Son dos los trabajadores desvinculados por Codelco bajo el alero del artículo 161. Sus compañeros exigen su inmediata reincorporación, pues consideran injusto su despido. Mientras este punto y otros tres no se cumplan, la paralización de la mina seguirá pese a las presiones de directivos y del gobierno, aseguraron a nuestro medio dirigentes sindicales.
Camilo Villa J.
Cuatro son los puntos que los trabajadores de Chuquicamata exigen a la administración de Codelco para deponer la movilización iniciada la madrugada de este lunes: reintegrar a dos trabajadores despedidos bajo el artículo 161 del Código Laboral; instalación de mesas de trabajo; cese a las prácticas antisindicales; y hacer cumplir la Norma Chilena 3262 de Diversidad de Género, Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de manera efectiva.
De no cumplirse estas cuatro exigencias, dirigentes sindicales advirtieron que la movilización y paralización de Chuquicamata continuará.
Pero de los cuatro puntos del petitorio, el de reincorporar a dos trabajadores despedidos asoma como prioritario, de hecho, es este el motivo del quiebre de los cuatro sindicatos paralizados con la Federación de Trabajadores del Cobre, pues el ente gremial había acordado en 2013 y ratificado en 2015 que si algún trabajador de la estatal era despedido bajo el artículo 161, todas las divisiones de Codelco debían paralizar, sin embargo, esto no sucedió con los dos trabajadores despedidos de Chuquicamata.
Cecilia González Molina, presidenta del sindicato número uno de Codelco Chuquicamata, comentó a nuestro medio las circunstancias en que estos dos trabajadores fueron desvinculados.
“Estas dos personas son jefes de turno del departamento de protección industrial. En Chuquicamata ha habido una serie de robos, lamentablemente, eso culminó cuando se incendió, en el mes de junio de este año, la Casa 2000, que era un patrimonio de Chuquicamata. Entonces alguien tomó la mala decisión de despedir a estos dos trabajadores bajo el artículo 161, sin ningún tipo de pruebas, sin argumentar nada”.
El polémico artículo 161 del Código Laboral establece que “el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores”.
Por su parte, Rolando Milla, presidente del sindicato número tres de Codelco Chuquicamata, profundizó más allá de los cuatro puntos del petitorio y afirmó que los directivos de Codelco quieren bajar costos en desmedro de los trabajadores, algo que, según el dirigente, no van a aceptar.
“Lo único que les interesa es sacar a 1.700 trabajadores de la mina, más 700 que son de la planta, quieren 2.1400 trabajadores fuera. Eso es lo único que les interesa para rebajar costos, y los costos no se rebajan con el capital humano, sino que se rebajan sacando a los compadres que tienen acá con tremendos contratos acuñados, estas son las cosas que deben tener prioridad en esta división para poder bajar costos, sacando a los familiares con esos contratos millonarios que tienen. Todo esto son manipulaciones y manejos de ellos, de los millonarios de este país, y nosotros no estamos dispuestos a que se ponga en riesgo la estabilidad de los trabajadores para darle beneficios a algunos”.
Sobre el llamado que hizo la administración divisional de Codelco para retomar el diálogo entre las partes, Milla indicó que los trabajadores llevan casi dos meses buscando aquello, y que la compañía es la que se ha negado a negociar intentando que todo acuerdo sea una imposición.
“El diálogo lo hemos buscado nosotros, lo hemos buscado hace más o menos 45 días. Tuvimos diálogo, se quebraron las mesas porque a ellos lo único que les interesa es remar para lo que ellos quieren, nos muestran una presentación y quieren que nosotros se la aceptemos”.
Durante el transcurso de este lunes, la compañía estatal calificó la paralización de Chuquicamata como ilegal, por su parte, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que desde La Moneda están preocupados por la situación y esperan que pronto las partes lleguen a acuerdo.
Además, advirtió que como Gobierno “vamos a garantizar que se respete el orden público. Ninguna demanda, por más legitima que sea, puede significar que pasemos a llevar el derecho a otros”.
