LE MONDE DIPLOMATIQUE, EDICIÓN CHILENA. 25 de julio de 2023
Juicio Operación Cóndor por Corte Suprema. Por Ricardo Klapp Santa Cruz
La Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, está viendo este mes, casos emblemáticos de Derechos Humanos, como Operación Cóndor, asesinato del cantautor Víctor Jara en 1973, asesinato de la escolta del Presidente Salvador Allende (GAP) en 1973; Secuestro Dirección Clandestina del PS en (1974 1975).
El máximo tribunal, está viendo este mes, el caso Operación Cóndor, cuya causa investiga el secuestro y asesinato de 12 víctimas, en el marco del plan de exterminio en la década de los 70, que coordino las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, con el apoyo de la CIA de Estados Unidos y de civiles de la ultraderecha.
Dentro de los secuestros calificados, están los jóvenes socialistas en Mendoza, el 3 de abril de 1976, Juan Hernández Zazpe, Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velasquéz; del dirigente del MIR secuestrado en Paraguay el 17 de mayo de 1975 Jorge Fuentes Alarcón; del militante socialista secuestrado en Bolivia, el 13 de noviembre de 1976, Julio Valladares Caroca; de los militantes comunistas, secuestrados en Buenos Aires, el 16 de mayo de 1977, Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velásquez Mardones.
Además de los homicidios calificados de los militantes comunistas secuestrados en mayo de 1977, Ricardo Ramírez Herrera, Hernán Soto González y Ruiter Correa Arce; del matrimonio judío chileno, secuestrados en Buenos Aires, Jacobo Stoulman Bartnik y Matilde Pessa Mois.
Después de más de 47 años, de ocurrido estos crímenes de lesa humanidad, la justicia chilena por intermedio de la Corte de Apelaciones de Santiago, condeno a 22 criminales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en diferentes grados en delitos de secuestro calificado y homicidio calificado cometidos en Chile y en el extranjero.
La Corte de Santiago, modificó las condenas del tribunal de primera instancia y aumentó las sanciones penales para los condenados.
Los agentes de la organización criminal, Cristoph Willike Floel, Raúl Iturriaga Neumann, Juan Morales Salgado, Pedro Espinoza Bravo deberán cumplir penas de 20 años de presidio, como autores de los secuestros y homicidios calificados.
Jorge Escobar Fuentes, Federico Chaigneau Sepúlveda y Miguel Riveros Valderrama cumplirán pena de 18 años de presidio. Miguel Krasnoff Martchenko y Gerardo Godoy García cumplirán 15 años y un día. Gladys Calderón Carreño 10 años y un día; Hermon Alfaro Mundaca, José Fuentes Torres, Jorge Andrade Gómez, José Aravena Ruiz, Luis Torres Méndez, María Gabriela Órdenes Montecinos, Osvaldo Pulgar Gallardo y Rodolfo Concha Rodríguez fueron condenados a 10 años, Jaime Ojeda Obando y Eduardo Oyarce Riquelme a 5 años y un día. Finalmente Jerónimo Neira Méndez y Manuel Rivas Díaz deberán cumplir una pena de 3 años y un día.
En la Corte Suprema, los abogados de los condenados del Departamento Exterior, Villa Grimaldi y Cuartel de Exterminio Simón Bolívar, argumenta que eran cuidadores, de nuestro compañeros, analistas, que solo son encubridores, que se les recalifíquelas y rebaje las penas, o que se les anule las penas y se les deje libres por irreprochable conducta anterior, según sus intachables hojas de vida, que no se les sumen las actuales penas, a las de otros crímenes por los que están condenados.
El abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, rechazó todas las inconsistentes argumentaciones de los abogados de los genocidas. Solicita que se reafirmen las sentencias, que los secuestros y homicidios están probados, que los principales hechores, no han colaborado en las investigaciones judiciales. Además que la DINA, fundada en Chile en 1975, fue un poder criminal.
El próximo lunes, continúan las argumentaciones de abogados de Derechos Humanos, del Programa de Derechos Humanos del Gobierno, del Consejo de Defensa del Estado.
Se espera, tener un pronunciamiento en el curso de este año, ya que las defensas de los criminales son superficiales y no entregan ninguna prueba verificable.
Asisten a estas audiencias, familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de las victimas de la siniestra Operación Cóndor.
