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Chile: La autoorganización popular frente a la crisis

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Las ollas de la dignidad

También en Chile la escuálida respuesta del gobierno ante la debacle económica obliga a la población más vulnerada a levantar ollas comunes para poder comer. Los movimientos sociales piden como mínimo una renta básica de emergencia, mientras los contagios por covid-19 están fuera de control.

Cristian González Farfán, desde Santiago

Brecha, 19-6-2020 https://brecha.com.uy/

“La dictadura era una pandemia peor: mataba, disparaba. En esta pandemia, si yo me cuido, me salvo”, murmura Enriqueta Leyton, vecina de Villa Francia, un barrio de la comuna santiaguina de Estación Central con una larga historia de resistencia a Pinochet. Con 78 años, esta mujer revuelve una cacerola gigante en el centro comunitario Obispo Alvear. Aquí se inaugura una nueva olla común para la villa, que repartirá almuerzos todos los sábados. A la 1 de la tarde esperan la llegada de los vecinos y vecinas. Aún falta media hora.

Enriqueta prepara charquicán, un enjundioso plato chileno con carne, papas, arvejas y otras verduras. Para ella esta acción solidaria no es algo nuevo: en los años ochenta participó en una olla común que se levantó en Cristo Liberador, una comunidad cristiana ligada a Mariano Puga, emblemático cura obrero, recientemente fallecido, que jugó un papel preponderante en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. “Esa olla era más clandestina”, agrega Enriqueta, mientras fija sus ojos en el fogón.

Casi cuatro décadas después, Enriqueta vuelve a tomar un cucharón de palo para ayudar a combatir el desempleo y el hambre en su población. Ahora, sin embargo, cubre su nariz y boca con una mascarilla para evitar un posible contagio por covid-19. Quienes coordinan la instancia circulan por el estrecho espacio con overoles de plástico y escudos faciales. Pero en la cocina es difícil cumplir el distanciamiento social recomendado por las autoridades.

En la puerta de ingreso, mientras, las organizadoras asignan un número a cada vecina. Llegan con bolsas de género reutilizables, ollas y otros recipientes. Aparece también una señora en silla de ruedas. El menú incluye plátanos, ensalada surtida y pan. Mientras la gente recibe sus almuerzos, otro grupo de voluntarios se dirige a los hogares de aquellas familias cuyos integrantes tienen movilidad reducida o son portadores del coronavirus. Sin contar las entregas a domicilio, se repartieron 129 raciones en la sede comunitaria.

“Me he cuidado harto de la pandemia. Por suerte tengo con qué sostenerme en mi casa: trabaja mi nieta y su marido, y yo tengo mi jubilación. Pero acá vengo por un tema de solidaridad y compañerismo”, asegura Enriqueta.

La ausencia del Estado

Con la del sábado, en Villa Francia funcionan tres ollas comunes de forma permanente. Pero lo que aquí ocurre es apenas una muestra de la red que se está conformando en buena parte de los sectores populares de Chile, debido al desplome de la economía. El último reporte del Banco Central chileno constató que el índice mensual de actividad económica correspondiente a abril registró una caída del 14,1 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, la tasa de desempleo alcanzó un 9 por ciento en el trimestre febrero, marzo y abril, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

En virtud de lo anterior, nacieron plataformas web y páginas en Instagram y Facebook para mapear o difundir las ollas comunes, comedores populares, canastas solidarias y centros de acopio en el país. Sólo en el sitio Apoya La Olla figuran 62 iniciativas sobre cocina comunitaria. Cada día los portales actualizan la información con nuevos datos. En los afiches de las ollas se lee a menudo una consigna: “Sólo el pueblo salvará al pueblo”.

“El surgimiento de la olla común obedece a la precariedad de los hogares chilenos y a la mercantilización de sus derechos elementales. La mitad de los trabajadores/as de Chile gana menos de 400 mil pesos líquidos al mes (521 dólares), y la línea de la pobreza que el propio Estado fija para un hogar promedio de cuatro personas es de 451 mil (587 dólares). Entonces, ante cualquier shock –sea pequeño o profundo como el actual–, las familias pasan rápidamente de vulnerables a vulneradas. El tránsito tiene lógica: desde el pago de alimentos a través de la deuda en el supermercado a la olla común. Esto es muy grave y se entiende a partir del patrón de acumulación de Chile en las últimas décadas”, explica Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, centro de investigación orientado al análisis del mundo del trabajo.

Tanto en el pasado como en la crisis actual, la autogestión moviliza las ollas comunes. “No tenemos que esperar nada del Estado”, cree Enriqueta Leyton. De hecho, las donaciones para la olla del centro Obispo Alvear vinieron desde dentro y fuera de la comunidad Cristo Liberador, pero “aquí no hay políticos ni instituciones”, cuenta Francisca Valdebenito, una de las encargadas. De lunes a viernes, en tanto, los vecinos van a buscar almuerzo a la olla común Luisa Toledo, nombrada así en homenaje a la madre de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, asesinados por la dictadura el 29 de marzo de 1985, en cuyo recuerdo se conmemora en Chile el Día del Joven Combatiente.

Quien agradece la apertura de la olla común de los sábados es la ciudadana peruana Jessica Sánchez. Ella suma tres años en Chile y llegó directamente a vivir a Villa Francia. Antes de la pandemia era trabajadora de casa particular en la comuna de La Reina, en el otro extremo de la ciudad. Pero ahora completará cuatro meses cesante, y no lograba conciliar el sueño pensando qué le daría de comer a sus tres hijos al despertar.

“La olla del sábado es un gran alivio para mí y mi familia. Viví durante algún tiempo de mis ahorros, pero eso se terminó. Es muy bueno que nos apoyen sin discriminación. He visto por aquí a haitianos, peruanos, venezolanos. Pero creo que después la situación se va a poner mucho peor. Mi hija me decía que esto está pasando en todos los países. ¿Para qué voy a volver a Perú si es lo mismo?”, se pregunta Jessica.

La olla: único mecanismo

Falta de transparencia en la entrega de información epidemiológica y tozudez a la hora de recoger la evidencia científica llevaron el sábado 13 de junio a la caída del ministro de Salud, Jaime Mañalich. De acuerdo al Centro de Investigación e Información Periodística chileno (Ciper), el jerarca había informado días antes a la Oms que la cifra de muertos por covid-19 en Chile superaba los 5 mil, a pesar de que el informe oficial a disposición de la población chilena el viernes 12 hablaba de 2.870 muertes.

Tras la revelación de Ciper, las autoridades adjudicaron la discrepancia a diferencias en el criterio de conteo: las cifras enviadas en reserva a la Oms incluirían muertes sospechosas, no necesariamente confirmadas a través de una prueba de laboratorio como causadas por coronavirus. Las cifras de los informes publicados, en tanto, sólo contarían muertes cuya causa probada fuera esa enfermedad.

Lo cierto es que la incongruencia en los informes fue la gota que desbordó el vaso. Mañalich ya venía cuestionado por su estrategia de cuarentenas parciales, que no ha tenido el efecto esperado. Por el contrario, el virus está fuera de control en el país. La palabra “fracaso” en la conducción de la crisis sanitaria cobra inusitada fuerza en estos días: al cierre de esta edición, el informe oficial consignaba unos 225 mil contagiados y 3.841 fallecidos a causa de la pandemia. Chile se ha vuelto el sexto país del mundo con más contagios por millón de habitantes.

La cuarentena total para el Gran Santiago, vigente desde el 15 de mayo, fue criticada por su excesiva demora. Ese día el gobierno reportó 39.542 casos confirmados en todo el país. Sin embargo, ya el 20 de marzo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, había exhortado al gobierno a decretar “el cierre de toda la región metropolitana [que incluye al Gran Santiago], permitiendo sólo los servicios básicos de abastecimientos”. Por entonces el país registraba 434 casos.

No obstante, para que una cuarentena total tenga sentido, apunta Kremerman, el Estado debe proteger a las familias más pobres. Y como no lo hace, según el investigador, la gente se ve forzada a salir de sus casas a buscar su sustento, con el riesgo patente de contraer la enfermedad.

“Sin duda, la olla común no sería necesaria si en Chile hubiera un Estado distinto. Como acción solidaria y colectiva es irreemplazable, pero no tendríamos esta urgencia de las ollas comunes como casi el único mecanismo para que los hogares puedan alimentarse”, añade.

Según él, tanto la entrega anunciada por el gobierno de 2,5 millones de cajas de mercadería a la población más vulnerada como el ingreso familiar de emergencia en apoyo a los trabajadores informales son “medidas ciegas” que no apuntan a una solución estructural. A cambio, el economista plantea la necesidad de establecer en un brevísimo plazo “una renta básica de emergencia de sustitución de ingresos. No pueden ser bonos. Debe cumplir un principio de universalidad, ya que los criterios de focalización no servirán: los hogares afectados son casi todos, y las herramientas del Estado para focalizar tardarán la entrega de esos ingresos. Llegarán a destiempo y la crisis se agravará”.

El otro principio fundamental, según él, es el de la suficiencia: “No pueden ser montos testimoniales, ya que esta es una crisis inédita. El Estado debe respetar sus propias métricas, por lo que ningún ingreso puede estar por debajo de la línea de la pobreza”.

A mediano plazo, una de las propuestas de Kremerman comulga con el proyecto de ley presentado por algunos diputados y diputadas de la oposición, que busca fijar un impuesto a los “súper ricos” del país. De esta manera, piensa el experto, se puede obtener mayor recaudación fiscal y evitar que “la crisis la paguen los mismos de siempre: la clase trabajadora”.

Intercambio entre ellas

En Herminda de la Victoria, una población nacida de una toma de terrenos en 1967, también se organizaron de forma autónoma. Y tal como lo dicta la historia, las mujeres llevan la batuta de la olla común. “De la inoperancia de este gobierno no se puede esperar mucho. Menos, soluciones”, dice Gema Ortega, dirigenta de la junta de vecinos número 13 de esta población, ubicada actualmente en la comuna santiaguina de Cerro Navia.

A pesar de ser diabética y, por lo tanto, pertenecer a un grupo de riesgo por el covid-19, Gema va dos veces a la semana a una feria libre, junto con otras vecinas, a recolectar alimentos para la olla común. Instalan un carrito típico de supermercado con una bandera chilena. Ahí llegan aportes de los pobladores y de los mismos feriantes. “Estoy metida ahí, tengo tres hijos y saco fuerzas de donde no tengo. No me puedo quedar en mi casa sabiendo que mi vecina no tiene”, dice Ortega, de 49 años.

La modalidad es compartir lo que les sobra y recibir lo que les falta, en coordinación con otras comunas de poblaciones aledañas como Digna Rosa y Yugoslavia. “Si por acá tenemos harto zapallo, ellas lo vienen a buscar. Acá no se trata de ver cuál es la mejor olla común”, precisa Gema sobre el espíritu que rige el intercambio.

Hasta la semana pasada, las vecinas entregaban almuerzos en la misma sede comunitaria. Sin embargo, debido al alza de contagios por covid-19, a partir de esta semana resolvieron hacer sólo reparto a domicilio: los lunes y viernes llevan almuerzos a los hogares, y los viernes, pan amasado y sopaipillas (tortas fritas). La dirigenta recuerda que “al principio llegaba gente con mucha vergüenza a retirar su platito de comida. Otros ni siquiera se acercaban a la sede por el mismo motivo”. Como sea, para ella es primordial frenar el aprovechamiento político de las autoridades de turno. Lo dice porque el martes 9 se filtró un documento oficial de la Intendencia de la región de Ñuble, al sur del país, titulado “Protocolo de difusión”, relativo a la entrega de la mercadería prometida por el gobierno. En el manual recomiendan grabar imágenes de “funcionarios bajando cajas y entregándoselas a las familias”, además de “siempre valorar al presidente Sebastián Piñera” en las publicaciones en redes sociales. Eso sí, es enfático en “cuidar de no escribir” que el mandatario entrega las cajas, porque “la Contraloría está observando con atención” todos los textos que emanen de los canales oficiales.

Por lo mismo, concluye Gema Ortega, “a la única persona que le tenemos que agradecer es al poblador común y corriente que se saca el pan de la boca para ayudar al otro. A ese hay que felicitar y darle las gracias”

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