Le Monde Diplomatique, edición chilena
En enero de 2026, el Gobierno chileno anunció que cerca de seiscientas mil personas habían salido de la pobreza en dos años. Era una buena noticia, y sería absurdo negarlo: la encuesta Casen 2024 mostraba una baja de la pobreza por ingresos de 20,5% a 17,3%, incluso con criterios de medición más exigentes. Pero las cifras, como las fotografías, muestran lo que cabe en el encuadre. Una familia puede superar el umbral estadístico de la pobreza sin haber conquistado la seguridad económica: basta una enfermedad, la pérdida de un empleo o una deuda para que la estabilidad se derrumbe. Y quien trabajó durante décadas puede descubrir, al jubilarse, que sus cotizaciones no le alcanzan.
La pregunta, entonces, no es solo cuántos chilenos han dejado de ser pobres, sino por qué una sociedad con décadas de crecimiento y de reformas sociales sigue produciendo tanta precariedad. La pobreza chilena no es simplemente una insuficiencia de ingresos. Es también el resultado de una organización económica y social que distribuye de manera desigual la riqueza, las oportunidades y los riesgos. Las políticas públicas han conseguido reducirla, pero no han desmantelado todos los mecanismos que reproducen la inseguridad económica.
La paradoja chilena
La Casen 2024 estimó la pobreza por ingresos en 17,3% de la población (3.478.364 personas), la extrema en 6,9% y la multidimensional en 17,7% (20% en 2022). Lo hizo con una metodología más exigente, que distingue a los hogares arrendatarios de los no arrendatarios, y con una serie comparable hacia atrás que confirma la baja. El 20,5% de 2022 es la cifra recalculada con el nuevo método. Con la metodología anterior, la pobreza de 2024 habría sido de 4,9% (6,5% en 2022): la diferencia de nivel proviene del criterio de medición, no de un empeoramiento, y la pobreza baja con ambas.
Pero una tasa no distingue entre quien se aleja del umbral y quien lo supera por poco. Según IdeaPaís, que usa la Casen para clasificar a los hogares cuyo ingreso está entre una y una vez y media la línea de pobreza, el 18,1% de la población se encuentra en esa franja de vulnerabilidad. Esa franja no es homogénea: Joaquín Prieto Suárez (2024), con datos longitudinales de 2006 a 2009, divide a los no pobres en grupos de riesgo alto, moderado y bajo, y advierte que tratar como clase media a población vulnerable subestima a quienes pueden caer en la pobreza. Junto con el 17,3% que está bajo esa línea, son 35,4%: más de un tercio de los habitantes dispone de ingresos inferiores a una vez y media el umbral. Es un indicador de proximidad al umbral, no una medida de la probabilidad de caer en la pobreza. La proximidad a la línea de pobreza permite identificar una franja de población potencialmente vulnerable. Pero la inseguridad económica desborda ese indicador: también depende de la estabilidad del empleo, el endeudamiento, los gastos esenciales y la capacidad de los hogares para afrontar imprevistos. De eso trata lo que sigue.
La evolución de los ingresos de los hogares más pobres permite comprender el papel que desempeñaron las transferencias públicas en la reducción de la pobreza. Según la propia Casen, entre 2022 y 2024 el ingreso del trabajo del decil más pobre pasó de $63.283 a $52.557 mensuales por hogar (pesos de noviembre de 2024), mientras los subsidios monetarios subieron de $174.969 a $211.779: en 2024 eran el 69,4% del ingreso monetario de ese decil, contra 62,8% en 2022.
Libertad y Desarrollo e IdeaPaís, centros de estudios de orientación liberal-conservadora, llegan a una conclusión parecida: el avance descansa en buena medida en transferencias del Estado, más expuestas a cambios de diseño y de presupuesto que un ingreso del trabajo. Para Ignacio Irarrázaval, del Centro de Políticas Públicas UC, la focalización de los subsidios explica la baja, y la tarea de mediano plazo es elevar la participación laboral de los deciles más bajos. Estas cifras no permiten determinar cuánto de la reducción nacional de la pobreza se debe a los subsidios, al empleo o a otros cambios en los ingresos de los hogares, ni concluir que los salarios individuales hayan disminuido: también influyen la composición de los hogares del decil, la participación laboral y los cambios en su población. Las comparaciones con años anteriores requieren considerar los efectos de la pandemia y de las ayudas extraordinarias. El promedio nacional oculta, además, brechas territoriales y generacionales: en 2024 la pobreza por ingresos fue de 28,6% en La Araucanía y de 9,9% en Magallanes, y de 25,7% en niños de 0 a 3 años frente a 13,5% en mayores de 60.
Una prosperidad desigualmente repartida
Para entender por qué el piso es tan frágil hay que mirar el techo, y ahí las encuestas de hogares fallan. Con registros tributarios, el informe Desiguales del PNUD (2017) midió dos cosas distintas: el ingreso devengado, que incluye las utilidades que los dueños dejan invertidas en sus empresas, del cual el 1% más rico capta un 33% y el 0,1% un 19,5%; y el ingreso efectivamente percibido, donde esas participaciones bajan a 13,9% y 2,3%. La CEPAL, con datos tributarios de 2015 y el ingreso nacional neto antes de impuestos, estimó que el 1% más rico concentra un 22,6%, frente al 7,5% que arrojaban las encuestas de hogares. Las estimaciones difieren porque no cuentan los mismos ingresos, pero todas revelan una concentración que las encuestas tradicionales subestiman.
Esa concentración no causa por sí sola la pobreza de la base: opera a través de mecanismos, y el primero es la estructura productiva. El PNUD distingue, entre las empresas chilenas, un circuito de alta productividad y otro de baja, y sostiene que el 54% de la desigualdad de los salarios individuales «se explica» por las diferencias entre tipos de empresa. Es una asociación estadística, no una prueba de causalidad, pero indica que una parte considerable de la desigualdad salarial se juega entre empresas y no dentro de ellas.
En las de baja productividad solo el 57% de los trabajadores tiene contrato indefinido, frente al 87% en las de alta, y el 35% cambia de empleo antes de un año, frente al 23% en el quintil superior. La CEPAL llama a esta dualidad heterogeneidad estructural. Una economía capaz de generar ingresos altos en ciertos sectores convive así con una gran masa de trabajadores de empleos inestables y mal pagados.
El segundo mecanismo es el poder de negociación. Según la Fundación SOL, la sindicalización en el sector privado era de 19,3% en 2022, y la proporción de asalariados cubiertos por negociación colectiva llegaba a 7,2% con el método que registra a quienes inician instrumentos colectivos en un bienio; la OCDE, con otro método, la sitúa en 17%. Con cualquiera de las dos, la negociación colectiva chilena es débil, y esa debilidad pesa sobre cómo se reparte entre salarios y utilidades lo que la economía produce.
El tercero es el Estado. En 2024, según la edición 2025 de las estadísticas tributarias de la OCDE, los ingresos tributarios de Chile equivalían al 20,5% del PIB, frente a un promedio de 34,1% en la organización: el puesto 36 entre 38 países. Esa diferencia revela una capacidad recaudatoria relativamente limitada. El nivel de recaudación no permite determinar por sí solo la progresividad del sistema, que es otra cuestión, pero puede limitar cuánto corrige el Estado. De ahí una distinción útil: la distribución primaria de los ingresos, determinada por las relaciones económicas y las instituciones que las regulan, y la redistribución posterior mediante impuestos, transferencias y prestaciones públicas.
Una precariedad que atraviesa la vida
Las desigualdades del mercado laboral no terminan cuando concluye la vida activa. Las interrupciones del empleo, la informalidad y los bajos salarios reducen la acumulación de derechos previsionales y pueden prolongar la inseguridad económica hasta la vejez. La vulnerabilidad se construye en etapas que se encadenan. La primera es el trabajo: el PNUD calculó que, en 2015, la mitad de los asalariados con jornada de 30 horas o más recibía un salario que no permitía mantener a una familia promedio sobre la línea de pobreza. La segunda es la deuda: a fines de 2025, según el Banco Central, los hogares debían el equivalente al 78,4% de su ingreso disponible (cifra preliminar). Cuando la salud, la educación y la vivienda se financian con crédito, el ingreso mensual no cuenta toda la historia. La tercera etapa, la vejez, es donde las anteriores se cobran.
La baja pensión autofinanciada se explica en gran medida por la escasa densidad de cotización y las lagunas previsionales: trayectorias intermitentes, informales o mal pagadas. A ellas se suman las características del sistema de capitalización: rentabilidad acumulada, comisiones, condiciones de jubilación y parámetros de cálculo.
Según la Superintendencia de Pensiones, en febrero de 2025 la mediana de la pensión autofinanciada de los nuevos pensionados por vejez fue de 1,10 UF para las mujeres y de 4,01 UF para los hombres. La Fundación SOL, centro de estudios crítico del sistema, calcula que a diciembre de 2025 la mitad de quienes cobran una pensión autofinanciada recibe $169.638 o menos, y que más del 75% de esas pensiones individuales queda bajo la línea de pobreza de un hogar unipersonal que arrienda ($366.034 en enero de 2026), una comparación que no equivale a la tasa de pobreza de los jubilados. Esas medianas describen la pensión que financia el ahorro, no el ingreso total de los jubilados. Según los cálculos de la Fundación SOL, la mediana de las pensiones consideradas, al incorporar los aportes estatales, alcanza los $352.387.
La reforma de 2025 (Ley núm.. 21.735) mejora el panorama, pero de manera gradual. Desde septiembre de 2025, las personas de 82 años o más que cumplen los requisitos pueden acceder al monto máximo de la PGU, inicialmente fijado en $250.000 y reajustado a $250.275 en febrero de 2026. La extensión del monto máximo alcanzó a las personas de 75 años o más en septiembre de 2026 y está prevista para las de 65 años o más en septiembre de 2027, con los reajustes que correspondan. La ley se hace cargo, además, de la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres.
El problema no reside en que el Estado complemente las pensiones, sino en que amplios sectores de trabajadores lleguen a la vejez con derechos contributivos insuficientes. Ningún sistema basado en cotizaciones puede neutralizar por completo esas trayectorias, y la responsabilidad se reparte entre trabajadores, empleadores y Estado. La precariedad laboral se transforma así, décadas después, en precariedad previsional.
Las instituciones de un modelo histórico
El sistema de pensiones de capitalización individual de 1981 no es una pieza aislada. Forma parte de un modelo que, desde mediados de los años setenta y bajo el régimen militar, liberalizó la economía, privatizó empresas y servicios, fijó en el Plan Laboral de 1979 un sistema de relaciones laborales centrado en la empresa y transfirió a mecanismos privados funciones de protección social: las pensiones, buena parte de la salud, la gestión de la educación. Esa herencia no explica todo, porque ni el país ni sus instituciones permanecieron inmóviles.
Los gobiernos democráticos corrigieron el modelo sin reemplazarlo. Aumentaron el gasto social, crearon un pilar solidario de pensiones en 2008, lo transformaron en la Pensión Garantizada Universal en 2022 y aprobaron una nueva reforma previsional en 2025. Reformaron el derecho laboral en 2016, y la negociación colectiva por rama sigue siendo, en 2026, una discusión abierta. La pobreza por ingresos cayó con fuerza desde 1990.
Algunas dimensiones del modelo evolucionaron mucho: el gasto social, la cobertura de la vejez, el acceso a la salud y a la educación. Otras, bastante menos: la negociación entre trabajadores y empresas y la capacidad recaudatoria del Estado, que sigue siendo baja en términos comparados. Las desigualdades asociadas a la estructura productiva, las condiciones laborales y el poder de negociación plantean una cuestión que la redistribución, por sí sola, no puede resolver.
Parte de la explicación es institucional. La Constitución de 1980 exigía quórums supramayoritarios para reformar las leyes orgánicas constitucionales. El sistema electoral binominal, sustituido en 2015, tendía a favorecer la representación de las dos grandes coaliciones y podía darles igual número de escaños pese a diferencias importantes de votos. Y los senadores designados, suprimidos por la reforma de 2005, dejaron el Senado en 2006. Esas reglas dificultaron cambios de fondo en las relaciones laborales, la educación o las pensiones.
Pero no lo explican todo. La desaparición gradual de esas restricciones no produjo una transformación equivalente de las bases económicas del modelo. Ello obliga a considerar también las decisiones de los gobiernos democráticos y los intereses que pesaron sobre ellas. La pregunta históricamente interesante es por qué. La concentración de los ingresos económicos en los grupos de mayores recursos plantea una cuestión política: hasta qué punto el poder económico se traduce en capacidad para influir sobre las reglas tributarias, laborales y regulatorias. Responderla exige examinar los mecanismos concretos de esa influencia, no deducirla únicamente de las estadísticas de ingresos. Lo que aquí se propone es una hipótesis de interpretación, no una demostración empírica de esa influencia. Por otra parte, una política social basada en transferencias genera resultados visibles en poco tiempo, mientras que reformar las reglas del mercado de trabajo o del sistema tributario es costoso, lento y disputado. No es necesario suponer que alguien organiza la pobreza. Basta con que intereses, instituciones y decisiones políticas se combinen para mantener resultados distributivos desiguales.
La contradicción política
Durante décadas, los gobiernos chilenos han demostrado que la pobreza puede reducirse. El crecimiento económico, el aumento del gasto social y la expansión de los mecanismos de protección han mejorado las condiciones de vida de millones de personas. Negar esos avances sería desconocer una parte esencial de la historia reciente del país.
Pero la cuestión decisiva es otra. ¿Hasta qué punto las reformas han transformado las condiciones económicas que hacen necesaria una intervención correctiva permanente del Estado? Cuando los salarios no garantizan estabilidad, las trayectorias laborales no aseguran pensiones suficientes y el acceso a bienes esenciales depende de la capacidad de pago de los hogares, la protección social debe intervenir una y otra vez para compensar desigualdades que se originan antes de su actuación. No se trata de oponer mecánicamente el mercado al Estado, sino de comprender cómo se distribuyen inicialmente los ingresos, los riesgos y las oportunidades, y qué capacidad tiene la acción pública para modificar esa distribución.
La Casen 2024 confirma que Chile puede reducir la pobreza. Lo que no demuestra es que haya reducido en la misma medida la inseguridad económica de quienes viven apenas por encima de ella: más de uno de cada seis chilenos, según IdeaPaís. Ahí reside la contradicción chilena: una sociedad que ha aprendido a disminuir la pobreza estadística, pero que todavía debe demostrar su capacidad para transformar de manera duradera las condiciones que hacen vulnerable a una parte importante de su población. Salir de la pobreza es un dato estadístico; la seguridad económica, una conquista que Chile aún no ha completado.
