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Brasil – Con licencia para despedir

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La Medida Provisoria no garantiza la estabilidad del empleo de quienes aceptan la reducción de salario o la suspensión de contrato

Daniel Camargos

Repórter Brasil, 7-4-2020 

Traducción de Correspondencia de Prensa

Aunque el gobierno federal anuncia que la Medida Provisional 936 ofrece una garantía de estabilidad a los trabajadores que acepten recortes salariales, esta medida es contradictoria y prevé una compensación adicional para los empleadores que despidan durante la “estabilidad”.

Decretada por el gobierno como una forma de garantizar los puestos de trabajo y evitar los despidos durante la nueva pandemia de coronavirus, la Medida Provisional (MP) 936 no garantiza la estabilidad laboral a los trabajadores que acepten una reducción salarial temporal o la suspensión del contrato.

Publicada el pasado miércoles (1° de abril), la medida estableció los criterios para la reducción de salarios y horas de trabajo hasta tres meses. En su artículo 10, el gobierno dice que “se reconoce la seguridad del empleo temporal” para el mismo período del acuerdo, es decir, el trabajador que tiene una reducción salarial durante dos meses tendría, a cambio, su empleo garantizado durante otros dos meses. Sin embargo, un párrafo de este mismo artículo permite el despido sin causa justificada, siempre y cuando se pague una indemnización (además de las indemnizaciones por despido ya previstas en la legislación laboral).

“Es una falsa estabilidad. Este artículo (del MP) es una contradicción. Primero determina que hay una garantía de empleo y luego dice que puede despedir”, dijo Fernando Hirsch, un abogado laboralista de la oficina LBS, a Repórter Brasil. El experto entiende que la MP relativiza el concepto de estabilidad después del acuerdo con el jefe.

Para el juez de trabajo Valdete Souto Severo, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia (AJD), la alardeada garantía del gobierno es un disfraz: “Un dulce que alguien da es bueno, pero todo lo demás es malo”, dice.

Esta indemnización por despido “dentro del período de estabilidad” prevé pagos del 50% al 100% del salario del despedido, dependiendo de la suspensión o la reducción de salario propuesta.

Como no se sabe cuánto tiempo durará la pandemia y el aislamiento social, la tendencia de las empresas puede ser la de asegurar los puestos de trabajo, según Fausto Augusto Júnior, director técnico de Dieese (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos). Dice que si la crisis persiste, los empleados que firmaron el acuerdo de reducción salarial pueden ser despedidos en “estabilidad”. “Las empresas preferirán pagar la multa y despedir al trabajador”, se lamenta.

El abogado Fernando Hirsch está de acuerdo. En su evaluación, las empresas que tienen poco capital de trabajo o pocos recursos para pagar los despidos pueden recurrir a la “falsa estabilidad” para seguir despidiendo a sus trabajadores. Pueden despedir a algunos ahora, y mantener a otros con la ayuda del gobierno para despedirlos más tarde, si la pandemia y el aislamiento social se prolongan más de lo previsto.

Severo, de la AJD, compara la garantía con otras modalidades que ya existen en la legislación, como la protección de las mujeres embarazadas y de las personas que sufren accidentes de trabajo. En ambos casos, la indemnización es del 100% si son despedidos durante el período de estabilidad previsto por la ley. En el caso de la medida provisoria, la indemnización del 100% corresponde a aquellos que tienen la suspensión del contrato o el recorte salarial superior al 75%.

Prefieren pagar una multa

En tiempos de una posible crisis económica que puede ser la mayor de las últimas décadas, el impacto de no garantizar el empleo después del acuerdo será grande. “Tenemos que mantener los ingresos de los trabajadores para que después de la crisis tengamos el mínimo de estabilidad para recuperar cierta normalidad”, dice Junior de Dieese.

La medida también ha recibido críticas porque está dirigida más a las empresas que a los trabajadores. “Esta garantía ofrecida por el gobierno en la MP es casi un libertinaje. Es como si el gobierno invitara a los empleadores a renunciar”, dice Severo de AJD. La Central Única de los Trabajadores (CUT) publicó una nota en la que se destaca la “docilidad” de las exigencias a los empleadores.

“Nada impide que parte de la fuerza de trabajo sea despedida inmediatamente”, dice una nota de la Central Única de Trabajadores.

La edición de la MP 936, así como la edición de la MP 927 – ambas editadas con el propósito de reducir los impactos económicos y laborales de la pandemia – es, en el análisis del vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo, Luiz Antonio Colussi, una profundización de la reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Michel Temer. Colussi también recuerda otras medidas, como la MP 881 (conocida como la MP de Libertad Económica) y la MP 905 (la que establece la tarjeta de trabajo verde y amarilla), que también radicalizaron la pérdida de los derechos laborales.

“La idea es siempre la misma. Quitar las salvaguardias, como la participación de los sindicatos en las negociaciones, y hacer que el trabajador negocia directamente con el empleador”, dice el juez. La Medida Provisoria 936 determinó que los acuerdos para reducir los salarios y las horas y suspender los contratos deben hacerse directamente con el empleador – sin la intermediación de los sindicatos – dependiendo del rango salarial. Esto se considera inconstitucional, ya que viola el artículo 7 de la Constitución.

Frente a esta crisis, ¿qué condición tiene el trabajador para negociar? Aceptará cualquier propuesta del empleador y dirá amén”, dice Colussi. Tanto él como Severo, de la AJD y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ANPT), Hélder Santos Amorim, destacan la inconstitucionalidad de esta medida. “Vamos a enjuiciar la constitucionalidad de este acuerdo individual”, dice Amorim.

El Ministro Ricardo Lewandowski, del SupremoTribunal Supremo (STF), decidió el lunes (6 de abril) que las reducciones de salario y de horario de trabajo, así como las suspensiones de contratos de trabajo, sólo se permitirán si la negociación individual entre el trabajador y el empleador se comunica al sindicato de la categoría en un plazo de diez días. Corresponderá al sindicato evaluar si se inicia la negociación colectiva. El Ministerio de Economía todavía no se posicionó frente a los cuestionamientos presentados.

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