Por Franco Machiavelo.
Qué admirable sentido de la justicia social. Mientras se anuncian recortes, ajustes, sacrificios y austeridad para trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores populares, ahora se pretende que el Congreso apruebe un préstamo multimillonario destinado directamente a quienes ya concentran la mayor parte de la riqueza nacional.
La lógica es simple: cuando los pobres necesitan ayuda, se les habla de responsabilidad fiscal; cuando los ricos necesitan más dinero, aparece mágicamente el Estado con los bolsillos abiertos. La deuda, curiosamente, siempre es un problema cuando se trata de financiar derechos sociales, pero se transforma en una inversión patriótica cuando los beneficiarios pertenecen al exclusivo club del uno por ciento.
Nos dicen que esto es crecimiento. Nos dicen que esto es modernización. Nos dicen que esto es eficiencia. Y, por supuesto, también nos dicen que debemos agradecer. Porque en esta peculiar versión de la economía, quienes producen la riqueza con su trabajo deben financiar a quienes ya poseen la riqueza acumulada.
La batalla cultural de la ultraderecha ha sido tan intensa que intenta convertir el saqueo en sentido común. Se normaliza el desmantelamiento de programas sociales, se normaliza la privatización de bienes colectivos, se normaliza la concentración económica y se normaliza la transferencia permanente de recursos desde abajo hacia arriba. El privilegio se presenta como mérito, mientras la desigualdad se presenta como una ley natural.
El resultado es una sociedad donde los recursos públicos dejan de servir al bienestar colectivo y pasan a funcionar como mecanismos de rescate para grupos privilegiados. Se socializan los costos y se privatizan las ganancias. Las pérdidas son de todos; los beneficios, de unos pocos.
Mientras tanto, los sectores más vulnerables reciben sermones sobre disciplina y esfuerzo. Los grandes grupos económicos reciben préstamos, exenciones, incentivos y agradecimientos. Una verdadera obra maestra del cinismo político: quitarle a quienes menos tienen para seguir fortaleciendo a quienes más poseen.
Y así avanza la normalización del saqueo. No como un acto excepcional, sino como una práctica cotidiana presentada como inevitable. Porque cuando una sociedad deja de cuestionar que la riqueza pública sea transferida sistemáticamente hacia las élites económicas, el problema ya no es solamente económico: es también cultural, político y democrático.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo se llamará progreso a la transferencia permanente de recursos desde las mayorías hacia una minoría privilegiada?
