El Socialista Centroamericano N° 325
Apenas comienza a asentarse la administración Biden, y los viejos problemas, como el enorme flujo migratorio “ilegal” de centroamericanos hacia Estados Unidos, vuelven a atormentar a la Casa Blanca.
Solo en el mes de febrero, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) más de 100,000 personas incluidos menores de edad fueron detenidas en las fronteras con México, creando la primera gran crisis para la política migratoria “humanitaria” de Biden. El flujo migratorio no se detiene, más bien aumenta.
La administración Biden, que había prometido una amnistía migratoria para los 11 de millones de ilegales que trabajan y viven en Estados Unidos, está desarrollando, al mismo tiempo, una ofensiva para contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, y que abarca también a decenas de miles de otras nacionalidades que utilizan el istmo como ruta de tránsito hacia México y Estados Unidos.
La ofensiva diplomática la inició Roberta Jacobson, ex embajadora norteamericana en México, coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, al reconocer que una de las principales causas de la pobreza y la inmigración ilegal es la corrupción imperante en Centroamérica.
Jacobson advirtió que, de los 4,000 millones de dólares para invertir en los programas anti inmigración, “(…) Nada del dinero que queremos obtener del Congreso y de los contribuyentes de EE.UU. irá a los líderes de esos Gobiernos (…) No es que los presidentes no sean importantes en estos países, pero es importante entender que vamos a trabajar con la sociedad civil, con organizaciones internacionales y con varias ONG internacionales sobre el terreno (…). Trabajaremos con los funcionarios con los que podamos trabajar, pero creo que es muy importante que estos países hagan compromisos muy explícitos para avanzar en la lucha a la corrupción, sabemos que en algunos países eso será difícil”. (Diario de Hoy, 10/03/2021)
Es la primera vez que los Estados Unidos reconocen la crisis estructural de los diminutos Estados nacionales en Centroamérica, el fracaso de la raquítica democracia neoliberal impuesta a raíz de los Acuerdos de Paz de Esquipulas II en 1987, Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992, y en Guatemala en 1996. Lejos de crear democracia y bienestar social en la región centroamericana, la enclenque democracia de los Acuerdos de Paz, sostenida por la ofensiva neoliberal, reprodujo los mismos esquemas de corrupción que existieron bajo las dictaduras militares, ahora con nuevos sujetos, muchos de ellos ligados al narcotráfico y al crimen organizado, siendo Honduras el caso más dramático, que involucra al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández.
El gobierno de Estados Unidos advierte que, para contener las causas de la inmigración ilegal, no podrá trabajar con los gobiernos que ayudó a crear. Y, lo más grave, es que anuncia que para combatir la corrupción se apoyará, léase financiará, a la “sociedad civil”, léase ongs.
Ya ha sido nombrado un equipo de alto nivel conformado por el colombiano Juan Gonzalez, asesor de seguridad nacional de la administración Biden, el hondureño Ricardo Zúñiga, nieto del dirigente Ricardo Zúñiga Augustinus y ex candidato del Partido Nacional de Honduras en 1981. Ricardo Zúñiga, el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en 2014, fue nombrado delegado de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica.
Biden ha retomado la política de Obama para Centroamérica, pero en esta ocasión no solo usaran la diplomacia, sino que piensan apoyarse en los ongs financiados por Estados Unidos. Algunos ongs juegan un rol progresista de apoyo a movimientos sociales, pero estos son una minoría. La mayoría de ongs se han convertido en una pequeña elite que disponen de abundante financiamiento, pero no tienen una posición independiente, sino que responden a las agendas políticas de sus donantes. Estos recursos son fuente de otro tipo de corrupción, mucho más sutil, que carcome por dentro a los movimientos sociales, pervirtiendo su naturaleza.
La lucha contra la pobreza y la corrupción es, en primer lugar, una batalla contra el sistema capitalista semicolonial basado en los contratos amarrados, las coimas, y el enriquecimiento de las cupulas partidarias que detentan el poder. Esta tarea democrática solo la pueden librar los trabajadores organizados de manera independiente. La lucha contra la pobreza y la corrupción es una lucha democrática que conlleva una dinámica anticapitalista. Son dos caminos y dos métodos diferentes.
