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UN GOBIERNO SIN RUMBO

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Por Héctor Vega

Sin ingresos la población no puede vivir en cuarentena, menos aún su forma más extrema, la hibernación. La salud pública nunca fue el fuerte de nuestro sistema de salud, menos aún la prevención. Sus carencias podían ignorarse o ocultarse pero la crisis desnuda la realidad de una población que gana el sustento según el trabajo día a día, que circula horas en transportes aglomerados y que al volver a habitaciones de escasos 40 o 30 m2, se encuentra con la realidad del hacinamiento y el contagio intradomiciliario. Sin defensas la epidemia se expande en una población de vivir precario, caldo de cultivo de la contaminación donde lo sanitario y lo económico, se retroalimentan en la nula capacidad de trabajadores que carecen de ahorros y sobreviven con ingresos miserables mediante un manto de deudas.

47 años de desmantelamiento del Estado no pasan en vano. El balance negativo de medidas tardías e insuficientes delata el fracaso de un sistema incapaz de planificar lo social. La infraestructura básica de salud colapsó en presencia de un gobierno que presentaba como única evidencia de contagio un caso en el mes de febrero –la OMS alertaba al continente de contagios en el mes de diciembre pasado. Fue demasiado tarde cuando el gobierno se enteró de la gravedad del problema a mediados de marzo. La urbanización entregada a los empresarios de la vivienda muestra la cara fea de la gran ciudad: inundaciones en calles y habitaciones que colapsan ante la primera lluvia y una población en estado de necesidad que se agrega a la Pandemia.

Una macroeconomía sin respuestas

El gobierno aferrado a su modelo optó por socializar la Deuda Social. Echó mano a los ahorros de los trabajadores (Ley de Protección al Empleo); en reacción a las protestas ciudadanas decidió el reparto de cajas de mercadería a sobre precios impuestos por las grandes cadenas de distribución; frente a la presión de las Pymes creó el crédito con aval del Estado (Fogape), administrado por los bancos a tasas reales netas cercanas a 0% con malos resultados; finalmente negoció con la oposición el llamado Acuerdo Nacional Económico (Fondo Covid) por 12 mil millones de dólares de gasto fiscal por 24 meses, con dudas aún no resueltas sobre su origen a saber, reasignaciones o sub ejecuciones presupuestarias, –donde el gasto privilegiado sería el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por 100 mil pesos para 404.503 familias. Propuesta inaceptable en una economía de mentira que abarca a más de un millón y medio de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Desde la Revolución del 18 de Octubre pasado la ciudadanía delibera en el territorio de las comunas. Existe la conciencia que sin cambios estructurales al modelo de mercado, las medidas del gobierno no harán sino profundizar la crisis social. Es la lección de tiempos duros y la convicción de luchar por transformaciones sociales que no admiten plazos. El gobierno se ha valido de la Pandemia para reafirmar sus poderes autoritarios. Valiéndose del estado de excepción envía el ejército a la región de la Araucanía, crea una comisión para interponerse en el trabajo parlamentario y con trámite de urgencia envía una ley de inteligencia destinada a intervenir los movimientos sociales de las comunas.

La cuarentena ha sido un instrumento eficaz para prolongar tiempos de un gobierno deslegitimado. Pausa en que la base corporativa-empresarial trabaja para consolidar posiciones de poder más allá de los 20 meses que le restan al gobierno. El pueblo no tiene pausas. El estado de necesidad en estas últimas cuatro décadas es una constante. Por eso es urgente recordar las instancias ciudadanas que se abrieron a partir del 18 de Octubre y que difícilmente se pueden borrar de la conciencia.

Urgencias que se imponen

La enumeración de los puntos centrales del programa ciudadano, demuestra la práctica social que exige la cuarentena en el territorio de la Nación y lo que vendrá en lo público en el período Pos Virus. Los nuevos tiempos no admiten las desigualdades aberrantes que imperan en nuestra sociedad. Por eso la consagración de los Bienes Públicos es el primer jalón de una larga lista de objetivos sociales, entre los cuales se inscriben los regímenes públicos de salud, educación; sistema de reparto de pensiones; remuneraciones justas; garantías en el empleo; nuevo sistema tributario que elimine impuestos regresivos y exenciones tributarias arbitrarias.

En un mundo en crisis se requiere un Plan para la economía real, monetaria y financiera a la altura de la emergencia. Chile no tiene ese Plan. Debe restablecerse un mercado en crisis y asegurar el empleo de millones de trabajadores que hoy ven amenazadas sus fuentes de trabajo. Los 12 mil millones de dólares que gobierno y oposición discuten, NO SIRVEN para el propósito que se intenta; tampoco la baja de la tasa de interés así como las facilidades del Banco Central en términos de liquidez –instrumentos insuficientes en la coyuntura actual. Pues al cabo de algunos meses reaparecerán con fuerza las necesidades de una población malamente cubierta por las rentas básicas que se discuten.

En lo político institucional, dijimos fin de un presidencialismo autoritario que convierte al legislativo en simple poder colegislador; iniciativa popular de leyes; plebiscito; poder de la ciudadanía para revocar el mandato de autoridades que incumplieron su mandato; en el trato con las transnacionales, respeto al mandato constitucional que fija el dominio del Estado de los yacimientos mineros por lo que se instaurará un nuevo tratamiento tributario; reemplazo de un impuesto específico a las utilidades operacionales por el pago de un Royalty y fin de la concesión plena.

El desafío es enorme pues los recursos de la clase política provienen en parte no menor de los aportes de las transnacionales, especialmente mineras, que financian sus campañas y, fundamentalmente las campañas presidenciales.

Ese conjunto de puntos deberá plasmarse en una Nueva Constitución que asegurará nuevos poderes al ordenamiento territorial plasmado en las Comunas. Por ello surgirá una Asamblea Social próxima de la población que ha consagrado ollas comunes, solidaridad social en la Región Metropolitana y los lugares más apartados del territorio.

Conclusión

Han pasado 8 meses desde el estallido social y no podemos olvidar las víctimas de la represión y las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestados durante las manifestaciones y juicios pendientes, graves lesiones oculares con resultado de ceguera. No olvidemos que desde el año pasado el mundo ha conocido manifestaciones sociales similares pero ninguna ha llegado a los extremos que se han conocido en Chile. En la dura experiencia social se basará la nueva institucionalidad de la actual República y el Plan de Emergencia que presidirá los nuevos tiempos que se anunciaron el 18 de Octubre.

Santiago junio 29, 2020

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