“Chile limita al norte con Soquimich, al sur con Forestal Mininco, al este con Aguas Andinas y al oeste con Corpesca”
Arturo Alejandro Muñoz
A comienzos de la década de 1940, bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, la recién creada CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) comenzó una titánica labor de reconstrucción industrial en la zona devastada por el violento terremoto de enero de 1939. De ahí en más, CORFO desarrolló una exitosa política destinada a fomentar la industrialización que dio como resultado el nacimiento de decenas de empresas estatales dedicadas a rubros fabriles por los cuales había un manifiesto desinterés de los inversionistas privados, ya fuese por tratarse de emprendimientos onerosos o porque, según ellos, la rentabilidad era mínima, o nula.
En algunas ocasiones, CORFO actuó también asociándose a grandes empresas privadas para levantar una obra de significación mayor en la economía nacional, Ese fue el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile, SOQUIMICH, creada el año 1968 como parte de un plan para reorganizar la industria del salitre. Estaba constituida por la unión de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, Compañía Anglo Lautaro, Compañía Victoria y por el Estado. El año 1971, el Estado de Chile por medio de la CORFO, adquirió el 100% de la propiedad de SOQUIMICH y, por lo tanto, se nacionalizó la explotación del salitre.
A este respecto, escribe Edmundo Polanco Valenzuela en página de SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería):
“En 1981, una cláusula del nuevo Código Minero otorgó a CORFO y a SOQUIMICH seis meses de exclusividad para realizar manifestaciones mineras. El sentido era asegurar que el Estado se transformara en el dueño de los yacimientos conocidos. El resultado fue que SOQUIMICH acaparó más de 93 mil hectáreas de terreno con los mejores yacimientos de yodo y salitre, incluidos Pedro de Valdivia y María Elena (90% del salitre y yodo es de su propiedad)”.
Al terminar la dictadura, en los meses cercanos al plebiscito del SÍ y el NO, Augusto Pinochet entregó a manos de empresarios amigos más de un centenar de empresas estatales (todas con pleno autofinanciamiento, y la mayoría de ellas con ganancias significativas). Uno de los empresarios favorecidos por Pinochet fue quien en ese entonces era su yerno, Julio César Ponce Lerou, que se había casado el año 1969 con una de las hijas de dictador.
El Golpe de Estado de 1973 lo sorprende en Panamá y decide volver al país, pues percibió rápidamente que los hilos del poder que manejaba su suegro le serían de enorme beneficio. Así ocurrió, ya que bajo la sólida protección del dictador ocupó importantes cargos en instituciones del estado; en ellas aprendió que podría realizar negocios pingües de alta rentabilidad, y sin temor alguno de caer bajo el martillo de una legislación que, por lo demás, también dependía finalmente de su suegro.
En 1987, tras la privatización de SOQUIMICH (ahora SQM), él y su grupo, la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera, se quedaron con el control de la compañía. CORFO le vendió el 93% de las acciones en 7.237.000 UF (Unidades de Fomento), precio bastante menor a las 12.766.000 UF en que había sido estimado por los expertos. De este modo, Ponce Lerou ha logrado -a través de SQM- un liderazgo mundial en la producción de litio, con más de US$1.800 millones en ventas.
Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) sonaron las alarmas de alerta cuando fueron revisados los informes de SQM por concepto de un contrato, mediante el cual CORFO cedió a SOQUIMICH los derechos de explotación del Salar de Atacama hasta el año 2030 (más de 81 mil hectáreas). Las desfavorables condiciones de este contrato le significaron al estado chileno una cuantiosa pérdida de millones de dólares.
Pasado un tiempo, año 2015, el país se enteró que SQM financiaba ilegalmente a políticos variopintos pertenecientes a distintos sectores del espectro parlamentario para consolidar y perpetuar ‘legalmente’ su poder, lo que generó procesos judiciales y una amplia investigación que sacudió a la opinión pública, a la vez que deterioró aún más la ya cuestionada imagen de las cofradías partidistas. En ese escándalo, Ponce Lerou era la figura principal, y sobre él recaerían las penas del infierno si los tribunales lo juzgaran. Eso fue lo que se creía en ese momento.
Pero, una vez más, los hilos del poder se movieron para salvar a Julio César y, también, para demostrar sin lugar a error que el verdadero gobierno del país se encontraba (y se encuentra todavía) en los escritorios de las directivas de varias mega empresas.
Impensadamente, en el gobierno de Michelle Bachelet, con Eduardo Bitrán como vicepresidente ejecutivo de CORFO, esta corporación – año 2017- protocolizó en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago una conciliación con SQM, quien aceptó que Ponce Lerou abandonase la mesa directiva de la empresa y no regresara a ella – y tampoco sus familiares- en calidad de director ni de ejecutivo.
Como se ve, a todas luces fue una conciliación bastante acotada e insuficiente, pues cinco meses después de haberse firmado el tal acuerdo, Julio César Ponce Lerou junto a su hermano Eugenio estuvieron de regreso en SQM en calidad de “asesores estratégicos”, con el visto bueno y autorización unánime de los directores de la empresa, entre quienes se encontraban Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi y Laurence Golborne, los dos últimos ex ministros de estado en la dictadura cívico-militar y en el anterior gobierno de Piñera, respectivamente.
Desesperado por ser calificado de ‘torpe’ (a lo menos, torpe… siendo magnánimo con su absurda actuación en estos hechos), Eduardo Bitrán saltó nuevamente a la palestra acusando lo siguiente en su cuenta de tuiter; “Incorporar a Julio Ponce Lerou como asesor contratado es una burla a todos los chilenos de buena fe. Rafael Guilisasti, Alberto Salas han faltado a su palabra. Están dañando la compañía seriamente. No están cumpliendo con su deber fiduciario”.
Uno se obliga a preguntarse: ¿Bitrán creía que todos los chilenos eran iletrados? Lo único que al ex vicepresidente ejecutivo de CORFO parecía molestarle era su imagen pública, pero nada dijo, ni nada hizo en su momento, respecto de salvaguardar los intereses del país en estas materias. Por el contrario, los perjudicó en beneficio de intereses privados. Pero, la imagen personal… ah, la imagen…
Un tiempo después, Gonzalo Winter, parlamentario del Frente Amplio, en una sesión de la Cámara de Diputados afirmó lo siguiente:
“Chile no explota su litio, el litio chileno lo explota una empresa llamada SQM mediante una concomitancia del estado chileno a través de una privatización en los años 80 (…) las últimas licitaciones fueron obtenidas con un royalty del 7% anual durante el gobierno de Sebastián Piñera, destacado gerente del Banco de Talca, siendo subsecretario de Minería, el señor Pablo Wagner, otro penta-delincuente hoy imputado por cohecho en otra causa judicial y también militante UDI”.
Y agregó el diputado Winter:
“La Cámara declaró que bajo la dirección de este siniestro personaje, Ponce Lerou, SQM realizó fraude al Fisco, ¡Si, fraude al fisco! Nos farreamos millones durante años y uno se pregunta ¿dónde estaban las instituciones que debían actuar?, y los tribunales de justicia no han respondido la pregunta. Las instituciones que debían actuar estaban en este Parlamento, en asientos comprados por el señor Ponce Lerou, donde además, también había parlamentarios representando a partidos (a los) que Ponce Lerou les pagaba la cuenta de la luz y se daba el lujo de dictar las normas e indicaciones que rigen actualmente la minería chilena”.
Es importante reiterar que SQM -bajo la dirección de Ponce Lerou- fue imputada por la Fiscalía de graves actos de corrupción en la ley de Royalty. La causa fue suspendida debiendo la empresa informar las medidas anticorrupción que implementaría. Se confirmó luego que en SQM no se tomaron en serio el asunto. Por cierto, no faltaron aquellos que salieron al ruedo defendiendo a estos “grandes empresarios”, quienes, al parecer, son los verdaderos dueños de Chile, pues han cogobernado desde el día mismo en que retornó la democracia, y a partir de enero de 1990 lo hacen mediante la compra de parlamentarios de todo el espectro político. Tal vez, así continuarán haciéndolo. La duda es más que razonable.
Julio Ponce Lerou, hasta ahora (año 2021), sigue siendo un “intocable” cuyo poder nunca ha sido amenazado, pues jamás se le juzgó por evidente y múltiple cohecho a parlamentarios de casi todas las bancadas, tanto como también a varios políticos que no son parlamentarios; además, se le rebajó groseramente la multa por el escándalo de “Cascadas”, se le aumentó a SQM la cuota de extracción de litio, y don Julio César regresó a esa empresa mediante un ardid que estaba oculto entre líneas en ese mentado mal acuerdo de conciliación.
En este torvo asunto se resume la profunda crisis política y moral que asfixia a la nación, asunto que Chile no ha podido, no ha sabido o no ha querido resolver.
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