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Propuesta Política de los Trabajadores de la Educación Superior Chilena

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Introducción

El momento político-social que enfrenta nuestro País, especialmente en las definiciones que tenemos que decidir sobre el Modelo de Educación, nos obliga hoy más que nunca a profundizar el proceso unitario y el fortalecimiento de todas las organizaciones de trabajadores de Chile. La unidad y la fuerza organizacional serán las vigas maestras, no solo para potenciar nuestra política, sino que también, acaso lo más importante para convertirnos en un interlocutor social legítimo y potente frente a los poderes públicos, privados y sociales.

Las Trabajadoras y Trabajadores de la Coordinadora Nacional de la Educación Nacional Chilena enfrentamos momentos decisivos. El trance histórico que vive Chile en orden a recrear, una vez por todas, un Modelo de Educación que responda a las demandas de gratuidad y de calidad, en todos los niveles que exige una ciudadanía empoderada y deseosa de ganarle a la desigualdad e inequidad imperante en nuestra patria.

La Educación Superior Chilena requiere urgentes cambios, especialmente en los temas de financiamiento, acreditación, calidad y participación. Hoy día es casi un tema de subsistencia, que los trabajadores organizados insertos en las comunidades universitarias debemos ser capaces de generar respuestas políticas a los cuestionamientos que sufre el modelo actual. Debemos recrear la comunidad de la Educación Superior para estar a la altura de las exigencias que el Chile del Siglo XXI nos impone.

Debemos lograr que las Comunidades de la Educación Superior Chilena reflexionen, se junten, debatan para ir logrando definiciones que permitan ir delineando una visión colectiva respecto al tipo de Educación Superior que aspiramos y los caminos sobre los cuales debieran transitar los cambios que esta requiere.

Nos encontramos en un momento histórico clave. La Convención Constituyente, deberá definir cuál será el nuevo norte que dará a la Educación Superior en Chile, en donde las alternativas parecen ser la de continuar extendiendo o profundizando el modelo bajo las condiciones de mercado, donde priman las lógicas de competencia o criterios economicistas o la de generar, en conjunto con la Comunidades de la Educación Superior Chilena, una propuesta distinta que considere el desarrollo, los proyectos, anhelos, visiones que tengan nuestro país y su pueblo.

Las Instituciones de Educación Superior que queremos

La necesidad de esta definición en ningún caso resulta antojadiza, ya que constituye la base elemental sobre la cual se debe edificar el nuevo sistema de Educación Superior.

Aquí los criterios de definición son diversos y no sólo responde a un criterio histórico, es decir, una Universidad no adquiere su carácter público simplemente por existir antes de 1981.

El carácter público viene dado por distintos elementos, nos parece interesante nombrar los que nos parecen fundamentales:

  1. La Educación Superior Chilena debe estar orientada al desarrollo país, es decir, debe trabajar por las necesidades de Chile. Aquí se produce una estrecha relación con el Estado, ya que necesariamente muchas de las definiciones que dicen relación a las necesidades de Chile” viene en parte dada por el Estado en su rol garante de la Educación. La Universidad no puede desligarse
    de su definición original, como centro de conocimiento universal al servicio de la sociedad en la que se inserta, y no solo a favor
    de las comunidades de la educación superior.
  2. La Educación Superior debe ser, pluralista y abierta, es decir, debe fundarse en las libertades básicas reconocidas a todo ser
    humano como expresión, asociación, discusión, reflexión, libertad de pensamiento, al margen de diferencias sociales, políticas, religiosas, étnicas, culturales o de nacionalidad. La reflexión y la discusión deberán ser pilares del quehacer universitario y no solo ser una máquina productora de profesionales.
  1. La Educación Superior debe ser formadora de profesionales ciudadanos de excelencia, con capacidad de análisis de la sociedad, espíritu crítico y a la vez constructivo, que contribuye con sus conocimientos y técnicas al desarrollo del país en su conjunto.
  2. La Educación Superior debe estar al alcance de todos los del país, donde lo único que debe primar es la capacidad y el talento. Todos los jóvenes necesitan y merecen una oportunidad para desarrollarse y aportar al futuro del país. La Educación Superior no deben ser instituciones elitistas.
  3. La Educación Superior debe contar con líneas de investigación que contribuyan al desarrollo país, que sean herramientas eficientes
    para la implementación de políticas públicas actuales y de futuro, es decir, la investigación al servicio del país y no simplemente a los requerimientos del mercado.
  4. La Educación Superior debe ser de puertas abiertas, es decir, a su interior, la comunidad local debe encontrar espacios y lugares
    que le permitan desarrollarse en distintos ámbitos, potenciados con planes y programas. Debe tener un gran compromiso con su entorno, ya sea nacional o regional.
  5. En la Educación Superior deben existir e implementarse espacios de participación y de decisión política, donde se incluya a la
    Comunidad Universitaria en su conjunto. La incorporación de la triestamentalidad en la toma de decisiones, proyecta lo que se
    entiende como una sociedad organizada bajo una lógica democrática.
  6. La Educación implica el desarrollo de habilidades y destrezas para enfrentar el campo laboral. Pero también debiera implicar la
    definición de valores para la vida, de un horizonte ético hacia el cual avanzar. Este horizonte hoy está puesto fuera de la
    persona, está en el mercado.
  7. En la Educación Superior debe existir un reconocimiento explícito al siguiente axioma: NO AL LUCRO.

En resumen y a la luz de lo anteriormente expuesto, una Educación Superior que afirme tener un carácter público, necesariamente debería responder al conjunto de elementos o caracterizaciones antes mencionadas y a partir de este marco general es posible ir generando visiones y respuestas a los temas más importantes, donde financiamiento y participación cobran especial trascendencia.

Financiamiento:

El fracaso del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior ha traído graves consecuencias para el desarrollo de los roles de la Educación Superior. En un escenario donde la casi nula participación del Estado en la función reguladora de la economía, el financiamiento de
la Educación Superior tiene su principal soporte en el autofinanciamiento, donde las principales vías son el cobro de matrículas al estudiante, la venta de servicios, venta de consultorías y proyectos.

Capítulo aparte merece, en el ámbito del autofinanciamiento, la eliminación de los costos no relacionados, directamente con el servicio educativo, la externalización o privatización de servicios y la sub-contratación de Trabajadores Académicos, Administrativos y de Servicios, son pan de cada día en nuestras Instituciones Superiores. La inclusión de la Educación en el ámbito de las negociaciones comerciales provoca un choque entre desarrollo y comercio. Mientras que para el mundo social la Educación sigue siendo una tarea fundamental en el desarrollo del pueblo, vinculada estrechamente a políticas públicas para garantizar su alcance y calidad, por otro lado se limitan sus oportunidades al área
del mercado y el ámbito comercial.

El financiamiento de la Educación, es un aspecto que incide en el carácter del sistema educativo superior que, ha tenido leves ajustes desde 1990 hasta hoy, sin embargo, este aumento proviene principalmente del endeudamiento de las familias.

Resulta oportuno también, mencionar el hecho de que las universidades han sido transformadas y despojadas de su sentido de espacio cultural de conciencia reflexiva y crítica de la sociedad y del país. Las funciones de docencia, investigación y extensión independiente han sido reemplazadas por la necesidad de adaptarse al mercado. Las universidades públicas fueron fragmentadas y políticamente controladas desde la dictadura, forzadas a autofinanciarse, generando una competencia indiscriminada e injusta entre universidades públicas, tradicionales y privadas.

A la luz del diagnóstico antes expuesto, deseamos realizar también ciertas propuestas de orden genérico que constituyen los rieles sobre los cuales debemos transitar a futuro.

En primer lugar, es fundamental un mayor aporte estatal, incrementando los aportes basales de libre disposición para el sistema de Educación Superior. La inversión pública en esta área en Chile, es una de las más bajas en relación a los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Creemos que la inversión en Educación no debe ser inferior al 4 % del PIB.

En segundo lugar, las Instituciones de Educación Superior que deban ser financiadas por el Estado, es decir, con recursos de todos los chilenos, son las Instituciones de carácter público. Así, en la medida que una de estas cumpla con el conjunto de condiciones que le otorgan el carácter público, podrán tener financiamiento estatal. Naturalmente los criterios que definan lo público deben ser discutidos, debatidos y consensuados por la sociedad nacional. Pero también, un mayor aporte estatal al sistema, requiere, sin lugar a dudas, mecanismos de controles modernos y eficientes que permitan asegurar que todos los recursos entregados por el Estado, sean utilizados fielmente para potenciar el desarrollo de la Educación Superior al servicio del País.

Creemos que solo de esta manera, podemos dar un salto cualitativo en la discusión sobre Educación Superior y superar de esta manera los debates estériles que solo se circunscriben a criterios economistas, es decir, platas más o platas menos.

Evidentemente, el ser una Educación Superior con recursos estatales trae consigo la responsabilidad de contribuir al desarrollo país, por tanto debe en ocasiones responder a los requerimientos del Estado. Sin embargo, esto no puede significar que cada Institución de Educación Superior deba renunciar a su autonomía de enseñanza, el perfil o en términos generales, en la definición de su destino.

Finalmente, estimamos que un modelo de Educación Superior con un importante aporte estatal en su financiamiento, obliga a replantear o al menos a volver a debatir la cantidad de Instituciones de Educación Superior que Chile requiere y la posibilidad cierta de revisar o derogar la norma del D.F.L. No1 del año 1980, que dice relación con la creación de Universidades Privadas, que lucran y engañan a los estudiantes y sus familias.

Participación:

El rol público de la Educación Superior, se define, entre otras cosas, por el grado de participación que tiene las Instituciones de Educación Superior en las decisiones políticas, es decir, aquellas que determinan el norte y él debe ser de cada Casa de Estudios.

Queremos manifestarlo claramente, la participación política de la Comunidad de la Educación Superior la entendemos como la deliberación de todos los estamentos en los asuntos que dicen relación al desarrollo y al quehacer de la Institución o, dicho de otra manera la inclusión de los estamentos en el concurso de las decisiones políticas de las Instituciones.

La normativa vigente no da cabida a la participación de las y los trabajadores y estudiantes en el gobierno universitario. No hay participación real. Unos pocos integrantes de la Comunidad Universitaria participan en la toma de decisiones que afecta y tiene impacto en el conjunto de los actores universitarios.

La Triestamentalidad efectiva que nos permita generar las autoridades y decidir en el uso que le dará a los recursos que las Instituciones de Educación Superior recibe del Estado

Proponemos la participación de los distintos estamentos de la Comunidad de las Instituciones de Educación Superior, en los cuerpos colegiados para lo cual se impulsaran las reformas legales correspondientes, apoyando la derogación de los Art. 56e), 67e) y 75e) del Decreto DFL2/2009 del Ministerio de Educación, para acabar con las prohibiciones legales que impiden la participación de las comunidades universitarias en este ámbito, garantizando además, el derecho a la organización de los estamentos en todas las instituciones de la Educación Superior.

No obstante lo anterior, la base del problema de la participación es la Constitución Política de la República vigente hoy en Chile, la cual sustenta las redes antidemocráticas en todos los ámbitos que nos afectan como ciudadanos, y desde esa premisa ampliamos la convicción de llegar a esta instancia para anidar cambios profundos para Chile.

La Universidad futura requiere con urgencia la implementación de espacios de participación real, de un modo institucionalizado, para todos los estamentos, en la toma de las decisiones. Debe discutirse y resolverse la creación de órganos colectivos de participación política a través de todas las formas posibles, debemos abrir la participación a la comunidad en la elección de las autoridades unipersonales.

Tenemos claro a su vez que la participación no sólo involucra derechos, si no también deberes, por lo que se debe reglamentar la forma en que se ejerce el derecho a opinión o voto, en los distintos espacios creados para, evitar caer en instituciones ficticias basadas solo en consignas y no en ejercicios responsables de la opinión y del derecho.

Entendemos que abrir espacios, recuperar protagonismos, tener derecho a voz y voto en las Instituciones de Educación Superior genera conflicto lo que se suscita siempre cuando se amenaza el poder. Para los trabajadores la participación es un imperativo de justicia que asumimos con la seriedad y responsabilidad de actores permanentes de la Comunidad de estas Instituciones.

El Sistema de Educación Superior deberá garantizar y fiscalizar que los Derechos y Garantías Constitucionales sean efectivos, especialmente la participación de todos los estamentos involucrados en el proceso educativo; la libre expresión de las ideas con libertad y autonomía; la organización y asociación sin más límites que los impuestos por la propia Constitución.

Relaciones Laborales y Sindicalismo

Los trabajadores de las Instituciones de Educación Superior Chilenas invocamos los principios de Libertad Sindical, Derecho a Sindicalización y Negociación Colectiva contenidos en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 87 y 98 respectivamente, suscritos por el Gobierno de Chile.

Terminar con la precarización, tercerización y flexibilización del Empleo con decisiones políticas que aborden seriamente esta demanda de los trabajadores chilenos.

En el sector, impactados directamente por el concepto de “la empresa de la Educación”, encontramos empleos precarios, temporalidad con la lógica consecuencia de rotación e inestabilidad, escasa organización sindical y nula participación. En esta línea, apelamos al derecho de los
trabajadores de constituir organizaciones, sin ninguna distinción ni autorización previa, de unirse a otros trabajadores, de organizar su
administración, de formular programas de acciones político-sindicales.

Las autoridades públicas o privadas deben abstenerse de toda intervención tendiente a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical.

Esta situación nos obliga, también, a encarar a los propietarios de estas “empresas de la Educación” a que den a conocer los planes de desarrollo de sus instituciones, con el objeto de elaborar nuestra política para proteger empleo, participar en la organización y condiciones de trabajo, como también para participar en el proceso de aporte social que toda Universidad debe entregar al País.

Creemos firmemente que las Asociaciones de Funcionarios, y Sindicatos de todas las Instituciones de Educación Superior existentes en Chile, tienen el derecho político y moral para participar e influir en sus comunidades y a través de ellos incidir concretamente en los procesos de desarrollo de nuestra Patria.

EDUCACIÓN SUPERIOR, POR UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
EDUCACIÒN SUPERIOR PÚBLICA PARA EL CHILE ACTUAL

Todos convienen en que este movimiento, que apenas ha formulado su programa, dista mucho de proponerse objetivos exclusivamente universitarios y en que, por su estrecha y creciente relación con el avance de las clases trabajadoras y con el abatimiento de viejos privilegios económicos, no puede ser entendido sino como uno de los aspectos de una profunda renovación latino-americana José Carlos Mareategui ,7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana (1928).

Al discutir y hablar de la reforma educacional, no podemos sino evocar y traer en toda y real dimensión y contexto, viejas discusiones y
planteamiento históricos que nos muestran caminos y derroteros desde los cuales partimos nuestros análisis y diagnósticos. Indicamos aquello por el simple reconocimiento que la discusión educacional, específicamente sobre el tipo de educación y, por tanto, el tipo de institución educadora, es precisamente un problema histórico, en el sentido de que la problemática educativa, en cuanto a modelo (componente deológico-
político) está en permanente cuestionamiento por aquellas sociedades que comprenden la funcionalidad del proceso educativo, sus alcances,
sus objetivos y la importancia de ésta para construir sociedad. Es por esto que el problema del modelo educativo no tan sólo verá afectado su dimensión tecnocrática (dimensión que responde a una intención política) sino que también desde un punto multidimensional, es decir, desde una perspectiva holística (global) y filosófica.

Al comprender lo anterior, es que el presente texto englobará una serie de planteamientos desde la óptica de los/as trabajadores/as de las
universidades chilenas a la problemática del modelo educativo chileno, de carácter neoliberal, planteamientos que cumplen con el objeto de ser
referencias para la discusión, y a partir de ahí poder concretizarlos. Lo anterior nos exige, sin embargo, mantener los procesos de discusión de
modo tal que logre abarcar las problemáticas que son ampliamente conocidas en el contexto actual del modelo educativo, especialmente la
educación superior.

Las premisas sobre las cuales trabajamos son las siguientes:
1.- El modelo educativo actual está fundado como pilar en el Estado de subsidiario y, en el caso particular, sobre el autofinanciamiento y la libertad de enseñanza, por sobre el derecho a la educación.

2.- Las grandes modificaciones se construyeron en un contexto de dictadura cívico-militar, eliminando grandes avances tanto en temas de gestión, financiamiento, participación, resolución, perfil de profesionales, estructuración de la administración interna universitaria, acceso, entre otros, y se ejecutó a través de la modificación de la Constitución de 1980, LOCE y leyes particulares como DFL2.

3.- En democracia, donde se consolida lo ya construido en dictadura, las modificaciones realizadas en el sector educacional, han ido más bien en orden de implementar un sistema crediticio que permita, de manera masiva, poder acceder a la educación chilena, generando en nuestros
días, profesionales severamente endeudados, familias enteras con créditos inmensos, dejando en manos del mercado (con la construcción de universidades de manera masiva luego de 1990, sin regulación académica, sin los privilegios y avances conquistados antes mencionadas) aspectos tan gravitantes como la calidad siendo, reiteramos, solo de interés del Estado, de donde se financiarían las familias para poder acceder a la educación superior.

4.- Chile tiene la educación superior más desigual según índices de la OCDE, tanto en el acceso como en el financiamiento de la misma. Es por todos sabido, que por el mismo autofinanciamiento, en promedio cerca del 70% del financiamiento a las instituciones de educación superior provienen de las familias, que acceden a ellas a través de créditos bancarios avalados por el estado, siendo la última intervención a gran escala de parte del gobierno de turno al crear el CAE, sin eliminar ni modificar la desigualdad reinante.

5.- No existe ninguna otra modificación a gran escala en torno a los derechos de los trabajadores de las Universidades que no sean de los de cualquier trabajador en orden general, existiendo otras prerrogativas antes del golpe de estado, indicadas con antelación.

6.- Los sistemas de medición de calidad, llámese acreditación, en ningún caso determinan concretamente un sistema global de calidad
(ahondaremos en casos de coimas, corrupción, escándalos de conocimiento público, sin mencionar que existen carreras con obligatoriedad de acreditación y otras son facultativas, como se da en el caso de la carrera de Derecho de la Universidad de Chile que no está acreditada y todos los rankings nacionales la indica como la mejor a nivel nacional). A lo anterior se destaca el hecho de que dicho sistema de acreditación no supervisa las condiciones laborales internas de cada carrera, facultad o universidad, las relaciones laborales, por lo tanto no son parte de dicho proceso de acreditación y se excluyen e arbitrariamente.

7.- A nivel internacional el plan Bolonia está marcando ciertos criterios y pautas que son recogidos por los técnicos de la educación, generando,
de manera consciente o inconsciente, alianzas financieras con empresas, a las que se recurre intentando remediar la vulnerabilidad del
financiamiento educacional, de lo que las propias empresas se aprovechen para influir sobre las instituciones. Ello determina a su vez, la
pretendida autonomía de cátedra, ya que indistintamente, gran parte de lo que se enseña va ligado a las necesidades del mercado y la
superproducción de profesionales, generando una proletarización del profesional en el sentido académico y por otra parte, deja sin criterio ni
contenido el desafío nacional del “QUÉ EDUCAR”, ya que está en manos de intereses que deben resguardar primeramente el financiamiento
institucional, pasando a segundo plano el interés educativo y la posibilidad de llegar a una respuesta de manera colectiva a dicha problemática.

Las universidades, al dejar de ser financiadas por el Estado, pierden la “vocación” de formar profesionales capaces de transformar la sociedad.
Al perder dicha posibilidad, la prioridad recae más bien en poder sustentarse económicamente, lo que trae consigo no sólo el endeudamiento de las familias (fenómeno que se da en Chile con un alto carácter asimétrico) sino que también la lógica de competir por más consumidores, la apertura de carreras sin campo ocupacional, etc.

8.- Es ahora cuando, en el debate nacional creemos están las condiciones para abarcar la discusión, no solo del cómo se deba financiar la institución superior, que incluye no solamente la opción del estudiante de poder acceder sin una carga financiera al sistema educacional, sino que contemple mantenimiento de infraestructura, remuneraciones, aportes, extensión entre otros, y que igualmente se discutan y modifiquen los sistema de estructuras internas, participación, relaciones laborales, sistemas internos de fiscalización, y muchas más.

9.- Igualmente que los estudiantes, los trabajadores organizados, deben ser parte fundante de las modificaciones estructurales en el sector
educacional, ya que ellos, al igual que los estudiantes, son los pilares que sostienen todo el modelo, necesitando, por ende, escuchar, recoger y
aplicar en su totalidad las indicaciones planteadas por los trabajadores de universidades chilenas.

Podríamos enumerar latamente las condiciones que nos llevaron a tener este modelo educativo pero como indicamos al inicio estas serán las
premisas más generales que consideramos para intentar transformar nuestra propuesta política en una propuesta de acción, desde nuestra
óptica, en el sector educacional. Nuestro horizonte permanente, para que Chile tenga un profesional de calidad, en cuanto a lo que queremos,
proponemos y aspiramos, es que sea el que la sociedad necesita, y para que dicho profesional sea construido, se deben tener instituciones con un alto perfil, sin la preocupación del autofinanciamiento, con una estructura democrática y participativa, con autonomía y libertad de cátedra y con relaciones laborales de mejor calidad.

QUÉ TIPO DE INSTITUCIONALIDAD ES LA QUE REQUIERE LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DEL CHILE ACTUAL.

Esta discusión, que ha copado la agenda comunicacional, tanto desde propuestas del propio ministro de educación, como representantes de diferentes casas de estudios (CUECH, G9, Universidades privadas fuera del CRUCH), dirigentes estudiantiles del CONFECH y representantes políticos y de la iglesia, está signada desde la perspectiva del financiamiento, es decir, el tipo de Universidad que deba o no, ser financiada por el Estado Chileno, a través de la reforma tributaria.

Es por lo anterior, que nuestro planteamiento se centra en el tipo de institución que deba hacerse cargo de la formación del profesional chileno, que opte, por financiamiento estatal. Está demás indicar que no compartimos el criterio de que cualquier Universidad reciba los aportes estatales, y menos que estos se entreguen directamente al estudiante, ya que como bien han planteado los mismos, esto sigue en línea y profundiza el modelo en general y no refuerza un sistema completo sobre la necesidad de la preocupación de construir INSTITUCIONES de calidad que formen profesionales para nuestro País.

En este contexto los trabajadores de la CONATUCH, propendemos a que se determine y caracterice un tipo de perfil institucional que tenga la
capacidad de sostener este tipo de educación, y que esas instituciones, que definimos como Universidad de carácter Público, entendiéndose, el
carácter Público, como donde viene a contener ciertas y determinadas características, las que nosotros no centramos en si esta es Estatal o
Privada, sino en la NUEVA INSTITUCIONALIDAD QUE SEA EL EJE DE LA REFORMA EDUCACIONAL CHILENA. En este mismo punto, queremos
argumentar y poner en la palestra que el hecho de que una Universidad sea Estatal, no define el carácter de lo público como indicamos
anteriormente ya que eso no significa, necesariamente, que cumpla los requisitos suficientes para poder estar dentro de esa esfera, Lo que la determina como Estatal es solamente la propiedad. Lo que le da la característica de pública es también el tipo de legislación que la origina la,
administración, responsabilidad y tipos de contratación que no es diferente hoy en las Universidades no estatales agrupadas dentro del CRUCH como lo son las Universidades Católicas o Universidad de Concepción, en general las denominadas Universidades tradicionales, Privadas.

Por tanto, es necesario de parte de nosotros, indicar las características que creemos acorde a este nuevo tipo de clasificación de la institucionalidad que deberá ser el eje central de la discusión y que sean exclusivamente las instituciones definidas de esta manera las que reciban el financiamiento estatal, superando la actual visión que consideramos mezquina y mirando el futuro de manera cualitativa y cuantitativamente más completa que las indicaciones actuales, que se vincule como eje, esta nueva institucionalidad en los derechos laborales, de toda índole, es decir, en el derecho individual del trabajo y derechos colectivos, el fortalecimiento de las relaciones laborales, directas y sin tercerización ni flexibilidad laboral, y por sobre todo crear en conjunto, todos los trabajadores de la educación del País, pensamos en una propuesta integral, ligando las necesidades de la sociedad en su conjunto con una reforma que estructure un nuevo sistema educativo Chileno.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE CHILE.

1.- Estas instituciones deberán determinar el perfil profesional de manera democrática y triestamental (visión y misión), al interior de la comunidad universitaria, discutiendo por medio de mecanismos que aseguren la determinación del perfil con calidad y pertinencia. Igualmente se determinaran los niveles de extensión e investigación en relación a los aportes que se requiera hacer a la comunidad, los que deberán estar relacionados a las particularidades culturales de la zona en que se encuentra.

2.- La estructura interna de administración tendrá participación directa de los estamentos al interior de la institución, debiendo regir como motor la participación de trabajadores docentes, funcionarios universitarios y estudiantes. Dicha organización velará por y determinará de manera autónoma el destino de los recursos de modo tal que permitan decidir también sobre las otras áreas necesarias para el desarrollo del centro educativo. Esta misma estructura (organismo colegiado de la comunidad universitaria) será la responsable también de fijar los lineamientos administrativos al interior de la casa de estudio correspondiente, en donde todas las autoridades deberán ser electas por la comunidad universitaria.

3.- Deberán existir y exigirse relaciones laborales de calidad, estableciendo vínculos que permitan reconocer el trabajo de todos los funcionarios universitarios.

4.- Contratación a planta directa, eliminando desde ya la característica generalizada de contratación a honorarios, en este caso, tanto en trabajadores docentes que vienen a traducirse en el tipo de contratación a través de la figura de colaborador, y en los funcionarios universitarios sin subcontratación, ni externalidades. Esto en relación a la estabilidad laboral, seguridad en el empleo y, sobre todo, mantener mecanismos que aseguren eliminar las trabas que impidan el fortalecimiento de la labor de los trabajadores universitarios, en todas sus áreas.

5.- Todo su financiamiento debe llegar a través de aportes basales de libre disposición y ser dirigido primeramente para cubrir íntegramente los costos de enseñanza (hoy día traducidos en los aranceles) y dentro de estos, para asegurar, en primer lugar, los derechos laborales de los trabajadores de sus comunidades. Los demás recursos serán administrados y gestionados de manera triestamental, debiendo ser canalizados en función a las necesidades de dicha Comunidad Universitaria.

6.- Auto fiscalización, fiscalización interna y externa por parte de MINEDUC permanente con métodos integrales homologados pero con
reconocimiento de las particularidades de cada casa de estudio (por medio de los órganos triestamentales que la comunidad decida, de todas
las características de la institución pública), para permitir la concreción de los objetivos planteados de modo tal que se determine la calidad,
comprendiéndose esta como la materialización real de las aspiraciones e intereses que se han plasmado, tanto en las formas y en el fondo mismo de este nuevo tipo de educación, entender que se debe regular jurídicamente con un estatuto especial de la educación superior (para todo lo ya planteado) y que de esta manera sea real el sello que se exige en el tipo de Universidad Pública.

CONCLUSIÓN

Creemos necesario recalcar que nuestra propuesta, tiene como objetivo plantear primeramente en cómo desarrollar la Universidad que el país requiere, en este momento necesitamos tener una institucionalidad que permita desde todo punto de vista desarrollar el conocimiento, la extensión, la innovación, los derechos laborales, etc. Y que permita que, tanto los trabajadores universitarios y los estudiantes, tengan una institución de la calidad que requiere Chile.

Desde el punto de vista más global, como Consejo, pretendemos pensar en la educación del mañana, con la mirada puesta en lo que existe hoy, pero reconociendo, que una nueva institucionalidad debe recoger los ejes ya planteados, es decir, una institucionalidad pública, en donde el Estado debe ser garante principal, y ejemplificador para que sea desde esa lógica desde donde se construya universidad, debiendo por tanto, cumplir a cabalidad, recogiendo los elementos esenciales de la caracterización de lo público, puedan por ende, ser reconocidas como la nueva institucionalidad chilena, en Educación Superior.

La educación es no solo es un Derecho social, es un DERECHO HUMANO y parte del bien común y debe ser regulado desde esa misma perspectiva, tanto por el Estado y ser comprendido desde esa vereda por la sociedad en su conjunto y de esa manera plasmar desde el punto de vista lo más integral toda la reforma educacional.

Creemos necesario recalcar que nuestra propuesta, tiene como objetivo el pensamiento puesto en las necesidades estructurales de los cambios educacionales, comprendiendo la complejidad de la tarea titánica que Chile se ha planteado. Es por ello que creemos, de manera seria y
concreta, vincular todos los ejes, y de esta manera dar un salto como sociedad en mejora la educación chilena.

PETICIONES CONATUCH

1.- Reconocimiento estatal de un tipo de Educación Superior Pública con las características que se indicarán, que sea la piedra angular de la
institucionalidad necesaria para la construcción del hombre y mujer trabajador profesional que Chile requiere. Eliminación de la facultad que tienen las Casas de Estudio de decidir la oferta académica en relación con las necesidades de financiamiento interno.

2.- La necesidad de la existencia de un financiamiento estatal que permita funcionar libremente en su calidad de Institución de Educación Superior. Dicho financiamiento debe estar fundado en aportes basales de libre disposición, dirigidos de manera fundamental a los derechos laborales y a aranceles de los estudiantes. Asimismo, deberán proveerse fondos destinados a permitir el funcionamiento y la ejecución de la misión propia del centro educativo. Toda nueva institucionalidad debe recoger los ejes ya planteados, es decir, una institucionalidad pública, en donde el Estado debe ser garante principal, y ejemplificador para que sea desde esa lógica desde donde se construya universidad, debiendo por tanto, cumplir a cabalidad, recogiendo los elementos esenciales de la caracterización de lo público, puedan por ende, ser reconocidas como la nueva institucionalidad chilena, en Educación Superior.

3.- Derogación de aquellas estructuras jurídicas que impidan la participación de trabajadores y estudiantes en la administración de las casas de estudios, así como la elección de sus autoridades. Promulgación de nueva legislación que permita y promueva la referida participación en los más amplios términos democráticos.

La existencia efectiva de una estructura de participación democrática, así como de órganos representativos de los diversos estamentos universitarios, será requisito necesario para recibir los aportes estatales de libre disposición. Será esta estructura y órganos la que determine el funcionamiento interno de cada Institución de Educación Superior, tanto en términos administrativos como académicos, curricular, de representación, investigación, extensión y otros.

4.- La determinación, de manera colegiada al interior de cada Casa de Estudios, del perfil del profesional egresado, que se requiera, todo ello en estrecha vinculación con las necesidades del territorio en que se emplace, y teniendo como horizonte la construcción del profesional requerido por el país.

5.- Obligatoriedad de contratación de los trabajadores universitarios-docentes y funcionarios- a la planta y/o a través de contratos de carácter indefinido. Deberá ponerse fin, de la manera más urgente, a los actuales mecanismos de flexibilidad y tercerización laboral. Dicha condición operará como requisito para optar y ser objeto del financiamiento estatal.

6.- Construcción de mecanismos de fiscalización homologados, que permitan asegurar el cumplimiento de las solicitudes antes expuestas.
Además, dicha estructura fiscalizadora, deberá no solo analizar y revisar las cuestiones financieras y de calidad de la enseñanza, sino que también el desarrollo laboral, de administración y demás ejes mínimos necesarios para que dicha institución pueda seguir siendo considerada como publica.

OTRAS PROPUESTAS DE ORDEN GENERAL

Creación de instituciones que cumplan los requisitos mínimos ya mencionados Nueva legislación creada bajo los cuatro puntos mencionados: financiamiento, democracia y participación, relaciones laborales y fiscalización.

Derogación de toda legislación que impida materializar lo ya planteado, como constitución política, LOCE, ley de bases, DFL 2, entre otros.

Un nuevo sistema de pensiones de reparto y solidario para los trabajadores de Chile, no más AFP.

Que se establezca una nueva normativa laboral para la administración pública, ejemplo, creación tribunales laborales donde los funcionarios públicos tengan una real protección, inspección del trabajo con injerencia real en el sector público.

Un verdadero código del trabajo para los trabajadores de Chile. Sobre todo, en relación a los sindicatos, negociación colectiva y huelga, en todos sus niveles.

Consejo Nacional de Trabajadores de las Educación Superior Chilena, 2021

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