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Brasil –  Brumadinho: seis meses de un crimen sin reparación

Brasil – Brumadinho: seis meses de un crimen sin reparación

De los 944.000 afectados, menos del 10% recibe el auxilio de emergencia de la empresa Vale, fijado en un salario mínimo.

Pedro Stropasolas, desde Brumadinho, Minas Gerais

Brasil de Fato, 26-7-2019

https://www.brasildefato.com.br/espanol/

La bocina irrumpe en la ciudad del grito sofocado. Es el ruido del tren de la empresa Vale que corta Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Señal de que el mineral no para, corre por las vías férreas en dirección al extranjero. Ese tren, en sentido contrario a toda una región de Brasil destruida por la minería, no guardó luto durante los últimos seis meses. Al contrario, lo que se ve, se siente y se respira en la ciudad atestigua el lamento de una madre Andreza, que perdió a su hijo: “El celo por la vida no forma parte de la minería. Donde hay minería, sólo ella sobrevive”.

El 25 de enero de 2019, alrededor de las 12h30, la Represa I de la mina Córrego do Feijão se rompió en Brumadinho. Construida por elevación – el método menos seguro y más barato –, la estructura de más de 40 años era administrada por Vale desde 2003. Se identificaron 248 muertos. Otros 22 cuerpos continúan enterrados bajo 12 millones de metros cúbicos de relaves de minería.

Pasados 180 días del rompimiento, las 944.000 personas afectadas, con diferentes niveles de intensidad, intentan retomar sus vidas. Viven en los 18 municipios cortados por el rio Paraopeba, por donde el lodo recorrió 305 km hasta el municipio de Felixlândia, aún el estado de Minas Gerais.

Primero fue el ruido del lodo y la destrucción. Después, los helicópteros. Hoy, son las máquinas que no paran de excavar y quitan el sueño a los sobrevivientes.

En el poblado de Córrego do Feijão, donde la sede de la mina operaba, la comerciante Sara de Souza Silva tiene la única papelería. El comercio no abre desde que la represa se rompió. Los cuadernos, mochilas y otros materiales escolares permanecen guardados, en la penumbra.

Ella lamenta que la minera no haya actuado correctamente ni para evitar la avalancha de lodo, ni para reparar los daños que causó en la localidad con cerca de 400 moradores, 27 de los cuales murieron en la tragedia.

La comerciante Sara de Souza Silva tuvo que cerrar la única papelería del poblado. El comercio no abre desde el rompimiento de la represa

“Es muy triste para nuestra comunidad. Son problemas de salud, psicológicos, en personas ancianas, niños con heridas en el cuerpo, por causa del lodo, del aire. Y Vale no ha hecho nada por nosotros”, relata la moradora, que tuvo un perjuicio de R$ 20.000 ( en el período de vuelta a clases.

En el Parque da Cachoeira, barrio que antes era reconocido por la producción de legumbres, seis huertas fueron tragadas por el lodo. En cada una de ellas, con una media de 15 hectáreas de plantación, trabajaban cerca de 10 familias.

Las hortalizas producidas en las 18 hectáreas de la propiedad de Adriana Leal abastecían comercios de la capital, Belo Horizonte, a 60 km de allí. El trabajo en la huerta, ella cuenta, era de domingo a domingo e involucraba a otras 11 familias. Todos se quedaron sin ingresos, sin tierra para plantar y sin agua para irrigar.

Quedaron las deudas de los préstamos y con los proveedores. “No tenemos ingresos para pagarlas. Hasta para recomenzar es difícil. Todo fue destruido. Nuestra tierra está totalmente cubierta. Lo que sobró de área productiva no podemos usarlo porque dependemos del agua”, explica la agricultora.

La Defensoría Pública Estadual de Minas Gerais (DPE-MG) ha prestado atención individual a las familias afectadas desde el día 28 de enero y constatado la ocurrencia de varios daños como consecuencia del rompimiento de la represa.

Además de los perjuicios a la salud mental y física, las personas que no murieron con el lodo perdieron sus viviendas u otros patrimonios. Toda la producción local de alimentos fue comprometida y nadie puede lavar su comida ni cocinar con el agua que sale del grifo.

“Tenemos varias dificultades con Vale. Hay relatos de empleados muy educados, pero que no cumplen los plazos. No hay respuestas, la información es confusa. Hay relatos de violencia en las comunidades por parte de empleados de Vale. También constatamos la dificultad de acceso a los derechos ya conquistados, como el bono de emergencia. Las personas llegan a los puntos de apoyo en Vale y reciben la respuesta de que no tienen derecho, cuando si tienen”, explica la defensora Carolina Morishita.

Erguida en las márgenes del rio Paraopeba, la economía de la pequeña Mario Campos también está basada en la agricultura familiar. El municipio dejó de ser un granero para la región y puede ser nunca recupere ese puesto.

“Las personas tienen miedo de comprar los alimentos del municipio. Todos creen que están siendo regados con el agua del río”, relata Andreza Rodrigues, única concejala – entre los nueve del municipio – con un familiar muerto en la tragedia.

La nostalgia aprieta al hablar de su hijo Bruno, de 26 años, uno de los trabajadores de Vale tragados por el lodo mientras almorzaba en el refectorio de la empresa. Sólo en Mario Campos, 20 personas murieron – una más que los 19 muertos después de la ruptura de la represa en Mariana, en 2015.

“Nunca recibí una llamada de Vale. Todos nuestros hijos salieron de casa saludables, con proyectos de vida. Y nadie se contactó conmigo, ni con las otras familias”, cuenta.

La concejala forma parte de la comisión de familias de los desaparecidos, grupo creado en marzo, después de una reunión convocada por el Ministerio Público del Trabajo (MPT), en la Cámara Municipal de Brumadinho. Según ella, la lucha es para que no cesen las búsquedas. “Porque el dolor es cada vez mayor. Cada día es una eternidad. Estamos muriendo un poco cada día”, se desahoga.

La comisión presiona para que se envíen más bomberos y para que el Instituto Médico Legal (IML) tenga acceso a aparatos para reconocimiento – una de las demandas esenciales es la presencia de canes en las operaciones de búsqueda.

“Hubo semanas sin ningún perro, y los perros son responsables por más del 90% del éxito de las búsquedas. Muchos se enfermaron en contacto con el lodo y no pudieron regresar. Nuestra agenda es que se compren perros donde sea, pero los perros no pueden ser un factor para la falta de éxito ni postergar el encuentro de nuestras joyas”, argumenta la concejala.

Cerca de 124 fragmentos de cadáveres están en el Instituto Médico Legal en proceso de identificación. El más reciente fue concluido el día 11 de junio, asociado a una víctima identificada en febrero. Por lo menos 30 partes de cuerpos pasaron por varios análisis de DNA sin que fuera posible finalizar el reconocimiento.

Víctimas sin reparación adecuada

Eloá Magalhães, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) en la región de Brumadinho, cuenta que los trabajadores se unieron para evitar que hubiera atraso en las reparaciones, como en el crimen de Mariana (MG), en 2015.

“Primero, el MAB consiguió sacar a las empresas tercerizadas de Vale del proceso de identificación de los afectados”, recuerda.

El MAB consideraba que, si el levantamiento hubiera sido realizado por instituciones públicas, sin vínculo con Vale, habría mayor posibilidad de garantizar los derechos de las víctimas de la ruptura de la represa de la mina Córrego do Feijão.

“Construimos comisiones de afectados dentro de las comunidades para poder participar en las negociaciones del acuerdo preliminar con Vale junto al Ministerio Público y a la Defensoría Pública. Este esfuerzo resultó en la conquista del bono de emergencia para parte de los afectados”, completa Magalhães.

Vale dice que ha actuado con “enfocada totalmente en la reparación de daños”, con acciones que incluyen indemnizaciones, donaciones a órganos públicos y personas damnificadas, asistencia médica y psicológica, compra de medicamentos, entre otros servicios. En total, se invirtieron R$ 1.500 millones (US$ 397 millones) en servicios ambientales, materiales de salud, transporte y otros costos logísticos, según la empresa.

El 30 de abril, Vale anunció la creación de una Dirección Especial de Reparación y Desarrollo, con más de 400 empleados, para coordinar el restablecimiento socioeconómico y ambiental de los municipios afectados.

Según la DPE, 98.146 personas reciben de Vale un salario mínimo mensual. El pago está previsto en el Término de Acuerdo Preliminar (TAP), firmado entre la minera y la DPE, el 20 de febrero. El número representa menos del 10% del total de afectados, de acuerdo con el levantamiento del MAB.

Acuerdo en riesgo

Hasta el momento, se gastaron R$ 2.300 millones (US$ 609 millones) en servicios ambientales, suplementos del área de salud, transporte y otros costos logísticos. Cerca de 256 familias están alojadas en viviendas provisionales, hoteles, posadas o casas de amigos y parientes.

El día 15 de julio, Vale aceptó firmar junto al MPT un acuerdo de indemnización por daños morales a las familias de 242 víctimas fatales. Padres, hijos y cónyuges de los trabajadores muertos recibirán R$ 700.000 (US$ 185.000) cada uno. Las y los hermanos tendrán derecho a R$ 150.000 (US$ 39.700).

Además de esto, deberán recibir R$ 400 millones (US$ 106 millones) a título de daño moral colectivo. Con la firma del acuerdo, Vale consiguió liberar R$ 1.600 millones (423 millones dólares).de cuentas bloqueadas.

Se trata de la mayor indemnización por daño moral individual de la historia de la justicia laboral brasileña, según el procurador Geraldo Emediato de Souza.

El acuerdo, sin embargo, puede no entrar en vigor, ya que está en conflicto con la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Michel Temer (MDB), que restringe este tipo de pago a 50 salarios mínimos (el salario mínimo son 252 dólares). El Supremo Tribunal Federal (STF) deberá deliberar sobre el tema el día 3 de octubre.

La Vale no para

Mientras tanto, en el mundo de los negocios, las actividades de Vale en Brumadinho no cesaron. Además de la mina Córrego do Feijão, desactivada luego del rompimiento de la Represa I, la empresa posee la concesión de otras cuatro reservas de minerales en la región: Jangada, Mar Azul, Capão Xavier y Capim Branco. Son 308,5 millones de toneladas de mineral de hierro, con alto grado de pureza.

Solo en el primer trimestre de 2019, Vale produjo 72,87 millones de toneladas de hierro. En mayo, el valor de la tonelada del mineral alcanzó US$ 100, la mayor cotización en cinco años.

La empresa es la líder mundial en la producción de mineral de hierro y de níquel. En el período entre 2008 y 2017, acumuló ganancias aproximadas de 57.000 millones de dólares, casi 220.000 millones de reales.

Casi todo mineral extraído en Brasil es para la exportación. En 2018, Vale tuvo ganancias líquidas de 25.657 millones de reales (6.789 millones de dólares), por medio de la producción de 384,6 millones de toneladas de mineral.

En que pese el esfuerzo de la empresa por expandir sus actividades en otras regiones del país, 80% de sus 133 represas de mineral de hierro están localizadas en Minas Gerais.

Otras cuatro represas de Vale en el estado ya alcanzaron el nivel máximo de peligro, con riesgo de rompimiento inminente.

Antecedentes

El inicio de las actividades en la mina Córrego do Feijão se dio en 1956, por medio de la Companhia de Mineração Ferro y Carvão. Desde 2003, es gerenciada por Vale.

La represa que se rompió no recibía más relaves desde 2015. En diciembre de 2018, sin embargo, después de que Vale solicitara una licencia de operación, la Cámara de Actividad de Minería del Consejo Ambiental de Minas Gerais permitió que la empresa recuperase el mineral de hierro dispuesto entre los relaves.

Con esa alternativa, las minas Jangada y Córrego do Feijão, que poseían capacidad de 10,6 millones de toneladas por año, pasaron a 17 millones de toneladas por año, reduciendo la vida útil de la represa. La idea de Vale era reminerar los relaves contenidos en la Represa I y depositar las sobras en el propio foso de la mina.

La mina Córrego do Feijão generaba 613 empleos directos y tenía otros 28 tercerizados en tres turnos diferentes, operando 24 horas al día. El flujo de lodo soterró cerca de 300 hectáreas de tierra en el valle del Córrego do Feijão.

Seguridad comprometida

La Ley Federal nº 12.334 que estableció la Política Nacional de Seguridad de Represas (PNSB por sus siglas en portugués), determinando que la Agencia Nacional de Aguas (ANA) realice anualmente un Informe de Seguridad de Represas, existe hace menos de una década.

Se estima que en Brasil existen cerca de 24.000 represas – de relaves, de generación de energía y para abastecimiento de agua. De estas, apenas 4.500 están sometidas a la PNSB y apenas 3% fueron inspeccionadas.

Cuando ocurrió la ruptura en Brumadinho, la agencia tenía ocho servidores para fiscalizar más de 400 represas en todo Brasil. En los últimos seis meses, el gobierno trasladó 33 empleados de otros ministerios al sector de fiscalización, pero no resolvió el déficit.

Según la Asociación Contas Abertas, que tiene acceso al Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal (SIAFI), el gobierno bloqueó 29% de los gastos no obligatorios de la Agencia.

En Brasil, Vale extrae mineral de hierro en tres estados: Minas Gerais, Pará y Mato Grosso do Sul. Minas Gerais corresponde al 53% de la producción.

De acuerdo con datos de la PNSB, existen 114 represas de relaves en todo el Cuadrilátero del Hierro, centro-sur de Minas, más 104 estructuras no registradas en el plan, entre diques, gaviones y represas. De este total, 70 tienen alto daño potencial en caso de que ocurra una ruptura. Además de las represas, existen 56 minas paralizadas y abandonadas en Minas Gerais.

El método de elevación aguas arriba, utilizado tanto en el reservorio I de la Mina Córrego do Feijão como en la represa de Fundão, en Mariana (MG), que se rompió en 2015, es considerado el más barato y más inseguro. Permite ampliar el dique inicial hacia arriba cuando se llena la represa, utilizando el propio relave de la minería como parte de la barrera de contención.

En el estilo convencional – o aguas abajo –, el macizo de la represa se construye en suelo compactado, independientemente del tipo de relave depositado en la misma. Las elevaciones se realizan en el sentido del flujo de agua.

En entrevista reciente con Brasil de Fato, Bruno Milanez, profesor del Departamento de Ingeniería de Producción Mecánica de la Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF), explica lo que causa inestabilidad en el primer modelo. “A medida que la represa se va volviendo más alta, haciendo los ‘escalones’ que vemos, tiene una inclinación, subiendo sobre el relave. Llega un momento en que se hace la represa sobre el propio relave, un material que, por su contenido de agua, no es muy estable”, analiza.

El diputado federal Rogerio Correia (PT-MG), que propuso la desactivación de todas las represas construidas con el método de elevación aguas arriba en Brasil, añade que la lucha por la implementación de modelos más seguros depende de la presión en las calles: “Desgraciadamente, ya sabemos en la práctica la inviabilidad de este modelo de represa, pues es ‘seguro’ hasta que se cae, acarreando daños irreparables a la vida humana y al medio ambiente. Solamente la movilización popular será capaz de romper el bloqueo de las mineras, cuyo lobby tiene mucha influencia”.

Después del rompimiento de la represa de Fundão, Vale anunció que desactivaría todas las (19) represas de ese tipo en Minas Gerais. Sin embargo, 10 de ellas continuaron con relaves, a pesar de estar inactivas. Es el caso de la Represa I, que se rompió el 25 de enero. Según Vale, las otras nueve fueron desmanteladas.

Minas Gerais es el estado con más represas con potencial de daño considerado alto: son 132 de un total de 200 catalogadas por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Vale y sus subsidiarias tienen 59 represas en esta categoría, incluyendo las de Brumadinho.

El reportaje entró en contacto con la minera Vale, que dijo haber presentado a las autoridades brasileñas un plan para acelerar la transformación de sus represas construidas por el método de elevación aguas arriba. “El plan presentado busca transformar las estructuras para reintegrarlas al medio ambiente. El objetivo de la empresa es que en los próximos tres años todas esas represas construidas por el método de elevación aguas arriba estén transformadas o con un nivel de seguridad adecuado, sin ofrecer ningún riesgo para las personas ni el medio ambiente”, dice la nota.

Desde la tragedia, el Congreso Nacional presentó 78 proyectos de ley para fiscalizar y castigar a las mineras que infrinjan el Código de Minería. Hasta ahora, no se concluyó el trámite de ninguno.

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