Por estos días se conmemoran 53 años desde el golpe de estado ocurrido aquel 11-sept-1973 y el inicio de la larga noche de la dictadura cívico-militar por 17 años. Hecho histórico que se propuso revertir todos los avances que hasta ese momento el movimiento de trabajadores, la clase trabajadora, junto a vastos sectores populares habían logrado respecto a la conciencia de clases, capacidad organizativa, control de la producción, autodefensa de masas y ejercicio concreto del llamado poder popular. Durante 17 años la brutal represión contra el pueblo trabajador se hizo sentir. Estado de sitio, toque de queda, detenciones y ejecuciones, tortura, y un largo andamiaje legal que progresivamente fue montado y del cual aún quedan huellas: ley de seguridad interior del estado, ley antiterrorista, ley de inteligencia, etc.
Posterior al alzamiento popular de octubre del 2019, y teniendo como acuerdo estratégico el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (15.11.2019), que no fue otra cosa que la institucionalización del malestar expresados en la lucha y la protesta en las calles del país, usando el pantano electoral de la nueva constitución como carnada para desmovilizar a los sectores en lucha; ya vemos como en el gobierno de Piñera II, oficialismo y oposición aprueban la Ley Antibarricadas 1.0 (Ley N.° 21.208 del 21.01.2020) con la que se modificó el Código Penal para sancionar penalmente los bloqueos totales y violentos de las calles. Así se dio el primer paso para criminalizar una expresión histórica de la clase trabajadora y sectores populares, la ocupación de las calles para la expresión de nuestras demandas, de nuestros proyectos, de nuestras conquistas por lograr.
Hoy Kast y su gobierno ponen urgencia inmediata al congreso para discutir y aprobar la Ley Antibarricadas 2.0, la cual profundiza el carácter contrainsurgente de la ley existente desde el año 2020, indicando entre otros cambios:
Eliminar el requisito de violencia o intimidación, de modo que cualquier interrupción del tránsito pueda ser sancionada como delito.
Tipificar cortes parciales de tránsito, incluyendo interrupciones en el Metro, carreteras, transporte marítimo y aéreo, aunque no se paralice completamente el servicio.
Endurecer sanciones, ampliando la pena de presidio de 61 a 540 días para quienes bloqueen la circulación total o parcial, de forma violenta o pacífica.
Sin duda, esta futura ley, que ya pasó primer trámite legislativo, es una parte del andamiaje legal construido desde el alzamiento popular del 2019, para reprimir y castigar duramente a quienes levantan la movilización y la protesta en la demanda y lucha por mejores condiciones de vida, de salario, de condiciones laborales y de vida digna. El estado burgués se viste cada vez más con ropajes autoritarios, y despliega su garrote para acallar la justa rebeldía de la clase trabajadora contra la brutal explotación del capital.
La historia nos muestra que ninguna ley burguesa nos ha sido concedida para nuestra clase de forma gratuita. Todos y cada uno de los derechos laborales y sociales logrados, han sido fruto de la lucha combativa de generaciones y generaciones de trabajadores. Ninguna ley represiva ha detenido la fuerza transformadora de la clase trabajadora y sectores populares cuando se ha puesto delante, en defensa de los intereses de la clase y en acción combativa, la voz decidida de las y los trabajadores al poder.
¡¡ANTE LA OFENSIVA EMPRESARIAL Y SU AGENDA REPRESIVA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA CONTRA LA PATRONAL!!
Asociación Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras Clasistas AIT
