El Socialista Centroamericano No 385
Nuevamente, los sindicatos y organizaciones campesinas y populares de Panamá han vuelto a salir a las calles, esta vez en protesta por la rápida aprobación de la Ley No 406, que otorga una nueva concesión minera por 20 años, prorrogables, a la transnacional canadiense First Quantum Mineral (FQM), que explota la mina “Cobre Panamá”, la que se encuentra entre las diez minas de cobre más grandes del mundo.
Panamá tiene una gran riqueza minera, lo que ha provocado grandes luchas contra la minería, especialmente de las poblaciones indígenas. La resistencia indígena y popular obligó al gobierno de Martinelli, en el año 2011, a reformar el Código Minero con el objetivo de suspender cualquier concesión minera hasta el año 2014. El gobierno de Martinelli finalizo a mediados del 2014, pasándole el candente problema al gobierno de Juan Carlos Varela.
Bajo el gobierno de Varela, y teniendo como fondo al resistencia indígena y popular contra la minería, la Asamblea Nacional de Panamá se negó a aprobar la Ley No 766 que le otorgaba una concesión minera a la empresa Sociedad Minera Petaquilla S.A. La larga lucha indígena y popular contra la minería, que saquea el cobre y otros minerales, y deja devastados los campos en Panamá, ha sacado a relucir las conspiraciones entre las distintas empresas mineras que lucha a muerte por quedarse con las concesiones. También ha salido a luz pública la confabulación de altos funcionarios de las ultimas administraciones, involucrados directamente en el cabildeo para otorgar o renovar concesiones a las empresas mineras que compiten entre sí.
La lucha indígena y popular contra el saqueo de las empresas mineras esta combinada con la lucha contra la corrupción en todos los niveles del Estado.
El 20 de octubre, cuando se producía el último debate dentro de la Asamblea Nacional de Panamá para aprobar la Ley No 406, se reiniciaron enormes movilizaciones de masas que casi paralizaron el país, en protesta por la aprobación de una nueva concesión minera. En los hechos, fue un nuevo estallido social, similar al de julio del año 2022, aunque con menor intensidad.
No obstante, la presión popular obligó al presidente Laurentino Cortizo a realizar una maniobra: primero prometió una suspensión o moratoria de nuevas concesiones mineras, así como lo hizo demagógicamente Martinelli en 2011, después dijo que iba a convocar a un referéndum, pero nunca habló de derogar la Ley No 406.
Después de tres semanas de protestas, aunque la movilización se ha debilitado un poco, los bloqueos de carreteras se mantienen firmes, especialmente en las zonas de la concesión minera. Mientras Cortizo hablaba en tono conciliador, adormecedor, la Policía ha reprimido con violencia las protestas populares, al grado que hay más de mil detenidos. Incluso, hasta hubo muertos cuando un desconocido abrió fuego contra pobladores desarmados.
En Panamá el ambiente es tenso, el debate también es intenso. Hoy, muchos reconocen que la Ley No 406 es inconstitucional, y que habido dinero de por medio para aprobar la nueva concesión. Incluso, muchos aceptan a regañadientes que no se consultó al pueblo, a pesar que las movilizaciones masivas eran un claro indicador de la voluntad popular. Como una forma de desviar el descontento social y derrotar pacíficamente la resistencia popular, Cortizo y sus ministros prometen el cielo y la tierra, sin atreverse a solicitar a los diputados la derogación de la Ley No 406.
Una vez más, la experiencia de luchas pasadas contra la minería, nos obliga a alertar a los sindicatos y organizaciones indígenas y populares, que no deben oír los cantos de sirena que provienen del corrupto gobierno de Cortizo.
La movilización y la resistencia contra la minería expoliadora debe mantenerse hasta lograr la derogación de la Ley No 406. El referéndum es un mecanismo democrático que permite la participación ciudadana en asuntos cruciales, pero para organizarlo se requiere mínimamente la suspensión o derogación de la Ley No 406. La maniobra de Cortizo consiste en desviar el descontento social al mecanismo del referéndum el que probablemente, en el mejor de los casos, se convocaría al mismo tiempo que las elecciones generales que se realizarán en mayo del 2024.
Por la vía de una sentencia de la Corte Suprema, o por la vía del referéndum, el gobierno de Cortizo quiere liquidar la lucha indígena y popular contra la Ley No 406 que solo beneficia a la transnacional First Quantum Mineral (FQM). Ya sabemos cuáles son las maniobras, salgámosles al frente y derrotémoslas con la continuidad y extensión de la lucha popular
