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Bernardita Mendoza Antiman: vida y muerte marcada por la injusticia y la violencia contra las mujeres

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X Equipo profesional Comunidad Terapéutica Vínculos Chiloé

Martes 30 de enero de 2024… Una llamada en la noche. El llanto desesperado y angustioso de una mujer.

Silvia Antimán nos despertaba del descanso para comunicarnos lo que temíamos:

Bernardita Nicol, su hija, había muerto.

Y no murió en cualquier lugar, murió bajo custodia del Estado chileno en el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt.

Bernardita estaba en prisión preventiva por un delito que no cometió.

Conocimos a Bernardita a los 13 años de edad. Quienes integramos el equipo de ONG Vínculos en Chiloé, fuimos testigos directos de la historia de esta joven que, desde pequeña sufrió la violencia patriarcal. Tuvo pocos meses de respiro y calma. Uno de esos períodos fue cuando logró avanzar y concluir, lentamente, pero a paso seguro, su proceso de rehabilitación por consumo de sustancias, experiencia que acompañó el equipo terapéutico de la Comunidad Vínculos Chiloé, durante casi tres años.

Fuimos testigos de sus esfuerzos constantes por ejercer la maternidad con cada uno y una de sus hijos e hijas, en condiciones siempre adversas. También vimos la violencia de género y el sesgo de clase en el sistema judicial chileno, que siempre tuvo a Bernardita como una mujer “objeto de sospecha”. Este sistema judicial dirigió frecuentemente hacia Bernardita un juicio sancionador.

Las mujeres empobrecidas y –agregamos-, de un territorio aislado y con ascendencia indígena, insultan las conspicuas formas y estructuras decimonónicas que aún subsisten en el ejercicio del poder de las instituciones chilenas.

Estaba contenta y con proyectos

Bernardita egresó exitosamente de su tratamiento el 30 de mayo de 2023, con alta terapéutica, lo que significa que alcanzó todos los objetivos propuestos para su rehabilitación. Participó animosamente, junto a su madre e hijos, en una emotiva ceremonia de reconocimiento de las personas que egresaron de la Comunidad Vínculos.

Estaba contenta, tenía proyectos. Por fin se hacía presente en su vida, esa calma que le había resultado tan esquiva.

A los 22 días de ese hito apareció una orden de detención en su contra, siendo trasladada al Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. Se trataba de una cautelar dictaminada por el Tribunal de Castro por la causa relacionada con el delito de parricidio frustrado del cual había sido víctima su hija de un mes de vida, en octubre del 2020.

injustamente imputada

Antes del juicio oral, el sistema judicial (Ministerio Público y Tribunales) la trató siempre como culpable y no solo esto, también, fueron estas instituciones las que desoyeron sin justificación alguna, las constantes demandas tanto de la propia Bernardita como de la Defensoría Penal Pública por acceder a la cautelar de arresto domiciliario total a causa de las sistemáticas agresiones físicas y psicológicas (golpes de pies y puños, agresiones verbales, hostigamientos y violencia sexual) de la que fue víctima al interior del penal.

Las agresiones y hostigamientos no cesaron ni siquiera estando hospitalizada en el Área de Salud Ambulatoria (A.S.A.), espacio donde permaneció la mayor parte del tiempo de su reclusión en Puerto Montt.  

El sistema judicial la expuso a la violencia

Frente a los distintos recursos interpuestos por la Defensoría para solicitar el cambio de la medida cautelar, los tribunales (incluyendo la Corte Suprema) respondió denegando la solicitud y cerrando la puerta.

Lo más grave de esta situación, es que el sistema judicial no atendió a los argumentos que describían la situación de violencia a la que estaba expuesta Bernardita.

Respecto a la investigación del Ministerio Público, la Fiscalía de Castro nunca inició una línea investigativa dirigida a la pareja de Bernardita de aquél entonces, aun cuando obraba en el sistema el antecedente de V.I.F. grave de la cual ella era víctima y respecto de la cual el agresor debió cumplir condena privado de libertad en Castro.

Fuimos testigos de esa violencia y de las amenazas que el agresor le profirió en caso de que ella denunciara los malos tratos que él ejercía sobre la niña recién nacida de Bernardita (guagua que no era hija del hombre). Estas amenazas referían no solo a violentarla directamente a ella, sino que, también, a toda su familia (madre e hijas).

Agobiada por la hostilidad constante del centro penitenciario (de las reclusas, de Gendarmería, de la Fiscalía y de los tribunales), Bernardita decidió declarar nuevamente y explicitar la participación directa de su ex pareja como responsable de las agresiones que sufrió su hija. Sin embargo, ello no bastó para que el Ministerio Público iniciara una nueva línea de investigación.

Violación y hostigamientos

El 11 de noviembre pasado Bernardita fue víctima del delito de violación por parte de un interno del mismo recinto con la “aquiescencia (beneplácito) de un Gendarme del mismo establecimiento” (citando lo señalado por el fallo de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, nota publicada por Meganoticias el pasado 7 de marzo). Tal vez sea éste el único momento en que el sistema judicial se propuso temporalmente protegerla, ordenando su traslado a Osorno, atendiendo a que su permanencia en Alto Bonito “no permitía satisfacer el mandato de evitar la revictimización de la amparada” (ibídem).

Luego de haber alcanzado un estado mayor de bienestar, como consecuencia de la violencia cotidiana que vivió estando privada de libertad, Bernardita sufrió un profundo y grave deterioro de su salud mental y emocional. Estaba desesperada, angustiada, desesperanzada, impotente, indefensa. Aun así, intentó cada vez que pudo exclamar su inocencia, comunicar la incertidumbre en que vivía, actuar con los medios a su alcance para protestar por su estado físico y emocional y por la injusticia de la cual era víctima. Intentó, así, un acto desesperado de inmolarse para hacer notar su voz y hacerse escuchar.

¿Por qué el alta de psiquiatría?

A pesar de su progresivo deterioro, fue dada de alta por psiquiatría del penal el 18 de agosto pasado dando cuenta esto del incomprensible criterio clínico para adoptar una decisión de esa naturaleza. Lo más claro de la incompetencia de este equipo de salud es que Bernardita muere al interior del A.S.A. el pasado 30 de enero de 2024, por suicidio según consta en el reporte oficial.

En su muerte, también, la violencia fue un signo. Su madre fue notificada de su muerte a la 1 de la madrugada, informándosele que al momento de haber ingresado al box donde permanecía Bernardita, funcionarios de Gendarmería la habían encontrado en su cama, sin vida, desconociendo la causa de muerte.

Los funcionarios informaron a su madre que esto ocurrió el día 30, a las 17.00 horas, momento en que ellos hicieron ingreso al box de A.S.A. 

Sin informe de autopsia

Cuando su familia retiró su cuerpo desde el S.M.L. de Puerto Montt, Bernardita no se encontraba en condiciones adecuadas de conservación, razón por la cual debieron acelerar el servicio fúnebre realizado en Ancud.

A la fecha, la familia no ha logrado acceder al informe de la autopsia; tampoco ese documento ha sido asequible para la Defensoría, a pesar de haberlo solicitado. La familia solo dispone de un certificado que consigna la defunción de Bernardita, señalándose que su muerte se produjo a las 22.00 horas, aproximadamente, a causa de asfixia.

A la madre de Bernardita y a toda su familia, les asisten profundas dudas respecto a la causa de muerte. Han solicitado ante la Fiscalía de Ancud que se inicie una investigación para determinar con certeza si correspondió a un suicidio o hubo intervención de terceros.

La mató la institucionalidad judicial

Más allá de la causa precisa de muerte, lo cierto y lo indesmentible es que a Bernardita la mató la institucionalidad judicial, el sistema penal, el Estado.

No tuvo derecho a ser tratada desde la presunción de inocencia (como suele ser tratado todo aquél imputado que pertenece al reducido y exclusivo grupo que ejerce el poder y que son tratados con “guante blanco”).  Su derecho a un trato digno y no discriminatorio fue vulnerado, su derecho a que el sistema penal haya resguardado su integridad física y psíquica fue conculcado.

Ninguna institución, salvo la Defensoría Penal Pública, escuchó y la trató con dignidad. Al contrario, la violentaron y hoy esto se encuentra en impunidad y en silencio.

Su vida y su muerte acusan la indolencia y violencia del sistema institucional, público y privado. Acusan y develan una cultura sistémica agresiva, prejuiciosa, misógina, clasista, racista y negligente.

Murió siendo culpada, y el culpable: impune

Cuánto más resuenan estos vergonzosos atributos, es al constatar que la causa por la agresión de la pequeña hija de Bernardita estaría sobreseída, sin culpable. Es decir, mientras el responsable goza de libertad e impunidad, ella muere con el estigma de ser responsable de la agresión a su guagua, y la pequeña queda sin justicia.

No hay respeto ni resguardo al bullado “interés superior del niño y la niña”, que el Estado chileno debe garantizar.

Bernardita murió cansada, su cuerpo, su corazón y su psique estaban al límite. No pudo con tanta violencia. No pudo con esa injusticia…. No lo aceptamos, no lo validamos, no nos conformamos. Buscamos su dignificación porque ella es una víctima y empujaremos desde nuestros esfuerzos, a visibilizar este acto injusto y criminal.

¡¡Justicia para Bernardita!! 

Castro, Provincia de Chiloé, marzo 11 de 2024

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