La Izquierda Diario
Hallazgo de restos óseos es utilizado para reforzar una narrativa que apunta al entorno familiar, en medio de graves inconsistencias y sin avances contra los principales sospechosos. Es urgente una investigación independiente.
Teresa Melipal
Santiago de Chile, Viernes 10 de abril
A un año y cinco meses de su desaparición. El reciente hallazgo de restos óseos en un predio cercano a la casa de Julia Chuñil ha sido presentado como un avance clave en la investigación. Sin embargo, lejos de esclarecer los hechos, la actuación de la fiscalía abre nuevas dudas sobre un posible intento de cerrar el caso desviando el foco hacia la familia, mientras se mantiene la impunidad de quienes han sido señalados como principales responsables.
Uno de los elementos más cuestionados es la supuesta reconstrucción de escena presentada por la fiscal. Según lo expuesto, se realizaron dos reconstrucciones; sin embargo, en ninguna de ellas participó Javier, familiar directo de Julia. Pese a ello, se incorpora a un “sujeto” en su representación, sin que hasta ahora exista una explicación clara de por qué fue excluido de un procedimiento clave en la investigación. Una irregularidad grave que pone en cuestión la validez misma de estas diligencias.
A esto se suma el uso de testigos reservados —entre ellos un adulto mayor— cuyos dichos, según la fiscalía, “corroborarían” la hipótesis que se intenta instalar. No obstante, la utilización de este tipo de testimonios, sin posibilidad de escrutinio público ni contradicción efectiva, refuerza las dudas sobre la solidez del caso y el debido proceso.
En paralelo, se intenta construir una tesis de “obstrucción” por parte de la familia. Para ello, se ha difundido un audio donde Javier señala que no se debe permitir el ingreso al predio sin identificación, haciendo referencia a funcionarios de la PDI de Los Lagos. Este hecho parece responder a una medida básica de resguardo en un contexto de desconfianza y hostigamiento. Sin embargo, es presentado como evidencia incriminatoria, alimentando una narrativa que busca responsabilizar a quienes han exigido justicia.
Estos elementos se suman a la difusión de supuestas muestras de sangre en el domicilio familiar y en herramientas encontradas en una bodega, así como al hallazgo de restos óseos en una bolsa. Antecedentes que, en lugar de ser tratados con el rigor y la prudencia que exige una investigación de esta magnitud, han sido utilizados mediáticamente para instalar sospechas sobre la familia, en un claro giro del foco investigativo. Aquí el rol de la prensa empresarial ha hecho un buen trabajo para criminalizar a la familia desde la opinión pública.
Lo que emerge es una práctica conocida y confiable para el mundo empresarial ante casos que involucran intereses de poder, se despliegan operaciones que combinan filtraciones, testigos reservados, reconstrucciones cuestionables y criminalización de las víctimas y su entorno. Todo esto mientras no se avanza en la formalización del empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter vinculado al caso, ni en el esclarecimiento de las responsabilidades de fondo.
Frente a este escenario, se vuelve urgente levantar la exigencia de una investigación independiente a los poderes del Estado, que garantice transparencia, debido proceso y que no esté subordinada a presiones políticas o económicas. La desaparición de Julia Chuñil no puede cerrarse sobre la base de irregularidades ni montajes.
La demanda es clara: verdad y justicia, con juicio y castigo a los responsables materiales, pero también a los responsables políticos de una trama que, hasta ahora, parece más orientada a encubrir que a esclarecer.
