PROPUESTA A LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
El Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, de la comuna de Puente Alto, participó ante la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición de la Convención Constitucional. Participaron en la entrega y exposición de su Propuesta Institucional.
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PROPUESTA
Somos una organización de familiares, amigos y compañeros de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, somos activos en la investigación, defensa y promoción, protección de los derechos ciudadanos, en el rescatar y reivindicar la historia; el temple, la entrega de nuestras compañeras y compañeros asesinados o insepultos, hechos desaparecer. Somos una organizacion social y de constructores de consciencia y transformación social.
Construimos en Puente Alto, el Memorial por la Justicia y la Dignidad, en honor, homenaje y reconocimiento a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Provincia Cordillera, con materiales cordilleranos andinos de nuestros cerros colindantes, en rocas de granito y cerámicas con rostros de las víctimas en la provincia. Realizado murales, exposiciones fotograficas, editado el libro Investigación Derechos Humanos Provincia Cordillera, participado del marchas, velatones, actos, seminarios en homenaje a los que no olvidademos.
El Golpe de Estado, anti Constitucional de 1973, fue contra el gobierno electo, donde el terrorismo de Estado, era inseparable de la violencia institucional y económica contra el pueblo. En la primera fase de represión, la dictadura no se preocupó de esconder los crímenes con el fin de traumatizar al país y lisiar el conocimiento. Su faena y su maldad fueron ideológicas. Fue para aniquilar dirigentes y militantes del movimiento popular.
Los sectores élitarios y dominantes, pueden aceptar que las vivencias de los caídos, permanezcan en la memoria, a cambio, de que no se les recuerden sus ideas y la práctica social transformadora de la sociedad. La memoria histórica, es una memoria adolorida y es un espacio de disputa contra el monopolio comunicacional de los opresores.
Después de asesinar y hacer desaparecer a nuestros compañeros y compañeras, impusieron la Constitución de 1980, la que fue construida sobre la sangre, las torturas, las delaciones, y el odio, de los golpistas contra el pueblo. Impusieron el negacionismo y la relativización de las masacres y exterminio de miles de luchadoras y luchadores sociales.
SOBRE LAS RESPUESTAS EN EL MARCO DE LA PROPUESTA
En la futura Constitución, deben estar las normativas de los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, para asegurar un Estado democrático y soberano, cuyo objetivo sea el desarrollo integral y digno de la personalidad humana.
Se debe formar y capacitar a los agentes del Estado en materia de Derechos Humanos, Verdad Histórica y sobre las violaciones realizadas en la dictadura. Sugerimos implementar en los colegios y liceos, asignatiras sobre la enseñanza de la historia, las memorias y los derechos humanos para conocer y comprender las experiencias pasadas en función del presente, pero sin desconocer a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, con horario posible de cuatro horas semanales. Se debe publicar en los medios comunicacionales las atrocidades y el exterminio contra el pueblo. Se hace necesario condenar a los genocidas, sin que demoren las causas excluyendo al Tribunal Constitucional, en relación a condenas por delitos de lesa humanidad. Proponemos terminal con los abogados integrantes de las Cortes de Justicia que operan a favor de los gobiernos de turno. Es importante poner fin al binominalismo en la Corte Suprema de Justicia. Los genocidas condenados, no debieran recibir pensiones millonarias del Estado.
Proponemos difundir los Informes, sobre la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig) y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech) y tener una Comisión Permanente, que reciba las denuncias sobre crímenes, desapariciones, y torturas. Proponemos que las confesiones e investigaciones ante los Tribunales de Justicia sean públicas. Solicitamos que las Bibliotecas Públicas y los Establecimientos Educaciones, dispongan de libros o materias audiovisuales de los Derechos Humanos.
Sugerimos la ampliación la planta de abogados y personal de Derechos Humanos, para investigar las causas de torturas y tormentos de los ex prisioneros y prisioneras políticas sobrevivientes del régimen de terrorismo de Estado. Sugerimos que los gobiernos no exoneren a los abogados de Derechos Humanos, cuando solicitan condenas a los genocidas, que los abogados puedan solicitar a la Brigada de Derechos Humanos de la Policia de Investigaciones (PDI), información para las causas judiciales investigadas.
Demandamos que se construyan Memoriales en Lugares y Sitios de Memoria donde aún faltan. Postulamos que se mantengan y actualicen los Sitios de Memoria y Memoriales actuales. Aspiramos que se editen libros, videos y documentales sobre los hechos acontecidos en el período que la tiranía controló el país. Anhelamos la implementación de exposiciones fotográficas del período de la dictadura cívico-militar. Proponemos que calles, avenidas, plazas y consultorios tengan y lleven los nombres de los mártires de la dictadura.
Postulamos terminar con la discriminación sobre reparación integral de las víctimas de los Derechos Humanos. Demandamos incorporar la proposición sobre pensiones de la Comisión Valech, respecto de los prisioneros y prisioneras políticas en dictadura. Solicitamos que se acepte el término cónyuge, tanto para los hombres como para las mujeres. Exigimos que en el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos (PRAIS), se instruya la formación y habilitación de un Concejo Resolutivo, donde partipen con voz y voto, familiares y víctimas usuarias de salud.
Se hace necesario prohibir a agentes del Estado, detener y torturar a defensoras y defensores de los derechos humanos y de causas ambientalistas.
Se propone que la Convención, haga suya una Declaración y/o pronunciamiento sobre los Derechos Humanos, para que las futuras generaciones sepan que la nueva Constitución, fue fruto de las movilizaciones populares y que será una Constitución de Derechos, donde el primer derecho, es el respeto y la institucionización de los Derechos Humanos.
El derecho libre de autodeterminación de los pueblos, para una República que rechace el lucro, el abuso y la impunidad de los sectores sociales e individuos que se benefician de la actual articulación económica, cultural, social por sobre los intereses de las mayorías, el bien común. Que establezca, soberanía popular de carácter paritaria y plurinacional, la participación activa, deliberativa y ejecutiva de la democracia.
La nueva Constitución, deverá hacerse cargo, de la historia patria y matria, de las coyunturas, procesos históricos y sociales. Esta nueva constitución deverá relevar el papel, la fuerza y la gran presencia de jóvenes y de adolescentes en el estallido y revuelta social y popular, que da origen al protagonismo del pueblo en la nueva constitución.
Establece cabildos deliberativos y vinculantes en los territorios, de acuerdo a la división político administrativa que se acuerde, con la periodicidad necesaria y haciendo pleno ejercicio de la libertad de opinión. Establece Plebiscitos para la deliberación ciudadana.
Demandamos hacer públicas, a través de informes, libros videos u otros, las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado. Del mismo modo, proponemos urgentemente la formacion de una Comisión de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación, con participación de Académicos, Profesionales, Investigadores, Organizaciones de Derechos Humanos y protagonistas del mundo popular. Además, nuestra opinión sobre el Wallmapu, la convención al reconocer la plurinacionalidad e interculturalidad de la República, debe incorporar la tradición y el acervo de las nacionalidades históricas y predecesoras al dominio de España.
Sobre los territorios, ecosistemas y zonas de sacrificio. Se deben publicar, las decisiones y actos éticos y políticos, de los cabildos y la asamblea ciudadana, haciendo pleno ejercicio de la libertad de opinión, expresión e información de los pueblos, para implementar medidas, de verdad, justicia y reparación justa.
Sobre el enfoque de derechos humanos y de la naturaleza, donde nos encontramos en un contexto histórico de riesgo absoluto, debido a la crisis global en curso, climática, matriz energética, alimentaria, económico financiera, sociodemográfica y de la legitimidad de los regímenes políticos, por los efectos que están en desarrollo en los sistemas sociales y ecológicos con la posibilidad del colapso civilizatorio, como lo han advertido diferentes comunidades científicas, sin que gobiernos ni corporaciones empresariales, y bloques oligárquicos hayan hecho nada por evitarlo. Toda actividad público privada, debe estar en coherencia práctica con el plan de mitigación y superación de la crisis climática para todas las políticas públicas, comunitarias y locales.
Directiva:
Ricardo Klapp Santa Cruz,
Margarita Vivallo Castro y
Roxana Guajardo Vidal
