«No te asomes mi niño»
me mintieron, «los que pasan marchando
enlazados de hambre, son cesantes
y se comen los niños»
y la palabra se quedó en mi oído
tirante como un relincho.
Cesante, Quelentaro
Chile, septiembre de 2026
Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas – AIT
En nuestro país nos han acostumbrado a mirar el empleo como una cifra que sube o baja en un gráfico. Pero detrás de cada décima porcentual existe una realidad concreta: familias de la clase trabajadora que pierden ingresos, pobladores que llevan meses buscando trabajo, mujeres obligadas a aceptar jornadas parciales por las tareas de cuidado, trabajadores mayores que deben seguir laborando porque sus pensiones no alcanzan y miles de personas que han dejado de buscar empleo después de recibir una y otra vez la misma respuesta: “no estamos contratando”.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que no estamos ante una dificultad pasajera. En el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la desocupación alcanzó el 9,5%, aumentando 0,8 puntos porcentuales en doce meses. Son 981.044 personas desocupadas, mientras la cantidad de personas ocupadas cayó 0,2% en un año. Es, además, el quinto aumento consecutivo de la tasa de desempleo. Pero el 9,5% tampoco alcanza a reflejar toda la dimensión de la crisis. El propio INE registra una tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial de 17,4%, mostrando que existe un universo mucho mayor de personas que necesitan y quieren trabajar, pero que no encuentran una ocupación suficiente o han quedado fuera de la medición tradicional del desempleo. A esto se suma la precarización del trabajo. La ocupación informal alcanzó el 26,5%, aumentando 0,5 puntos en doce meses. Mientras el empleo formal cayó 0,8%, el informal aumentó 1,6% y acumula nueve aumentos consecutivos. No estamos frente a un problema meramente estadístico. La informalidad significa inestabilidad, menor protección social, incertidumbre y escaso poder de negociación para quienes dependen de su salario para sobrevivir. También aumenta la necesidad de tener más de un empleo: Fundación SOL ha advertido que la proporción de personas con un segundo trabajo aumentó cerca de 50% desde 2022, mientras aproximadamente la mitad de las y los trabajadores percibe menos de $600 mil líquidos mensuales.
Por eso las y los clasistas debemos cuestionar la idea de que cualquier empleo constituye una buena noticia. La estadística considera ocupada a una persona que ha trabajado incluso pocas horas durante la semana de referencia. Así, un trabajador puede aparecer como “ocupado” mientras sus ingresos no alcanzan para pagar el arriendo, la alimentación, el transporte y las cuentas básicas. Podemos reducir el desempleo multiplicando empleos parciales, temporales, informales o mal remunerados, es decir, precarizando el trabajo y la vida. El número puede mejorar mientras la vida de la clase trabajadora empeora. El problema no es solamente cuántos empleos existen, sino qué tipo de empleos se crean, cuánto permiten vivir y quién se beneficia del trabajo realizado. La crisis también demuestra que el mercado laboral no es una relación entre individuos iguales. Existe una relación de poder entre quienes controlan los medios de producción y quienes necesitan vender su fuerza de trabajo para vivir. Quien posee patrimonio, ahorros y redes familiares puede esperar una mejor oportunidad; quien pertenece a una familia popular y debe pagar arriendo, alimentación, deudas, transporte y cuidados no tiene esa posibilidad. La necesidad de trabajar se transforma así en una herramienta de disciplinamiento: cuando falta empleo, aceptar peores condiciones deja de ser una opción y comienza a ser una obligación.
Esta realidad golpea con especial fuerza a las mujeres y a los territorios más precarizados. En mayo-julio de 2026, la desocupación femenina llegó al 10,3%, frente al 8,9% de los hombres. Al mismo tiempo, las diferencias territoriales muestran que tampoco existe un único mercado laboral a lo largo del país: Ñuble registró un 11,0% de desocupación, mientras Biobío y Los Ríos llegaron al 10,6%. La crisis está atravesada por la clase, el género y el territorio, y se expresa también en mayores tiempos de traslado, endeudamiento, doble explotación a las mujeres y dependencia de redes familiares cada vez más agotadas. Otro síntoma de esta crisis es el aumento del trabajo entre las personas mayores, según Fundación SOL, del empleo neto creado entre 2020 y 2026, el 22,3% corresponde a personas de 60 años o más, durante el último año, esta proporción alcanza el 45%. Desde la patronal puede presentarse como una mayor participación laboral de las personas mayores; desde la realidad de nuestra clase debemos preguntarnos cuántas continúan trabajando porque lo desean y cuántas porque no pueden sobrevivir con sus pensiones de hambre y miseria. Cuando una persona debe trabajar a los 65, 70 años o más para pagar sus necesidades básicas, no estamos necesariamente frente a una realización personal: estamos frente al fracaso de un sistema que no garantiza una vejez digna y que descarga sobre las propias familias de la clase trabajadora el costo de reproducir la vida.
Es en este contexto que debemos mirar críticamente las propuestas de la llamada “mesa de reactivación laboral” y las políticas impulsadas por el Gobierno de Kast, Quiroz y sus secuaces. Bajo conceptos como flexibilidad, empleabilidad y reducción de costos, se pretende presentar como solución aquello que históricamente ha significado mayor poder para la patronal y mayor inseguridad para las y los trabajadores. Se nos vuelve a decir que para crear empleo debemos flexibilizar las condiciones laborales, facilitar la contratación y reducir los costos asociados al trabajo. Pero debemos preguntar: ¿flexibilidad para quién y a costa de quién? Cuando una persona necesita desesperadamente un empleo y una empresa puede escoger entre múltiples trabajadores y trabajadoras, no existe una negociación entre iguales. Por eso rechazamos que la crisis del trabajo sea utilizada como argumento para debilitar derechos, reducir la estabilidad laboral o trasladar nuevamente los costos de la crisis hacia quienes viven de su salario. No aceptamos que la desesperación de las familias trabajadoras sea convertida en una oportunidad para aumentar el poder de la burguesía y la patronal.
Necesitamos empleos estables, salarios que permitan vivir, seguridad social, fortalecimiento de la negociación colectiva, derecho efectivo a sindicalizarse y políticas públicas que pongan la riqueza producida por las y los trabajadores al servicio de las mayorías populares. Si nuestra economía tiene capacidad para generar enormes fortunas y concentrar riqueza, también tiene capacidad para garantizar condiciones dignas a quienes producen esa riqueza todos los días.
Desde la Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas – AIT, no aceptamos la falsa disyuntiva entre empleo y derechos laborales. El trabajo no es una mercancía cualquiera: es el tiempo de nuestra vida, el sustento de nuestras familias y la base sobre la cual se construye la riqueza de este país. No queremos que se nos diga qué debemos esperar a que el mercado “se recupere” mientras las familias de la clase trabajadora siguen endeudándose y aceptando empleos precarios para sobrevivir.
La discusión sobre el trabajo no puede quedar reducida a cifras, oficinas ministeriales o mesas de la patronal. Debe ser una discusión de la clase trabajadora organizada y en lucha. Porque detrás de cada cifra hay una vida y detrás de esta crisis existe una clase trabajadora que continúa pagando los costos del sistema capitalista en su actual patrón de acumulación neoliberal que concentra las ganancias en unos pocos y distribuye las pérdidas entre las y los trabajadores. El problema del empleo no es solamente cuánto trabajo existe, sino quién controla sus condiciones, quién se apropia de la riqueza y quién paga el costo de producirla. Por eso, la crisis laboral no es un problema meramente técnico: es una disputa por la riqueza, por el poder y por las condiciones en que vivimos. Es, finalmente, una disputa de clase.
Que la crisis la paguen los ricos y no las y los trabajadores
Por un sindicalismo clasista y combativo
