Sputnik Mundo 13.09.2023
«Ante la situación provocada por (la fiscal general) Porras, (el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Rafael) Curruchiche y (el juez Fredy) Orellana, hemos informado al presidente (Alejandro) Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias», informó el mandatario electo en redes sociales.
Porras, Curruchiche y Orellana «en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral», añadió el mandatario elegido en las urnas este 20 de agosto, por una mayoría contundente, sobre la también aspirante Sandra Torres.
En la mañana del 12 de septiembre, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) allanó nuevamente la sede del Registro de Ciudadanos del TSE y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en el capitalino Parque de la Industria, además de que esta vez los fiscales abrieron cajas electorales que estaban resguardas. Los fiscales de la FECI procedieron a abrir las cajas pese a la negativa del TSE, cuyos funcionarios advirtieron que, de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tal procedimiento solo les corresponde a las autoridades electorales a cargo del escrutinio y revisión de votos.
Arévalo consideró que la orden de la Fiscalía y el juez en el sentido de facultar la apertura de cajas que preservan votos de la primera vuelta electoral, realizada el 25 de junio, es «otro intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto». En ese sentido, resaltó que las únicas autoridades autorizadas para ese tipo de acciones son las del Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales. Al tiempo, insistió en que tanto los fiscales como el juez «son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático».
«Contradiciendo lo que argumentan públicamente, han desviado su función constitucional de investigar y perseguir plenamente hacia un claro golpe de Estado en desarrollo que sigue en curso y hemos venido denunciado de forma reiterada», insistió.
El ganador de la segunda vuelta electoral en el país centroamericano, víctima histórica de represión política, un golpe de Estado y una guerra civil que, en opinión de expertos, han negado la posibilidad de la consolidación de su democracia, exigió la renuncia de los funcionarios. Según dijo, solo su salida del cargo «permitirá garantizar el orden constitucional del país».
El presidente electo anunció también una solicitud de antejuicio contra Porras y Orellana, así como la interposición de una denuncia contra Curruchiche. Asimismo, informó que en los próximos días presentarán una acción de amparo en defensa de la integridad del proceso electoral ante la Corte de Constitucionalidad, por lo que solicitó a la ciudadanía acompañarlos.
Más temprano este mismo 12 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, condenó los recientes allanamientos realizados por el Ministerio Público de Guatemala en instalaciones del TSE. Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó en un comunicado su «profunda preocupación» por el allanamiento del COPE y la apertura de cajas. Finalmente, llamó a la ciudadanía a defender las instituciones democráticas, la constitución y la voluntad popular expresada en las urnas.
El partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, enfrenta una indagación de la Fiscalía y un intento de ser suspendido por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para constituirse, lo que, de acuerdo con el presidente electo, forma parte de una maniobra general para descarrilar el proceso electoral y la decisión mayoritaria.
