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Chile – Eliminar el Senado contribuirá a terminar con las trabas antidemocráticas y con el parasitismo de los “honorables”

Chile – Eliminar el Senado contribuirá a terminar con las trabas antidemocráticas y con el parasitismo de los “honorables”

Jorge Franco

Las declaraciones formuladas por Piñera sobre lo excesivamente abultado de las dietas parlamentarias y la necesidad de que todos “se aprieten el cinturón” han causado natural inquietud entre todos los que continúan profitando de los obscenos privilegios que los poderes fácticos empresariales les han reservado a todos quienes les sirven con obsecuencia desde los altos cargos de las instituciones políticas del Estado. Y los que con mayor descaro ponen el grito en el cielo son, naturalmente, los de su propio sector político.

Intentando calmar esa inquietud, han surgido luego desde el mismo gobierno voces que proponen, como vía alternativa para aminorar el gasto parlamentario, reducir significativamente el número de los diputados, esgrimiendo por esa vía la amenaza de una especie de retorno al candado institucional antidemocrático que supone el sistema electoral binominal. Lo que se espera con ello es que, encajonada en esa disyuntiva, la idea de reducir las dietas parlamentarias pierda fuerza y termine por olvidarse.

Sin embargo, aunque nadie parece haber reparado en ello, existe una buena y sencilla alternativa para alivianar la injustificada carga fiscal que hoy suponen las abultadas dietas parlamentarias y avanzar a la vez en la democratización de las instituciones del Estado, en este caso el legislativo. Es posible y necesario reducir drásticamente tanto el monto de las dietas como el número de parlamentarios, sin que ello signifique restringir o eliminar el principio básico de proporcionalidad en la composición del Parlamento.

Para lograr simultáneamente ambos objetivos bastaría con eliminar una institución tan arcaica y carente de justificación democrática como lo es la del Senado, transitando así, como ya lo han hecho muchos países, desde un parlamento bicameral a uno de carácter unicameral. Ello le permitiría al Estado no solo reasignar cuantiosos recursos sino también una tramitación más ágil y expedita de las leyes, sin que ésta se vea entorpecida por la resistencia de los grupos más conservadores a los cambios que reclama la ciudadanía.

Esto porque la función política del Senado, en todas partes en que éste existe y expresamente reconocida en la literatura constitucional, es la de “enfriamiento”, es decir, la de contener los impulsos de cambio que pudieran estar presentes en la ciudadanía y empantanar las iniciativas dirigidas a ello en una forzada y siempre dilatada negociación. Lo cual no hace más que dar forma específica al permanente empeño de la clase dominante por frustrar las expectativas creadas en el pueblo por su retórica democratizante.

Así, en Chile los requisitos para ser senador están bastante alejados de los del mero derecho a voto ya que se requiere tener cumplidos al menos 35 años de edad. Pero además por su forma de constitución, esta cámara está expresamente concebida para tomar distancia de la opinión reinante en la ciudadanía. Es precisamente por ello que se renueva solo por mitades cada cuatro años, lo cual significa que al momento de incorporarse unos a ella ya han transcurrido largos cuatro años desde que la otra mitad fue electa.

En rigor, todo el entramado político-institucional que existe hoy en Chile, partiendo por la normativa impuesta por la Constitución de Pinochet, pasando por las instituciones que supuestamente emanan de la soberanía popular y terminando en el llamado Tribunal Constitucional fueron pensadas y diseñadas ex profeso para desvirtuar y finalmente impedir en todos los asuntos clave la libre manifestación y ejercicio de una voluntad ciudadana que sea expresión de sus reales derechos, intereses y aspiraciones.

Por lo tanto, en aras de una mejor y más justa asignación de los recursos públicos y el reforzamiento de una ética de la responsabilidad social en la vida política del país, resulta imperativo reducir sustancialmente los sueldos y gastos asociados que se asignan a todos los altos cargos de la administración pública. Al mismo tiempo, en función de una mayor transparencia, representatividad y eficiencia en la tramitación de las leyes, se debe proceder también a eliminar el Senado y establecer un Parlamento Unicameral.

 

 

 

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