Le Monde Diplomatique, edición chilena 26 de agosto de 2022
DETENCIÓN DE HECTOR LLAITUL: OPERACIÓN HURACÁN 2.0
Por Comisión Ética Contra la Tortura
La Comisión Ética Contra la Tortura ante la detención de Héctor Llaitul Carrillanca, declara que es el Estado chileno el que ha condenado a la opresión y pobreza extrema a miles de personas del pueblo mapuche, con el fin de depredar y convertir en zona de sacrificio uno de los territorios con más riqueza y biodiversidad natural de Chile. Es justamente esta tremenda injusticia la que llevó a este pueblo a luchar por la preservación de las comunidades, la defensa de la tierra, de las aguas y de su cosmovisión, todos elementos vitales para la continuidad de su vida y cultura como pueblo.
Le decimos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric que la lucha de las comunidades mapuche no es individual, es una exigencia plural, colectiva, de un pueblo que vive las consecuencias de la aplicación del decreto 701 que por casi 50 años ha convertido una tierra fértil en un territorio depredado por las forestales, con escasez de agua y con el bosque nativo destruido. La detención de Héctor Llaitul no va a resolver el conflicto que tiene el Estado con el pueblo mapuche y sólo se convierte en una forma de encarnizamiento y castigo ejemplar que busca dar la derecha un líder que jamás ha escondido su pensamiento y donde las arengas a su pueblo siempre han sido de público conocimiento.
También le recordamos Sr. Presidente que el gobierno de Piñera no pudo perseverar judicialmente en su contra. Hoy al aplicar usted la Ley de Seguridad del Estado, convierte a Héctor Llaitul en un enemigo declarado del Estado que dirige y ciertamente será aplaudido por una derecha que alienta la militarización y represión en tierras mapuche. Con la aplicación de ésta ley, reconocemos consecuentemente a Llaitul como preso político, quien es perseguido por su condición de dirigente social y líder de su pueblo, cuyo único objetivo es castigarlo por no atender el -pseudo- diálogo al que se le ha convocado, buscando condenarlo a altas penas de cárcel por supuestos delitos que por leyes comunes no permitirían ni un día de cárcel.
No podemos callar frente a las frases grandilocuentes sobre el funcionamiento de las instituciones, de la igualdad ante la ley de todas las personas, cuando todos los días vemos la inequidad y la injusticia, no sólo para los mapuche, sino para todas las personas ajenas al poder empresarial, político, represivo y mediático. A raíz de esto preguntamos ¿Cuál fue la condena social, política y jurídica a los dichos del empresario Pedro Pool que llamó a fusilar a los convencionales, a hacer desaparecer más personas que las realizadas en dictadura y de confinar en islas australes a miles de personas? ¿Funcionaron las instituciones como dice el Gobierno, o ese sujeto está por encima de la ley?
Tampoco olvidamos la información sobre la detención de un Jefe de la Inteligencia de Carabineros de la llamada macro zona sur, su relación con el robo de madera y como la Ministra del Interior se apuró en desmentir sin aclarar por qué lo arrestaron, dónde lo trasladaron, qué se investiga. Sin embargo, las interrogantes no se detienen en las aseveraciones de la autoridad y nos seguimos preguntando ¿Cuántas son las organizaciones, entidades, agrupaciones que roban madera en Chile? ¿Quiénes las integran? ¿Por qué no han sido detenidos sus integrantes? ¿Quiénes los amparan? ¿Se interceptan las cuentas bancarias de esa gente? ¿El persecutor, el Ministerio Público y las Fiscalías han actuado frente a este tema y con cuáles resultados? ¿Si Carabineros de Chile custodia y monta guardia en las empresas forestales, cómo es que se roba madera?
Hasta ahora, el Estado de Chile no ha esclarecido los dos recientes asesinatos de mapuche: el de José Segundo Catril Nencuqueo, en Lumaco, en mayo del 2022; y el de Eloy Alarcón Manquepan, en Lican Ray, en junio del 2022 ambos crímenes impunes. No obstante los sectores de derecha ejercen presión para continuar decretando y prolongando el Estado de Excepción y seguir ocupando ese territorio desde Arauco hasta Los Ríos con efectivos militares, policiales, infantes de marina, drones, vehículos blindados e interceptaciones telefónicas.
La criminalización preventiva que se ha hecho de Héctor Llaitul hipoteca la posibilidad de garantizar un juicio justo. Y la pretensión de aislarlo y encerrarlo en una cárcel de alta seguridad, vulnera el compromiso del Estado chileno de respetar y hacer valer el Convenio 169 de la OIT, donde literalmente se prohíben las medidas de encarnizamiento penal para las personas de pueblos originarios. Hablan de diálogo y buscan apresar a los supuestos 200 hombres armados pertenecientes a los grupos de resistencia de la CAM, a quienes acusan de todos los atentados, y a quienes quieren encerrar de por vida. Eso no es diálogo es venganza frente a quienes los han desafiado por la destrucción de un territorio donde toda VIDA era posible y han resistido al neoliberalismo salvaje, que dicho de paso no sólo afecta los derechos de los pueblos originarios.
La situación actual se enmarca en un contexto de larga data, atravesado por la violencia política del Estado en contra de los pueblos que habitan este territorio. No obstante, en este momento decisivo de cuestionamiento profundo al aparato político instaurado en dictadura, la casta política proclive a la Constitución de Pinochet parecieran ver en esta acusación persecutoria, una oportunidad para revertir el camino hacia el establecimiento de una Constitución que garantice el Estado Social de Derecho, Paritaria, Plurinacional y Ecológica.
1. En este contexto, exigimos al gobierno la libertad de Héctor Llaitul y de todos los
presos políticos mapuche hoy con más de 50 días en huelga de hambre para exigir juicios justos; esto implica respetar el compromiso del Estado chileno establecido en la ratificación del Convenio 169 de la OIT y atender todas las observaciones realizadas por los sucesivos relatores especiales de organismos internacionales, que han analizado la situación de La Araucanía y han llegado a la conclusión que las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad del Estado de Chile y distinguen claramente entre actuaciones de carácter terrorista y atentados contra la propiedad.
2. Responsabilizamos al gobierno de todo ataque a la integridad física y psíquica a Héctor Llaitul durante su encarcelamiento, así como los actos represivos que puedan afectar a los integrantes de su organización.
3. Exigimos investigación a los crímenes contra mapuche perpetrados por sectores terratenientes y empresariales.
4. Exigimos derogar el decreto 701 de 1974 y con él, el incentivo y subsidio a la depredadora industria forestal.
5. Aspiramos que sea la JUSTICIA la base de la PAZ en la zona y se termine con la militarización y criminalización de las demandas del pueblo mapuche.
COMISIÓN ÉTICA CONTRA LA TORTURA
Santiago, 26 de agosto 2022
