[resumen.cl] En los cerros de la ciudad de Penco y Tomé se gesta un proyecto minero que podría afectar gravemente a parte importante de la población humana y los ecosistemas en torno al Gran Concepción. Esta zona, ya ampliamente intervenida por el negocio de plantaciones forestales, ahora podría albergar una de las industrias extractivistas más contaminantes y peligrosas que existen. Para explicar las consecuencias de esta amenaza, Resumen sintetizó un conversatorio realizado en el centro de la ciudad de Tomé, en donde distintos expositores y expositoras explicaron las consecuencias que podría tener la instalación de la minería intensiva de Tierras Raras en el Gran Concepción.
Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.
La explotación de estos elementos constituye una novedad dentro del panorama minero del país, ya que ésta sería la primera minera de estas características en todo el territorio nacional. Lo que no sería una novedad son los altos costos socioambientales asociados a la actividad extractiva del mineral, los cuales se han dejado ver en distintas partes del mundo, en especial en territorio chino, país que produce la mayor cantidad de estos elementos a nivel global.
Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.
En el tercer piso del edificio Crisol, frente a la Plaza de Armas de Tomé, se realizó el conversatorio “Minería en la provincia de Concepción” durante la tarde del día viernes 26 de abril de 2019 organizado por la Coordinadora Tomecina contra los Terminales de Gas. En dicha actividad se presentaron diferentes ponencias que abordaron el panorama global de la minería en Chile, así como la amenaza local que supondría la instalación de una minera de Tierras Raras en la región del Biobío. La actividad contó con la presentación de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Edison Neira de la Coordinadora Penco-Lirquén, Damaso Saavedra de la Fundación Keule y Lucia Molina experta en toxicología.
La primera ponencia a cargo de Edison Neira intentó explicar en términos generales qué son las tierras raras y qué características tiene este controvertido proyecto en el Gran Concepción. Basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el expositor planteó que “el proyecto es propiedad del grupo financiero Larrain Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO (REE UNO en sus siglas en ingles)”. Por su parte el proyecto, que también es conocido como Biolantanidos, consiste en “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento para la producción de oxidos de lantanidos, más conocidos como tierras raras, los cuales se encuentran absorbidos en el maicillo granítico de la cordillera de la costa. El proyecto contará con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral, para producir aproximadamente 1700 toneladas anuales de óxidos de tierras raras”.
El expositor además recordó que desde el 2014 existe una planta piloto ubicada en los cerros colindantes a la ciudad de Penco, en donde la empresa montó sus instalaciones con la ayuda del financiamiento estatal derivado de un proyecto CORFO denominado programa Fenix, el cual le otorgó 4.828.401 dolares.
El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 3 veces; siendo 2 veces desistido por la empresa, y una vez rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Neira además planteó, basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que la minera emitiría cada año a nuestro aire 37,7 toneladas de material particulado fino (PM 2,5) 182 toneladas de PM 10, 40 toneladas de monóxido de carbono, 222 toneladas de óxidos de nitrógeno y 6 toneladas de óxidos de azufre.
Respecto a la superficie afectada, el expositor dijo que “el proyecto minero Biolantanidos pretende intervenir 270 hectáreas, de las cuales 13,23 corresponden a bosque nativo donde habita el Queule, Pitao, Naranjillo, Hualle y Boldo, entre otros”.
Otro punto que fue destacado en la exposición fue la afectación a los esteros y cauces de agua de Penco, los cuales se verían seriamente dañados por la instalación de la minera. En ese sentido y siguiendo el Estudio de Impacto Ambiental la empresa declaró que “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora” lo cual dañaría aún más el cauce de agua y deja entrever que utilizarán más agua de la que declaran en su estudio de impacto ambiental. Neira además planteo que hay que considerar que “Las aguas del Estero Penco están clasificadas con calidad de agua excepcional, según la dirección de general de aguas, es decir son de extraordinaria pureza y escasez”. Esta fuente de agua de gran calidad y apta para el consumo humano y otros usos se vería gravemente mermada y contaminada por este proyecto.
Otro dato interesante fue el relativo a la cantidad de trabajo que entregará la empresa. Según el expositor este punto es bastante débil al constatar que para su construcción necesitará de un máximo de 90 trabajadores, mientras que para su funcionamiento requerirá un máximo de 140 trabajadores, lo cual, según el expositor, es un numero muy reducido considerando el gran impacto de la minera. Hay que recordar, además, que la mina tiene proyectado 15 años de funcionamiento, lo cual implica más de una década con faenas mineras a escasos kilómetros de la ciudad de Penco.
Posteriormente fue el turno de Lucio Cuenca del OLCA, el cual realizó una presentación de cerca de una hora sobre la minería en Chile. Para esto hizo una radiografía general, en donde recordó que la minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. En ese mismo sentido remarcó que estas leyes fueron instaladas en plena dictadura civico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco, para el expositor, implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.
Respecto a la privatización Lucio Cuenca apuntó al concepto clave de Concesión Plena que definió como “un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada”. A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.
Además el expositor planteó que la concesión Minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Destacó, además, que se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual dejá en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.
El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. Respecto a esto recordó que la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves, señalando que se producen diariamente en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves.
Posteriormente vino el turno de Damaso Saavedra de la fundación Keule, el cual expuso acerca de la alta diversidad de flora que existe en el lugar a intervenir por la minera, en especial un parche de arboles de Queule, una especie en peligro de extinción. El profesional, tras un completo estudio de la zona y una presentación detallada sobre las deficiencias de la propuesta de mitigación y reparación ambiental de la empresa minera, determinó que este parche de Queules es uno de los pocos que existen en la costa del Biobío y se encuentra en peligro frente al proyecto minero. El investigador recalcó que se debe tener sumo cuidado en su conservación, estudio y cuidado.
Para finalizar las exposiciones fue el turno de Lucia Molina experta en toxicología, la cual recalcó los impactos de la minería en el país, haciendo especial énfasis en los residuos contaminantes, no solo químicos, sino radioactivos de la minería de tierras raras. La profesional, con amplia experiencia en temas ligados a la contaminación ambiental vivida en diversos puntos del país por la minería, como lo que ocurre en Chañaral, remarcó la necesidad de mayores regulaciones en el ámbito socioambiental que sean capaces de medir realmente los niveles de contaminación de estas industrias y proteger a los ecosistemas y comunidades a su alrededor.
La actividad terminó con la intervención de los y las asistentes, las cuales hicieron comentarios y preguntas a los y las expositoras, agradeciendo y felicitando por la iniciativa que informó a la comunidad de Tomé y sus alrededores sobre los grandes impactos socioambientales que tendrá este polémico proyecto minero en el caso de su instalación. La empresa ya ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al sistema de evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la comunidad se encuentra a la espera e informándose frente a lo que acontecerá próximamente con este proyecto minero que amenaza la vida, el agua y los ecosistemas en la provincia de Concepción, y en especial a las comunas de Penco y Tomé.
