Luego de casi medio siglo de lucha política y judicial, el popular diario finalmente cuenta con resolución favorable en tribunales españoles donde está radicada la causa. Estado de Chile debe cancelar millonaria indemnización a dueños del periódico. Esta es la historia.
Arturo Alejandro Muñoz
Hasta ayer el establishment centroderechista-centroizquierdista respiraba tranquilo porque había sido capaz de asesinar a casi todos los medios escritos que no estaban bajo su absoluto control. Análisis, Apsi, Hoy, La Época, Fortín Mapocho, Cauce, Página Abierta, Los Tiempos, Siete más Siete, Diario Siete, Plan B, Rocinante, son algunos de los diarios y revistas que el duopolio aniquiló por medio de la negación del avisaje estatal o, lisa y llanamente, mediante la persecución laboral y política desatada contra quienes dirigían y trabajaban en esos medios.
Pero, resurgió desde las cenizas el caso ‘Clarín’ cual crónica de un renacimiento anunciado.
Hasta el mismo día martes 11 de septiembre de 1973, ‘Clarín’ era el diario de mayor venta en Chile. Ni siquiera requería avisaje estatal, empresarial o comercial para mantenerse al tope de la circulación nacional con su tirada de doscientos mil ejemplares diarios, número que se duplicaba los domingo. Su eslogan “Firme junto al pueblo” constituyó un sello durante toda su existencia, y fue copiado después por el semanario ‘The Clinic”, que trató de imitar al popular periódico, tal cual lo intentó fracasadamente ‘La Cuarta’, diario de farándula y crónica roja del grupo COPESA-La Tercera, perteneciente al empresario pinochetista Álvaro Saieh y su grupo CORPBANCA.
Sainte Marie, ‘Volpone’.
‘Clarín’ fue fundado en el año 1954 por Darío Sainte Marie, cuyo seudónimo periodístico era ‘Volpone’, quien usó la ingeniosa frase “Cavernarios, el pensamiento no se multa ni se encarcela”. Boliviano de nacimiento (Santa Cruz de la Sierra) y chileno por adopción, Sainte Marie levantó un verdadero imperio con el diario popular, que era temido, amado, envidiado y odiado por la clase política, pero esperado con ansias por sus lectores cada madrugada. En calle Lira estaba la imprenta Horizonte, del Partido Comunista, y ahí se imprimía el diario.
Fue entonces que Volpone, llevó a su máxima expresión la capacidad de hacer portadas irónicas, hilarantes y tan destructivas para sus enemigos como favorables para sus amigos. Con el tiempo, ‘Clarín’ se transformó en su más poderosa arma de influencia. De hecho, en la campaña presidencial de 1970, Sainte Marie decidió jugar sus cartas a favor de dos candidatos: Radomiro Tomic (PDC) y Salvador Allende (PS), con quien mantenía una larga y a veces conflictiva amistad.
Víctor Pey llega al rescate de ‘Clarín’.
Sin embargo, el año 1972 Sainte Marie enfrentó dificultades económicas serias al mismo momento que su relación con el Presidente Allende experimentaba ciertos quiebres. Volpone recurre entonces a otro de sus amigos, Víctor Pey Casado, ingeniero español que había llegado a Chile a bordo del ‘Winnipeg’ en 1939, luego de la guerra civil ibérica.
Pey, un republicano que defendió la ciudad de Barcelona contra los ataques de las tropas fascistas de Franco, era también amigo de Allende y de otro español, Joan Garcés –abogado y cientista político de fuste- que asesoraba al Presidente socialista. Sainte Marie le pide a Pey que compre el diario.
Víctor Pey pagó un millón doscientos mil dólares (US$1.200.000) y adquirió el total accionario del ‘Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.’, al cual pertenecía ‘Clarín’…ello ocurrió en el mes de septiembre de 1972. Sainte Marie viajó a Europa a objeto de someterse a tratamientos médicos ya que su salud se encontraba seriamente deteriorada, y Víctor Pey asumió las riendas del diario popular, donde mantuvo al equipo periodístico –así como a la línea editorial- y al director, Alberto ‘Gato’ Gamboa, quizá el mejor editor y titulador periodístico que haya existido en la prensa chilena.
Sainte Marie, en marzo de 1972 se fue a España y pidió a Pey formalizar en Madrid el asunto de la venta. Obviamente, Pey no deseaba regresar a España mientras estuviese Franco en el poder. Acordaron entonces reunirse en Estoril (Portugal), donde finalmente se firmó el contrato de venta.
Pocos meses más tarde, en septiembre de 1972, volvieron a reunirse, esta vez en Suiza. El vendedor (Sainte Marie) entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco. El comprador (Víctor Pey) pagó un millón doscientos mil dólares. Con ese dinero, Sainte Marie compró tres o más departamentos en el edificio Colón, en esa época uno de los más elegantes y caros de Madrid.
Consciente de que administrar una empresa como ‘Clarín’ no sería tarea fácil en el futuro, Pey pactó – casi al finalizar el año 1972- la venta de una parte de las acciones a tres amigos: Emilio González (DC), Jorge Venegas (PS) y Ramón Carrasco, abogado del diario. Pero el mencionado pacto sólo indicaba que tanto el precio como la forma de pago se convendrían una vez que se estabilizara la economía chilena (que en ese momento atravesaba por una crisis severa). Sin embargo, llegó el golpe de estado y jamás hubo pago ni traspaso efectivo alguno de acciones.
El martes 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas golpistas irrumpieron violentamente en las instalaciones de ‘Clarín’, destrozaron todo lo que se les cruzó en el camino y se robaron la nueva rotativa GOSS, cuyo destino hasta ahora sigue siendo un misterio. Además, la vieja rotativa en uso pasó a manos del Instituto Geográfico Militar. El local del diario fue utilizado por los golpistas como un centro de detención y tortura llamado ‘La Firma’, que estuvo a cargo de Carabineros y sus organismos SICAR, DICOMCAR y Dirección de Inteligencia.
Ese mismo trágico día, 11 de septiembre, en La Moneda junto a Allende se encontraba Joan Garcés, mientras Víctor Pey se quedó en la residencia presidencial de Tomás Moro. El Presidente le solicitó a Garcés que se retirara del palacio de gobierno para que “contara al mundo lo que había sucedido en Chile”. Pey se asiló en la embajada de Venezuela, pues las fuerzas golpistas habían dado orden de ‘eliminarlo en el acto no bien se le encuentre’.
La mafia militar golpista.
De inmediato, la dictadura chilena puso en movimiento los mecanismos jurídicos a objeto de apoderarse legalmente del diario, aprovechando que manejaba a su antojo a un medroso y servil Poder Judicial.
Los militares allanaron la ex oficina de Víctor Pey, dinamitaron la caja fuerte y extrajeron los documentos firmados en Estoril. Allí estaban las acciones de ‘Clarín’ y el contrato de venta firmado en Portugal. El subsecretario del interior, coronel Enrique Montero, junto con el Contralor General de la República, Lorenzo de la Maza, tuvieron que reconocer ante la prensa lo que era indesmentible: “de los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey Casado todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos (…) resulta que fue este quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A. y la Empresa Periodística Clarín , efectuando los pagos correspondientes”.
Entonces, en un acto desesperado, la Junta Militar decidió confiscar todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones, a través del decreto 580, mediante el cual expresamente se liberaba de ‘toda confiscación’ a Emilio González y Jorge Venegas, los ‘supuestos’ socios de Pey que, en rigor y jurídicamente, nunca pagaron a aquel lo acordado pero, que, extrañamente, contaban con el respeto de los tiranos.
El año 1975 falleció el dictador español Francisco Franco Bahamonde y los antiguos republicanos, como Víctor Pey y Joan Garcés, pudieron por fin regresar a su patria sin el temor de ser detenidos apenas pusiesen pie en tierra ibérica. En Madrid, ambos amigos del fallecido mandatario chileno, formaron la Fundación Presidente Allende, a la que Víctor Pey traspasó legalmente el 90% de sus derechos accionarios de la empresa ‘Clarín’.
Al retornar la democracia el año 1990, Pey solicitó al gobierno de Patricio Aylwin la devolución y reparación de los bienes incautados ilegalmente por el Estado de Chile. El gobierno de Aylwin guardó silencio y no respondió al requerimiento. Lo mismo hicieron posteriormente los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Ricardo Lagos Escobar. Entonces, Pey recurrió a la instancia arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El día 20 de abril de 1998 el CIADI aceptó tramitar lo solicitado.
La nueva mafia “democrática”.
El gobierno chileno, casi como reacción mecánica, solicitó al CIADI que se declarara incompetente en ese caso. Su tesis era que de acuerdo a la legislación vigente en Chile, todo ciudadano chileno estaba inhabilitado para litigar contra el Estado en una instancia reservada para arbitrajes internacionales.
Pero, Joan Garcés negó en el proceso en el CIADI que Víctor Pey fuese ciudadano chileno, ya que la Junta Militar le había prohibido ingresar al país retirándole el pasaporte, con lo cual el Estado de Chile desconocía oficialmente los beneficios del Convenio de Doble Nacionalidad entre España y Chile, vigente desde 1958. Además, en el año 1996 Víctor Pey había renunciado a la nacionalidad chilena, lo que fue comunicado por España a Chile, cuyo gobierno (Frei Ruiz-Tagle) lo inscribió de inmediato como ’extranjero’.
Pese a ello, el año 1995 Pey ofreció al gobierno de Frei Ruiz-Tagle un acuerdo amistoso: que el Estado lo indemnizara por los bienes confiscados, y con ese dinero volver a editar Clarín. No obtuvo ninguna respuesta.
Tres años después (1998), el gobierno chileno, muy contrariado por el fracaso de sus intentos judiciales para destruir completamente la posible reedición del diario popular, inició los trámites para pagar indemnización a los ‘supuestos’ co-propietarios del diario Clarín: Emilio González, Jorge Venegas y Ramón Carrasco, aquellos dudosos amigos de Pey que nunca pagaron el dinero pactado. Es en este punto donde entra en escena el abogado Enrique Testa, contratado por el Comité de Inversiones extranjeras (dependiente del Ministerio de Economía) para realizar un estudio externo del caso Clarín.
Testa había sido el primer interventor de un Banco en el gobierno de la Unidad Popular (Banco Israelita), y lo primero que hizo fue ofrecer comprarles los inexistentes derechos accionarios a González, Venegas y Carrasco a través de una recién formada sociedad anónima –ASINSA- cuyo capital era de tan sólo cien mil pesos ($100.000), la que logró adquirir los derechos hereditarios y gananciales de los parientes de la viuda de Emilio González que, supuestamente, habría sido socio de ‘Clarín’. La S.A. ASINSA pagó por esos derechos dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), pese a que su capital declarado era solamente de $100.000.
En esa Sociedad Anónima participaban Isidoro Gorodischer Rappaport (yerno del abogado Enrique Testa y ex concejal PPD por la comuna de Las Condes), y Ronald Youlton Vassen. Gorodischer había presidido el año 1999-2000 el ‘Comité Judío de apoyo a la candidatura presidencial de Ricardo Lagos’, lo cual quedó registrado en una serie de nueve cartas enviadas al director del diario ‘El Mercurio’, publicadas por ese matutino entre el 24 de diciembre de 1999 y el 11 de enero del 2000. Aprovechando el apoyo oficial a su tentativa, ASINSA presentó ante el Ministerio de Bienes Nacionales una solicitud por quinientos millones de pesos ($500.000.000) en calidad de indemnización para los afectados por la confiscación de Clarín.
De inmediato, el Colegio de Abogados sancionó al señor Enrique Testa por el uso indebido de información privilegiada que habría utilizado para obtener la indemnización. Pero el Ministro de Bienes Nacionales, Claudio Orrego, decidió –en abril del 2000- acoger la solicitud de ASINSA fijando la indemnización en seis mil trescientos millones de pesos ($6.300.000.000, equivalentes a diez millones de dólares). A fines de julio, el entonces Contralor, Arturo Aylwin, tomó razón de los decretos y ordenó pagar.
Rápidamente, en la ciudad de Washington, el gobierno chileno informó al CIADI que ya
había decretado el pago de una indemnización a los supuestos dueños del diario Clarín. Sin embargo, esa leguleyada falsa fue detenida por Víctor Pey, quien solicitó a la Contraloría General de la República congelar el proceso porque al respecto del caso Clarín había dos juicios pendientes y en curso, uno en Chile y otro en el exterior. La Contraloría no tuvo otra salida que darle la razón a Pey.
La piedra en el zapato.
Ante el CIADI, la Fundación Presidente Allende solicitó que el Estado de Chile cancelara una indemnización cercana a los quinientos millones de dólares por la confiscación ilegal del diario Clarín.
Para la Derecha criolla el mayor prejuicio era que Pey y sus ‘socios’ pudiesen haber actuado como testaferros del Presidente Allende, y como a este nunca le encontraron más bienes que su casa en Santiago y su casa en Algarrobo, los dirigentes de la UDI y RN infieren que los fondos le fueron regalados al fallecido mandatario por algún ‘amigo’ del mundo socialista, como Fidel Castro, por ejemplo. Y además, para la prensa de derecha estaba en juego la posibilidad de tener que enfrentar una seria competencia, amén de la apertura de un interesante canal ideológico antineoliberal que preocupa en demasía al empresariado.
En tanto, en la Concertación campeaba el desconcierto y la desesperación, ya que reeditar Clarín significaría aceptar que se perfore un hoyo en la pared del establishment, a través del cual la ciudadanía podrá enterarse de la verdad que se esconde tras un sinnúmero de eventos, situaciones, acuerdos y negociados, privilegiándose una nueva y sólida corriente izquierdista que obligaría al gobierno de la Concertación a revisar su agenda y su programa, con lo que el bloque oficialista debería tender –necesariamente- a alejarse de los mandatos provenientes de Casa Piedra y, además, dar término a la sociedad de hecho que ha establecido con la Derecha y con los vástagos del pinochetismo desde el año 1988 a la fecha. O en caso contrario, reconocer la Concertación (y en especial el Partido Socialista) que sí forma parte de un duopolio binominal favorable a los intereses transnacionales, y que el conglomerado gobernante decide mantenerse en esa especie de dictadura perfecta que tanto y tan bien ha servido a los capitales foráneos y a los consorcios criollos asociados a los mandantes extranjeros.
En el mes de mayo de 2008, el CIADI falló a favor de la Fundación Presidente Allende y de Víctor Pey. Se ordenaba al Estado de Chile proceder a cancelar una indemnización de diez millones de dólares (US$10.000.000), más costas e intereses.
El gobierno de Michelle Bachelet, contrariado y temeroso, decidió apelar, a la espera de poder contar con un fallo final que eximiea al Estado chileno de obligarse a pagar a Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende una indemnización que, en rigor, permitía la reedición del diario ‘Clarín’ en manos, precisamente, de ex asesores y amigos fieles del Presidente socialista, figura emblemática de la izquierda chilena y latinoamericana que, sin embargo, parece ser hoy un ‘detenido-desparecido’ en los pasillos y oficinas de tiendas como el PRSD, el PPD y el mismo Partido Socialista.
Final del juego
El mismo diario Clarín de Chile en su página web, expone lo siguiente:
<<Y ahora, en el mes de mayo de 2022, el titular del juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, ha emitido una resolución que ordena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros) a los propietarios españoles del diario El Clarín, confiscado por el dictador Augusto Pinochet el mismo día en que dio el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, antes incluso de dirigir los tanques hacia La Moneda, sede del Gobierno chileno que en aquel momento presidía el socialista Salvador Allende>>.
El juzgado 101 de Madrid, que históricamente estuvo especializado en materias de arbitraje, es el mismo que en 2013 ejecutó las costas que impuso este laudo a Chile: más de tres millones de dólares, que el Estado ya abonó. La nueva resolución continúa ahora la ejecución de otras disposiciones del mismo laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial, tras más de una década de intentos por parte de Chile de impedir que se pudiera materializar la obligación de indemnizar a los inversores españoles que ordena el laudo de 2008.
La resolución de ejecución del juez Puerta ha fijado la cuantía del principal de la indemnización en 429,797 millones de dólares (382,45 millones de euros). A esta cantidad, suma otros 121,972 millones de dólares (108,53 millones de euros) por los intereses y costas estimadas. El laudo del CIADI fijó en 2008 los intereses de demora en el 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización, con lo que las dilaciones de los sucesivos gobiernos de Chile, tanto de la Concertación como de Sebastián Piñera, va a tener como consecuencia actualizar la indemnización, que deberá afrontar ahora el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric, quien no ha tenido nada que ver con el arbitraje más largo de la historia del CIADI y de Chile.
Esta batalla internacional se acerca a su final, 25 años después de arrancar y casi medio siglo de confiscación, con la ejecución del juez de Madrid que ordena al Estado chileno consignar 500 millones de euros a los inversores españoles.
**NOTA: La fotografía que acompaña a este artículo es la última portada de Clarin, corresponde a la edición del martes once de septiembre de mil novecientos setenta y tres (martes 11/9/1973)
