EXONERADXS POLÍTICXS, EX PRESXS POLÍTICXS, FAMILIARES DE DETENIDXS Y EJECUTADXS POLÍTICXS.
Entre febrero de 2022 y noviembre de 2025 el Estado chileno volvió a marginar a los presos políticos, exonerados y víctimas del terrorismo de Estado. La Ley N° 20.255, aprobada en el Congreso, nos negó el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) bajo el pretexto de que ya percibíamos una pensión de reparación de parte del Estado de Chile. Esa exclusión fue una decisión política consciente, no un error técnico.
El Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 16.072-2024 del 11 de noviembre de 2025, confirmó lo que denunciamos durante estos años: el artículo 36 de la Ley N° 20.255 fue inconstitucional, arbitrario y contrario a la igualdad ante la ley y al derecho a la seguridad social. El fallo reconoce que los parlamentarios “confundieron reparación con previsión”, privándonos de un derecho universal que debía garantizar dignidad en la vejez. El propio Tribunal señaló que esta exclusión revictimiza a quienes ya sufrieron graves vulneraciones por parte del Estado, tratándolos como ciudadanos de segunda clase. Viejos y viejas que en su juventud fueron violados, torturados, exonerados, que vieron morir a sus amigos y nunca pudieron abrazar a sus compañeros desaparecidos, fueron castigados nuevamente no por los torturadores, sino por los parlamentarios, y en democracia.
Aunque esta sentencia afecta directamente a solo 41 personas que demandaron, es un catalizador legal fundamental para cerca de 80 mil sobrevivientes y exonerados políticos. La puerta se abre de dos maneras: primero, como aceleración judicial de la transición, pues miles de pensionados que siguen atrapados en el período transitorio ahora cuentan con la herramienta más poderosa para presentar demandas individuales de cobro; segundo, como confirmación del derecho como propiedad, porque el Tribunal reafirma que la PGU, una vez cumplidos los requisitos, se incorpora al patrimonio de los solicitantes y negar el pago constituye una privación arbitraria de recursos legítimos.
La deuda política y moral sigue abierta. Los diputados y senadores que aprobaron la exclusión deben responder públicamente por haber legislado contra las víctimas del terrorismo de Estado. No basta con la derogación tardía ni con el fallo judicial: exigimos memoria, reparación plena y reconocimiento público de que fuimos discriminados por decisión política.
Llamamos a todos los prisioneros políticos, exonerados y sobrevivientes de la dictadura: a ejercer nuestros derechos, la PGU nos corresponde en igualdad de condiciones. Denunciemos la discriminación, que el país sepa que durante estos años se nos negó un derecho básico. Luchemos por la igualdad, no aceptemos más exclusiones disfrazadas de tecnicismos legales. La reparación no puede ser usada como excusa para negarnos la protección universal. La democracia que regamos con nuestra sangre nos debe dignidad plena, no migajas.
Este fallo no es solo un triunfo jurídico: es una advertencia histórica. Debemos educar a las nuevas generaciones sobre los horrores que vivimos en dictadura, sobre cómo fuimos violados, torturados, exonerados y despojados de nuestra juventud. Debemos enseñar que la democracia que ayudamos a construir también puede excluir y revictimizar, mientras los responsables de nuestra tortura viven como reyezuelos.
La memoria no se guarda en silencio: se levanta como un canto incómodo, se transmite como herencia de dignidad, se ritualiza en cada gesto colectivo y se convierte en acción. Y aunque somos viejos y viejas, aunque llevamos en el cuerpo las cicatrices de la prisión, la tortura y la pérdida, nuestra rebeldía sigue intacta. Seguimos peleando, seguimos denunciando, seguimos sembrando futuro.
No nos rendimos, porque la sangre derramada exige justicia, porque la memoria exige verdad, porque la dignidad exige lucha. Somos sobrevivientes, y nuestra voz no se apaga: se multiplica en las calles, en los afiches, en las aulas, en las plazas. La rebeldía que nos sostuvo en la dictadura es la misma que hoy nos sostiene en democracia. Y mientras tengamos aliento, seguiremos peleando para que nunca más se repitan estas exclusiones.
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