“Lo que está es cuestión nuevamente es la propiedad, esto fue central en el conflicto hace medio siglo; propiedad privada versus propiedad social y nacional de los medios de producción y del sistema financiero.”
Por Patricio Guzmán S.
El mundo está en una depresión económica global comparable y quizá peor que la Gran Depresión de los años 20 junto con una catástrofe de salud provocada por la pandemia de coronavirus. Chile con su economía abierta y dependiente de los mercados globales compradores de sus exportaciones sufre las consecuencias de esta situación. Ahora tenemos alrededor de un 30% de fuerza de trabajo desempleada ya sea por despidos, suspensión del trabajo sin salario o imposibilidad de trabajar por cuenta propia. La ley de retiro del 10% de los fondos de AFP es una muy necesaria inyección de recursos cuando las necesidades y deudas se acumulan en los hogares, en ocasiones hasta un punto deseperado.
Las AFP son uno de los pilares del modelo económico de capitalismo neoliberal que se instauró en Chile durante la dictadura cívico militar, y que luego en los sucesivos gobiernos civiles tanto de la Concertación como de la derecha se profundizó y legitimó. Las AFP son un mecanismo central en el proceso de acumulación de capital de los grandes grupos económicos.
El sistema privado de pensiones que tenemos en Chile, las AFP, es un fracaso comprobado en cuanto a dar pensiones. La mitad de los jubilados cobra pensiones de menos de $150.000 por mes, las mujeres son castigadas y reciben un tercio menos que los hombres. Las pensiones de más de $500.000 pesos son muy escazas. En realidad, el sistema fue creado para una estructura laboral en la que los trabajadores tienen empleo continuo durante 40 años, y los empresarios efectúan las cotizaciones previsionales como corresponde. La realidad de la mayoría de los trabajadores, sobretodo de las mujeres, dista mucho de este mundo ideal. Los trabajadores pasamos por periodos de cesantía, empleadores que nos descuentan el dinero de las cotizaciones, pero no los depositan a las AFP (en Chile esto es una falta no un delito), se ha generalizado el contrato con boleta de honorarios que no es considerado relación laboral y no cotizan para la previsión, un cuarto de la fuerza laboral trabaja por cuenta propia, las mujeres tienen que retirarse del trabajo asalariado por periodos por la maternidad… Todo esto provoca la existencia de “lagunas previsionales”, periodos durante los cuales no hay cotizaciones.
Las pensiones promedio han empeorado con el paso del tiempo y todo apunta que el deterioro en el futuro seguirá. Desde la gran recesión de 2008 los mercados financieros en los que se invierten nuestros fondos de AFP han sido muy volátiles, las pérdidas se han repetido muchas veces. De hecho, durante esa crisis de 2008 y 2009 los trabajadores perdimos un tercio de todos los fondos acumulados.
Sin embargo, el sistema ha sido un gran éxito para la creación de un mercado de capitales robusto en Chile, los grandes grupos económicos y bancos que tienen acceso a él son los que se benefician con el sistema que transforma en capital a bajo costo el ahorro forzoso de los cotizantes.
Haber conseguido que el Congreso votara la ley que permite el retiro de una fracción de nuestros fondos previsionales es un tremendo triunfo de las movilizaciones del pueblo trabajador.
Celebramos una gran victoria con la promulgación de la ley del retiro del 10% de nuestros propios fondos previsionales, ante una situación económica muy difícil y por la falta de políticas públicas serias para traspasar recursos suficientes a la gente por parte del gobierno. Es una paradoja que para conseguir una parte de nuestro propio dinero hayamos tenido que movilizarnos masivamente, presionar a los senadores, caceroleos masivos… acciones entre las que destacaron la paralización de los trabajadores portuarios.
Es un golpe a las AFP, pero no hay que equivocarse. El sistema previsional privado no se va a derrumbar simplemente por el retiro del 10%. Sin embargo, todo cambio. En especial cambió la percepción de mucha gente que antes pensaba que no tenía sentido luchar porque nunca se conseguiría nada contra las AFP, ahora vieron que los que se habían movilizado masivamente desde 2016, y especialmente desde octubre de 2019, tenían razón, que el cambio es posible.
Ausencia de oposición en el Congreso
Con el levantamiento social generalizado que se desarrolló en el país desde octubre de 2019, lo que salvó de su caída al gobierno ineficiente de Piñera que ha recurrido masivamente a la represión policial, fue la ausencia de la oposición en el Congreso. Tanto la ex Nueva Mayoría como el Frente Amplio han apoyado al gobierno cuando hizo falta, especialmente con los votos necesarios en diversos proyectos de ley para fortalecer la inteligencia y la represión a los movimientos sociales o la firma del Acuerdo por la Paz en el Congreso. La llegada de la pandemia de coronavirus le dio un largo respiro al gobierno que nos confinó y declaró el estado de catástrofe y el toque de queda. Pero aun así el gobierno no ha sido capaz de terminar con las protestas. Mientras escribimos estas líneas es evidente que se avizora un nuevo levantamiento social.
La ley del retiro del 10% se aprobó porque por una vez la oposición no actúo como comparsa de acompañamiento del gobierno de Piñera, sino que en bloque voto contra el gobierno que se jugó para impedir la aprobación de la ley, pero más grave aún para la administración de Piñera fue el quiebre en los dos partidos principales de la coalición de derecha UDI y RN que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado vieron como varios congresistas votaron a favor del proyecto contra su propio gobierno. Los caminos de bloquear la ley a través del Tribunal Constitucional quedaron prácticamente bloqueados por la magnitud de los votos que aprobaron la ley. En el Senado fueron dos tercios los que aprobaron, si Sebastián Piñera vetaba la ley solo hubiera hecho su derrota más dolorosa repitiendo lo que ocurrió cuando la amplia mayoría del Congreso rechazo el veto presidencial a la ley que prohíbe los cortes de suministros básicos mientras dure la emergencia sanitaria. En muchos aspectos la Constitución de Pinochet que hoy lleva la firma de Ricardo Lagos se ha hecho inoperante, por momentos el régimen presidencialista se ha visto confrontado por un régimen parlamentario de facto. La movilización de las masas puso en marcha un proceso constituyente desde la base social que las elites dominantes intentan controlar.
Una crisis de régimen
Especialmente desde Octubre de 2019 se entrelazaron la crisis de legitimidad del conjunto de las instituciones, la ineficacia del gobierno, la recesión económica, un cambio en las relaciones entre las clases, y desde marzo de 2020 la pandemia de Covid 19 más la crisis de la salud, se han combinado con una revolución cultural y de expectativas, que tan bien ilustra la emergencia de un contestatario movimiento feminista y las multitudinarias movilizaciones de la juventud de la clase trabajadora ejemplificada en la Primera Línea . No estamos simplemente ante una crisis de gobierno y de gobernabilidad, lo que ocurre es más profundo estamos ante una crisis de régimen político y de modelo social- económico. Las elites de la burguesía no pueden gobernar como antes y la juventud con el pueblo trabajador no aceptan seguir como antes, en otras palabras, en un sentido de periodo histórico estamos inmersos en una situación revolucionaria.
Una de las discusiones centrales en el proceso constituyente abierto es la cuestión previsional, lo que está en juego no se limita a las pensiones. El sistema de pensiones es también una fuente principal de ahorro nacional, como se maneje este ahorro, en qué y con qué condiciones se invierta el ahorro previsional marcará el tipo de sociedad que construiremos para los próximos años.
Nuestra aspiración es recuperar un sistema de Seguridad Social y extenderlo, de manera que en pensiones, salud, educación y vivienda toda la gente tenga garantizado pisos mínimos suficientes y de buena calidad. Es el momento de reivindicar con fuerza un sistema de reparto para las pensiones. Sistema de pensiones de reparto se denomina al que se organiza sobre la base de un aporte obligatorio realizado por los trabajadores y empresas en actividad, con el que se forma un fondo para atender las pensiones y jubilaciones de los trabajadores retirados. Es decir, las pensiones de los pasivos son financiadas por los activos. El sistema por el que luchamos constituye una política pública de carácter socialista, es de reparto; solidario (solidaridad de los jóvenes con los mayores, y también de los hombres con las mujeres) y con financiamiento tripartito (trabajadores, empresas y Estado) como el propuesto por el movimiento NO + AFP, y en esta lucha volver a levantar o fortalecer estructuras de base para llevar adelante esta batalla para construir una sociedad de derechos sociales, con amplia democracia desde la base, privilegiando la propiedad social y nacional de los medios de producción y el sistema financiero.
Este año se cumplen 50 años de la Unidad Popular, y lo que está es cuestión nuevamente es la propiedad, esto fue central en el conflicto hace medio siglo; propiedad privada versus propiedad social y nacional de los medios de producción y del sistema financiero. La lucha por las pensiones forma parte de este conflicto trascendental.
