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Lapidaria auditoría del FMI sobre el préstamo a Macri:

«No cumplió ninguno de sus objetivos», se usó para pagar a los bonistas y terminó en «fuga de divisas»

El directorio del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el informe sobre el stand-by al gobierno argentino, en 2018. Una autocrítica tardía que, aunque durísima, no soluciona el daño ocasionado al País.

  – 22/12/2021

[¡Disculpen esta obscena fotografía, es parte del artículo!] Foto: AFP

El directorio ejecutivo del FMI concluyó, este miércoles, que «la estrategia y la condicionalidad» del programa de acceso excepcional al financiamiento del organismo por parte de la Argentina, en el marco del Acuerdo Stand-By de 2018 “no eran lo suficientemente sólidas”.

Según los directores, “no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha”.

“Si bien se siguieron los procedimientos estándar para evaluar los riesgos para el Fondo, los directores consideraron que los riesgos más amplios podrían haber aparecido de manera más prominente, y el Directorio podría haber estado involucrado antes y más profundamente en el proceso”, sostiene el informe de la auditoria del organismo.

En síntesis, los directores destacaron que las conclusiones de la auditoría servirán para nutrir las conversaciones por el nuevo programa con Argentina. Reconocieron que el programa de 2018 no cumplió con sus supuestos objetivos: de restablecer la confianza de los mercados, reducir los desequilibrios externos y fiscales, bajar la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.

Además, admitieron la inconsistencia del programa del gobierno de Mauricio Macri para abordar los profundos problemas estructurales de Argentina.

El FMI señaló que el gobierno anterior le impuso límites, “líneas rojas” al Fondo en dos puntos centrales: reestructuración de deuda y control de capitales. En consecuencia, el resultado fue que los fondos se usaron para pagar deuda insostenible, lo que provocó fuga de divisas.

Sin embargo, un número de directores cuestionaron la posibilidad de aplicar este tipo de medidas en un contexto en el que uno de los objetivos clave del programa era restablecer la confianza del mercado.

En el Informe, también, reconocieron que “el énfasis que tuvo la apropiación (ownershipdel Gobierno además puede haber llevado a pronósticos demasiado optimistas, lo que debilitó la solidez del programa” y que “el préstamo otorgado a Macri generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo”.

También, subrayaron que “una mejor comunicación por parte de las autoridades del macrismo podría haber potenciado el efecto catalizador del programa” y que “mayor reparto de financiamiento podría haber generado un apoyo más amplio de la comunidad internacional y más confianza”.

Aunque se siguieron los procedimientos estándares del Fondo para evaluar los riesgos, los directores consideraron que se podría haber dado un lugar más relevante a los riesgos más amplios, y la Junta de Directores podría haber participado de manera anticipada y con mayor profundidad en el proceso

Los directores destacaron, por último, “varias lecciones que servirán para los programas respaldados por el Fondo”:

 Es esencial que incorporen supuestos realistas.

 Los programas deben adaptarse a las circunstancias de cada país, incluidas las consideraciones de economía política, lo que podría implicar el uso de medidas no convencionales, cuando sea poco probable que las políticas macroeconómicas estándar den resultados.

 El análisis de los riesgos que subyacen a las principales evaluaciones realizadas al aplicar el Marco de Acceso Excepcional deben exponerse claramente y comunicarse a la Junta de Directores.

 La apropiación, que debe entenderse en un sentido social más amplio y no debe impedir una evaluación sincera de posibles opciones políticas y resultados de programas mejores.

 La comunicación externa eficaz es esencial para garantizar la aceptación adecuada a diferentes niveles y el efecto catalizador previsto. Por último, es necesario un reparto adecuado de la carga cuando se establecen acuerdos de acceso excepcionales.

Derogan la ley de zonificación minera

Histórico triunfo de la movilización social en Chubut

Agencia Tierra Viva / Anred –  – 21/12/2021

Triunfo popular: la Legislatura que hace seis días aprobaba la ley de zonificación minera hoy vota su derogación.

En las afueras, miles de personas que llegaron a Rawson en caravanas desde diferentes ciudades, siguieron la sesión atentamente. “El pueblo no se va a olvidar, no los vamos a perdonar y van a sufrir el rechazo de toda la población en dónde estén”, dijo Liliana Battistotti, integrante de No a La Mina.

Las masivas protestas contra la ley que autorizó zonas aptas para la megaminería en Chubut, finalmente, lograron la derogación de la norma, algo que había anunciado, contra su voluntad, el gobernador Mariano Arcioni.

En la misma Legislatura, donde el miércoles pasado se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra la cuestionada ley –en una sesión ‘sorpresa’–, ahora se votó, por unanimidad, la derogación. 

La sesión local se llevó a cabo de modo virtual. Se había iniciado a las ocho, mientras en las afueras del edificio miles de personas se manifestaban contra la minería y aguardaban la derogación de la norma. Casi dos horas después, por unanimidad, la ley de zonificación fue derogada y en las calles los manifestantes festejaron el logro obtenido.

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, informó ayer por la tarde, a través de Twitter, que se derogará la Ley de Zonificación Minera y se llamará a un plebiscito. Tras la represión sufrida por el pueblo chubutense, Arcioni manifestó en la red social: “Respeto, profundamente, a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad”.

A continuación, señaló “Hemos decidido derogar la Ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial, para escuchar todas las voces del pueblo”.

Activistas socioambientales ya advirtieron que no puede plebiscitarse una ley inconstitucional por violar Derechos Humanos y que el pueblo de la Provincia ya expresó su posición en las calles. La Ley había sido promulgada por el propio Arcioni y publicada en el Boletín Oficial.

Desde las asambleas socioambientales la respuesta fue clara: “Queremos la derogación, no vamos a aceptar otra cosa”. Mientras tanto, en la Legislatura de Chubut fueron ingresados dos proyectos de derogación, que podrían tratarse mañana, en la sesión ordinaria. La derogación sólo puede producirse si es votada por la Legislatura, que mañana sesionará de forma ordinaria. Los partidos Chubut Unido y la Unión Cívica Radical ya ingresaron proyectos de derogación. Por su parte, los municipios de Puerto Madryn y el Hoyo ya habían anticipado que no adherirán a la ley provincial de zonificación minera.

En el año 2003, 82 por ciento de la población de Esquel votó el No A La Mina, un plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la Zona. Ese mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular en 2014 y en 2020. A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar contra toda posibilidad de judicialización de una norma que no cuenta con el aval popular. En la sesión del 2 de diciembre pasado, la Legislatura de la Provincia había reformado la ley de amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a cuatro jueces del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

En mayo de este año, la Legislatura chubutense votó en contra del proyecto de iniciativa popular con el que se intentaba cerrar las puertas a la futura explotación minera en esta provincia. La iniciativa había sido presentada, en noviembre último, por la Unión de Asambleas Ciudadanas, con 31.000 firmas.

Una carta para pedir la derogación y el cese de la represión

Más de 150 organizaciones ambientales, de Derechos Humanos y Sociales difundieron, este lunes, un pronunciamiento demandando el cese inmediato de la represión en Chubut. Reclamaron, además, la derogación de la Ley XVII Nº 149 de Zonificación Minera, sancionada el miércoles pasado, que habilita la megaminería en la Provincia. Sostienen que, de esta manera, se alcanzará “la paz social” en la Provincia.

Entre las organizaciones que reclamaron, a través de una carta, la derogación de la zonificación minera se cuentan asambleas socioambientales chubutenses, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Red Nacional de Humedales, el Observatorio Petrolero Sur, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). También, firmaron el documento personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Enrique Viale, Masitella Svampa, Rita Segato, Nacho Levy y Marta Maffei. El pedido, además, recibió apoyo internacional de México, Chile, Uruguay, Ecuador y España, entre otros países.

La carta denuncia graves violaciones a los Derechos Humanos: detenciones arbitrarias, golpes, uso injustificado de balas de goma, lanzamientos de gases e ingreso a comercios y lugares para detenciones, sin orden judicial, durante la represión policial ocurrida desde el 15 de diciembre, en diversas ciudades de la Provincia.

“El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a los Derechos Humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes”, señala la misiva. La nota, también, alude al hostigamiento contra defensores y defensoras ambientales y violación directa del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

La carta advierte que “la decisión del Gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/CONICET y universidades públicas de la Zona)”. A su vez, agrega que “la aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut”.

Pedido de inconstitucionalidad para la zonificación minera

Por su parte, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen informó que, en representación de la Comunidad Mapuche Tehuelche Mallín de los Cual y de la Comunidad Mapuche Lof Lefimi se presentó demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Zonificación XVII N°149, por violación a los derechos de consulta y participación indígena y, también, solicitan medida cautelar de no innovar, consistente en la suspensión de la vigente Ley, mientras dura el proceso.

La presentación fue realizada, electrónicamente, este domingo 19 de diciembre y radicada en la Secretaría de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia.

“El poder Ejecutivo en la elaboración del proyecto 128/20 como la Legislatura en el proceso de debate y sanción de la ley XVII N° 149, se hallaban obligados a establecer mecanismos institucionales para realizar el proceso de consulta a las comunidades indígenas afectadas”, manifestaron desde ENDEPA. 

Esta omisión volvió inconstitucional la ley de zonificación minera, ya que se avasallaron los derechos del pueblo Mapuche Tehuelche de brindar su voz sobre el punto. “Las comunidades Mapuche Tehuelche de la Meseta Central Norte vuelven a sufrir, una vez más, el despojo, el ultraje y la violación de sus territorios, de su cosmovisión y el derecho a la autodeterminación”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen.

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