El Clarín de Chile
Simon Del Valle
La reforma constitucional ACOT se presenta como una respuesta al crimen organizado y el terrorismo, pero algunas de sus medidas —el endurecimiento contra barricadas, la ampliación de facultades excepcionales y el papel de las Fuerzas Armadas— se cruzan con otra discusión de la derecha: los indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social. Simón del Valle reconstruye cómo la narrativa del “estallido delictual” y del supuesto “golpe de Estado” de 2019 puede estar influyendo en la nueva arquitectura de seguridad.
Hay una pregunta sobre ACOT que casi no ha aparecido durante estos días de controversia.
¿Contra qué amenaza se está preparando realmente el Estado chileno?
La respuesta oficial parece evidente. El nombre mismo de la agenda la contiene: Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Narcotráfico, sicariato, organizaciones transnacionales, control territorial, extorsión y grupos capaces de disputar al Estado el monopolio de la fuerza.
Pero cuando se observa no solamente el proyecto de reforma constitucional sino el conjunto de iniciativas que acompañan ACOT, el discurso presidencial y, especialmente, las discrepancias que han aparecido dentro de la propia derecha, emerge otra historia.
Una historia que comenzó mucho antes de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.
De “estallido social” a “estallido delictual”
La batalla por interpretar octubre comenzó prácticamente junto con las manifestaciones.
Para una parte importante de la sociedad, el estallido expresó una crisis social y política acumulada durante décadas. Para la derecha fue imponiéndose progresivamente otra interpretación.
Primero apareció el concepto de “estallido delictual”.
La sustitución de una palabra por otra no era inocente.
Si octubre fue fundamentalmente social, su explicación debía buscarse también en salarios, pensiones, desigualdad, endeudamiento, servicios públicos, abusos y pérdida de legitimidad institucional.
Si fue fundamentalmente delictual, la explicación cambia.
Y también cambia la respuesta.
Ya no estamos principalmente ante un problema político.
Estamos ante un problema de orden público.
La expresión terminó adquiriendo incluso reconocimiento institucional. En 2023, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial destinada formalmente a analizar y condenar el denominado “estallido delictual” del 18 de octubre de 2019.
Pero la reinterpretación no terminó allí.
De la delincuencia al golpe de Estado
Un segundo relato fue todavía más lejos.
Octubre de 2019 no habría sido solamente una explosión de delincuencia aprovechando una protesta social. Habría constituido un intento de quebrar el orden institucional.
Un golpe de Estado.
La tesis fue asumida por distintas figuras de la derecha y ha adquirido particular fuerza en el Partido Nacional Libertario.
Hace apenas dos semanas, al presentar en el Senado la bancada destinada a conseguir un indulto general para militares y policías procesados o condenados por hechos relacionados con el estallido, Vanessa Kaiser volvió a expresarla con extraordinaria claridad.
Según Kaiser, desde el 18 de octubre existieron, paralelamente al estallido social, condiciones propias de un “golpe de Estado” que debieron enfrentar Carabineros y las Fuerzas Armadas.
La frase importa ahora por una razón que trasciende la discusión histórica.
Kaiser no está hablando solamente del pasado.
Está discutiendo cómo debe actuar el Estado la próxima vez.
Los uniformados que “pusieron el pecho”
Aquí comienza a aparecer el puente con ACOT.
Vanessa Kaiser y el senador Cristián Vial —general en retiro y parlamentario del Partido Republicano— forman parte de la ofensiva para conseguir un indulto general para uniformados condenados o procesados por hechos del estallido.
Kaiser ha endurecido durante los últimos días su presión sobre Kast.
Su razonamiento es sencillo: si el Estado espera que policías y militares enfrenten situaciones violentas y “pongan el pecho”, debe entregarles previamente seguridad respecto de las consecuencias que pueden enfrentar por sus actuaciones. El 17 de agosto volvió a exigir al Presidente que cumpla su compromiso con los uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido.
Ahí la discusión sobre los indultos deja de ser un asunto separado de ACOT.
El propio Kast ha intentado mantener ambas cuestiones en carriles diferentes. Cuando aumentaron las presiones desde el oficialismo, sostuvo que los indultos y la agenda de seguridad iban “por carriles distintos”.
Políticamente puede hacerlo.
Conceptualmente es bastante más difícil.
Porque quienes exigen los indultos están estableciendo explícitamente la conexión.
Su argumento podría resumirse así:
si queremos un Estado capaz de utilizar nuevamente toda su fuerza frente a una crisis de orden público, primero debemos garantizar a quienes ejercerán esa fuerza que no terminarán después condenados por los tribunales.
La experiencia desde la cual construyen ese razonamiento no es el Tren de Aragua.
Es octubre de 2019.
¿Qué aprendió la derecha de octubre?
Este es probablemente el punto central.
Toda crisis política deja aprendizajes diferentes para quienes la experimentan.
Una parte de la izquierda extrajo de 2019 la conclusión de que Chile necesitaba transformar sus estructuras sociales y políticas.
La derecha llegó progresivamente a otra conclusión: el Estado había sido demasiado débil para defenderse.
Las policías fueron sobrepasadas.
El orden público colapsó.
Los militares fueron desplegados con enormes restricciones políticas.
Posteriormente funcionarios policiales fueron investigados, procesados y algunos condenados por violaciones de derechos humanos y otros delitos.
Para una parte de la derecha, esos procesos judiciales no demostraron que el Estado de derecho continuaba funcionando después de la crisis.
Demostraron algo diferente: que quienes defendieron al Estado terminaron abandonados por el propio Estado.
Esa diferencia de interpretación es fundamental.
Porque determina qué instituciones se construyen para la próxima crisis.
La mano ha cambiado
Kast presentó ACOT bajo un concepto deliberadamente sencillo:
“La mano ha cambiado”.
Su Gobierno sostiene que el crimen organizado requiere nuevas capacidades estatales, mayores atribuciones policiales y un marco constitucional diferente.
Pero al explicar públicamente su agenda, Kast introdujo una figura que resulta especialmente interesante para esta discusión.
No habló solamente de sicarios, narcotraficantes o carteles.
Habló también de barricadas, vehículos atravesados y obstáculos destinados a bloquear ilegalmente una calle, anunciando modificaciones legales para convertir esas conductas en delito.
La agenda contempla concretamente modificar la Ley Antibarricadas para sancionar la interrupción deliberada del tránsito incluso sin exigir violencia.
Ese lenguaje inevitablemente remite a octubre.
Una barricada puede ser utilizada por una organización criminal.
Pero también constituye desde hace décadas parte del repertorio de la protesta social chilena.
Lo mismo ocurre con los cortes de caminos.
Los han utilizado estudiantes, trabajadores, pescadores, camioneros, comunidades indígenas, habitantes de territorios aislados y organizaciones sociales de prácticamente todas las orientaciones políticas.
Por eso importa dónde se traza la frontera.
Protesta, delito y amenaza
Una democracia necesita distinguir.
Una manifestación no es un saqueo.
Un saqueo no es terrorismo.
Una barricada no constituye por sí misma crimen organizado.
Una huelga no es sedición.
Un corte de carretera no es necesariamente una amenaza a la seguridad nacional.
Y la existencia de violencia durante una movilización no convierte automáticamente al conjunto de esa movilización en una organización criminal.
Puede haber protesta y delito simultáneamente.
Puede haber violencia política dentro de una crisis social.
Puede haber delincuentes aprovechándose de una movilización.
Precisamente para eso existe el derecho: para distinguir responsabilidades individuales, conductas y grados de gravedad.
El problema comienza cuando el discurso político fusiona esas categorías.
Si una movilización social puede ser reinterpretada como “estallido delictual”, y ese estallido puede a su vez ser reinterpretado como intento de golpe de Estado, entonces la distancia conceptual entre conflictividad social, delincuencia organizada y amenaza contra el Estado comienza a reducirse.
ACOT aparece precisamente al final de ese proceso.
Una Constitución preparada para la amenaza
El proyecto ingresado al Senado crea un nuevo estado de excepción por grave alteración de la seguridad pública.
Puede durar 120 días y ser renovado por otros 120 antes de que el Presidente necesite autorización del Congreso para nuevas extensiones. Durante su aplicación pueden afectarse libertades fundamentales, entre ellas locomoción, reunión, asociación y comunicaciones.
Son ocho meses.
A eso se agrega la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y una serie de reformas destinadas a fortalecer la capacidad coercitiva del Estado.
El borrador que precedió al proyecto explicaba además algo conceptualmente importante: una organización criminal puede controlar un territorio incluso cuando aparentemente existe tranquilidad, porque sus habitantes pueden haber terminado aceptando el poder de quienes lo dominan.
Es decir, la excepcionalidad no necesita necesariamente un acontecimiento evidente semejante a una guerra o una catástrofe.
Puede derivarse de la interpretación estatal de una amenaza.
Ahí aparece la pregunta fundamental:
¿quién define qué constituye esa amenaza?
El verdadero alcance de una ley no está en sus autores
No existe evidencia que permita afirmar que ACOT haya sido diseñada secretamente para reprimir manifestaciones.
Sería irresponsable sostenerlo.
Su justificación explícita es enfrentar crimen organizado y terrorismo, y ambas amenazas requieren respuestas estatales eficaces. El Gobierno sostiene que Chile necesita instrumentos nuevos precisamente porque las organizaciones criminales han adquirido capacidades que las instituciones tradicionales no estaban preparadas para enfrentar.
Pero las constituciones no deben evaluarse solamente por las intenciones de quienes las redactan.
Deben evaluarse también por los usos que permiten.
José Antonio Kast no será Presidente para siempre.
Martín Arrau no será siempre ministro de Seguridad.
Los parlamentarios que hoy entreguen determinadas facultades al Ejecutivo algún día serán oposición.
La Constitución permanecerá.
Por eso la pregunta correcta no es únicamente para qué quiere Kast estas herramientas.
Es para qué podría utilizarlas un futuro Presidente.
La doctrina del “Nunca Más Octubre”
Es posible entonces observar ACOT desde otra perspectiva.
No como una conspiración contra la protesta.
Tampoco como una simple agenda contra narcotraficantes.
Sino como parte de una transformación política que comenzó con la interpretación que una parte de la derecha hizo de 2019.
Podríamos llamarla la doctrina del “Nunca Más Octubre”.
No es una doctrina escrita ni existe un documento con ese nombre.
Es una forma de describir una serie de ideas que comienzan a adquirir coherencia cuando se observan juntas.
Octubre fue fundamentalmente delincuencia.
La violencia formó parte de un intento de quebrar el orden institucional.
El Estado fue demasiado débil para responder.
Las policías y los militares que actuaron fueron posteriormente perseguidos judicialmente.
Por tanto, frente a una futura crisis, el Estado necesita mayores facultades y quienes ejerzan la fuerza necesitan mayores garantías.
Ahora observemos las políticas que están apareciendo.
Indulto para uniformados procesados o condenados por hechos de 2019.
Ampliación de la legítima defensa privilegiada.
Endurecimiento de la legislación contra barricadas.
Mayores facultades policiales.
Incorporación militar a la seguridad interior.
Un nuevo estado de excepción.
Hasta 240 días antes de requerir autorización parlamentaria.
Restricciones de reunión, locomoción, asociación y comunicaciones.
No es necesario suponer que existe un plan maestro detrás de todas esas medidas.
Es suficiente constatar que se mueven en una misma dirección.
El problema de la impunidad
Aquí la posición de Kaiser y Vial termina revelando una tensión que ACOT todavía no resuelve.
Una democracia necesita policías capaces de actuar.
Necesita también proteger jurídicamente a un funcionario que utiliza legítimamente la fuerza para defender su vida o la de terceros.
Pero existe una diferencia enorme entre proteger a un policía que actúa dentro de la ley y garantizar que no sufrirá consecuencias cuando la transgrede.
Los uniformados condenados por hechos del estallido no fueron condenados por el simple hecho de haber salido a controlar manifestaciones.
Fueron juzgados individualmente por tribunales.
Puede discutirse cada sentencia. Puede alegarse que existieron errores judiciales. Para eso existen recursos y procedimientos.
Otra cosa es convertir todas esas condenas en evidencia de una persecución contra quienes “defendieron Chile”.
Porque entonces el problema deja de ser la seguridad jurídica de los policías.
Comienza a ser la independencia de los tribunales para controlar a quienes ejercen la fuerza estatal.
Y un Estado al que se entregan mayores capacidades coercitivas necesita más control sobre esa fuerza, no menos.
La paradoja de ACOT
Aquí aparece finalmente una contradicción difícil de resolver.
ACOT pretende fortalecer el Estado de derecho frente a organizaciones que no respetan la ley.
Pero una parte de quienes reclaman todavía mayor dureza sostiene simultáneamente que el Estado debe neutralizar las consecuencias judiciales sufridas por algunos de sus agentes cuando utilizaron la fuerza durante la mayor crisis social desde el retorno a la democracia.
En un extremo está el miedo a un Estado incapaz de imponer la ley.
En el otro, el riesgo de un Estado cuyos agentes pueden ejercer fuerza sin responder plenamente ante ella.
Una democracia necesita evitar ambos.
Por eso el debate sobre ACOT no puede reducirse a estar a favor o en contra de combatir el crimen organizado.
Tampoco puede reducirse a Kast.
Lo que Chile está comenzando a discutir es qué Estado quiere construir después de la experiencia de octubre.
La memoria del poder
Durante años discutimos qué significó el estallido para quienes salieron a las calles.
Se habló de desigualdad, dignidad, violencia, abusos, demandas sociales, destrucción, derechos humanos, crisis institucional y fracaso constituyente.
Quizás prestamos menos atención a otra memoria de octubre.
La memoria de quienes gobernaban y de quienes debían controlar las calles.
También ellos extrajeron conclusiones.
ACOT puede ser una de sus expresiones.
La Constitución de la seguridad que comienza a discutirse en el Senado no nace solamente del temor contemporáneo al narcotráfico. Detrás de ella también puede reconocerse la huella de un trauma político anterior: la experiencia de un Estado que durante varias semanas perdió parcialmente el control del espacio público y de una derecha que terminó interpretando aquello no fundamentalmente como una rebelión social, sino como delincuencia organizada y un intento de derribar al Gobierno.
Por eso la discusión sobre los indultos no está tan separada de ACOT como pretende La Moneda.
Kaiser y Vial han terminado revelando el vínculo.
Antes de volver a desplegar toda la fuerza del Estado, dicen, hay que proteger a quienes deberán ejercerla.
La pregunta democrática es qué significa exactamente protegerlos.
Darles reglas claras para actuar dentro de la ley es una obligación del Estado.
Impedir que respondan cuando la vulneran sería algo completamente distinto.
Porque el verdadero alcance de una Constitución de la seguridad no se mide únicamente por el enemigo para el cual fue escrita.
Se mide por todos aquellos contra quienes algún día podría ser utilizada.
