Por Franco Machiavelo
La ultraderecha pretende vestir de humanidad lo que puede terminar convirtiéndose en una nueva operación política de impunidad. Cuando se habla de indultar o rebajar las condenas de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, así como de favorecer a condenados por delitos sexuales, la pregunta es inevitable: ¿dónde queda la humanidad de las víctimas? ¿Dónde queda el sufrimiento de quienes fueron torturados, asesinados, desaparecidos o sometidos a violencia sexual?
¡Qué curiosa moral la de quienes descubren la compasión cuando los condenados son los suyos! Para las víctimas, décadas de dolor; para los victimarios, discursos de clemencia. ¡La justicia parece volverse severa con los débiles y extraordinariamente comprensiva con quienes cuentan con poder, influencias o protección política!
Desde una perspectiva marxista, no podemos analizar estos hechos como simples decisiones jurídicas aisladas de las relaciones de poder. El Estado, sus instituciones y sus políticas penales están atravesados por conflictos sociales y disputas ideológicas. Cuando los privilegios de determinados sectores se convierten en el centro de la política penitenciaria, cabe preguntarse si estamos ante una auténtica defensa de los derechos humanos o ante una operación para proteger intereses políticos y preservar una determinada correlación de fuerzas.
Noam Chomsky ha insistido en la importancia de examinar críticamente los discursos del poder y la manera en que se construye el consentimiento social. El lenguaje de la misericordia puede utilizarse para presentar como un gesto noble lo que, en determinadas circunstancias, constituye una forma de blanquear responsabilidades. Se cambia el nombre de las cosas: la impunidad se llama reconciliación; el privilegio, humanidad; y el olvido, cierre de heridas.
Pero las palabras no borran los hechos. ¡Un crimen de lesa humanidad no se transforma en una falta administrativa porque su autor envejezca! ¡La edad no convierte la responsabilidad en inocencia, ni el paso del tiempo otorga automáticamente el derecho a eludir la justicia!
Y Punta Peuco se convierte, así, en el símbolo de una disputa que va mucho más allá de los muros de una prisión: la disputa entre memoria e impunidad, entre justicia y privilegio, entre la dignidad de las víctimas y la pretensión de los victimarios de obtener un trato favorable.
Una democracia digna de ese nombre no puede arrodillarse ante la presión de quienes pretenden relativizar los crímenes del pasado. Tampoco puede permitir que la política penitenciaria se transforme en un mecanismo de protección para condenados por delitos graves.
¡La verdadera reconciliación no consiste en pedirles a las víctimas que olviden para que los victimarios puedan descansar tranquilos! Consiste en reconocer la verdad, respetar la justicia y garantizar que semejantes atrocidades no vuelvan a repetirse.
Porque cuando el poder pretende administrar la memoria como si fuera una molestia y la justicia como si fuera una negociación, la sociedad tiene el deber de levantar la voz.
¡Qué curiosa moral la de quienes descubren la compasión cuando los condenados son los suyos! Para las víctimas, décadas de dolor; para los victimarios, discursos de clemencia. ¡La justicia parece volverse severa con los débiles y extraordinariamente comprensiva con quienes cuentan con poder, influencias o protección política!
Desde una perspectiva marxista, no podemos analizar estos hechos como simples decisiones jurídicas aisladas de las relaciones de poder. El Estado, sus instituciones y sus políticas penales están atravesados por conflictos sociales y disputas ideológicas. Cuando los privilegios de determinados sectores se convierten en el centro de la política penitenciaria, cabe preguntarse si estamos ante una auténtica defensa de los derechos humanos o ante una operación para proteger intereses políticos y preservar una determinada correlación de fuerzas.
Noam Chomsky ha insistido en la importancia de examinar críticamente los discursos del poder y la manera en que se construye el consentimiento social. El lenguaje de la misericordia puede utilizarse para presentar como un gesto noble lo que, en determinadas circunstancias, constituye una forma de blanquear responsabilidades. Se cambia el nombre de las cosas: la impunidad se llama reconciliación; el privilegio, humanidad; y el olvido, cierre de heridas.
Pero las palabras no borran los hechos. ¡Un crimen de lesa humanidad no se transforma en una falta administrativa porque su autor envejezca! ¡La edad no convierte la responsabilidad en inocencia, ni el paso del tiempo otorga automáticamente el derecho a eludir la justicia!
Y Punta Peuco se convierte, así, en el símbolo de una disputa que va mucho más allá de los muros de una prisión: la disputa entre memoria e impunidad, entre justicia y privilegio, entre la dignidad de las víctimas y la pretensión de los victimarios de obtener un trato favorable.
Una democracia digna de ese nombre no puede arrodillarse ante la presión de quienes pretenden relativizar los crímenes del pasado. Tampoco puede permitir que la política penitenciaria se transforme en un mecanismo de protección para condenados por delitos graves.
¡La verdadera reconciliación no consiste en pedirles a las víctimas que olviden para que los victimarios puedan descansar tranquilos! Consiste en reconocer la verdad, respetar la justicia y garantizar que semejantes atrocidades no vuelvan a repetirse.
Porque cuando el poder pretende administrar la memoria como si fuera una molestia y la justicia como si fuera una negociación, la sociedad tiene el deber de levantar la voz.
¡¡¡NI IMPUNIDAD DISFRAZADA DE HUMANITARISMO, NI PRIVILEGIOS PENITENCIARIOS PARA LOS PODEROSOS!!!
¡¡¡VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA!!!
¡¡¡LOS DERECHOS HUMANOS NO SE INDULTAN, LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO SE BLANQUEAN Y LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS NO SE NEGOCIA!!!
