Jano Ramírez
En los últimos días, el caso Monsalves ha acaparado la atención en los medios de comunicación, donde se le acusa de violación y abuso de poder. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es cómo este escándalo se presenta, como si fuera un hecho inesperado que nadie hubiera anticipado en las altas esferas del poder. Esta narrativa es engañosa y simplista.
Es fundamental reconocer que, en un sistema capitalista, los abusos de poder, incluyendo la violación y otros actos de violencia de género, son fenómenos inherentes y sistemáticos. El capitalismo, en su búsqueda de maximizar beneficios y mantener estructuras de poder, crea un ambiente donde la desigualdad y la explotación son comunes. Esto se traduce en un marco que permite que los abusadores actúen con impunidad, confiando en que sus posiciones de poder los protegerán.
Además, el manto de impunidad instalado tras la dictadura ha exacerbado esta cultura del abuso, especialmente entre las élites. Durante años, las estructuras de poder han operado sin rendir cuentas, y muchas de las prácticas abusivas se han normalizado. Esta impunidad ha permitido que individuos en posiciones privilegiadas se sientan libres de explotar a quienes están en situaciones más vulnerables, sin temor a consecuencias legales o sociales.
Es esencial señalar que los abusos dirigidos a la clase trabajadora no son un fenómeno reciente, sino que se han perpetuado durante décadas. Mientras que el caso de Monsalves recibe atención mediática, miles de trabajadoras y trabajadores han sufrido violencia, acoso y explotación sin que sus voces sean escuchadas ni sus denuncias sean tomadas en serio. Estos abusos se han mantenido en la sombra, ignorados por un sistema que prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de la clase trabajadora.
Las víctimas son, en su mayoría, quienes enfrentan condiciones laborales precarias y una cultura de silencio que les impide alzar la voz. Este ciclo de abuso perpetúa la impunidad y alimenta un entorno de desconfianza y miedo. Las denuncias son desestimadas o ignoradas, en gran parte debido a las influencias que los abusadores ejercen, especialmente en el contexto de grandes empresas y organizaciones.
Es momento de alzar la voz y denunciar este sistema que permite que el abuso y la explotación prosperen. No podemos permitir que estos casos sean tratados como sorpresas; es un llamado urgente a la acción. La lucha contra el abuso de poder y la violencia de género no es solo una cuestión de justicia, sino un imperativo colectivo para desmantelar un sistema que protege a los opresores y condena a las víctimas al silencio.
Debemos exigir un cambio radical y la rendición de cuentas en todos los niveles de la sociedad. La impunidad debe ser desafiada y erradicada. Es hora de que todas y todos nos unamos en una lucha firme y decidida para construir un futuro donde el respeto y la dignidad sean la norma, no la excepción.
¡Basta de abusos, basta de complicidad!
