte se comprenderá mejor esta afirmación.

                  Los actores políticos y fuerzas sociales relevantes que actuaban en el escenario político creado desde la llegada, en 1920, al gobierno de A. Alessandri eran las siguientes: (i) las fuerzas sociales y políticas que apoyaban a la Alianza Liberal y al Ejecutivo; (ii) las fuerzas políticas conservadoras que apoyaban al Legislativo; y (iii) el movimiento asalariado y popular autónomo que demandaba, desde 1915, la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Los dos primeros grupos correspondían a actores y fuerzas sociales y políticas vinculadas al orden oligárquico, es decir, eran parte del poder constituido. El tercer grupo, que se movía en los márgenes del sistema político, constituía la alternativa más radical para la continuidad del orden social existente.

                  Ahora bien, entre estas tres fuerzas sociales y políticas las posibilidades de estructurar algún tipo de alianza política estratégica destinada a dar viabilidad a una solución política institucional a la crisis era poco factible esto debido a su condición de fuerzas políticas y sociales centrífugas y en relativo equilibrio. De manera que la única forma de modificar esta situación era la intervención de un actor que contara con el suficiente poder para hacer que estas fuerzas se volvieran centrípetas, rompiendo el relativo y precario equilibrio político existente.

                  El único poder capaz de cumplir con ese objetivo eran las Fuerzas Armadas. No obstante, para que fuera políticamente efectiva la intervención de éstas (Ejército y Marina), debían actuar como un solo y único actor político. Su división en favor de uno u otro bando en conflicto significaba militarizar la crisis propiciando las condiciones para el estallido de una nueva guerra civil y, sobre todo, la pérdida total de la dirección del proceso político por parte de las clases dominantes. Abriendo una estructura de oportunidades políticas que iba en directo beneficio político de sus principales adversarios políticos: el movimiento social popular. 

                  Las divididas clases dominantes buscaron el apoyo de las Fuerzas Armadas en función de ser ellas parte del poder constituido y por ende defensora del orden social y político existente debían evitar un segundo peligro: que ellas se constituyeran en un actor político autónomo e independiente. O sea, que las clases dominantes perdieran el control político sobre el poder armado. Por consiguiente, entonces, el recurrir a las Fuerzas Armadas, en el contexto de una crisis de Estado, es siempre un arma de doble filo. Así, lo van a comprobar los sectores oligárquicos nacionales en la crisis de 1925, como los sectores populares durante el gobierno de la Unidad Popular en 1973. 

La Intervención del Poder Armado: El auto Golpe Militar de Arturo Alessandri Palma.

                  La intervención de las Fuerzas Armadas en favor de uno u otro poder estatal, resultaría decisiva para resolución de la crisis política de los años veinte. Las Fuerzas Armadas en 1925 no actuarán como el instrumento político de alguno de los sectores oligárquicos en pugna, sino como un actor político autónomo.

                  Hacia 1920 las Fuerzas Armadas habían alcanzado un alto grado de modernización profesional y, sobre todo, construido, durante las décadas del cambio de siglo, una determinada «weltanschauung»: el prusianismo[11] que hacía difícil dos cosas: por un lado, su quiebre interno y, dos, su burda manipulación por parte de la oligarquía como lo habían hecho hasta esa fecha. El «prusianismo» (la «weltanschauung» militarista) dotaría al Ejército, principalmente, de un específico repertorio para enfrentar con una determinada concepción o visión de las diversas problemáticas militares, políticas, económicas y sociales existentes en la sociedad chilena de la época. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas -en particular el Ejército- eran, hacia 1920, instituciones con opinión política respaldada en un articulado proyecto de Estado y de sociedad.[12]

                  Sintetizando, los principales aspectos de la ideología militar de los años veinte serían: a) una visión «supra-clasista» que se colocaba por encima de las clases y conflictos sociales; b) una concepción autoritaria e intervencionista del Estado; c) una manifiesta actitud anticomunista y de rechazo a la movilización social; d) un marcado rechazo a la clase política, a los partidos políticos y al juego político democrático liberal y, por último, e) un acrecentado sentido de la jerarquía y la unidad institucional.      

                  La crisis de Estado, el empate político oligárquico, el ingente poder social popular constituyente y la constante apelación, por parte de los grupos oligárquicos, a las Fuerzas Armadas a intervenir en el conflicto político crearon las estructuras de oportunidades políticas para que ellas se visualizaran a sí mismas como un poder político, relativamente independiente de las fuerzas políticas y sociales en contienda.

                  La constitución de las Fuerzas Armadas como un actor político autónomo constituye un elemento clave de la historia política del siglo XX chileno. La historiografía militar chilena es recurrente en señalar la constante preocupación e inquietud que manifestaban las Fuerzas Armadas en las primeras décadas del siglo XX por la situación interna de sus instituciones como, y, cada vez más, por la crítica situación política, económica y social por la cual atravesaba el país.

                  El desasosiego interno en los cuerpos armados motivó la conformación y realización de diversas acciones colectivas militares para hacer público y notorio su descontento frente a los diversos problemas internos, fundamentalmente de carácter económicos que los aquejaban. Específicamente, el cuerpo de oficiales intermedios organizó y lideró dichas acciones, eminentemente, profesionales y gremiales. Por las características mismas del descontento y de las reclamaciones formuladas por las Fuerzas Armadas, un poder del Estado, prontamente la demanda militar entró a ser parte del conflictivo escenario político.  La agitación y conspiración militar fue asumiendo un marcado sello antiparlamentario culminó la acción de septiembre de 1924. Un grupo de 60 oficiales se manifestó en las gradas del Congreso Nacional su malestar por la reiterada postergación de la Ley de Ascenso y sueldos.

                  La acción colectiva de los oficiales jóvenes del 2 y 3 septiembre 1924 en el Parlamento indicó a Arturo Alessandri que su estrategia política, desarrollada desde el comienzo de su mandato, destinada a lograr el apoyo del Ejército (especialmente de la oficialidad joven) había sido correcta. La prédica alessandrista había calado hondo entre los militares jóvenes, sobre todo, la permanente denuncia de la obstrucción política realizada por parte del Parlamento (específicamente, de los «viejos del Senado») que impedían resolver tanto los no menos urgentes temas militares, como los graves problemas sociales y económicos del país; especialmente, la resolución del conflicto entre el capital y el trabajo, colocando, con dicha actitud, al país en una peligrosa situación política y social. Pues, la no regulación legal de este conflicto podría conducir a los sectores proletarios y populares a la revolución social. Esa situación había que impedirla, no con represión armada sino con normas y reglas institucionales como era la propuesta de Alessandri.

                  Hacia 1924 se hacía aún más urgente dar cauce legal e institucional a la protesta asalariada y popular, ya que el paralizante conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo, o sea, la división política del bloque dominante, era un factor altamente favorable para el desarrollo y crecimiento del poder asalariado y popular.

                  Arturo Alessandri estaba completamente consciente del poder y de la autonomía de la clase trabajadora y popular. Esa autonomía se manifestada en sus diversas organizaciones sociales como en su poder político. Una característica del siglo XX en Chile es la constitución del poder político, social e histórico de los trabajadores y sectores populares en general en la perspectiva de realizar su particular proyecto histórico. La cristalización social de esa autonomía y de ese proyecto se manifiesta claramente durante los años de la crisis estatal que estamos analizando. Es esta autonomía política la que posibilita que la clase asalariada y popular asuma su condición de constituyente.  

                  En razón de ello, Alessandri Palma optó por buscar el apoyo político de la oficialidad joven y no del movimiento obrero y popular organizado en su confrontación con el Parlamento. Aunque, tanto unos y otros, eran afectados por la acción de la clase política parlamentaria. Sin embargo, para el «tribuno de la plebe» las Fuerzas Armadas, eran más confiable, fundamentalmente, porque eran parte del poder constituido, que el poder constituyente popular.

                  Ello explica que, durante la crisis de septiembre de 1924, especialmente cuando se produce la ruptura con el movimiento militar, no apelase a la movilización obrera y social para presionar la vuelta de los militares a sus cuarteles como era su deseo, sino que opta por abandonar el gobierno en vez de confrontar a las FF.AA. Alessandri no tenía temor en dejar en manos de los militares el poder político del Estado, su verdadero temor era el poder de los trabajadores.[13]

                  La mayoría de los analistas han presentado la acción militar de septiembre de 1924 como un «golpe de Estado» en contra del poder político constituido.[14] En verdad, la acción colectiva militar no constituyó técnicamente, en un primer momento, un «golpe de Estado» sino más bien un «acto de presión», una protesta por parte de los militares cuyo objetivo era llamar la atención y lograr de parte del gobierno y del parlamento la resolución de sus problemas institucionales. Fue el propio Alessandri quien lo transformó en un «acto de fuerza» (un golpe cívico-político-militar) en contra de otro poder del Estado, el Parlamento.[15]  Si Alessandri no hubiese renunciado una vez conseguidos los objetivos reivindicados por los militares y por él mismo, esta acción se habría convertido en lo que actualmente se denomina un «autogolpe». No obstante, dicha situación no se dio, esencialmente porque el presidente no quiso compartir el poder con las Fuerzas Armadas, específicamente, con la Junta Militar y Naval conformada íntegramente por oficiales jóvenes.

                  Las FF. AA asumen el gobierno, lo hacen porque Alessandri había dejado, tras su renuncia, acéfalo la dirección del Estado. En cierta forma, las FF. AA asumen el gobierno en razón de esa circunstancia. Si bien hay antecedentes para señalar que Alessandri fue, en cierta forma, obligado a renunciar por la actitud adoptada por un sector de las FF. AA. También los hay para sostener que los militares que habían encabezado la protesta no buscaban el alejamiento del presidente. Por consiguiente, el verdadero golpe de Estado se produce el 23 de enero de 1925 cuando la oficialidad se subleva y derroca a la Junta de Gobierno establecida tras la renuncia de Alessandri.  

                  La acción colectiva de los militares jóvenes de presentarse en el Senado de la República a observar, escuchar, hacer ruido (silbidos y abucheos) y luego marchar en formación militar por las calles de la ciudad de Santiago hasta el Club Militar y, una vez en ese recinto, declararse en asamblea permanente, fue una acción que desconcertó, en un primer momento, tanto a los parlamentarios como al Ejecutivo.

                  Como señala S. Tarrow, un grupo puede experimentar cambios en su estructura de oportunidad como consecuencia de sus propias acciones. Por ejemplo, los grupos de protesta, como se podría definir a los oficiales militares descontentos, pueden incrementar sus oportunidades incluyendo formas nuevas de acción en su repertorio.

                  Hasta septiembre de 1924 los militares habían realizado una serie de acciones colectivas que les resultaban culturalmente familiares: las ligas secretas, las conspiraciones, y reuniones masivas de camaradería, entre otras. Pero la acción colectiva de visitar el Senado constituyó toda una innovación que encontró desprevenidas a las autoridades. Esta acción militar masiva crea nuevas oportunidades para su protesta y al mismo tiempo se dio a conocer a un público distinto. Es decir, salió de los recintos militares y se difundió por la sociedad civil.

                  La protesta militar de septiembre no fue un golpe de Estado. Se trataría de un «un golpe blanco», puesto que no buscó derrocar el poder constituido, sino más bien representar a través de los canales institucionales sus demandas a las autoridades legítimas del Estado. Pero, al permitir la ampliación de oportunidades para sí mismos y para sus aliados; también crearon oportunidades para sus opositores y para las elites.[16]

                  Tanto las elites vinculadas al poder Ejecutivo como al del Poder Legislativo vieron en la acción de los militares jóvenes la oportunidad política para resolver su propio conflicto de poderes. Por su parte, el movimiento popular autónomo se agitó nerviosamente en sus espacios sociales, no tenía razones políticas ni históricas para confiar en las FF.AA. Así lo expresó en su momento el líder de los trabajadores Luis E. Recabarren:

                  «No es culpa nuestra -dijo Recabarren- dudar de las buenas intenciones de los hombres.                 Fuimos eternamente engañados…por eso hemos gritado: ¡sólo el pueblo, con el poder        político en sus manos, puede hacer la felicidad social!»(Justicia, Santiago, 13/09/1924)

                  Los militares tampoco tenían confianza política en el movimiento social popular. Al igual que Alessandri, no buscaron el apoyo de los trabajadores y sectores populares organizados para impulsar sus demandas, sino que confiaron dicha tarea en sus mandos superiores. Se hicieron representar ante el poder constituido por su jefe máximo, el general Luis Altamirano, Inspector General del Ejército.

                  Como se ha mencionado más arriba, la novedosa e innovadora acción colectiva militar de asistir al Senado sorprendió al poder político. La reacción fue al principio de asombro e incertidumbre ¿la subversiva acción militar contra quién iba dirigida: contra el poder parlamentario o contra el gobierno? Ninguno de los dos poderes en pugna tenía seguridad de contar con el apoyo de los descontentos. Es más, ambos temían la constitución de las FF. AA como un nuevo y más peligroso actor político, pues ellos, a diferencia del poder popular, tenían el monopolio de la fuerza.

                  El presidente Alessandri, haciendo honor a su apelativo político se encontraba como un «león enjaulado» en el palacio de Gobierno. La entrevista con Altamirano y la decisión ministerial de no castigar el desorden militar abiertamente inconstitucional y de apurar las leyes militares pendientes, no habían logrado detener la protesta militar de los oficiales jóvenes, los cuales, apoyados abiertamente por sus superiores, ya comenzaban a hablar de la «revolución militar». Esta situación generaba mayores incertidumbres sobre el futuro político del gobierno. Alessandri comprendía que detrás del apoyo del Alto Mando de las FF. AA estaba la mano de la oligarquía conservadora que, lentamente y sin mucha publicidad, buscaba dirigir los hilos de la rebelión de la oficialidad joven en contra del gobierno. Para tal efecto, ésta confiaba en la disciplina y en la recientemente inculcada obediencia a la jerarquía y el valor de la unidad institucional. Alessandri, para mantenerse en el poder y lograr derrotar políticamente al poder Legislativo, debió dar un decisivo paso estratégico: establecer una alianza con los militares jóvenes y así, modificar la correlación de fuerzas en su favor.

                  En general, el Alto Mando de las FF. AA no tenía mucha confianza política en los oficiales a los cuales los consideraban muy pro-alessandristas, pero sí confiaba en la obediencia y en el respeto que éstos le debían. Por eso el general Altamirano prestamente asumió, ante el presidente y su gabinete, la defensa de las reclamaciones de los oficiales. De esa forma, la protesta de la oficialidad militar pasó a ser una demanda institucional del Ejército y no una parcial demanda de unos indisciplinados oficiales, a la cual se sumó más tarde la Armada Nacional, que a través de su alto mando hizo saber al gobierno que en caso de conflicto con el Ejército podía contar con «el apoyo moral de ella, pero nada más«.       

                   Descartado el apoyo directo de la Armada al gobierno, Alessandri decide comunicar a los oficiales el deseo de entrevistarse con algunos de sus miembros. Se reúne con tres oficiales -capitán Valenzuela y tenientes Pinstein y Contreras- a quienes les insinuó que le hicieran llegar sus inquietudes junto con aquellos proyectos de interés nacional por los cuales él venía luchando desde hacía varios años.[17]

                  De esa forma el movimiento de protesta militar iniciado en forma espontánea, sin ningún plan ni conducción política, recibe de parte de Alessandri una determinada dirección que conduce al movimiento hacia los fines estratégicos ideados por el presidente: terminar con el poder del Parlamento y acabar con el régimen político oligárquico para instaurar una nueva forma estatal y un nuevo régimen político, restaurando el autoritarismo presidencialista.

                  Alessandri al proponerles en aquella oportunidad la presentación de otros proyectos de carácter social le abrió toda una nueva perspectiva al movimiento, encauzándolo en un marco más general.  De una acción colectiva de protesta bastante vaga se pasó a una acción destinada a modificar el sistema político considerado corrupto e ineficiente.

                  A partir de ese momento los objetivos del movimiento y los del Ejecutivo se perfilan con mayor claridad.  El 5 de septiembre de 1924 los militares entregan al presidente el «pliego de peticiones». El cual, por cierto, no constituía para el jefe de Estado ninguna novedad.[18]

                  La conformación de este gabinete cívico-militar bajo la responsabilidad del ministro del Interior Luis Altamirano, Inspector General del Ejército, se consumó el «autogolpe» de Estado planeado por el Ejecutivo en contra del Parlamento. El nuevo gabinete hizo aprobar por parte del Congreso Nacional el pliego petitorio acordado entre el presidente y el Comité Militar.  Con ello, el Ejecutivo vencía al Legislativo gracias a la participación del poder militar. Sin embargo, su victoria fue el principio de su propia derrota. Pues, el Comité Militar que él mismo había impulsado y dado dirección política se rehusó a disolverse y someterse al nuevo bloque en el poder cívico-militar. Frente a esta nueva situación política Alessandri optó por renunciar a su cargo de jefe de Estado en favor de su ministro del Interior, el general Luis Altamirano. Con dicha decisión Alessandri hizo entrega del poder del Estado a una Junta de Gobierno Militar encabezada por el nombrado general.

                  Entre las primeras decisiones adoptadas por la Junta Militar figuraron las de: clausurar el Congreso Nacional, establecer el estado de sitio, posponer la aplicación de las leyes laborales recientemente aprobadas y escamotear la convocatoria a una constituyente. Alessandri al romper con el Comité Militar había abierto la puerta del poder no a los sectores militares que, de una u otra forma, compartían su proyecto político, sino más bien a los sectores pro-oligárquicos de las Fuerzas Armadas.

                  Una vez más Alessandri, dominado por su carácter explosivo y por una escasa capacidad para medir el alcance de sus propias acciones políticas, yerra en su estrategia al entregar el poder a sus adversarios políticos: la oligarquía representada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

                  La renuncia de Alessandri y la conformación de la Junta Militar y Naval de Gobierno no eliminaron la dualidad de poder que se había establecido a raíz de la constitución del Comité Militar. Según Alberto Edwards, «al lado del gobierno visible funcionaba otro que no lo era tanto: la Junta Militar de oficiales cuyos dos objetivos principales eran: impulsar la labor reformista del gobierno e impedir que el movimiento degenerase en un simple cambio de personas y partidos».[19] Las aspiraciones del Comité Militar entraron en abierta contradicción con los de la Junta Militar y ésta ordenó su disolución. Orden que la oficialidad rechazó tajantemente.

                  La insistencia de aquellos oficiales en apoyarse en el manifiesto emitido el 11 de septiembre, en cual habían justificado su intervención política. Destinada a terminar con «la corrupción de la vida política» y «la política gangrenada», con la «miseria del pueblo, la especulación, la mala fe de los poderosos, la inestabilidad económica y la falta de esperanza en una regeneración dentro del régimen existente»[20] chocaba abiertamente con las aspiraciones de las elites de poder conservadoras de la oligarquía que buscaba retrotraer la situación política al año 1920, o sea, la mantención del régimen político parlamentario. Mientras que los oficiales impulsaban el establecimiento de un nuevo régimen político que contará, básicamente, con un Ejecutivo fuerte.

                  Los oficiales propiciaban la convocatoria de una Asamblea Constituyente que debía estudiar una nueva Carta Constitucional. La demanda por una reforma constitucional no estaba presente en las peticiones iniciales del movimiento militar, los antecedentes históricos indican que dicha demanda fue sugerida por el presidente Alessandri. Éste desde los inicios de su mandato en 1920 había planteado en diversas ocasiones la necesidad de reformar la Constitución Política de 1833.

                  En su mensaje al Congreso, en junio de 1921, planteó la necesidad de hacer una revisión general de la Constitución Política de 1833, puntualizó las reformas que era necesario introducir y aludió a la posibilidad de modificar el régimen político. Entre esas reformas se refirió a la posibilidad de privar al Senado de sus facultades políticas; a la de facultar al Presidente para que, a lo menos una vez durante su gobierno, pudiera disolver la Cámara de Diputados; a la necesidad de modificar el régimen de elección del Presidente de la República mediante el voto directo y, establecer la Vice Presidencia de la República; a la descentralización administrativa; a la separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de las instituciones; al impuesto progresivo; a hacer de la ley que autorizaba el cobro de las contribuciones y la de presupuestos una sola ley, y a la supresión de la Comisión Conservadora y del Consejo de Estado.

                  Estos planteamientos iniciales de Alessandri sobre la necesidad de reformar la Constitución y el juicio político que hacía del sistema parlamentario, lo fue profundizando en los siguientes mensajes presidenciales al Congreso y al país. Sin embargo, y a pesar que la opinión pública ilustrada de la época -especialmente, de los movimientos sociales de base que demandaban por realizar una cabal y completa reforma del sistema político nacional modificando para tal efecto la Constitución Política del Estado- era coincidente con el planteamiento de Alessandri, el poder constituido, específicamente, el parlamentario, se opuso permanentemente. Para los parlamentarios, las proposiciones reformistas tan sólo buscaban aniquilar el régimen parlamentario dejando sólo en pie la voluntad del presidente de la República. Un congresista de la época señalaba que el programa presidencial en materia constitucional conducía al establecimiento de un régimen “absolutista».[21]

                  Durante sus cuatro años de gobierno Alessandri careció del poder necesario para impulsar su programa de reformas políticas, pero tampoco buscó establecer una alianza política con los sectores sociales que impulsaban, desde abajo y desde afuera del sistema político, similares demandas. Alessandri siempre buscó realizar dicha reforma institucional en los marcos constitucionales vigentes, nunca quiso alterar el orden político establecido, en ningún momento con anterioridad a los acontecimientos de septiembre de 1924 se planteó la idea de una Asamblea Constituyente. 

                  El movimiento militar y la decisión de Alessandri de darle una determinada dirección política conducente a lograr sus objetivos políticos crearon el escenario político propicio para impulsar y llevar a cabo las transformaciones políticas e institucionales no sólo tendientes a modificar el régimen sino también, la forma de Estado.

                  Esta acción del poder Ejecutivo constituyó la primera fase de la metamorfosis del poder constituido en poder constituyente, la segunda fase será impulsada por los militares que se asumieron como parte del poder constituido, pero también como constituyente. La operación quedó completa sólo cuando el Comité Militar decidió solicitar el regreso de Alessandri al poder. El regreso de éste al gobierno significó la cancelación de la posibilidad política democrática de constituir una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual participarán todos los sectores sociales y políticos del país, como era la posición asumida por el Comité Militar.  La recuperación del poder con el apoyo militar permitió a Alessandri asumir una posición autoritaria e imponer a la sociedad chilena una nueva Constitución Política elaborada por el poder constituido transformado, por la acción militar, en constituyente.

                  Tanto la Junta Militar de Gobierno como el Comité Militar coincidían en la necesidad de realizar una reforma constitucional que modificara el régimen político y la forma de Estado vigentes en el país. El Manifiesto Militar publicitado por el movimiento militar luego del alejamiento de Alessandri del poder, en septiembre de 1924, consignaba en uno de sus puntos:  «Nuestra finalidad es la de convocar a una libre Asamblea Constituyente de la cual surja una Carta Fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales».

                  Sin embargo, a pesar de esta coincidencia, el principal punto de conflicto entre la Junta Militar y Naval de Gobierno y el Comité Militar era cómo proceder con ese objetivo. Es decir, no había acuerdo en las reglas y normas que debían regir para su convocatoria y constitución. La posición de la Junta Gobierno Militar impulsaba el establecimiento del voto acumulativo, mientras que el Comité Militar el voto proporcional. Los primeros tenían el objetivo de disminuir el probable poder electoral de los sectores populares y proletarios nacionales. Los segundos buscaban que las reglas electorales, ya fuera para la convocatoria de la constituyente como para cualquier elección en el futuro, aseguraron que todas las fuerzas sociales y políticas tuvieran igual representación. Al no existir acuerdo entre ambos sectores militares, la Junta Militar decide llamar a elecciones parlamentarias para que se estableciera un nuevo Congreso Nacional el cual debía reformar la Constitución Política del Estado en vez de convocar una constituyente.

                  El Comité Militar resolvió oponerse drásticamente, tanto a la implementación del voto acumulativo como a la convocatoria de elecciones parlamentarias. Éste consideraba que se debía establecer una Asamblea Constituyente donde estuvieran representado todos los sectores sociales de Chile, sin exclusión de nadie y en proporción al volumen de sus componentes, no por poder económico o por intereses políticos. No obstante, la postura abiertamente democratizadora del Comité Militar, éste se reservaba, en el caso de elaborarse una nueva Constitución Política mediante dicho mecanismo, el derecho a aprobarla o rechazarla. De esa forma los militares se asignaban el derecho de fiscalizar y determinar el contenido de la futura Constitución. 

                  Esta postura, destinada a establecer una constituyente de carácter eminentemente democrática, era rechazada por la Junta de Gobierno Militar por considerarla peligrosa para la estabilidad del orden social existente, puesto que igualaba políticamente a los distintos grupos sociales nacionales.  La posición del Comité Militar era coincidente con los planteamientos que venían desarrollando los movimientos sociales populares desde comienzos del siglo XX con respecto a ampliar la ciudadanía, la participación y la necesidad de constituir una constituyente de carácter nacional. Sin embargo, ni el Comité Militar ni la Junta de Gobierno buscaron establecer algún tipo de alianza política con los sectores populares ni con los partidos políticos de la clase media con la intención de conformar un vasto movimiento cívico-militar que respaldara socialmente su tarea «regeneradora» del sistema político nacional. Entre las Fuerzas Armadas y los sectores medios y populares se dio una relación de cooperación más bien puntual y fragmentada en muchos aspectos. Pero, especialmente, entre algunos sectores del movimiento popular y las Fuerzas Armadas predominó la desconfianza política e ideológica.[22]

                  Algunas lecturas que se han realizado sobre el movimiento militar de 1924 han presentado a los militares como los «protectores de los sectores medios y populares», pues muchas de sus demandas los favorecían. Tenemos la impresión que este tipo de lectura no se corresponde con los hechos históricos acontecidos dado que el movimiento militar nunca tuvo una base de apoyo político social que no fueran los sectores políticos identificados con la clase política tradicional, cuyo principal representante era el propio Arturo Alessandri que los había catapultado al poder para conseguir lo que él no podía lograr por las vías políticas institucionales.

                  Si bien el proyecto populista de Alessandri apuntaba a resolver cuestiones sociales, económicas y políticas de los sectores medios y populares no tenía como objetivo específico hacer de esos sectores los protagonistas directos y activos del proceso de cambio político. Tanto las Fuerzas Armadas como Alessandri rechazaban el proyecto político-institucional impulsado, especialmente, por los sectores populares.[23]

                  La Junta de Gobierno, como una forma de evitar la convocatoria a la constituyente decidió llamar a elecciones generales de parlamentarios y de presidente para enero de 1925. Lo que motivo a las fuerzas políticas conservadoras pro oligarcas a designar rápidamente a su candidato presidencial. Designando, para tal efecto, al exministro conservador Ladislao Errázuriz, quién se identificaba plenamente con el régimen que estaba feneciendo recibiendo de parte de la Junta de Gobierno su total apoyo político.

                  Ambas situaciones provocaron el total rechazo y oposición por parte del Comité Militar. El descontento del Comité se vio acentuado aún más, al percibir que la Junta Militar no tenía ningún apuro ni interés en impulsar las reformas políticas que democratizaban al sistema electoral. Con lo cual se manifestaba el completo alejamiento de la Junta de los ideales y planteamientos establecidos en el Manifiesto de septiembre de 1924.  Frente a esta situación los oficiales tomaron la decisión de asumir directamente la dirección política del Estado e impedir la restauración del antiguo régimen. Para tal efecto, derrocaron mediante un golpe militar, el 23 de enero de 1925, a la Junta de Gobierno.

                  El objetivo político de este nuevo movimiento militar era la realización de una Asamblea Constituyente de carácter nacional y democrática. La nueva Junta Militar de Gobierno consideró que era necesario retornar al régimen constitucional y, para tal efecto, decidieron solicitar el regreso de Arturo Alessandri al poder. Ofreciéndole de esa forma la conducción del proceso político que debía concluir en la conformación de la nueva institucionalidad política nacional.

                  La dualidad de poder que se manifestó con motivo de la toma de poder político por parte de la primera Junta Militar de Gobierno era, según A. Echeñique  producto del antagonismo social y el nivel de politización entre las mismas Fuerzas Armadas.[24]  No es coincidencia que la oficialidad propulsora de la renovación del sistema que favorecía a «las clases cuya lucha por la vida es más difícil», entrara en contradicción con los altos mandos del Ejército y la Marina cuyas posturas políticas los hacían defensores y restauradores del antiguo régimen.  Este mismo conflicto se repite entre la nueva Junta Revolucionaria y la Marina.

                  La Marina, estrechamente ligada a la oligarquía y a los intereses políticos, económicos y sociales vinculados con las casas comerciales inglesas, excluida del golpe de Estado de enero de 1925, se movilizó en contra de la nueva Junta Militar de Gobierno.    El principal punto de fricción entre la Marina y el Ejército se centró en el regreso de Arturo Alessandri al poder. Regreso al cual la Marina y diversos grupos sociales y políticos ligados a la oligarquía se oponían resueltamente. Evidentemente, que esta oposición constituía, tal vez, la última línea de defensa del orden oligárquico y de resistencia al proceso de transformación del régimen político. La ruptura de la unidad de las Fuerzas Armadas puso al país a las puertas de un nuevo enfrentamiento armado.     El peligro de una guerra civil era inminente, tanto el Ejército como la Marina iniciaron la movilización de sus contingentes, especialmente, en Valparaíso. La actitud resueltamente beligerante de la Marina obligó a la Junta Revolucionaria de Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove a resolver el conflicto a través de una solución política negociada. Se aceptó la mediación de Agustín Edwards Mac Clure sobre la base de tres condiciones:

  1. Descartar el regreso de Arturo Alessandri al país y al poder;
  2. Aceptación de convocar a una Asamblea Constituyente, que redactara una nueva Constitución Política que reemplazase a la Constitución de 1833, y
  3. Eliminación de la candidatura presidencial de Ladislao Errázuriz Lazcano.

                  De estas tres condiciones, la que parece más relevante para los efectos del proceso de metamorfosis del poder constituido en constituyente es la aceptación por parte de la Marina de convocar a una Asamblea Constituyente.  La negociación política para resolver la posición de la Marina frente al Ejército se resolvió en forma tripartita. A pesar que uno de los actores no estuvo físicamente presente fue central en la resolución de la crisis política originada por la ruptura de la unidad de las Fuerzas Armadas. La estrategia seguida por el Ejército consistió en confiar que la ambición de poder de Alessandri se mantenía inalterable a pesar de su exilio europeo, y que no rechazaría la posibilidad de regresar al sillón presidencial de La Moneda. Confiados en la permanencia de esa ambición, Ibáñez y Grove aceptaron que el mediador de la Marina, Agustín Edwards, despachara a Alessandri un largo cablegrama, en el cual le exhortaba a no volver al poder y le daba a conocer las bases de arreglo para superar el conflicto entre la Marina y el Ejército a raíz de la solicitud cursada por este último para que reasumiera el poder. Los planteamientos realizados por Edwards tanto al Ejército como a Alessandri no tenían otro objetivo que restaurar el orden oligárquico y el régimen parlamentario, manteniendo el predominio de los partidos políticos tradicionales en el poder constituido.

                  Expuestas las condiciones de la Marina y conocida la postura del Ejército, Alessandri hizo llegar a estos últimos las condiciones que él imponía a las Fuerzas Armadas en su conjunto para regresar al poder.  Éstas fueron: (a) «la inmediata constitución del gobierno civil, formado por hombres que inspiren amplia confianza a la opinión general del país; (b) las Fuerzas Armadas volverán a la normalidad de las funciones que les son propias…. y dejarán al Jefe de Estado absoluta independencia para ejercitar plenamente las facultades constitucionales que le depara la soberanía nacional; (c) el gobierno civil procedería sin pérdida de tiempo a organizar la Asamblea Constituyente, que debería ser el reflejo de las distintas tendencias de la opinión nacional y que establecería inmediatamente las reformas exigidas por el país, d) sólo una asamblea semejante estaría habilitada para fijar normas a la elección del futuro Congreso y nuevo mandatario, a quien yo entregaría el mando a la expiración de mi periodo constitucional, ya que por ninguna razón aceptaría prolongar mis funciones más allá del plazo por el cual fui elegido por mis ciudadanos» y, finalmente, Alessandri señala que aceptaría regresar sólo si hubiese un total acuerdo entre el Ejército y la Marina sobre sus condiciones para retornar al poder.

                  Tanto la Marina como el Ejército aceptaron en forma parcial las condiciones establecidas por Alessandri y éste se dispuso a regresar al país. Hasta su llegada gobernaría una Junta de Gobierno provisional cívico-militar dirigida por Emilio Bello Codesido e integrada por el general Pedro Pablo Darnell y el Almirante Carlos Ward. La principal tarea de esta nueva Junta de Gobierno, ampliamente controlada por el Comité Revolucionario Militar sería convocar en el más breve plazo la ya reiterada Asamblea Constituyente.[25]

                  La conformación de un gobierno provisional de carácter cívico-militar se apartaba de una de las principales condiciones señaladas por Alessandri a las Fuerzas Armadas: la vuelta a sus funciones normales y su subordinación al poder civil.  Alessandri no comprendía que la decisión del Ejército de solicitar su regreso estaba en función de su propia estrategia política de lograr normalizar la situación institucional del país en donde las Fuerzas Armadas, especialmente, el Ejército tuviera el verdadero control del Estado y del régimen político. El Comité revolucionario se constituyó en un grupo de presión con poder de veto.  No eran ellos los que estaban subordinados al poder civil, sino al revés era el poder civil y político, o sea, Alessandri y la clase política en general, quienes estaban subordinados al poder de las Fuerzas Armadas. 

                  La principal motivación del Comité Revolucionario dirigido por Carlos Ibáñez, fundamentalmente, era la construcción de una nueva forma estatal, o sea, reorganizar la dominación política, social y económica del país por medio de la centralización el poder político en un régimen presidencial fuerte. Para tal efecto, era necesario someter y disciplinar tanto a la sociedad política como a la sociedad civil. De ninguna manera, el Ejército y la Marina estaban interesados en establecer un régimen democrático. Al revisar la documentación de la época producida por la intelectualidad militar no se encuentra mención alguna a la democracia como régimen político, sus referencias a ella son vagas y aisladas. En verdad, rigurosamente se debería sostener que la democracia no estaba presente en el imaginario político de las Fuerzas Armadas nacionales. Lo que sí estaba claramente diseñado en los diversos textos elaborados por los militares era una determinada forma de Estado y un tipo de régimen político que podría definirse como de democracia autoritaria.  Tanto esa forma de Estado como el tipo régimen político debían quedar establecidos constitucionalmente. De ahí, la insistencia permanente del Comité Militar, primero, y luego del Comité Revolucionario de convocar a una Asamblea Constituyente.

                  La restauración de Alessandri en el gobierno constituyó la fase final del proceso de metamorfosis del poder constituido en poder constituyente.  Las acciones militares de septiembre de 1924 y enero de 1925 dieron el golpe definitivo al orden oligárquico y a la descomposición del régimen parlamentario que fue, a partir de ese momento, un proceso irreversible. La crisis del Estado oligárquico había llegado a su punto culminante.

La Postergación del Poder Constituyente Popular

                  La operación transformista del poder constituido en poder constituyente alcanzó su nivel superior con la instalación de A. Alessandri en el gobierno y la conformación de un nuevo gabinete ministerial cívico-militar, cuya principal tarea política era materializar el programa político de Alessandri y, especialmente, el de los militares jóvenes en normas constitucionales. Esta nueva fase del gobierno alessandrista ya no fue la expresión política de la Alianza Liberal como lo había sido en los primeros años de la década de los veinte, sino, más bien, la alianza política entre la clase política civil y una nueva clase política militar que emergió con el movimiento militar de septiembre de 1924.

                  La nueva clase política militar estaba constituida, fundamentalmente, por oficiales de graduación intermedia: tenientes, capitanes y coroneles que habían participado activamente en el movimiento militar de septiembre de 1924 y, especialmente, de enero de 1925. Algunos de ellos ocuparon cargos de responsabilidad política y de Estado durante el gobierno de la Junta de Gobierno Militar, así como quienes participaron y dirigieron el Comité Revolucionario Militar. Este grupo de oficiales tendría una activa participación en la vida política nacional durante todo el período que va desde 1925 a 1932.

                  El nuevo bloque en el poder, encabezado por el presidente Alessandri y su Ministro de Defensa, Carlos Ibáñez del Campo, líderes indiscutidos de ambas clases políticas, se encargó de elaborar una nueva Constitución Política. De esa forma el poder constituido entre los meses de abril a septiembre de 1925 actuó al unísono como poder constituyente.

                  Se rechazó la convocatoria de una Asamblea Constituyente que diversos sectores de la sociedad civil estaban demandando desde mucho antes del autogolpe militar alessandristade septiembre de 1924. Demanda que también en su momento apoyaron las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Alessandri, respaldado militarmente, decidió constituir una Gran Comisión Consultiva integrada por representantes de los diversos partidos políticos nacionales existentes en la época. De ella se excluyó a los representantes de los movimientos sociales populares y estuvo controlada y dirigida por el propio presidente de la República.

                  Los representantes políticos en su calidad de consultores y no de constituyentes estuvieron cercados, maniatados y vigilados de cerca tanto por el poder gobernante como por el militar, es decir, por el poder constituido. Por consiguiente, la exclusión de los movimientos sociales y el férreo control sobre los miembros políticos de la constituyente por el poder constituido obstruyó la posibilidad de elaborar en forma participativa y democrática, o sea, ciudadanamente, la nueva Constitución Política del Estado.

                  Como se mencionó más arriba la crisis del proyecto populista de integración y cooptación de los sectores populares y medios a través de la política reformista de Alessandri provocó la crisis del régimen oligárquico, al quebrar la unidad interna de las elites dominantes abrió la estructura de oportunidades para que los movimientos sociales populares iniciaran un nuevo ciclo de acción colectiva en cuyo centro estuvo la demanda por una asamblea nacional constituyente.

                  Desde comienzos del siglo XX los intelectuales políticos y sociales que actuaban en el movimiento social popular comenzaron a abrigar la idea de «revisar» la Constitución Política de 1833.  El líder obrero y popular Luis Emilio Recabarren fue uno de los primeros en desarrollar la propuesta de un cambio constitucional. En su programa de 1912 planteó los siguientes cambios: supresión del Ejército permanente, perfeccionamiento de las garantías constitucionales, nacionalización de los bienes del clero, formación de jurados populares, reconocimiento jurídico de la igualdad de sexos, abolición del Senado y del Consejo de Estado y «reemplazo del presidente de la República por una comisión ejecutiva elegida directamente por el pueblo» [26]

                  La reforma total a la Constitución – escribe el historiador Gabriel Salazar- fue una idea que se decantó en Recabarren con relativa rapidez: provenía del programa original del Partido Democrático, pero en él, al calor de sus fuertes críticas, se radicalizó. La radicalización resultó por ello ideológica, casi mecánica.

                  No obstante, siete años más tarde, en 1921, el propio Recabarren dio a conocer el primer proyecto constitucional popular, en el cual se expresaban los principales planteamientos políticos e institucionales para construir un Estado y un régimen político democrático popular.

                  El proyecto constitucional elaborado por Recabarren fue difundido por la prensa obrera de la época y, fundamentalmente, a través de la oralidad popular se diseminó por todos los espacios de la sociedad popular para brotar con fuerza cuatro años más tarde, en la Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales de 1925.

                  En diversas asambleas sociales los sectores populares y asalariados se reunieron, entre 1919 y 1924, a discutir los problemas sociales, económicos, políticos e institucionales del país. Así surge la Asamblea de Obreros, Estudiantes y Profesores.

                  Esta nueva organización social desde sus inicios se abocó a la tarea de pensar la reforma del sistema político en función de una perspectiva popular y democrática, constituyendo diversas comisiones para el estudio de diversas materias constitucionales. En 1923, los sectores populares reconstruyeron la antigua Asamblea Obrera de Alimentación Nacionalde 1918, pero esta vez no para sugerir políticas de abaratamiento, sino para proponer reformas estructurales a la sociedad chilena.[27] Todas estas acciones indicaban la existencia y desarrollo de un emergente poder constituyente social y obrero.

                  El emergente poder constituyente social y obrero surgía como consecuencia misma de la ilegitimidad cada vez más acentuada del régimen político oligárquico.[28] El permanente conflicto entre los dos principales poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo, debilitó la dominación estatal y creó las estructuras políticas de oportunidades para el desarrollo del movimiento social popular constituyente. La existencia de este movimiento social constituyente implica un doble salto cualitativo destinado a fortalecer la propuesta institucional de reconstrucción del Estado nacional y establecer un régimen político democrático de carácter popular. Por un lado, fue un salto cualitativo de carácter colectivo, ya que las primeras formulaciones de carácter constitucional la habían realizado en forma individual Luis Emilio Recabarren. En cambio, ahora se trataba de proposiciones colectivas, socialmente producidas y democráticamente elaboradas. Por otro, significó la consolidación del poder social popular y, en cierta forma, la materialización del proyecto popular en términos constitucionales.

                  La Asamblea proto-constituyente entró en un ciclo de sesiones abiertas y participativas en forma permanente. Como lo ha señalado Salazar, la ciudadanía asumió, en virtud de la crisis política del Estado, de lleno su soberanía. Uno de los aspectos centrales de la discusión entre los participantes a la Asamblea fue la relación con los partidos políticos, declarándose “absolutamente independiente de todo partido». El problema de fondo no era otro que el de la relación entre lo social (única fuente posible de legitimidad y reforma) y lo político (encarnación de un sistema liberal corrupto). La tensión generó masivos desplazamientos de bases, desde la militancia partidaria a la militancia social, y desde la institucionalidad formal al asambleísmo reformista, especialmente entre los obreros industriales de Santiago y Valparaíso, los profesores y los estudiantes.[29]

                  Al momento de desencadenarse la acción colectiva de los militares y el autogolpe de Alessandri en septiembre de 1924 el poder constituyente de los sectores populares estaba plenamente activo y presto para iniciar el proceso de elaboración de una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

                  Si bien, hubo ciertos contactos iniciales entre los oficiales jóvenes del Ejército y la Asamblea proto-constituyente popular en los cuales los militares:

«Pidieron a los asistentes que cristalizaran sus ideales en proyectos de ley bien estudiados por comisiones nombradas de su seno y formadas por el personal más preparado que tuvieran. Que esa misma comisión iría después ante la Junta a cambiar ideas sobre dichos proyectos a fin de acordar su aprobación definitiva como ley de la República».

De esta forma los militares reconocían el derecho soberano de las bases sociales para constituirse en poder constituyente, pero al mismo tiempo se subordinaba ese derecho soberano al poder constituido, ya sea, legítimamente o de facto, como era el poder de la Junta de Gobierno Militar. Debemos tener presente que los militares propiciaban una Asamblea Constituyente inclusiva a la participación de todos los sectores sociales del país. Sin embargo, ellos se consideraban los garantes de ella y al mismo tiempo con el derecho a veto de la Constitución que se redactaría en esa Asamblea. Por lo tanto, los militares desde un principio se erigieron como los custodios de dicho poder constituyente.

A medida que los planteamientos de las bases sociales se distanciaban de las ideas institucionales de los militares la ruptura entre ambos sectores se hizo evidente.  Ésta se materializó cuando la Junta de Gobierno Militar ligada a los intereses de los sectores oligárquicos y de la clase política civil tradicional decidieron no convocar a elecciones para establecer la Asamblea Nacional Constituyente sino llamar a elecciones parlamentarias para la formación de un nuevo Congreso Nacional que se encargaría de elaborar y discutir las reformas constitucionales.

Por medio de la prensa popular el movimiento social constituyente manifestó su disconformidad con tal medida. El periódico Justicia dejó en claro que «sería preferible convocar una Constituyente antes que nuevas elecciones para el Congreso Nacional», indicando cómo deberían elegirse los delegados a esa Constituyente. Sin embargo, el movimiento militar se había desnaturalizado bajo la conducción de los altos mandos y en vez de aceptar las proposiciones de la base social popular dio inicio a una nueva fase represiva contra el movimiento social popular. 

Un mes antes de su muerte el líder obrero y primer constituyente popular Luis Emilio Recabarren escribió:

«Han mentido, como los politiqueros; falseado, igual que los traficantes… no tiene, pues, el pueblo nada que esperar de otra parte, sino que, de su acción conjunta, de su propio esfuerzo.» (Discurso de L.E. Recabarren, en Justicia, 11/XI/1924, pág.1)

                  El Comité Revolucionario Militar que asumió la dirección del debilitado Estado nacional abrió una nueva estructura de oportunidades políticas para la convergencia de ambos movimientos proconstituyentes, el militar y el popular. Sin embargo, la decisión de los militares de traer de vuelta al presidente constitucional de su exilio en Italia, Arturo Alessandri Palma, apoyado inicialmente por diversos sectores sociales populares, canceló dicha posibilidad. Instalado nuevamente en el poder Alessandri maniobró políticamente con el respaldo de los militares y de la clase política tradicional en función de impedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En la última fase de la crisis del Estado oligárquico, el conflicto político perdió su carácter intra-elitista, como había sido hasta los sucesos de septiembre de 1924, y se volvió un conflicto nacional entre la clase política civil y militar y la base social popular por la reconstrucción del Estado.  Cada uno de los sectores en pugna presentó sus distintos proyectos de Estado. Véase en qué consistían específicamente estos proyectos.

Los Principios Constitucionales Populares

                  En vistas de las maniobras de la clase política civil y militar, el movimiento popular rápidamente se reorganizó en el Comité Obrero Nacional y convocó a una Asamblea Constituyente de Trabajadores e Intelectuales con el objetivo, entre otros, de «concretar en un proyecto de Constitución Política de Chile las aspiraciones del proletariado y los intelectuales que simpaticen con los modernos principios de justicia y solidaridad».[30]

                  Durante cuatro días, entre el 7 y 10 de marzo de 1925, 1200 delegados que representaban a distintos sectores sociales[31], venidos de todo el país y elegidos por sus bases sociales se reunieron en el Teatro Municipal de Santiago a discutir y elaborar los principios constitucionales que debían servir de base a la nueva Constitución Política de la República de Chile.

                  La decisión de redactar tan sólo un conjunto de «principios constitucionales» y no un texto constitucional completo constituye, en opinión del historiador G. Salazar, «un acto de prudencia política y de auto limitación de sus actos soberanos». Pues consideraban, que «la nueva organización del país debe generarse con representantes de todas las fuerzas vivas de ambos». Para tal efecto, demandaron la conformación de una Asamblea Constituyente Nacional en donde se le diera «al elemento asalariado la mayoría de la representación que le corresponde por justicia». Diez «principios constitucionales» que fueron formulados en aquella histórica jornada de marzo de 1925, a saber:

  1. La República de Chile será federal. El gobierno de la República, de los Estados federales y de las comunas se organizará con arreglo al principio del sistema colegiado.
  2. El Poder Legislativo de la República y de los Estados residirá en cámaras funcionales, compuestas por representantes elegidos por los gremios organizados del país. El mandato de esos representantes será siempre revocable.
  3. El Tribunal Supremo Federal de Justicia será elegido por los gremios organizados y sus funciones serán temporales.
  4. Se procederá a la absoluta separación de la Iglesia y el Estado.
  5. Debe declararse la igualdad de derechos políticos y civiles de ambos sexos.
  6. Debe suprimirse el ejército permanente.
  7. La propiedad debe ser entendida esencialmente como una función social. La tierra y los instrumentos de producción y de cambio deben estar socializados.
  8. El gobierno político de la República tiene por objeto coordinar y fomentar la producción económica y todas aquellas actividades que tienden al mejoramiento de la sociedad dentro del territorio nacional.
  9. La finalidad de la enseñanza es capacitar al hombre para bastase a sí mismo económicamente y darle una cultura desinteresada que lo dignifique y lo haga amar y comprender la verdad, el bien y la belleza. El Estado debe proporcionar los fondos para la enseñanza pública, que debe ser gratuita desde la escuela primaria hasta la Universidad.
  10. Debe asegurarse a cada persona lo necesario para la vida y para su desarrollo integral. El producto excedente se destinará al bienestar general y al fomento de las ciencias y de las artes.[32]

                  En estas proposiciones se recogían los principales lineamientos del proyecto popular democrático desarrollado por estos sectores sociales desde el siglo XIX en adelante. En él se manifiestan las posiciones libertarias y socialistas que predominaban en el imaginario político de las clases populares y obreras nacionales de comienzo de siglo. Recoge, también, elementos del viejo proyecto pipiolo del movimiento liberal decimonónico. Los principios constitucionales establecidos en esta Asamblea constituían un completo proyecto institucional democrático alternativo al que promovía el ejecutivo y el poder militar.

                  En síntesis, éste privilegiaba el desarrollo del gobierno local sobre el central, la democracia social extensiva sobre la democracia electoral restrictiva, la milicia ciudadana sobre el Ejército Profesional, la producción sobre el comercio, la libertad empresarial sobre el monopolio amparado por el Estado, la igualdad entre los sexos y la propiedad social de los medios de producción.  Por este proyecto histórico institucional se movilizaron los sectores populares durante la coyuntura constituyente de 1925.

El Proyecto Constitucional del Poder Constituido

                  El proyecto constitucional que impulsaba el Ejecutivo y el poder militar era radicalmente distinto al presentado por los asalariados e intelectuales populares. Se mantenía en la tradición autoritaria de las primeras décadas del Estado nacional. Privilegiaba el centralismo del poder estatal, la democracia restrictiva, el Ejército nacional centralizado, la defensa y protección de la propiedad privada de los medios de producción, la separación del Estado y la Iglesia, el monopolio estatal del comercio y de la producción, la diferenciación de los sexos, privilegiaba la ciudadanía masculina, pues no otorgaba el derecho al sufragio a las mujeres, exclusión de los analfabetos a la ciudadanía activa, etc.

                  Estos dos proyectos constitucionales no tuvieron la oportunidad de ser sometidos soberanamente a la decisión de los ciudadanos nacionales. Pues, la actitud asumida por el poder constituido fue ignorar y anular al poder constituyente popular.

                  Como se ha dicho, tanto el movimiento militar como el popular habían demandado en distintos momentos la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en la cual participaran todos los actores relevantes de la sociedad chilena para discutir y elaborar la nueva institucionalidad política del país. Sin embargo, no todos los sectores sociales y políticos del país estaban de acuerdo que la elaboración de la Constitución Política debía ser un acto participativo y democrático, plenamente soberano, o sea, ciudadano.

                  El problema político fundamental, tanto para la clase política civil como para la militar en la coyuntura constituyente de 1925, era que «la enorme muchedumbre»si pensaba y actuaba. Una demostración de esa cualidad despreciada por Vicuña Fuentes era el proyecto constitucional popular formulado en la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de marzo de 1925.  A través de la presentación a Alessandri de los principios constitucionales el movimiento social popular demostraba que se encontraba preparado para asumir la tarea de reorganizar el estado en su conjunto y que se había constituido en poder constituyente.  Por esa razón era un poder peligroso para los planes institucionales del poder constituido.

                  Como una forma de anular dicho poder, Alessandri optó por no convocar a una Asamblea Constituyente, sino que designó una Gran Comisión Consultiva en la cual estuvieron representados todos los partidos políticos de la época.[33] Una de las primeras medidas adoptadas por esta Comisión fue no convocar a elecciones inmediatas para delegados a una asamblea constituyente, considerada poco práctica en razón de la ausencia de registros electorales. Por consiguiente, el presidente designó una «subcomisión consultiva» integrada por quince personas que, junto con él y dos de sus ministros, preparó y redactó la nueva constitución política. Así, este minúsculo grupo de personalidades elegidas a discrecionalidad y de plena confianza del Ejecutivo diseñó una Constitución acorde con los intereses de la clase política y del poder militar.  Por cierto, y es una obviedad señalarlo, ninguno de los principios constitucionales propuestos por el movimiento social constituyente fue considerado.

                  Cabe señalar que la historiografía constitucional nacional ha presentado a la Comisión conformada por Alessandri como una constituyente; la verdad es que ésta sólo tuvo el carácter de ser consultiva. El mismo presidente se encargó, en la sesión del 17 de abril de 1925 de indicarles esa condición a los miembros de la Comisión cuando estos quisieron votar una indicación que contradecía los planteamientos de Alessandri. Éste les señaló, primero: que la Comisión no tenía facultades resolutivas sino consultivas y en segundo lugar: ninguna de las indicaciones o planteamientos constitucionales se debían votar. Frente a tal posición los líderes políticos allí presentes, especialmente del Partido Radical levantaron su voz para reclamar por la forma autoritaria y unilateral del presidente de conducir la sesión.[34]

                  Los razonables planteamientos realizados por el señor Labarca no fueron aceptados por el autoritario presidente. De manera que, cercenada cualquier pretensión de los comisionados por constituirse en constituyentes no les quedó otra cosa que aceptar a fardo cerrado las proposiciones constitucionales del presidente y su equipo privado.[35]

                  La estrategia seguida por Alessandri para doblegar la resistencia y oposición que realizaban los miembros de la Gran Comisión Consultiva fue ir aumentando el número de integrantes. En diversos momentos dictaba un decreto supremo en el cual designaba nuevos miembros, supuestamente favorables a sus posiciones políticas, con la intención de modificar la correlación de fuerza interna a favor del proyecto constitucional que él elaboraba con su equipo privado.  El 7 de abril de 1925 designó inicialmente una comisión de 53 miembros. Al conocer la decisión del Partido Radical de oponerse al régimen presidencial, designó, por decreto del 22 de abril, a tres connotados opositores al régimen parlamentario. Frente a la permanente disconformidad y creciente oposición de la Comisión Consultiva al proyecto constitucional del Ejecutivo, Alessandri, designó el 17 de julio a 50 personas más a la Comisión, entre ellas estaba el General Mariano Navarrete, Inspector General del Ejército. Pocos días después, el 23, un nuevo decreto ampliaba la Comisión con 15 personas. Así, la Comisión Consultiva terminó con 121 miembros.[36] No obstante, esta estrategia, la oposición al procedimiento adoptado por el Ejecutivo y más aún a diversos puntos centrales de la nueva Constitución se fue haciendo cada día más fuerte y menos favorable a la posición sustentada por Alessandri. El principal punto de discrepancia entre el presidente y la Comisión Consultiva era sobre la forma de gobierno, la mayoría de los representantes de los partidos políticos buscaban mantener el parlamentarismo, mientras que Alessandri y los suyos buscaban reestablecer el régimen presidencialista. La oposición política al proyecto constitucional alessandrista convergió con la oposición social que el movimiento social popular desarrollaba en contra de la espuria forma de cómo era conducido el proceso constituyente.

La actitud abiertamente autoritaria y represiva asumida por el gobierno cívico-militar de Alessandri y, especialmente, por su Ministro de Defensa, Carlos Ibáñez del Campo anunciaban tempranamente duros tiempos para el movimiento social popular.  Mientras en Santiago el poder político constituido elaboraba la nueva carta constitucional su aliado el poder militar reprimía a sangre y fuego el movimiento huelguista de los obreros salitreros. En las oficinas salitreras de Alto de San Antonio, Pontevedra, Felisa, Santa Lucía y La Coruña se produjeron fuertes y violentos enfrentamientos entre los obreros y las tropas de la policía y del Ejército que dejaron, según el comandante a cargo, «roto parado». Efectivamente, eso fue así. En la oficina salitrera de La Coruña no quedó hombre ni mujer ni niño con vida.  Los obreros sobrevivientes de estas masacres fueron sometidos a un Consejo de Guerra, en el cual fueron condenados a la pena de relegación a la Isla de Chiloé, en el sur del país. Incluso, el abogado que había asumido la defensa legal de los detenidos fue condenado a igual pena.[37]

Tanto Alessandri como Ibáñez avalaron la actuación del Ejército. El primero señaló: «Desde que, contra mi voluntad y sin deseo reasumí el mando, observo que entre las clases proletarias sólo se levantan tribunas para maldecir y no para agradecer, para mentir y no para reconocer la verdad… Esta actitud injustificada, incomprensible, impone el doloroso deber de reprimir, en defensa del país y del mismo pueblo a quien se le engaña, todo atentado contra el orden y la estabilidad del gobierno.»

Y les expresó a los oficiales del Ejército sus agradecimientos por la valiente acción realizada: «Agradezco a US., jefes, oficiales, suboficiales, tropas de su mando, los dolorosos esfuerzos y sacrificios patrióticamente gastados para restaurar el orden público y para defender la propiedad y la vida injustamente atacadas por instigaciones de espíritus extraviados o perversos».[38]

La represión gubernamental no sólo se concentró en el movimiento social popular sino, también, sobre todos los segmentos de la sociedad civil. El gobierno, actuando como constituyente, buscó controlar a través del «terror político» a los ciudadanos, tanto, del «alto» como del «bajo pueblo» que reclamaban y exigían la conformación democrática de la prometida asamblea constituyente o por lo menos que se permitiera al interior de la Comisión Consultiva la discusión de cada uno de los principios institucionales que se establecían en la nueva Constitución. 

                  Se suspendieron las garantías constitucionales, se clausuraron periódicos que se oponían al procedimiento utilizado por el poder gobernante, se encarcelaba y se deportaba a los disidentes y opositores.[39]

                  A pesar de la represión militar y la arbitraria actuación política de Alessandri la oposición al proyecto Constitucional, elaborado en privado, era ampliamente mayoritaria en la Comisión Consultiva al momento que debía darle su aprobación.[40] En aquella oportunidad, quien debió intervenir e inducir a los «consultores» a aceptar y aprobar el proyecto constitucional fue el Comandante en Jefe del Ejército General Mariano Navarrete quien, según las fuentes de la época,  se había reunido días antes con los oficiales del Ejército con el objeto de saber cuál era la opinión de estos sobre el proyecto Constitucional del Ejecutivo. En opinión unánime la «oficialidad consideraba que debía ser aprobado el proyecto de la Subcomisión».[41]

                  La actitud asumida por la clase política civil fue de resuelta oposición y rechazo a la forma como se había procedido en la elaboración y discusión del proyecto constitucional. Esta oposición era considerada por parte de los militares como una actitud egoísta, politiquera y demagógica. Con ello los militares estaban eludiendo el tema de fondo que algunos políticos habían expresado una y otra vez, la ausencia de libertad y de procedimientos democráticos en la elaboración de la Constitución.  Además, con su actitud maniqueísta, anulaba cualquier posición racional sobre el tema que no era entre los políticos antipatriotas y el gobierno, sino un problema ciudadano. Pero, los militares de la época no comprendieron que las instituciones políticas de una sociedad democrática deben ser fundadas en la razón y no en la fuerza. El general Navarrete, al percatarse que las razones argüidas por Alessandri en contra de sus detractores, no lograba modificar la correlación de fuerza a favor del proyecto constitucional en cuestión, caviló:

                  «Vi a través de esas expresiones, como entre líneas, la afirmación contundente de que      aquello estaba perdido, es decir, que no se arribaría a ningún acuerdo respecto del       proyecto de la subcomisión; en una palabra, que se iba a perder lastimosamente el tiempo           y a provocar una tremenda reacción en el campo revolucionario. Me acordé             inmediatamente de la reunión del día 20 y del compromiso que había contraído con       aquellos jefes. Comprendí que había llegado el momento, que yo no deseaba, de hacer oír          mi voz en aquella asamblea para indicarle, con la sinceridad que correspondía a las                   circunstancias, el peligro que amenazaba al país y a todos los que inconscientemente       estaban alimentando la hoguera que había de consumirlos».[42]

                  Se puso de pie con la mano izquierda sobre la empuñadura de su reluciente sable, pidió la palabra y con voz marcial: les recordó a los miembros de la Comisión Consultiva que el Ejército respaldaba el proyecto constitucional presentado por el Ejecutivo y que la discusión de las reformas no se podía prolongar por más tiempo; lanzando el sable de los tenientes sobre la mesa puso fin a la discusión.[43] Sin embargo, faltaba aún el último acto de la metamorfosis del poder constituido: el proyecto constitucional impuesto por el poder constituido debía a ser sometido a la decisión ciudadana. Por medio de dos decretos leyes, 461 y 462, el presidente convoca al pueblo, para que el 30 de agosto de 1925, concurriera a manifestar su «opinión» sobre el proyecto aprobado por la Comisión Consultiva. Así, el llamado al plebiscito debe ser visto, ante todo, como un intento del propio Alessandri y de los militares para legitimar su proyecto constitucional y recuperar la capacidad de la clase política para dirigir el proceso político.

                  El llamado a plebiscito no tenía otro propósito que sancionar a través de un procedimiento de carácter democrático y ciudadano una Constitución que no contaba con la aquiescencia de los actores políticos y sociales más relevantes del país. En efecto, ni la Constitución, en general, ni la forma de gobierno, en particular, que la Comisión Consultiva había aprobado bajo presión militar respondían a los planteamientos del movimiento social popular ni eran del completo agrado de los principales partidos políticos de la época.                Frente al plebiscito, los partidos Conservador, Liberal Unido y Radical decidieron abstenerse de toda participación. Los partidos Liberal, Liberal-Democrático y Democrático coincidieron en apoyar la propuesta, mientras que el Partido Comunista fue la única organización que apoyó el plan de reformas que incluía un sistema parlamentario, rechazando de esa forma el sistema presidencialista propuesto en la nueva Constitución.  Y, el movimiento social popular optó por abstenerse.  El resultado del plebiscito no fue una sorpresa para las fuerzas políticas que controlaban el poder. Lo que sí fue una sorpresa, y al mismo tiempo una clara manifestación del rechazo ciudadano a la Constitución, fue el alto porcentaje de abstención verificado en él. En el referéndum tan sólo participó el 43,8% de los ciudadanos con derecho a sufragio. Por consiguiente, el nivel de abstención fue de un 56,2%, el más alto de todas las abstenciones registradas a lo largo de la historia electoral chilena durante el siglo XX. No obstante, la votación obtenida por la alternativa de aprobación a la propuesta del Ejecutivo fue categórica, un 94,8% contra un 4,4 que votó en favor de un régimen parlamentario reformado y 0,8% que rechazó el plebiscito.[44]

Conclusión

                  El cambio de régimen político, la redacción, aprobación y promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, a comienzos del siglo XX, en Chile no se realizó por medio de mecanismos democráticos ni participativos. Tampoco se permitió la constitución de un democrático poder constituyente. A pesar de que los actores sociales relevantes así lo demandaban. En verdad, el poder constituido, el Ejecutivo en manos del autoritario presidente Alessandri como el poder fáctico de las Fuerzas Armadas, se encargaron de impedir y obstruir la constitución del poder constituyente, especialmente, el social popular.

                  El poder constituido, específicamente, el Ejecutivo, Alessandri, si bien tenía un origen legítimo y democrático, con todas las limitaciones que el término tiene para la época, al momento de enfrentar la crisis política de septiembre de 1924 y la de enero de 1925 actuó como un verdadero dictador sostenido por el poder de las armas del Ejército. En conformidad con la oficialidad que había dirigido el Golpe Militar de enero de 1925 rechazó con argumentos espurios la convocatoria de una Asamblea Constituyente y prefirió nombrar a su entera discrecionalidad una Comisión Consultiva para redactar la nueva Constitución Política. La forma y la estrategia implementada por el Ejecutivo al interior de la Subcomisión que se nombró estuvo dominada por los elementos autoritarios y presiones de fuerza que ejercieron indistintamente tanto el propio Jefe de Estado como los representantes del Ejército. Todo mecanismo democrático como por ejemplo la votación para dirimir alguna controversia interna fue erradicada, pues la comisión no tenía el carácter resolutivo sino consultivo.

                  Por consiguiente, la Constitución Política de 1925 no tuvo una génesis democrática sino todo lo contrario, su origen fue, esencialmente, autoritario. Fue redactada en forma antidemocrática, no fue elaborada ni el producto de un «poder constituyente» sino fue producida por el poder constituido.  Por esa razón, no resolvió la crisis orgánica de la sociedad chilena debido, fundamentalmente, a la escasa legitimidad y aceptación que tenía entre los diversos actores sociales y políticos relevantes de la época. La verdadera traición del poder gubernamental al poder constituyente popular y ciudadano se manifiesta cuando se impide autoritariamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Agregando con ello un nuevo elemento a la crisis política: la falta de credibilidad en la política y en las vías institucionales como medio de resolución de los conflictos sociales y políticos de la sociedad. Esta situación abrió una nueva estructura de oportunidades políticas para los diversos actores y movimientos políticos que buscaban dar solución a la crisis de Estado, ya fuera a través de fórmulas políticas dictatoriales o democráticas.            

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[1] A. NEGRI, 1994 y A. ARATO, 1998

[2] Ver a N. POULANTZAS,1977

 [3] T. Moulian ha usado la metáfora del «transformismo» para describir la estrategia seguida por la dictadura militar, del general A. Pinochet para perpetuar y asegurar el orden social, económico y político creado durante su gobierno. Según Moulian, el objetivo de dicha estrategia es el «gatopardismo», cambiar para permanecer. El transformismo consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio de la forma de Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, pero manteniendo inalterado un aspecto sustancial… no hay cambio del bloque dominante pese a que sí se modifica el modelo de dominación. Hay cambios en el régimen político y cambia el personal político en la dirección del Estado. Pero la continuidad está dada por la mantención de la dominación que se viste con el ropaje constitucional, aparentemente, democrático. T. MOULIAN: 1997:145-147   

[4] M. LOYOLA Y S. GREZ, 2002.

[5] Sobre este tema consultar a:  G. SALAZAR,1985; S. GREZ, 1997; y A. ANGELL,1974.

[6]  M. ZEITLIN, 1984; B. LOVEMAN y E. LIRA, 1999.

[7] V. VALDIVIA, 1999:526-527

[8] Sobre la elección presidencial de 1920 útil es consultar a RENE MILLAR CARVACHO, 1981

[9] G. SALAZAR 1992: 3-4.

[10] Según Sidney Tarrow, uno de los cuatro factores que incita a los grupos no representados a la acción colectiva son los conflictos en el seno de las elites. Este tipo de divisiones no solo incentiva a los grupos que cuentan con pocos recursos (poder) a aceptar los riesgos inherentes a la acción colectiva, sino que también hace posible que algunas secciones de las elites desempeñen el papel de tribuno del pueblo para aumentar su propia influencia política. S. TARROW,1999:92.

[11] El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas ha sido ampliamente analizado por los historiadores P. QUIROGA y C. MALDONADO, 1988.

[12] El proyecto militar de comienzos de siglo ha sido analizado por A. VARAS, F. AGUERO y F. BUSTAMENTE, 1980:17-85.

[13] Según V. VALDIVIA,1999:538, las Fuerzas Armadas, como parte del Estado y de los principios liberal-capitalistas defendidos, le permitían empujar las reformas y mantener el orden. En otras palabras, controlar el poder de los trabajadores y sectores populares.

[14] Los analistas han destacado la intervención militar de 1924 como la primera injerencia de los militares chilenos -como cuerpo profesional- en el proceso político del país. (A. JOXE, 1970:55)

    [15] El estudio del historiador RENE MILLAR, 1973; sobre el significado y antecedentes del movimiento militar de 1924 ha demostrado que la acción realizada por los militares en el Congreso obedeció a los urgentes problemas económicos y por la postergación de que eran objeto y fue la actitud asumida por Alessandri la que precipitó el pronunciamiento. 

[16] S. TARROW (1999:96-97), explica que una de las características más importantes de la acción colectiva es que permite ampliar las oportunidades con las que pueden contar otros grupos. Los grupos de protesta plantean reivindicaciones con las que también se identifican otros. Su acción motiva a la acción tanto de sus oponentes, como de las elites. Estas oportunidades pueden ser negativas para ellos, cuando dan lugar a la represión, o positivas, cuando las elites deciden ejercer de tribuno del pueblo.

[17] En aquella oportunidad el presidente propuso a los oficiales lo siguiente: «…si el Ejército me apoya, juntos realizaremos el programa de salvación nacional, porque las ideas de ustedes son mis ideas, y los sanos y patrióticos propósitos de ustedes son también los míos… formen cuanto antes un Comité Militar. Hagan una lista de proyectos de carácter constitucional, económico, sociales, educacionales y militares, preséntenlos al Congreso, fijen un plazo perentorio para su aprobación; si el Congreso no los aprueba en el plazo que ustedes hayan fijado, clausuran de inmediato el Congreso; convocan a una Constituyente y conmigo a la cabeza hacemos un Chile nuevo». (RODRIGUEZ MENDOZA, 1934:208)

[18] Este contemplaba las siguientes demandas:

  1. Reforma de la Constitución Política del Estado, incluyendo en ésta una reforma que permitiera una «dieta parlamentaria».
  2. Veto inmediato a la Ley de Dieta Parlamentaria, en trámite en el Congreso;
  3. Despacho inmediato de la Ley de Presupuestos,
  4. Retiro de los ministros Salas Romo, Enrique Zañartu y Gaspar Mora, Justicia, Hacienda y de la Guerra, respectivamente, por haber ofendido a la oficialidad en las incidencias ocurridas en el Congreso los días 2 al 4 de septiembre;
  5. Despacho inmediato del Código del Trabajo y demás leyes de carácter social
  6. Despacho inmediato de una ley de impuesto progresivo a la renta;
  7. Estabilización de la moneda;
  8. Aprobación de una ley para los empleados particulares;
  9. Vigencia de la Ley de Recompensa para los sobrevivientes de la Guerra del Pacífico.
  10. Reforma de la Leyes Orgánicas del Ejército que no impongan gastos al Fisco;
  11. Pago inmediato de haberes insolutos del profesorado primario y demás empleados públicos;
  12. Aumento de los sueldos a las tropas de Carabineros, policías, Marina y Ejército, y
  13. Declaración del siguiente principio: «Exclusión absoluta y permanente de los miembros del Ejército y Marina de las luchas electorales y de cualquier acto de índole política.» (C. CHARLIN, 1972:38)

[19] A. EDWARDS, 1952:262

[20] C. DONOSO, 1977:271

[21]  Opinión de Eduardo Opazo, en la sesión del Senado de 3 de enero de 1924 consignada por RICARDO DONOSO (1952:414, T.1)

[22] Sobre este particular punto los estudios historiográficos son más bien escasos, un trabajo que avanza en el análisis de las relaciones entre los militares y los movimientos políticos populares o de izquierda se encuentra en JOSE DÍAZ (2002).

[23]  Entre los estudios que han presentado a los militares como «protectores de los sectores medios y populares» se puede citar a los de JOSE NÚN (1966) y M. CAVAROZZI (1977). Para una versión distinta ver a JOSE DÍAZ (2002))

[24] A. ECHEÑIQUE, 1981:52

[25] E. BELLO CODESIDO, 154.

[26] Estos planteamientos fueron realizados por Recabarren en el periódico El Socialismo (SALAZAR, 1992:17)

[27] Para una historia descriptiva y con abundante en documentos sobre la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional es útil consultar a De DIEGO, PEÑA y PERALTA (2002).

[28] Uno de los principales periódicos de la época, EL MERCURIO, señalaba, con respecto al movimiento social constituyente:

«Ante la existencia de mayorías divergentes en las Cámaras Legislativas y la actitud adoptada por el presidente de la República frente a los acuerdos del Senado, numerosos ciudadanos han debido pensar en el deber que cada cual tiene de aportar su contingente al estudio de la situación a fin de propiciar un movimiento de opinión encaminado a indicar al país cuál es la solución que corresponde al entredicho de los poderes públicos… En la tarde de ayer se llevó a efecto la primera de estas reuniones, en el local social de la Asociación de Profesores de Chile…representantes de sociedades obreras, miembros del magisterio, estudiantes en general, personeros de organizaciones gremiales, se habían dado cita allí para deliberar sobre tan importante asunto. (EL Mercurio, 16/XII/1923, pág.25, citado por SALAZAR, 1992 a, pág.7)

[29] G. SALAZAR, 1992 a:7

[30] Justicia, 1 febrero de 1925, pág. 1 y 4. Citado por SALAZAR (1992:11)

[31] El reglamento interno estableció la proporcionalidad de delegados que podían asistir al Congreso por sector social, los proletarios un 45%, empleados un 20%, profesores un 20%, estudiantes un 7% y profesionales e intelectuales un 8%. No fue aceptada la moción de aceptar delegados de las Fuerzas Armadas. Nadie podía asistir al congreso como político o representante de partido político. (SALAZAR, 1992a:11)

[32] G. SALAZAR: 1992:12

[33] Según datos proporcionados por S. COLLIER y W. SATER (1998:191) la Comisión incluyó 26 radicales, 16 liberales, 14 conservadores, 14 demócratas, 10 liberal demócratas, 6 comunistas y 2 nacionales. Los treinta miembros restantes, más o menos, eran independientes de diversas posiciones políticas.

[34] Dijo en aquella oportunidad el señor Santiago Labarca: «Sois el primer ciudadano de la República y en esta virtud nos habéis llamado; pero no digáis a este grupo de hombres respetables que siendo vuestra opinión tal o cual, no admitís que se la discuta. Es inaceptable que nos quiera imponer conceptos de gobierno y no se admita discusión sobre las ideas del presidente de la República. Es justo que S.E. no acepte imposiciones; pero como a todo ciudadano, le corresponde a S.E.  sus ideas sin imponerlas y empezar respetando para ser respetado. Escuchad las razones que vos mismo habéis buscado y que junto con vos persiguen el bien del país, discutid con ellos y haced primar vuestro criterio, no por razón de la fuerza, sino por el convencimiento. ¿No es lo lógico y lo leal que aceptéis la cooperación que habéis buscado entre nosotros? ¿O lo que queréis es que nos dobleguemos a seguir vuestra bandera, aceptando puntos de vista que no pueden discutirse”? (RODRIGUEZ, 1938:380)

[35] Las protestas por el autoritarismo presidencial se manifestaron en todos los sectores políticos, el conservador Alejandro Vicuña escribía en el Diario Ilustrado: «Tanto se ha hecho presente la importancia del regreso del señor presidente para restituir al país al régimen constitucional, que probablemente esta circunstancia ha hecho olvidar al señor Alessandri que en Chile hay una sola entidad verdaderamente soberana, y esa es la voluntad nacional. Muy humana y explicable ha sido, pues, la paralogización sufrida por el presidente al querer imponer sin discusión sus ideas personales sobre la forma en que debe reconstituirse el país; pero implica la urgencia de recordar que, dentro de los buenos principios republicanos, tal actitud es enteramente inadmisible. NO debe olvidarse que el señor Alessandri ha sido llamado para presidir la reorganización del país; nadie ha pensado en facultarlo para que dicte una nueva Constitución. «Pueblos Encadenados».

[36] Según R. DONOSO (1952:423) en la época constituía un secreto a voces el propósito de Alessandri de salir adelante en sus proyectos organizando un grupo de personas que estuvieran de acuerdo con sus ideas. Así, en carta al exdiputado Cruzat, le decía: «Le ruego me haga también el favor de pensar en buen número de personas que piensen como Ud. para integrar la Comisión Consultiva…» Con las designaciones señaladas en el decreto del 23 de julio de 1925 la Comisión Consultiva quedo conformada como sigue: Radicales 26, Liberales 16, Conservadores 15, Demócratas 14, Balmacedistas 11, Comunistas 7, Nacionales 2, Socialista 1, Radical-Socialista 1, Independientes 25 y militares 3, en total 121.

[37] C. CHARLIN, 1970:121 

[38] C. CHARLIN, 1970: 119

[39] B. LOVEMAN y E. LIRA, 1999:276-278

[40] R. DONOSO, 1952:426

[41] R. DONOSO, 1952:426

[42] R. DONOSO, 1952:428

[43] «No hay que ser un gran constitucionalista para declarar, sin temor de equivocarse, que los resultados del sistema parlamentario han sido desastrosos para el país. Un balance hecho a la ligera demuestra que su aplicación ha tenido como consecuencia la completa corrupción de todos los servicios públicos, la paralización del progreso en todas las actividades nacionales y la anulación de la personalidad del presidente de la República, único responsable de la dirección de los negocios del Estado.  «¿En qué forma deberían combinarse las atribuciones y derechos del presidente de la República y del Congreso para establecer la justa armonía entre ambos poderes? Esta es una cuestión sobre la cual deben pronunciarse los que tienen aptitudes para ello; yo cumplo con el deber de hacer resaltar esta necesidad y de manifestar en el seno de esta Comisión que la reforma de este estado de cosas no acepta ya postergaciones, pues el país está harto de la politiquería mezquina y quiere, una vez por todas, tener un gobierno fuerte, capaz de orientar los destinos del país hacia una era de progreso y bienestar social. «El Ejército tiene horror a la política y, por consiguiente, no se mezclará jamás en sus actividades; pero tampoco mirará con indiferencia que se haga tabla rasa de sus ideales de depuración nacional, es decir, de que se olviden las finalidades de las revoluciones del 5 de septiembre y del 23 de enero, para volver a la orgía política que dio vida a estos movimientos. Esto no lo aceptaría jamás el país ni las instituciones que lo componen». (Actas oficiales de las Sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisión encargadas del estudio del Proyecto de Nueva Constitución Política de la República, 1925, págs. 454-455, citado por C. DONOSO, 1977:281)

[44]  Los resultados en detalle del plebiscito del 30 de agosto de 1925 fueron los siguientes:

                  ALTERNATIVAS                                VOTOS       %

RÉGIMEN PRESIDENCIAL                  127.483     94,8

                  RÉGIMEN PARLAMENTARIO          5.448       4,4

                  RECHAZO PLEBISCITO                          1.490       0,8

                  TOTAL, DE VOTANTES                 134.421  

                  TOTAL, DE ABSTENCIÓN                  167.721     56,2

                  —————————————————————

                  Fuente: EDUARDO CRUZ-COKE, 1984:16

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