Expertos constitucionalistas precisan que pierde la inmunidad solo por hechos anteriores a su mandato

Tres meses después de que Ollanta Humala dejara la presidencia de la República, en octubre del 2017, el fiscal Germán Juárez lo incluyó en la investigación por el delito de lavado de activos y solicitó comparecencia con restricciones en su contra.

Ahora Humala está a punto de ser acusado: no le alcanzó el antejuicio político debido a que se trataban de hechos que ocurrieron en el 2006 y el 2011. Lo que siguió ya es historia conocida: cumple una prisión preventiva por los presuntos aportes irregulares al Partido Nacionalista. Es decir, por estar vinculado con el Caso Odebrecht.

Hoy la historia es diferente. Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no ha culminado su mandato presidencial como Humala: renunció al cargo un día antes del debate sobre el segundo pedido de vacancia en su contra y horas después de difundirse los videos que revelaban una presunta compra de votos de parlamentarios de oposición.

Lejos de Palacio de Gobierno, sin embargo, Kuczynski todavía deberá responder ante la justicia por sus presuntos vínculos con el Caso Lava Jato. Así como Humala, podría pasar a convertirse en investigado por la fiscalía. ¿Al renunciar podrá ser acusado y pierde su inmunidad? Así lo explican los expertos constitucionalistas consultados para esta nota.

“En este caso pierde el antejuicio. Lo pueden acusar. Estaba protegido como presidente por los delitos anteriores a su mandato. Pero como ha renunciado a la presidencia de la República, pierde esta protección. A nivel penal tendrán que ver si los delitos han prescrito”, señaló el abogado constitucionalista Samuel Abad.

En la misma línea, el abogado Aníbal Quiroga asegura que las consecuencias de la vacancia y la renuncia son las mismas: sí podrá ser investigado y acusado por procesos como el presunto pago de sobornos en la carretera Interoceánica o sobre sus supuestos vínculos con Odebrecht.

“Al renunciar puede ser investigado sin ningún problema por hechos anteriores a su mandato. Y lo haría una fiscal común y con un juzgado ordinario. Un fiscal como Hamilton Castro”, precisó.

Actualmente, PPK es testigo en dos investigaciones en el Ministerio Público. La primera es por en el caso de la Interoceánica, donde está involucrado el ex presidente Alejandro Toledo por presuntamente haber favorecido a Odebrecht a cambio de sobornos.

La segunda se trata de una indagación preliminar a First Capital y Westfield Capital, ambas empresas vinculadas a él. Las dos están a cargo del equipo especial anticorrupción de la fiscalía, dedicado al capítulo peruano del Caso Lava Jato.

Tanto Abad como Quiroga precisan que en el caso de los videos y la presunta compra de votos de parlamentarios, Kuczynski goza aún de una protección por tratarse de supuestos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

“La fiscalía no podría acusarlo por delitos en ejercicio de sus funciones, salvo que el Congreso lo autorice. Como ocurrió con Fujimori, porque lo acusan por delitos que habrían ocurrido cuando fue presidente”, afirmó Abad.

Quiroga agregó que para que le levanten la inmunidad a Kuczynski y la fiscalía esté autorizada a investigarlo por los videos difundidos, tiene que existir una acusación constitucional en el Parlamento. “Por los hechos durante su mandato, eso incluye los llamados ‘Kenjivideos’, tendría que haber un proceso de acusación constitucional previo”, dijo.