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«Claro, el propósito de sus redactores es boicotear la regulación de la economía y su reforzamiento penal. Pero de paso impiden a las ordenanzas municipales imponer multas para mantener el orden público y terminan saboteando constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico»
En una carta al director publicada en El Mercurio, un grupo de expertos en derecho resaltaron una paradoja en el proyecto constitucional.
📃 En una carta al director publicada en El Mercurio, un grupo de expertos en derecho resaltaron una paradoja en el proyecto constitucional de 2023: podría invalidar la penalización del narcotráfico.
🗳️ La discusión surge en vísperas del plebiscito del 17 de diciembre en Chile, donde se decidirá el futuro de la propuesta constitucional.
👥 Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorn, y Javier Wilenmann, profesores de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, firman la misiva.
🔎 Señalan que la redacción actual del proyecto constitucional hace referencia a un estándar de precisión en la definición de delitos que complicaría la legislación actual contra el narcotráfico.
🤦♂️ «La Constitución de la seguridad hace inconstitucional la penalización del narco-tráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores», afirman.
📌 Citando un precedente de 1984, los expertos mencionan que el Tribunal Constitucional aceptó una menor especificidad en la ley penal.
🔗 El texto propuesto exige que la ley describa delitos de manera «precisa y expresamente», un cambio significativo respecto a la norma actual.
📜 «La Constitución no exige que la ley penal se baste a sí misma en todo aspecto, rio que es suficiente que describa en lo esescial la conducta delictual. Ese es el entendimiento que prima hasta el día de hoy. Si se aprueba, la «Constitución de la seguridad exigirá que la ley penal describa la conducta «precisa y expresamente», explican los juristas.
📊 Comparan la nueva exigencia con el anteproyecto de la Constitución de 1980, que requería una definición completa del delito por la ley.
🚨 Este cambio implicaría un estándar más alto que el aplicado hasta ahora, lo que afectaría la efectividad de la ley penal, argumentan los juristas.
⚠️ «El ciudadano medio podrá no advertir la magnitud de esa respuesta«, advierten, destacando la complejidad del cambio propuesto.
🛑 Argumentan que, mientras las multas no penales adoptarían el estándar anterior, las penas penales necesitarían cumplir con criterios más estrictos.
💬 Bascuñán y colegas expresan preocupación de que, más allá de las intenciones, la redacción podría debilitar inadvertidamente la normativa del orden público y la prohibición del narcotráfico.
🧐 «Claro, el propósito de sus redactores es boicotear la regulación de la economía y su reforzamiento penal. Pero de paso impiden a las ordenanzas municipales imponer multas para mantener el orden público y terminan saboteando constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico», sentencian
🎓 Los profesores concluyen con una advertencia irónica: «Nadie sabe para quién trabaja», enfatizando el posible efecto contraproducente del texto constitucional.
