El día de hoy marca un hito crucial en el ámbito de la salud en Chile, ya que coincide con el plazo estipulado por la Superintendencia de Salud para cumplir con el fallo de la Corte Suprema en contra de las Isapres. Este plazo también señala el fin del proceso de tramitación de la denominada ley corta de Isapres, una situación que ha generado incertidumbre debido a las divergencias presentes incluso dentro del oficialismo respecto a su aprobación.
La Superintendencia de Salud, representada por Víctor Torres, ha expresado que esta ley implicaría una baja promedio del 20% en los ingresos permanentes de la industria de las Isapres. Este escenario, según Torres, podría llevar a un aumento en los precios de los planes de salud, ya que el ICSA (Índice de Costos de Salud Ajustados) no se mantendría constante hasta 2027, y la industria busca evitar una eventual pérdida masiva de afiliados.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo ayer en una entrevista que se trata de asumir una responsabilidad ante las implicancias negativas que podrían afectar a prestadores y personas, así como de prevenir un colapso sanitario en el sistema. Reconoce que dentro del gobierno hubo posturas encontradas, entre quienes abogaban por dejar caer a las isapres y aquellos que vislumbraban una crisis mayor en el sistema de salud de hacerlo. Aguilera y Boric se alinearon en este último grupo, buscando una solución que garantice la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema.
Sin embargo, las críticas hacia esta propuesta no se han hecho esperar. Diversos parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, han expresado su descontento y preocupación. El senador Juan Luis Castro (PS) cuestionó quiénes serían los verdaderos beneficiarios de esta ley, planteando que las Isapres obtendrían un alivio temporal a expensas de las personas, quienes cargarían con los costos de este acuerdo.
Por su parte, la diputada Camila Musante (IND-PPD) denunció que la ley corta de Isapres busca eludir la justicia y criticó su carácter tramposo, destacando la necesidad de fortalecer el sistema público de salud en lugar de favorecer a las aseguradoras privadas. En ese sentido, cuestionó que “¿cuándo se ha visto en Chile que una persona tenga 13 años para pagar su deuda? A los chilenos de a pie no se les acepta ni un día de retraso en el pago de sus deudas y a las Isapres les estamos dando 13 años”.
Incluso dentro del oficialismo, las discrepancias son evidentes. Mientras algunos parlamentarios han anunciado su voto en contra, otros respaldan la postura del gobierno, generando divisiones y debates internos. El diputado Sergio Gahona (UDI) planteó que, aunque el acuerdo puede no satisfacer completamente a todas las partes involucradas, representa un intento por evitar la quiebra del sistema de Isapres.
En este contexto de tensiones y posturas encontradas, la votación en la Cámara de Diputados y el Senado se convierte en un momento crucial que definirá el futuro de la atención de salud privada en Chile. Mientras algunos ven en esta ley un salvavidas para el sistema, otros la interpretan como un beneficio injustificado para las aseguradoras. La incertidumbre y el debate persisten, dejando en evidencia la complejidad y sensibilidad de las decisiones en materia de salud pública y privada en el país.
